Tras la visita del rector Manuel Gala a Guinea Ecuatorial, y su encuentro con el presidente Obiang, se han difundido informaciones confusas sobre la situación en aquel país. En la última sesión del Claustro universitario de la UAH, se introdujo un punto, con el fin de que Gala explicara el porqué de su entrevista con el dictador, pero en la práctica la intervención del rector y algunos de sus colaboradores fueron un ataque, con acusaciones de racismo incluidas, a los ponentes del punto.

Vivat Academia ha querido aportar información sobre la situación real de la antigua colonia española, y ha encontrado un informe, elaborado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no se nos puede acusar de estar al servicio de intereses bastardos. Este informe cuya traducción reproducimos a continuación, puede ser leído en su original inglés, sin más que pulsar en este enlace.

Advertimos a nuestros lectores que, dado que se trata de un informe oficial, hemos optado por mantener su estructura y hacer una traducción lo más literal posible, por lo que el texto puede resultar algo redundante.

Asimismo, incluimos el texto de la hoja informativa de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), publicada el 23 de marzo último, en la que se comenta la asistencia del rector Gala al acto de investidura de Obiang como Doctor Honoris Causa.

Contenido:

INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN DIFERENTES PAÍSES

Elaborado por la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo
Departamento de Estado de los EEUU de Norteamérica

25 de febrero de 2000.

GUINEA ECUATORIAL

Guinea Ecuatorial es, en principio, una república constitucional multipartidista, aunque, en la realidad, el poder es ostentado por el presidente Teodoro Obiang Nguema y el pequeño subclan Mongomo de la mayoritaria tribu Fang, que ha impuesto las reglas desde la independencia del país en 1968. El presidente Obiang que, tras un golpe de estado, gobierna desde 1979, fue elegido por un periodo de 7 años en Febrero de 1996, en unas elecciones que estuvieron caracterizadas por continuos fraudes e intimidaciones. El presidente del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) controla la judicatura y la cámara legislativa, cuyos miembros también fueron elegidos en marzo, en un proceso duramente criticado por la comunidad internacional, dadas las irregularidades en la elección. El poder judicial no es independiente.

El presidente Obiang ejerce el control de la policía y las fuerzas de seguridad a través del Ministro del Interior, el cual es también el presidente del Comité Electoral Nacional. El director general de Seguridad Nacional es Armengol Ondo Nguema, hermano del presidente. Las fuerzas de seguridad han cometido numerosas y graves violaciones de los derechos humanos.

La mayoría de la población (de, aproximadamente, 470.000 habitantes.) subsiste principalmente gracias a la agricultura, y algo de caza y pesca. El trueque es el principal aspecto de la economía y el sector monetario está basado en la exportación de petróleo, cacao y madera. La mayoría de la ayuda económica extranjera ha sido suspendida, debido a la falta de reformas económicas y la postura del gobierno con respecto a los derechos humanos, (sin embargo, en octubre, el gobierno español, que había suspendido su ayuda hacía 6 años, firmó un nuevo acuerdo de cooperación con el gobierno guineano). Grandes yacimientos de petróleo fueron descubiertos en 1995 y su explotación comenzó en 1996. Sin embargo, la inversión, y otros usos, de los ingresos provenientes del petróleo carecen de la debida transparencia, a pesar de las repetidas llamadas de instituciones financieras y personalidades internacionales en pro de una mayor apertura económica. La pobre política fiscal y la falta de transparencia en la contabilidad pública de las finanzas nacionales debilita el potencial económico del país. Existen pocas evidencias de que la riqueza petrolera del país esté siendo dedicada al bienestar público.

La trayectoria del gobierno con respecto a los derechos humanos sigue siendo endeble. Se siguen dando graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, y las fuerzas de seguridad son las que cometen la mayoría de ellas. Los ciudadanos no tienen derecho a cambiar su gobierno en unas elecciones justas. Existen informes de asesinatos extrajudiciales, tanto de detenidos como de campesinos en sus propias casas. Otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad incluyen: Torturas, palizas y abusos físicos de prisioneros, arrestos y detenciones arbitrarias, detención incomunicada, extorsión de prisioneros, registros sin orden judicial, saqueos de casas particulares y confiscación de propiedades, sin seguir el proceso adecuado. Los miembros de la seguridad del estado cometen estos abusos con total impunidad. Las condiciones presidiarias son infrahumanas. Se somete a tortura a los prisioneros para que confiesen. El gobierno ha restringido drásticamente las libertades de prensa y de comunicación. Se sigue restringiendo la libertad de reunión y no siempre se respeta el derecho de asociación. El gobierno ha limitado la libertad de religión y la libertad de movimiento por el país. También fomenta la captura ilegal y la repatriación forzada de sus oponentes políticos que viven en el extranjero. No existen ONG’s internas efectivas y, en abril, el gobierno promulgó una ley todavía más restrictiva para las ONG’s impidiendo su función en el área de los derechos humanos. La violencia y la discriminación contra las mujeres y los inmigrantes constituyen serios problemas. Continúa existiendo la discriminación de minorías, particularmente la del grupo étnico de los Bubi. El gobierno sigue restringiendo los derechos laborales, no existen sindicatos de trabajadores y las huelgas están prohibidas. Las violaciones de los derechos de los trabajadores representan un auténtico problema de la industria del petróleo. Persiste la explotación infantil y se utiliza el método de los trabajos forzados en las prisiones.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto a la integridad y la libertad de la persona.

A. Asesinatos políticos y extrajudiciales

Existen informes, sin confirmar, de asesinatos extrajudiciales por las fuerzas de seguridad.

Durante el año pasado, el gobierno no procesó por asesinato extrajudicial a ningún miembro de las fuerzas de seguridad, incluyendo a aquellos considerados responsables de los crímenes de este tipo habidos en años anteriores.

B. Desapariciones

Existen informes de desapariciones, sin embargo, son difíciles de confirmar.

C. Torturas y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

La ley fundamental (Constitución) promulga el respeto por la libertad y la dignidad de las personas, pero no prohibe específicamente la tortura y el castigo cruel o inhumano, y los miembros de las fuerzas de seguridad torturan, golpean y abusan de los prisioneros. El grado de estos abusos constituye un serio problema y se ha agravado, respecto de años anteriores, tras la revuelta de 1998. Un número indeterminado de prisioneros ha sido sentenciado después de dicha revuelta y siguen circulando informes sobre su tortura. El gobierno hace poco por prevenir estos excesos y, rutinariamente, atribuye cualquier informe relacionado con torturas a supuestos actos de pillaje.

Se detiene, interroga, golpea y tortura a activistas políticos de la oposición. (ver sección 1.d.)

La policía detiene a los ciudadanos y los miembros de la oposición en controles rutinarios de carretera y también organiza búsquedas especiales para los más conocidos opositores. Asimismo, las autoridades locales intimidan y extorsionan a los extranjeros de los países vecinos. Las condiciones en las prisiones son primitivas e infrahumanas. Las raciones alimentarias son inadecuadas y las condiciones sanitarias casi inexistentes. Los prisioneros sentenciados tras la rebelión de 1998 explicaron que fueron alimentados con sólo pan y agua cada dos días. En principio no está autorizada la entrada de comida desde el exterior, sin embargo, este año se han permitido tanto las visitas de los familiares como la entrada de provisiones en las prisiones.

Las condiciones de las prisiones son vigiladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), que, normalmente, hace recomendaciones al gobierno. Sin embargo, a pesar de repetidos intentos, al director regional de la Oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) no se le permitió el acceso a ninguna prisión o centro de detención durante los 11 primeros meses del pasado año; por fin lo ha conseguido en Diciembre último.

D. Arrestos, detenciones o exilio arbitrarios

Existen, sobre el papel, salvaguardas procesales legales en caso de detención, con requerimiento de órdenes judiciales, y otras protecciones de los derechos humanos; sin embargo, estas salvaguardas son ignoradas sistemáticamente por las fuerzas de seguridad, las cuales siguen arrestando y deteniendo gente de forma arbitraria.

La policía mantiene incomunicados a los prisioneros como algo rutinario. Los extranjeros de países vecinos, normalmente visitantes y residentes de Nigeria, Ghana, Togo y Benin son objeto de malos tratos y arrestos arbitrarios. Los miembros de las fuerzas de seguridad usan habitualmente estos métodos para conseguir dinero antes de las vacaciones.

Las detenciones políticas frecuentemente se prolongan varios meses. Con posterioridad a la rebelión de 1998, se sabe de aproximadamente 500 Bubis, que fueron arrestados e interrogados. No se dispone de información fiable en cuanto al número e identidad de los detenidos. La mayoría fueron liberados, aunque 15 de ellos fueron juzgados y sentenciados a muerte; posteriormente el presidente Obiang conmutó estas sentencias por cadena perpetua. Es difícil estimar el número exacto de presos políticos, aunque se cree que no llegan a las 100 personas.

Durante este último año, el gobierno arrestó a diversos activistas políticos de la oposición en varias ocasiones, especialmente coincidiendo con el periodo de las elecciones legislativas, y los mantuvo retenidos, sin cargos, durante varias semanas, en las que fueron interrogados, golpeados y torturados repetidamente. En junio, tres activistas de la Fuerza Democrática Republicana fueron detenidos en Mongomo, por mantener, supuestamente, una reunión ilegal, y fueron encarcelados en Bata. También en Bata, en septiembre, el gobierno arrestó a Plácido Miko, secretario general del partido de la oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS), y confiscó sus ordenadores y ficheros. Aunque fue liberado una semana después, sólo se le concedió la libertad condicional y debe presentarse ante las autoridades de Bata dos veces al mes. No existen formalmente cargos contra él. Se estima que durante este año unos 90 miembros del partido de la oposición han sido arrestados y retenidos durante pequeños periodos. El gobierno utiliza el efecto psicológico que producen estas detenciones, además del miedo añadido a las palizas y las amenazas, para intimidar a los miembros de los partidos de la oposición.

Durante este mismo año, las fuerzas de seguridad del estado detuvieron a un empleado de una compañía petrolífera extranjera, por un corto periodo de tiempo, alegando irregularidades en el proceso de importación del equipo.

El gobierno no fuerza a los ciudadanos a exiliarse, sin embargo, son muchas las personas que han abandonado el país por motivos políticos.

E. Negación de juicios públicos justos

La judicatura no es independiente, los jueces actúan al antojo del presidente y son elegidos, transferidos y despedidos por motivos políticos. La corrupción es la tónica predominante.

El sistema judicial está compuesto por tribunales provinciales, dos cámaras de apelación, un tribunal militar y un Tribunal Supremo. El presidente nombra a los miembros de este Tribunal Supremo, quienes le informan a él directamente. En las zonas rurales, los Jefes de Tribu administran justicia en casos de querellas civiles y criminales de menor importancia, en tribunales tradicionales.

La Ley Fundamental y demás leyes aprobadas por la cámara de diputados proveen representación legal en los juicios y el derecho de apelación. En la práctica es frecuente que las autoridades no respeten esas provisiones. En los casos civiles raramente se llega a celebrar un juicio público. Los casos que se relacionan con la seguridad nacional son juzgados por el tribunal militar.

El gobierno mantiene un número indeterminado de presos políticos. En mayo de 1998 el gobierno llevó ante un tribunal militar, en juicio público, a 116 personas involucradas en la revolución de la isla de Bioko del 21 de junio de 1998. Fueron acusados de terrorismo, acciones contra la seguridad del estado y posesión ilegal de armas. Muchos de ellos declararon que se habían obtenido sus confesiones mediante tortura. Sin embargo, el presidente del tribunal militar no permitió que los abogados defensores plantearan cuestiones sobre posibles torturas, aunque numerosos acusados presentaban marcas visibles de recientes abusos físicos. La forma en que se desarrollaron los juicios fue muy criticada, aunque algunos observadores hicieron notar que varios de los acusados podían, en cualquier caso, haber sido declarados culpables de los delitos que se les imputaban. El tribunal encontró culpables de al menos uno de los cargos a 63 personas, pero absolvió de todos los cargos a otras 53. Condenaron a la pena de muerte a 15 de los hallados culpables y a los otros 48 a penas de entre 6 y 26 años de prisión. Los 15 condenados a muerte estaban ausentes de la sala cuando fueron leídas sus sentencias. No fueron ejecutados y, posteriormente, el presidente Obiang conmutó sus sentencias por la de cadena perpetua, debido a las peticiones de clemencia por parte de algunos gobiernos extranjeros y de las ONG’s.

Dos miembros del clan gobernante, Mongomo, y del prohibido partido de las Fuerzas Democráticas Republicanas (FRD), el anterior ministro de Educación, Felipe Ondo, y el anterior ministro de Planificación, Guillermo Nguema, continúan en prisión. Fueron encarcelados acusados de calumniar al Estado y sentenciados a 30 meses de prisión en 1998, después de que las fuerzas de seguridad ecuatoguineanas los repatriaran forzadamente desde Gabón, con el consentimiento del Gobierno de aquel país (ver sección 2.d.)

F. Violaciones de la intimidad familiar, el domicilio y la correspondencia

El Gobierno ecuatoguineano viola todos estos derechos. No aplica la exigencia de las garantías jurídicas. Las fuerzas de seguridad registran regularmente domicilios y arrestan a sus ocupantes y, generalmente, lo hacen con total impunidad.

Se comenta que en numerosas ocasiones el Gobierno intentó obligar a los miembros de la oposición a unirse al partido PDGE. Por otra parte, los arrestos de los miembros de la oposición parecen ser una actividad coordinada por el gobierno, destinada a intimidar a la oposición antes de las elecciones legislativas, para disuadir a los votantes de que voten a los partidos de la oposición. Entre los detenidos se incluyen miembros de CPDS, la Unión Popular y el Partido del Progreso. Todos ellos fueron encerrados violando el pacto nacional firmado en Malabo, entre el Gobierno y los partidos de la oposición, en 1997.

Para los abogados, los empleados del gobierno y algunos otros trabajadores es imprescindible ser miembro del partido PDGE para poder trabajar y promocionarse. Incluso en el sector privado, algunos ciudadanos denuncian que se necesita ser miembro de dicho partido para ser contratado. El logotipo del partido está presente, junto a la bandera nacional, en las oficinas del gobierno, y muchos funcionarios llevan las insignias del partido en la solapa.

Los miembros de los partidos de la oposición y diplomáticos extranjeros son estrechamente vigilados.

Según fuentes fidedignas, los ciudadanos que viven en zonas rurales procuran no asociarse o, incluso, ser vistos con extranjeros, debido a las repercusiones que esto podría tener por parte de las autoridades.

Sección 2. Respeto por las Libertades Civiles.

A. Libertad de Expresión y de Prensa

La Constitución asegura la libertad de expresión y de prensa; sin embargo, el Gobierno restringe severamente estos derechos en la práctica. Los periodistas practican la autocensura.

En abril, poco antes de que tuviese lugar el simposium nacional de la libertad de prensa, el ministro del interior ordenó el despido del presidente de la Asociación de la Prensa (ASOPGE), Manuel Nze Nzogo, elegido democráticamente, aunque la ASOPGE está legalmente reconocida como ONG. La razón dada fue que, supuestamente, su presidente no estaba cualificado para el puesto.

El Gobierno tolera cierta crítica, leve, referente a las infraestructuras y disfunciones de las instituciones públicas, así como sobre ciertas decisiones administrativas menores. Sin embargo, no permite la crítica al Presidente o a las fuerzas de seguridad. Todos los periodistas deben estar debidamente registrados en el Ministerio de Información. Según informaciones ofrecidas por la prensa, hay alrededor de una docena de periodistas independientes registrados en el Ministro de Información. Entre 30 y 40 periodistas son empleados del partido oficialista o de publicaciones gubernamentales. Los periodistas extranjeros deben ir acompañados de guías oficiales del Ministerio de Información.

Dos periódicos de interés general aparecen regularmente: La Gaceta, una publicación dedicada a Malabo con conexiones con el Gobierno, que se publica cada mes. Historias de tipo rosa predominan sobre las noticias del país. Ebano, una publicación del Ministerio de Información, que aparece unas dos veces al mes. El Tiempo y La Opinión, dos nuevos periódicos, han recibido el visto bueno del Ministerio de Información, el pasado septiembre, y han sido autorizados para comenzar su publicación en 2000.

La actual ley de prensa, aprobada en 1992, parece estar basada en la española de 1967 de la era franquista, cuando las leyes de prensa y autorizaciones del gobierno censuraban todas las publicaciones. Algunas veces el Ministerio de Información pide las publicaciones para obtener su aprobación previa. Todas las publicaciones locales ejercitan la autocensura y están sujetas a restricciones previas. Se venden escasas publicaciones extranjeras, y las fuerzas de seguridad suelen examinar el contenido de las provenientes de España y confiscan los escritos críticos al Gobierno.

La radio es el principal medio de comunicación de masas. El Gobierno tiene el monopolio efectivo de las transmisiones radiofónicas del país. Es realmente el dueño de Radio Malabo. En 1998 el Gobierno permitió el establecimiento de la primera emisora de radio privada del país, la estación FM de Radio Asonga. Sin embargo, según ciertas informaciones, el propietario es el ministro de Bosques, Medio Ambiente y Pesca, Teodoro Obiang Nguema, hijo del presidente. El gobierno no permite operar a otras emisoras independientes, aunque se han solicitado varias licencias.

La televisión está controlada por el Gobierno y sólo emite unas pocas horas al día. Se dispone de televisiones extranjeras por cable, como son Cable News Network, Noticias Francesas, películas, retransmisiones deportivas y dibujos animados, pero en realidad muy pocos ciudadanos pueden acceder a ellas. Existe un incremento notable de las recepciones vía satélite.

Radio Exterior, la emisora de onda corta española, a menudo da noticias sobre Guinea y entrevista a políticos de la oposición. Es prácticamente lo único con que se puede contar respecto a la oposición al Gobierno. Sus editoriales, como la mayoría de los difundidos por los medios españoles, son en su mayoría muy críticos con el Gobierno. Éste generalmente acusa a Radio Exterior de malinterpretar lo que realmente ocurre en el país, y en 1998 conminó al Gobierno español para que dejase de difundir estas noticias, ya que podían provocar problemas en Guinea.

Se puede tener acceso a internet, pero resulta muy caro y la utilización de los ordenadores no está muy extendida.

La Ley fundamental permite el derecho de reunión; aunque el Gobierno lo restringe en la práctica. Se necesita autorización del Gobierno para reunirse o juntarse más de 10 personas en una casa privada, lo que siempre tiene la consideración de reuniones de carácter político. Sin embargo, esta ley, que requiere el permiso para organizar reuniones de cualquier tipo, está oficialmente abolida.

Las fuerzas de seguridad vigilan las reuniones en plazas públicas, aunque sean pequeñas. Se requiere notificar al Gobierno cualquier acto público y generalmente se deniega el permiso.

La Ley Fundamental establece el derecho de asociación, aunque el Gobierno no lo respete en la práctica. La policía detiene y encarcela, general y sistemáticamente, a los miembros de la oposición. El partido de la oposición se queja de la interrupción de sus reuniones y de tener que pagar a los soldados para poder celebrarlas.

B. Libertad de religión

La libertad religiosa es un derecho reconocido en la Constitución; pero el Gobierno también limita este derecho en la práctica. No existe una religión estatal, y el Gobierno no discrimina a nadie por profesar cualquier tipo de religión, aunque el Ministerio de Justicia y Religión debe aprobar la implantación de organizaciones religiosas antes de comenzar sus actividades. El Gobierno sigue restringiendo la libertad de expresión del clero, particularmente de aquellos que mantienen una actitud crítica. El Gobierno exige un permiso para cualquier actividad que se haga fuera de los muros de las iglesias.

El Gobierno restringe las actividades de la iglesia católica, a la que pertenece la mayoría de los ciudadanos. El Padre Eduardo Losha Belope, cura de la tribu de los Bubi y presidente de Cáritas de Malabo, ha sido detenido nuevamente. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en febrero de 1998 con motivo de la revuelta de enero de ese mismo año. En julio de 1998, el Arzobispo de Malabo, Laureano Ekua Obama, declaró públicamente que el Gobierno exigía a los curas católicos obtener un permiso antes de hacer reuniones en grupo y comentaban que el Gobierno lo hacía porque la Iglesia criticaba repetidamente las violaciones de los Derechos Humanos, la injusticia social y la corrupción en el país. El Arzobispo también declaró que era muy difícil ser cura católico debido al acoso del Gobierno. El Gobierno moderó en 1996 algunas restricciones de las actividades religiosas de los misioneros extranjeros. Los misioneros de Bata y Malabo informaron que hubo pocas interferencias del Gobierno en su trabajo, aunque se produjo un aumento de los problemas en la importación de materiales y equipos libres de impuestos.

Parece haber una marcada preferencia oficial hacia la iglesia católica. La religión, normalmente la católica, aunque no exclusivamente, es una asignatura obligatoria en las escuelas.

C. Libertad de movimiento por el país, viajes al extranjero, emigración y repatriación

En principio, la libertad de movimientos y viajes por el país está prevista en la ley, sin embargo, el Gobierno limita estos derechos en la práctica. La policía local exige habitualmente soborno a los ocupantes de coches particulares, taxis y otros vehículos que viajan fuera de la capital. La policía para a los ciudadanos y, en particular, a los miembros conocidos de la oposición en controles rutinarios, y los somete a registros y chantaje económico. Según fuentes fidedignas, los miembros del grupo étnico Bubi, de la isla de Bioko, están imposibilitados para moverse libremente. Controles por toda la isla impiden a los Bubi viajar de unas ciudades a otras.

Todos los ciudadanos necesitan un permiso para viajar al extranjero, permiso que es denegado a los miembros de los partidos de la oposición que, en ocasiones, son detenidos e interrogados al regreso de sus viajes.

Los oficiales del gobierno intentan controlar los movimientos de todos los ciudadanos exigiendo visados de salida o denegando y confiscando pasaportes. Aquellos que salen de Malabo sin visado deben viajar 40 millas en canoa, por el océano, hasta alcanzar el continente africano y afrontar después los posibles costes de inmigración a su regreso. Sin embargo, algunos miembros destacados de los partidos de la oposición pueden viajar al extranjero sin impedimentos. Previamente a las elecciones legislativas, no se permitió a los diplomáticos extranjeros residentes viajar libremente por el país hasta el día antes de las votaciones.

En los últimos años, una media de 1 ó 2 extranjeros por año, procedentes de Mauritania, Nigeria o el Congo, piden refugio o asilo en Guinea. El Gobierno proporciona primero asilo y generalmente concede las peticiones, aunque se dice que las fuerzas de seguridad hostigan a los que buscan asilo, pocos de los cuales han permanecido en el país. No hay noticias de extranjeros que hayan sido forzados a volver al país de origen en que son perseguidos.

El Gobierno continua intentando neutralizar a los grupos de la oposición que operan fuera de sus fronteras raptando a los miembros que viven en otros países (ver Sección 1.e.).

Desde septiembre de 1997, 12 ecuatoguineanos opositores del Gobierno y sus familias han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Camerún –- aparentemente por su propia seguridad—en una base de Yaunde. La mayoría son antiguos oficiales militares, y todos tienen la consideración de refugiado concedido por el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados. En octubre, la prensa de Camerún informó de que dos de los refugiados habían escapado de la base, para reunirse con otros disidentes y tramar un golpe contra el régimen de Guinea Ecuatorial. Posteriormente fueron arrestados en Duala y devueltos a la capital. A mediados de Octubre unos veteranos residentes en Camerún, procedentes de Malabo, solicitaron información sobre su extradición a Guinea Ecuatorial, a lo que el Gobierno de Camerún no ha contestado. Los 12 refugiados permanecen detenidos en una base militar.

El Gobierno continúa pidiendo a España que repatríe a Severo Moto, líder del ahora prohibido Partido Popular, quien dirigió un intento de derrocar al gobierno por la fuerza de las armas en 1997, y a quien el Gobierno español ha concedido asilo.

Sección 3. Respeto de los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos a Cambiar su Gobierno.

La Constitución proporciona a los ciudadanos el derecho a cambiar el gobierno pacíficamente; sin embargo, en la práctica, no ha habido elecciones libres, justas o transparentes desde la independencia de 1968. El Presidente ejerce el poder absoluto como cabeza del estado, comandante de las fuerzas armadas, y líder del partido que gobierna, el PDGE. Con la única excepción del Primer Ministro, un miembro del clan Bubi, las posiciones de liderazgo dentro del Gobierno están restringidas, en general, al clan Mongomo de la etnia Fang al que pertenecen el presidente y sus más cercanos colaboradores. Existe una Cámara de Diputados, que se cubre por elección, pero que no es representativa y está dominada completamente por el Gobierno. El Ministro del Interior también actúa como Presidente de la Junta Electoral Nacional.

Las elecciones Presidenciales de febrero de 1996, en las que Obiang fue reelegido con el 98 por ciento de los votos, fueron consideradas abiertamente fraudulentas por observadores internacionales. Algunos políticos de la oposición que hicieron campaña fueron golpeados y encarcelados. Las votaciones se desarrollaron sin garantizar el secreto, con papeletas al descubierto, y se limitó el acceso de los partidos de la oposición a los colegios electorales. Existen noticias fidedignas sobre arrestos generalizados y empleo de la violencia contra miembros de los partidos de la oposición antes de las elecciones, además de controles de carretera, urnas llenas de votos y la presencia de fuerzas de seguridad. La mayoría de los partidos de la oposición pidió, inútilmente en medio de tanta corrupción, el boicot de las elecciones.

En 1997se firmó un pacto nacional entre el Gobierno y 13 partidos políticos tras 3 meses de debate. El pacto propone la creación de comisiones electorales multipartidistas y una comisión observadora para controlar el cumplimiento del acuerdo. El pacto también estipula el fin de los diversos abusos políticos y electorales y la ampliación del derecho al voto previsto en la Constitución. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido ni respetado la mayoría de las disposiciones del pacto. Activistas de la oposición han informado de que el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo para poner en práctica el pacto. La negación del Gobierno a expedir visados de salida a figuras de la oposición viola el principio de libertad de movimientos consignado en el pacto. Los continuos arrestos de activistas del CPDS, UP y FDR indican que el Gobierno no está interesado en cumplir el pacto.

En 1998 el Gobierno aprobó una nueva ley electoral que obliga a la sustitución del voto abierto por el voto secreto en futuras elecciones, pero prohibe coaliciones entre partidos políticos, lo que debilita la oposición.

Las elecciones legislativas que se deberían haber celebrado en otoño de 1998 fueron pospuestas hasta el 7 de Marzo último. El nuevo censo electoral se completó en diciembre de 1998, pero no todos los partidos de la oposición estuvieron de acuerdo en firmarlo. Los observadores internacionales consideraron seriamente defectuoso el proceso electoral. Los partidos de la oposición UP y CPDS ganaron sólo 5 de los 80 escaños, y se negaron a tomar posesión de los mismos en la nueva legislatura, asimismo pidieron que se anularan los resultados y se celebraran nuevas elecciones.

Aunque no hay restricciones legales en la participación de las mujeres en política, continúan subrepresentadas en puestos de gobierno. Hay 4 mujeres en el gabinete de los 41 miembros que lo forman, y 5 en la cámara legislativa que tiene 80 miembros.

Sección 4. Actitud del Gobierno frente a la Investigación Internacional y no Gubernamental de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos

No existen organizaciones nacionales no gubernamentales (ONG’s) que velen por los derechos humanos. Ninguna ONG internacional de derechos humanos tiene una presencia permanente en el país. El Gobierno no reconoce sus informes ni admite su credibilidad.

El enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos visitó Guinea en Marzo y Diciembre de 1998 y fue ostensiblemente recibido. Sin embargo, el Gobierno se empleó a fondo para que fuese sustituido, lo que consiguió ese mismo año. Un nuevo representante de la ONU visitó el país en Noviembre.

En Abril el Gobierno promulgó una nueva ley restrictiva con respecto a las ONG’s que define aquellas áreas en las que pueden operar: los derechos humanos no es una de ellas.

Sección 5. Discriminación Basada en la Raza, Sexo, Religión, Minusvalía, Idioma o Condición Social.

Mientras que la Constitución condena todas las formas de discriminación, tanto la discriminación gubernamental como la social continúan siendo un hecho. Éstas se reflejan en la limitación tradicional de la educación de las mujeres y en la restricción de la igualdad de oportunidades profesionales para las minorías étnicas. El Gobierno limita deliberadamente las oportunidades potenciales de las minorías étnicas, y los Fang discriminan abiertamente a los Bubi y otras minorías étnicas.

A. Mujeres

La violencia social contra las mujeres, en particular el maltrato a las esposas, es muy común. Los malos tratos públicos de las esposas están prohibidos por decreto del gobierno, pero la violencia en casa generalmente se tolera. El Gobierno no procesa a los autores de la violencia doméstica.

Aunque la Constitución asegura igualdad de derechos, gran parte de las mujeres son habitualmente confinadas en roles tradicionales, particularmente en la agricultura. La poligamia está generalizada entre los Fang, reconociéndole un papel secundario a la mujer, y de hecho limita su derecho a la educación. El promedio de escolarización de las mujeres es el cincuenta por ciento del de los hombres.

No hay discriminación femenina con respecto a las leyes de la herencia y la familia, pero hay discriminación tradicional en la práctica. Para un 90 por ciento de las mujeres, lo que incluye todos los grupos étnicos excepto los Bubi, la tradición dicta que, si el matrimonio se disuelve, la esposa debe devolver la dote entregada por la familia de la novia, mientras que el marido recibe automáticamente la custodia de todos los hijos nacidos en el matrimonio. La madre mantiene la custodia de todos los hijos nacidos antes del matrimonio.

En las culturas Fang, Ndowe y Bisio se practica la primogenitura, y ya que la mujer se convierte en miembro de familia del marido después del matrimonio, normalmente no se le reconoce el derecho de herencia. A tenor de lo que dice la ley, las mujeres tienen derecho a comprar y vender propiedades y bienes, pero, en la práctica, la sociedad dominada por los hombres permite a muy pocas mujeres tener acceso a fondos suficientes para dedicarse a algo más que no sea una insignificante actividad comercial o para comprar propiedades más allá de un terreno con jardín o una casa modesta.

B. Infancia

No existe legislación relativa al bienestar y protección de los niños. El Gobierno dedica una mínima atención al bienestar o derechos infantiles, aunque no regula estos derechos. La educación es obligatoria hasta los 18 años, pero esta Ley no se cumple en la realidad.

C. Discapacitados

No se contempla en la Constitución y demás leyes los derechos de los discapacitados, en cuanto a protección para acceder a la educación o a un empleo. La legislación no contempla el apoyo o ayuda para disminuir las barreras arquitectónicas.

D. Razas y Minorías étnicas

Legalmente está prohibida la discriminación por razones étnicas, y el Gobierno no limita de forma expresa la participación de otras etnias en los poderes públicos; a pesar de todo, persiste el monopolio del poder político ejercido por el Presidente Mongomo, perteneciente al clan Fang. En la práctica algunos miembros de minorías étnicas sufren discriminación por no ser Fang o por pertenecer a un subgrupo del clan Fang diferente al del presidente. No existe discriminación de las minorías en lo relativo a las leyes hereditarias, matrimoniales o familiares.

Las diferencias existentes entre el grupo étnico mayoritario de la tribu Fang y el grupo minoritario de los Bubi son una fuente de tensiones políticas y en la mayoría de los casos da lugar a brotes de violencia. Los Bubi lideraron el 21 de enero de 1998 la revuelta separatista en Bioko, después de lo cual el clan gobernante Fang y las fuerzas de seguridad intensificaron su ya institucionalizada y prolongada represión contra los Bubi; se permitió a los Fang abusar de su poder impunemente. Antes de la independencia, los Bubi representaban la mayoría de la población en la isla de Bioko (antes Fernando Poo), administrativamente diferente, y mejor desarrollada económicamente en comparación con la populosa Río Muni, donde los Fang constituían la mayoría étnica. Estas dos colonias españolas se unieron 9 años antes de la independencia, después de lo cual los Fang emigraron a Bioko, donde se estableció la capital, Malabo. Los Fang pasaron a dominar el Estado ya independiente. Durante la primera década después de la independencia, el desgobierno del tío de Obiang, Macías Nguema, redujo la población a un tercio y hundió la economía.

Las diferencias entre los distintos clanes del grupo étnico Fang, en particular debido al dominio político del subclan Mongomo, suelen ser fuente de tensiones políticas y, ocasionalmente, de violencia, de todas formas, durante el presente año, no se han recibido informes de brotes de violencia por estas causas.

Varios miles de ciudadanos de Nigeria, Ghana, y Países francófonos de Africa siguen residiendo en Guinea. Muchos de ellos son comerciantes y pequeños industriales. Según se dice, la policía los hostiga frecuentemente (ver sección 1.d).

Sección 6. Derechos de los trabajadores

A. El derecho de asociación

Aunque la Constitución contempla el Derecho a organizar sindicatos, el Gobierno no lo ha legislado. En la economía guineana de salarios exiguos no existen los sindicatos, aunque hay algunas cooperativas con un poder limitado. Las leyes prohiben las huelgas. El reglamento laboral contiene cláusulas que regulan los derechos de los trabajadores, pero el gobierno generalmente no las hace cumplir.

Es bien sabido que ser miembro del PDGE, el partido del Presidente, es un requisito previo para la contratación y promoción de cualquier trabajador, tanto en el sector público como en el privado (ver sección 1.f.). El ser miembro de una organización política rival es considerado una razón suficiente para el despido de cualquier puesto, ya sea público o privado. Los políticos que no participan en labores gubernamentales denuncian frecuentemente haber sido despedidos de sus puestos de trabajo por pertenecer a grupos de la oposición.

El sector privado que más puestos de trabajo oferta en el país es la industria del petróleo, que está dominada por firmas extranjeras; esta industria tomó medidas para reducir el control del gobierno en la contratación de los trabajadores. Antiguamente las compañías internacionales de producción de petróleo operaban en el país contratando trabajadores ecuatoguineanos exclusivamente a través de una agencia del gobierno , la APEGESA, la cual seleccionaba a los solicitantes excluyendo a aquellos que eran considerados hostiles o contrarios al PDGE. Posteriormente, las compañías internacionales dejaron de utilizar la APEGESA como intermediario y seleccionan ellas mismas a los trabajadores mediante una prueba diseñada para contratar a los mejores candidatos, para luego poder promocionarlos.

En el pasado APEGESA se quedaba con cerca de dos terceras partes del salario de los trabajadores. Una reciente legislación obliga a que los trabajadores de las compañías petroleras reciban el 60% del salario. Los trabajadores de este sector son los que más cobran, llegando incluso sus sueldos a ser 10 veces el salario mínimo. El Ministerio de Minas y Energía, supuestamente, controla APEGESA. Cuando algunos trabajadores firmaron un escrito quejándose del mal trato recibido fueron despedidos.

El Gobierno no permite que los sindicatos se afilien a organizaciones internacionales.

B. El Derecho de organización y negociación colectiva

No existe legislación que regule estos derechos o prohiba la discriminación por razones sindicales. Existen evidencias de convenios colectivos por parte de algún grupo. El Gobierno decide los aumentos de sueldo, con una pequeña o nula participación de los trabajadores. Los patronos deben pagar el salario mínimo estipulado por el Gobierno, aunque muchas compañías pagan más de ese mínimo.

C. Prohibición de trabajos forzados

La ley prohibe los trabajos forzados, (incluyendo los realizados por niños), y la esclavitud, y no existen evidencias o informes denunciando estos hechos; de todas formas hay convictos que realizan trabajos fuera de la prisión sin ningún tipo de compensación, hecho que está permitido por la ley.

D. Situación de los niños trabajadores y edad laboral mínima

La edad laboral mínima legal es de 18 años, pero el Ministerio de Trabajo no hace cumplir la legislación. El Gobierno ni siquiera hace cumplir la Ley que estipula la educación obligatoria hasta los 18 años. Los jóvenes menores de edad cumplen con el trabajo familiar en la granja y al mismo tiempo se dedican a la venta callejera. El Reglamento del Trabajador prohibe que los niños realicen trabajos duros: no existen informes denunciando violaciones en este sentido. (ver sección 6.c.)

E. Condiciones aceptables de trabajo

Aproximadamente, el sueldo mensual mínimo es de 41 dólares (27.000 Francos CFA). Este sueldo no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas de un trabajador y su familia.

La Ley prescribe, como regla general, 35 horas semanales dedicadas al trabajo y 48 horas de descanso, horario que se cumple habitualmente.

El reglamento laboral articula la protección contra los riesgos laborales pero el Gobierno no lo hace cumplir en la práctica. Los trabajadores que protestan por las condiciones peligrosas o insalubres de su trabajo son despedidos.

F. Tráfico de personas

No existe ninguna Ley que prohiba el tráfico de personas, sin embargo, no hay informes de que este tráfico exista.

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ASODEGUE. Hoja informativa

23 de marzo de 2000

RELACIONES ESPAÑA-GUINEA: ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS.

Las autoridades guineanas siguen prodigando declaraciones que reflejan un aparente despego de la antigua metrópoli. El pasado martes Santiago Nsobeya, ministro de Asuntos Exteriores, y último embajador de Guinea en Madrid, declaraba que la francofonía representa "un motor para la apertura lingüística, política, económica, cultural y científica" de su país y que estaba convencido de que "con nuestra integración en el seno de este gran conjunto humano, hemos realizado la opción política más juiciosa y fecunda". El presidente Obiang ha acusado recientemente (17 de marzo en Bata) a España de querer "colonizar de nuevo el país", frente a las ayudas "desinteresadas" de Francia y Estados Unidos.

Tomando como fecha de referencia el 26 de octubre de 1999 (firma en Malabo del Acuerdo de Cooperación España-Guinea) ha habido otros dos momentos en los que los dirigentes guineanos han expresado argumentos similares. El 9 de septiembre de 1999 Nsobeya convocó al Cuerpo Diplomático acreditado en Malabo, para protestar por la publicación en Diario 16 (y su posterior lectura por Radio Exterior de España) de unos artículos firmados por Rafael Cid en los que se expresaban críticas al gobierno guineano. Santiago Nsobeya negó la palabra en aquel acto al embajador español, señor González-Arnao, pidió la supresión del programa para Guinea de Radio Exterior y amenazó con la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países si estos hechos volvían a repetirse.

El otro momento, especialmente intenso, tuvo lugar el 7 de febrero en el acto de investidura de Teodoro Obiang como doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. El discurso del nuevo "doctor" supuso una defensa desvergonzada de su propio régimen e incluyó frecuentes alusiones (y algunos silencios) sobre la política española en Guinea. El dictador guineano no ahorró alusiones a los errores de la colonia, a la colaboración española en el golpe de estado de Atanasio, a supuestas "acciones de sabotaje" en algunas instituciones de enseñanza con dirección mixta hispano-guineana y al corte en la cooperación española en los años noventa por "supuestas acusaciones al gobierno de violaciones de los derechos humanos". Calificó de fracaso a los trabajos de la UNED en Guinea, igualó la cooperación española en el ámbito de la enseñanza con la de una decena de países e ignoró por completo el esfuerzo que desde hace años viene haciendo en los niveles básico y medio de la enseñanza guineana. Todo ello en presencia del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Manuel Gala, de la Coordinadora de la Cooperación Española, María Dolores Martín Villalba, de un grupo de profesores españoles y de algún otro funcionario de cooperación la mayoría de los cuales asistieron, además, con evidente satisfacción al refrigerio posterior. El acto contó con el apoyo de la Universidad de Alcalá que trasladó allí a una de sus responsables de protocolo para que organizase los ensayos correspondientes y llevase las togas de rigor para este tipo de ceremonias.

No asistieron representantes de la embajada de España en Malabo, alguno de cuyos funcionarios calificó posteriormente al acto de "traición al Estado español". Y es que se ha hecho ya evidente una división clara entre las distintas instancias de la administración española con presencia en Guinea, respecto de la aplicación de los acuerdos del 26 de septiembre, y en especial a los que hacen referencia a la cooperación universitaria. En este momento los responsables de Cooperación junto con personajes como Manuel Gala mantienen en público una actitud claramente seguidista respecto a las políticas de Obiang (aunque en privado expresen algunas dudas), pero la Embajada española y los recién nombrados responsables de la UNED en Malabo expresan claramente sus reticencias a un acuerdo que reconoce entidad a organismos guineanos que, a todas luces, carecen de ella, al tiempo que califican de "errática" la política de "la responsable" de Cooperación. La representación española acepta además difícilmente las duchas de agua fría a que la someten las autoridades del país.

En los términos del acuerdo del 26 de septiembre deberían establecerse planes de cooperación técnica entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y una entidad guineana denominada Comisión de Investigaciones Científico Técnicas (CICTE). En realidad esta última organización reúne a una decena de personas, presididas actualmente por el escultor Mbomio, cuyas últimas actividades han sido organizar en noviembre de 1999 un curso sobre "autoestima" y otro, en febrero de este año, sobre "valores del hombre guineano". Viajan con alguna frecuencia al exterior y en una de las últimas oportunidades uno de ellos viajó a Cuba a un curso de interpretación de radiografías sin ser médico y sin que se le conozcan especiales habilidades en el ámbito de la sanidad... Con esta entidad deberá el CSIC establecer acuerdos en materias como las patentes y el desarrollo tecnológico.

En términos políticos el actual momento de las relaciones entre España y Guinea expresa claramente la quiebra de la línea mantenida por el "equipo Alabart". A su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores la política española hacia Guinea se basaba en tres puntos: apoyo a la transición democrática, defensa de los derechos humanos y buenas relaciones entre los dos países. El actual equipo ha sacrificado los dos primeros en beneficio de las buenas relaciones con la dictadura de Obiang con los resultados que ahora se ven.

Sin embargo, no hay que hacer siempre caso a lo que parecen decir las autoridades guineanas. Aprendieron hace mucho tiempo que podían obtener ventajas de nuestro país amenazando con "pasarse a los franceses" o con romper relaciones diplomáticas. El error consiste en hacer de sus veleidades el centro de gravedad de las relaciones entre los dos países. Ahora, como siempre, hace falta una política enérgica, clara, que tenga como objetivos la libertad y la democracia para los guineanos, el enriquecimiento de su sociedad civil... Todo muy lejos de los objetivos, incluso de la imaginación, del "equipo Alabart"...

Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE)

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ASODEGUE: HOJA INFORMATIVA SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL

LA UNIVERSIDAD COMO UN CUARTEL

La Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) ha aparecido reiteradamente en las argumentaciones de los funcionarios españoles partidarios de la aproximación al gobierno guineano y de los partidos y organizaciones opuestos a esta política. Los acontecimientos que están teniendo lugar en Malabo ilustran el carácter de esta institución.

A día de hoy, 166 estudiantes, becarios todos ellos, están a punto de perder sus becas y algunos serán expulsados de la universidad. Los problemas se iniciaron con algo tan simple como unas obras en el comedor de la residencia en la vivían estos becarios. La dirección del centro decidió utilizar la biblioteca como comedor. Los estudiantes protestaron porque era un local incómodo y, además, lo necesitaban para estudiar puesto que los exámenes estaban próximos. Más de un centenar de ellos dirigieron una carta a la dirección de la universidad pidiendo que se les entregase la parte de la beca correspondiente a alimentación y poder, con ella, comer en la ciudad, en Malabo, dejando la biblioteca como estaba. Esta carta llegó al rector de la UNGE, Federico Eyó Ovono, y a través suyo al presidente de la república, Teodoro Obiang.

Obiang citó a los estudiantes a una reunión en la que él fue el único que pudo hablar. El dictador guineano les dijo que estaban siendo manipulados por opositores irresponsables; que sus padres eran pobres (de ahí su condición de becarios) y ellos debían estar muy agradecidos al gobierno y se quejó de que "pese a lo mucho que el gobierno los cuida, ellos voten a la oposición". Decidió que los que quisieran comer en la ciudad deberían abandonar la residencia y, además, destituyó automáticamente al director de este centro.

Al día siguiente los estudiantes fueron citados de nuevo, esta vez por el rector Eyó Ovono, quien les comunicó que todos los firmantes de la carta abandonarían la residencia de inmediato y tendrían que vivir por su cuenta con el importe de la beca. Vista la marcha de los acontecimientos, algunos becarios que no habían firmado en un principio, se adhirieron a la postura de sus compañeros hasta alcanzar esa cifra de ciento sesenta y seis, que son los que en este momento están implicados en el conflicto.

En los últimos días la posición de las autoridades ha seguido endureciéndose. A día de ayer habían decidido entregar a esos 166 becarios 2000 F CFA (500 pesetas) diarios para sus gastos de alojamiento y dieta. Esta cantidad era la que se destinaba en la residencia sólo para comida.

Los estudiantes siguen asistiendo a clase normalmente. Las autoridades están empeñadas en buscar a los supuestos "manipuladores" que habrían iniciado el conflicto...

La UNGE mantiene un acuerdo de cooperación con la Universidad de Alcalá de Henares, incluido ahora en el pacto firmado por las administraciones guineana y española el pasado 26 de octubre en Malabo. Las autoridades de la Universidad de Alcalá denominan a este acuerdo de "cooperación institucional", concepto poco habitual en el que se englobaría la cooperación técnica (formación de profesores, asesoramiento y apoyo para el desarrollo de planes de estudio y asistencia de profesores españoles, en periodos limitados, a la UNGE), el apoyo a la gerencia de la universidad guineana y un cierto papel de valedor ante otras universidades cuya relación pudiera considerarse útil para el desarrollo de la UNGE.

Sin embargo, parece estar haciéndose una interpretación muy amplia de ese concepto de cooperación. El rector de la Universidad de Alcalá asistió, por ejemplo, el pasado día 7 de febrero a la ceremonia de nombramiento de doctor honoris causa del dictador guineano por parte de la UNGE. En esta ceremonia intervinieron Alejandro Eyó Ovono, Salomón Ngema Owono, presidente del parlamento guineano, Manuel Gala, rector de la Universidad de Alcalá, y el propio dictador, Teodoro Obiang Nguema. El señor Gala habló, según testigos presenciales, de la importancia de la universidad en el desarrollo cultural de un país y de que este papel podría llevarse a cabo, en el caso guineano, por la UNGE.

La Universidad de Alcalá y la UNGE firmaron hace un par de años un programa de hermanamiento que justificaría, siempre según los actuales dirigentes de la universidad española, la relación "institucional" que mantienen con la universidad guineana. Las autoridades guineanas utilizan este especial modelo de relación como elemento de propaganda dentro su país, para intentar demostrar que no están aislados y que no todos los españoles están en contra de su régimen.

A la ceremonia del día siete asistieron también representantes oficiosos de la Universidad de Lleida. Posteriormente un grupo de profesores de esta universidad visitó Guinea para analizar una posible cooperación con la UNGE. A finales de la pasada semana el rectorado de la Universidad de Lleida decidió congelar estas relaciones y abrir un nuevo periodo de información antes de tomar una decisión definitiva.

Representantes de otros centros que también han visitado Guinea recientemente han renunciado a cualquier cooperación con la UNGE, por considerar su funcionamiento muy politizado, carente de independencia respecto a las autoridades del país y en absoluto democrático.

La oposición democrática guineana ha denunciado los métodos de selección del profesorado, que se hicieron con exclusión de todos aquellos que tuvieran militancia reconocida de la oposición. Según estas mismas fuentes, el presupuesto de la UNGE en 1999 fue de 500 millones de F CFA (125 millones de pesetas), lo que, en su opinión, demostraría la falta de interés del gobierno guineano por esta institución, que sólo utilizaría como elemento decorativo. Creen que no existen en Guinea condiciones para que haya una universidad y que la UNGE ha recorrido todos los plazos a una velocidad vertiginosa, impulsada por las necesidades políticas del régimen. Entre estas necesidades estarían la de competir y anular a la UNED, universidad española que trabaja en Guinea desde 1982, y que acogería entre su profesorado a una parte de los dirigentes opositores.

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Discurso de Médicos sin Fronteras ante representantes de organismos internacionales

Señores, señoras, excelencias todos,

Digno Sepa tenía 20 años cuando fue encarcelado en Malabo en enero del año 1.998. Nunca fue juzgado, pero permaneció en prisión hasta que en octubre de 1.999, tras uno de los habituales interrogatorios de la policía guineana, su estado de salud se deterioró significativamente.

Aunque pidió su hospitalización, le fue repetidamente negada hasta que sus familiares consiguieron que un médico del Hospital de Malabo pudiera acceder a reconocerle. Sus recomendaciones para una urgente hospitalización tampoco fueron atendidas, hasta que una semana más tarde, cuando por fin se concedió el permiso, los familiares sólo pudieron retirar el cadáver de Digno.

Más recientemente, 35 presos bubis han sido trasladados a la región continental, sin que por el momento se conozcan las causas de este traslado ni el paradero de los mismos. El hecho de que el sistema penitenciario de Guinea no cubra la alimentación y otras necesidades básicas, nos hace temer seriamente por la integridad de estas personas, cuyo juicio ya hizo avergonzarnos a los que creemos en los Derechos Humanos como en algo más que una declaración de principios.

Médicos sin Fronteras ha estado diez años presente en Guinea Ecuatorial. Diez años en los que los logros en la asistencia a la población guineana, se combinaban con los gritos perceptibles en los alrededores de la comisaría de Bata.

Hemos vivido con esa población durante diez años, hemos llegado a sentir con ellos sus anhelos, su esperanza, su alegría y sus desilusiones. Pero también hemos conocido el miedo. Su miedo a las detenciones arbitrarias, a las confiscaciones de bienes, a expresar con claridad sus deseos e intenciones.

Cuando lográbamos conseguir estructuras de salud funcionales, nosotros mismos sentimos la frustración de que fueran ocupadas por funcionarios conectados al clan en el poder, cuyo único objetivo era el desvío de la ayuda humanitaria aportada y el enriquecimiento ilícito.

Recursos desviados, obstáculos a las operaciones y absoluta falta de interés por parte de las autoridades que provocaron que tomáramos la dolorosa decisión de salir del país, en la confianza de que la lucha y la denuncia de esta situación desde el exterior, posibilitarían el hallazgo de soluciones que mejoraran la situación de Guinea Ecuatorial.

En el mismo momento en que decidíamos retirarnos del país, el Gobierno Guineoecuatoriano nos felicitaba oficialmente por nuestras actividades, y nos invitaba a continuar colaborando, en el marco de un futuro acuerdo de cooperación a ser firmado con el Gobierno español, en el que se pretendía incluirnos como ONG de referencia.

En Guinea Ecuatorial los niños mueren de enfermedades prevenibles y curables, las infraestructuras sanitarias no ofrecen el mínimo estándar de calidad para atender a la población y las condiciones higiénicas favorecen formidablemente el desarrollo de multitud de enfermedades.

Al mismo tiempo, Guinea Ecuatorial no explica con suficiente transparencia los ingresos que recibe de las multinacionales petrolíferas, y su renta per cápita resulta ya incompatible con semejante situación.

Pero cualquier solución a estos problemas choca frontalmente con los problemas políticos que impiden avances en esos aspectos.

El problema de Guinea es fundamentalmente político, y por ser fundamentalmente político, las ONGs consideramos agotado nuestro papel en el terreno, y acudimos a ustedes, los representantes de la comunidad internacional, para que busquen una solución.

La pasividad hasta ahora mostrada por los gobiernos occidentales, entendemos que debe tornarse en este momento en posición enérgica en la defensa de unos valores que oficialmente forman parte intrínseca de sus políticas exteriores.

España ha firmado recientemente el anunciado programa de cooperación con el país. Aunque lamentablemente nos parece insuficientemente claro y decidido, hemos sido invitados por nuestro gobierno a presentar una alternativa a ese programa, para lo que hemos solicitado a diversas organizaciones españolas su colaboración en el empeño de que nuestro gobierno adopte con decisión una política que priorice la defensa de los Derechos Humanos.

Pero no ocultamos nuestra preocupación por los habituales refugios que el régimen de Guinea Ecuatorial encuentra tradicionalmente cuando España endurece su posición diplomática.

Los gobiernos de Francia y Estados Unidos, no han mostrado tampoco una posición enérgica en la defensa de los Derechos Humanos.

La semana pasada sin ir más lejos, el Presidente de Guinea Ecuatorial se felicitaba en la prensa del apoyo incondicional de ambos gobiernos.

De nada sirven pues las declaraciones de óptimas intenciones que escuchamos estos días, si los gobiernos no aplican en su gestión diplomática diaria aquello que proponen en sus papeles institucionales.

Cada declaración debe ser contestada, cada violación, denunciada. Comprometerse con los Derechos Humanos es algo más que firmar declaraciones.

Acabamos de escuchar las conclusiones del Representante Especial de la Comisión, al cual Médicos sin Fronteras quiere agradecer la claridad y profesionalidad en su tarea, y la valentía de sus denuncias.

Es ahora el turno de la comunidad internacional, la hora de pasar a la acción, de no permitir que una población por pequeña que sea quede olvidada.

MSF quiere solicitarles una resolución enérgica que muestre al régimen de Guinea Ecuatorial que la comunidad internacional le va a dar la espalda en cuanto no considere las recomendaciones que el Representante Especial le ha formulado con claridad, y que coinciden con las que repetidamente han sido formuladas por sus antecesores.

Hay medidas que pueden ser tomadas antes de cualquier petición de asistencia técnica y que serían una prueba de una voluntad política que hasta ahora no ha existido.

Por ultimo, solicitamos a la Unión Europea que no varíe ni modifique sus relaciones con Malabo, si no se producen los cambios mencionados.

La población de Guinea Ecuatorial espera mucho de ustedes, y los graves problemas que sufre Europa, no deben implicar que sea relegada una vez más.

Muchas Gracias.

Médicos sin Fronteras

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