Este otoño va a ser prolífico en comentarios al "Informe Bricall", ya que ha transcurrido tiempo suficiente para estudiar y asimilar las propuestas en él contenidas. Por esta razón Vivat Academia abre una nueva página dedicada a este tipo de contribuciones, vengan de donde vengan y sean de la tendencia política que sean. Por esta misma razón queremos dejar claro que la Redacción no se identifica con ninguna de las aportaciones que en lo sucesivo se publiquen, como es habitual en estos casos.

Iniciamos esta nueva andadura con el Informe sobre el Bricall, redactado por CCOO, y que nos ha sido remitido por uno de nuestros lectores de la Universidad de Murcia. Además recogeremos los recortes de prensa sobre el particular:

Primeras conclusiones del debate sobre APORTACIONES AL "INFORME UNIVERSIDAD 2OOO" como miembro del Patronato del mismo

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (27 de junio de 2000)

PRESENTACIÓN

Cuando el pasado mes de marzo el "Informe Universidad'2000" fue presentado a su Patronato, éste decidió abrir un periodo de debate y aportaciones antes de que la CRUE lo presentara a las Cortes, previsiblemente en el próximo otoño. Respondiendo a este llamamiento, y de acuerdo con la actitud de activa participación que ha mantenido a lo largo del proceso de elaboración de dicho informe, la Confederación Sindical de CCOO inició un proceso de reflexión y debate cuyas primeras conclusiones se recogen a continuación. El documento definitivo de aportaciones como miembro del referido Patronato será presentado en septiembre.

No obstante, dada la amplitud e importancia del "Informe Universidad'2000", debemos considerar abierto de forma permanente su debate, como elemento dinamizador de la necesaria adaptación de las Universidades españolas a los nuevos retos y demandas que se les plantean, y como elemento reinvindicativo de las aportaciones y actuaciones pertinentes por parte de las Administraciones competentes.

Junio, 2000

1. EL CONTEXTO POLÍTICO

Hay un amplio consenso en que la Universidad deberá afrontar en los próximos años nuevos retos y demandas sociales tales como la formación permanente, la incorporación de las nuevas tecnologías, la investigación como motor económico, o el papel como agente social del entorno geográfico. Parece lógico preguntarse si la Universidad pública podrá adaptarse a este nuevo entorno, o mejor aún cuáles son las adaptaciones necesarias.

De hecho en España hemos superado una primera gran transformación en los 80/90, pasando de una universidad "elitista" a una universidad "abierta": gran aumento de estudiantes, diversificación de su extracción social, distribución geográfica, diversificación de titulaciones, potenciación de la investigación, apertura al entorno social y económico, conexiones internacionales, etc.

Ese gran avance no hubiese sido posible con el modelo "burocrático" de la Universidad tradicional, caracterizado por la centralización y el uniformismo. La LRU implantó un nuevo modelo basado en la autonomía universitaria (proclamada por la constitución) y el gobierno colegiado, que se reflejaban en los mecanismos y órganos de gobierno, organización interna, selección del profesorado, confección de planes de estudio, gestión económica, conexión con el entorno social y económico, etc. Este modelo de "autonomía colegiada" permitió canalizar los esfuerzos de la comunidad universitaria y los limitados recursos disponibles para recuperar en dos décadas gran parte del retraso acumulado respecto a la Universidad de nuestro entorno geográfico. Naturalmente, se han detectado lagunas e ineficiencias en su funcionamiento. Del balance global depende la respuesta a las preguntas iniciales, esto es, si los nuevos retos pueden ser abordados introduciendo las mejoras convenientes en el modelo actual, o si por el contrario es necesario recurrir a nuevos planteamientos de base.

Abonando este último punto de vista, diversos sectores exageran las críticas para desacreditar el actual modelo de "autonomía colegiada". Así, a mediados de los 90, al hilo de reiteradas denuncias sobre la supuesta "endogamia" universitaria, sectores conservadores de la FACU y afines reclamaban volver al modelo burocrático, por lo menos en aspectos tales como la selección del profesorado. En los últimos años, las críticas se ceban en el funcionamiento de los órganos de gobierno, a los que se acusa de lentos e inoperantes, hasta hacer ingobernable la Universidad. A partir de ahí, y al amparo del paradigma neoliberal de que "lo privado es superior a lo público", se propugna (Jornadas Recoletos, Cercle d'Economia,...) pasar a un nuevo modelo "empresarial": prioridades determinadas por el mercado, distribución de la financiación entre universidades por competencia entre ellas, jerarquización del gobierno, etc.

De hecho, en la práctica se introducen elementos de este tipo en numerosas universidades. Así, determinados servicios se desvían hacia entidades satélites (fundaciones,...), que llegan a constituir un "holding" que escapa al control político y económico de los órganos estatutarios de la universidad. Igualmente se insiste en reducir los estudiantes a simples "clientes", que las universidades deben satisfacer y disputarse, si aspiran a mejorar su financiación. Estas tendencias conllevan una privatización encubierta de la Universidad, en tanto se ve sometida a los intereses particulares de determinados sectores sociales.

CCOO abordó este debate en sus "Coloquios'95 sobre acción sindical PDI" (Santiago, octubre de 1995) y de forma más explícita en sus III Jornadas de Universidad (Córdoba, 3-VI-99):

En definitiva, CCOO aboga por profundizar y mejorar el modelo de autonomía colegiada. Naturalmente ha habido deficiencias en el diseño de la LRU (financiación, profesorado,...), en su desarrollo (Estatutos,...) y en su aplicación (corporativismo, rigidez,...). Se trata de subsanarlas modificando, desarrollando o introduciendo elementos y mejoras en temas como planificación estratégica de objetivos, rendición de cuentas a las instituciones públicas, financiación plurianual, formación y selección del personal, funcionamiento de los órganos de gobierno, profesionalización de la gestión, permeabilidad e interacción con el entorno socio-económico, etc.

Por su parte, el Informe Universidad 2000 es impulsado desde la CRUE a finales de los 90 como una reacción ante la inhibición del MEC, que en la práctica es un apoyo a quienes de iure o de facto propugnan el modelo empresarial. El MEC intenta contrarrestarlo primero (Esperanza Aguirre) con una iniciativa paralela desde los Consejos Sociales, y después (Mariano Rajoy) anunciando la reforma de la LRU. Por su parte, la CRUE pretende aglutinar a los sectores académicos y culturales progresistas, a los agentes sociales e incluso a ciertos sectores empresariales. En todo momento CCOO ha respondido activamente a las ofertas de participación, aportando y defendiendo los puntos de vista antes esquematizados.

Como se detallará en lo que sigue, subsisten importantes discrepancias en ciertas propuestas y sobre todo en los análisis. Con todo, hay suficientes elementos de proximidad como para proseguir el debate y la colaboración, en la perspectiva de constituir un auténtico contrapeso a posibles intentos de desnaturalización o privatización de la Universidad pública.

2. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA UNIVERSIDAD.

El informe aporta un conjunto de datos clarificadores sobre la situación de la Universidad española, situándola en el contexto internacional, y señalando las cuestiones más relevantes que deben replantearse, así como las dificultades para ello. Con ser un avance importante respecto a estudios anteriores, se detectan todavía lagunas, por ejemplo, en la valoración de hasta qué punto ha cumplido con los objetivos sociales o en su engarce con el sistema educativo general.

Coincidimos en que los campos de aplicación de las funciones básicas de la Universidad (transmitir, conservar, criticar y desarrollar el saber) siguen un proceso acelerado de ampliación, debiendo hacer frente a nuevos retos y demandas. No obstante, habría que destacar que todo ello debe afrontarlo desde la perspectiva de un servicio público que debe respetar los principios de equidad social y territorial, igualdad de oportunidades, libertad de pensamiento, cooperación y solidaridad, etc. Tampoco hay que olvidar el papel de crítica, motor y denuncia social que corresponde a la U. frente a las ideologías o actuaciones imperantes.

Nos parece especialmente oportuno hacer notar que el creciente protagonismo del conocimiento, la innovación y la capacidad de aprendizaje en las sociedades avanzadas sometidas a procesos de globalización y a la revolución científico-técnica, acentúa el papel de la U. como agente social, que le obliga a una mejor percepción de los problemas económicos y sociales. Es importante destacar aquí el papel que deben jugar los Consejos Sociales o en general mecanismos de permeabilidad entre la U. y los restantes protagonistas del desarrollo regional.

Coincidimos igualmente en el análisis de la autonomía universitaria en sus distintos aspectos, como elemento imprescindible para garantizar la necesaria independencia frente a los vaivenes políticos o los intereses privados externos. Naturalmente hay que evitar corporativismos y clientelismos por parte de la comunidad universitaria, ya que la autonomía no significa que la universidad sea de los universitarios. Pero tampoco es de los gobiernos, contradiciendo el dicho de que "quien paga, manda". Ni sus "clientes" son los estudiantes o las empresas, en el sentido de que su satisfacción deba señalar prioridades y rendimientos. Si algún "cliente" tiene, es la sociedad.

Por ello la autonomía debe ir necesariamente acompañada de la responsabilidad social, y en particular debe transparentarse la rendición de cuentas ante las Administraciones públicas y la sociedad en general. En este sentido, deberían delimitarse los mecanismos de seguimiento y coordinación por parte de las administraciones responsables.

3. DOCENCIA Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO

El informe aborda de forma decidida los nuevos retos derivados de la demanda de formación continuada y de la consolidación de un sector no universitario de enseñanza superior. Aporta propuestas ambiciosas y sugerentes sobre la organización de la docencia y de los planes de estudio, sobre el papel de las administraciones en estos aspectos, y sobre el acceso y permanencia de los estudiantes. Precisamente por eso, requerirán sin duda un debate más amplio, y mayores concreciones para calibrarlas con precisión.

Consideramos positivo el énfasis en la formación para el aprendizaje, más allá de la simple transmisión y adquisición de conocimientos, como un elemento clave de la "sociedad del conocimiento". En particular, ello debe llevar a una mayor flexibilidad e interdisciplinariedad de los curricula de los estudiantes.

Como en otros capítulos del informe, se insiste en la utilidad al efecto de las TIC, imprescindibles por otra parte si se quiere evitar cualquier imagen de obsolescencia frente a otras ofertas de educación superior. No obstante, también aquí se aprecian ciertos excesos por obviar su carácter de complementariedad respecto a la docencia presencial (que de hecho el propio informe acepta en otro momento, cuando señala que el estudiante virtual se pierde gran parte de los valores de la formación universitaria).

Muy interesante es el esfuerzo por delimitar un nuevo esquema de relaciones entre las administraciones públicas y las instituciones académicas, basado en los principios de autonomía universitaria y de derecho de supervisión por parte de la administración, y en mecanismos de mutua transparencia. En particular, a las primeras correspondería la determinación del marco general, de los mínimos curriculares, la acreditación posterior de la calidad del programa y la priorización de las distintas opciones de estudios

Ya hemos dicho que merecen un debate pormenorizado las propuestas sobre estructura de las enseñanzas, que contemplan escalonarlas en primer, segundo y tercer grado, y distinguir entre las de carácter disciplinar y las primordialmente profesionales. En cualquier caso, coincidimos en la necesidad de avanzar hacia la armonización del espacio europeo y de fomentar la movilidad de los estudiantes.

Igualmente compartimos la conveniencia de incorporar componentes profesionales en las titulaciones. Con todo, apreciamos una excesiva dependencia del sistema productivo en la determinación de objetivos y prioridades, minusvalorando los aspectos críticos y de adquisición de valores del proceso de aprendizaje. En este mismo sentido, parece obviarse que el estudiante no es sólo un usuario del servicio público universitario, sino que debe tener un papel activo como integrante de la comunidad universitaria, aportando ideas y críticas tanto frente a la propia institución como a la sociedad en general.

Ya hemos señalado que la atención prioritaria a la aparición de nuevas demandas docentes (especialización, actualización, ocio,...) y a la consiguiente diversificación de la tipología de estudiante (tiempo parcial, profesional en activo,...) es uno de los aciertos destacados del informe. Se encuentra a faltar, no obstante, una apuesta más decidida por incorporar como enseñanza reglada por lo menos una parte importante de ese conjunto de formación continuada, frente a la tendencia actual de derivar este tipo de servicios hacia fundaciones y similares. A menudo esta externalización convierte este servicio en un simple negocio para la entidad y para el personal que participa.

4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El informe presenta un panorama en el que la creciente interacción ciencia-sociedad hace a la investigación cada vez más dependiente del sector productivo, en competencia con otros actores. Se echa a faltar que esta constatación no vaya acompañada de la correspondiente crítica sobre los otros aspectos que desde el sistema público hay que atender: preservar el carácter científico y crítico de la universidad, promover la investigación básica y en áreas humanísticas o sociales, aplicar el sentido ético y el principio de precaución ante la trascendencia de ciertas actividades científicas, responsabilidad social ante demandas no rentables, reflexión crítica sobre el modelo de desarrollo y de relaciones internacionales, etc. Esta resignación frente a la mercantilización de la investigación subyace en el conjunto de las reflexiones y propuestas del informe sobre este tema.

En su segundo apartado analiza el estado del sistema español de ciencia y tecnología, concluyendo que la universidad tiene un potencial muy elevado en términos relativos y ejecuta un porcentaje mucho más elevado que la media de las universidades de la UE mientras que, por el contrario, las empresas invierten un porcentaje inferior a la media europea. Se echan de menos aspectos tan importantes como análisis desagregados de la situación de la investigación (relación investigación básica/aplicada, áreas, programas y tipo de proyectos, relación con el tejido productivo y social, situación por CCAA y por universidad) , balance de la aplicación del artículo 11 y del funcionamiento de las OTT, coordinación de las políticas autonómicas, etc. Pero sobre todo falta una reflexión sobre porqué el sector privado español no se ha incorporado activamente a la I+D ni siquiera en coyunturas económicas tan favorables como la de los últimos años. A falta de estas reflexiones, resulta simplista la conclusión de que la universidad debe convertirse en el motor de la investigación que las empresas no realizan, la cual, como antes, impregnará el conjunto de medidas que se proponen. Mientras no exista una inversión propia e importante en I+D e innovación en el sector empresarial, y éstas se constituyan en factores estratégicos de su desarrollo, no hay posibilidad real de transferencia de tecnología.

También se echa de menos una reflexión sobre las características y las condiciones laborales del personal investigador. La insuficiente catalogación de las funciones del profesorado universitario y la falta de una auténtica carrera académica propician que, junto a una parte del mismo implicado de forma regular en tareas de investigación, coexista otra que las desatiende. Igualmente la administración se siente desligada de la obligación de financiarla, lo que provoca que un tercer sector se vea imposibilitado de ejercerla. Por otra parte, hay que destacar las precarias condiciones laborales de otro grupo importante de investigadores, como los becarios, muy especialmente los vinculados a proyectos y los pertenecientes a consorcios y otros tipos de entidades satélites. La superación de estas condiciones y la clarificación de las funciones docentes e investigadoras constituyen un primer grupo de medidas a tomar. NO se menciona, por otra parte, al personal técnico, indispensable en la investigación, tanto más cuando se proponen grandes proyectos de infraestructuras científicas. La carrera y condiciones laborales de este personal deberían ser definidos y discutidos sin demora.

En cuanto a las propuestas en el informe, coincidimos en la necesidad de aumentar el gasto en I+D, si bien debería acompañarse de la corrección del desequilibrio entre aportación pública y privada, así como en disminuir las transferencias al sector privado desde los PGE en su Función 54 destinada a Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

Con las reservas enunciadas, también coincidimos en mejorar las relaciones entre la universidad y el sector empresarial, en potenciar la política de transferencia de tecnología y en promover una mayor difusión territorial del esfuerzo en I+D. Para ello parecen adecuado impulsar la consolidación de centros de investigación, los consorcios Administración-Empresas en un determinado sector productivo, los parques científicos tecnológicos o las redes territoriales de instalaciones medias. Al contrario, la creación de empresas por parte de los propios investigadores universitarios significa redefinir el ámbito de la público y lo privado, la compatibilidad entre el funcionariado y la actividad privada en el mismo centro de trabajo, así como definir los retornos a la Universidad de los excedentes creados por estas empresas.

Apoyamos plenamente el fomento de la investigación básica, uno de los objetivos fundamentales de la Universidad, aunque nuevamente se trasluce la ya criticada dependencia del sector productivo privado. En particular, parece liberársele de participar en la financiación de este tipo de investigación, ignorando que no puede haber desarrollo científico y tecnológico creíble en un marco de investigación básica raquítica.

También apoyamos plenamente un mayor esfuerzo en la formación de investigadores, y en particular la polivalencia del tercer ciclo de forma que cubra no sólo la carrera académica sino también el acceso a puestos cualificados del sector productivo.

5. FINANCIACIÓN

El informe aporta un amplio análisis de las fórmulas de financiación en distintos sistemas universitarios y de las tendencias predominantes. En el caso español destaca la conclusión contundente de un bajo gasto público en educación superior, que intenta compensarse con uno de los más altos índices de tasas académicas, el cual a su vez contrasta con uno de los más bajos en cuanto a becas y ayudas a los estudiantes. Coincidimos, obviamente, en la necesidad de corregir estos desequilibrios, tomando como objetivos la suficiencia financiera, la eficiencia interna y externa, y la igualdad de oportunidades.

En particular, la propuesta de que en un plazo de 10 años el gasto público pase del actual 1'11% del PIB al 1'52% (algo más que la media actual de la UE) resulta necesaria, al mismo tiempo que realista. Lo mismo puede decirse de que las ayudas a estudiantes pase del actual 0'06% del PIB al 0'26%.

(5.1) Tasas. Becas y ayudas.

En cuanto a estas ayudas a los estudiantes, coincidimos en que no sólo debe aumentarse su cantidad sino también su cuantía, tendiendo a cubrir los costes indirectos o de oportunidad (desplazamiento,...). También apoyamos, como un aspecto más de la igualdad de oportunidades, que para la obtención de becas se potencien los criterios económicos sobre los académicos. Evidentemente, ello requiere combatir decididamente el fraude fiscal, pues de lo contrario las ya actualmente escandalosas injusticias en la

adjudicación de becas podrían verse incrementadas. Por otra parte, la introducción de préstamos-renta en los últimos cursos no parece tan adecuado como el sistema de becas, pero supera otras propuestas actualmente vigentes (préstamos de tipo hipotecario) y mejora la equidad mediante la vinculación de la devolución a la obtención de unos determinados ingresos.

En cambio, partiendo de la situación antes referida de tasas muy por encima de la media europea, nos parece irrenunciable su congelación total, frente a la propuesta de congelación porcentual (en términos absolutos supone un aumento del 2% anual sobre la inflación), incluso en el marco de un aumento substancial de las becas. Más aún, debería tenderse hacia la progresiva disminución de las mismas ya que, contra el punto de vista de que tal disminución resulta regresiva, entendemos que las tasas siguen siendo un importante obstáculo para el acceso a la universidad de las clases más desfavorecidas. En general, apostamos por tomar como horizonte el modelo nórdico, con tasas testimoniales y una financiación enteramente pública, de la cual una cuarta parte se destine a ayuda a los estudiantes para costos indirectos.

(5.2) Subvención pública directa

En lo relativo a la subvención pública directa, coincidimos en que debe seguir siendo la principal fuente de financiación (por lo menos el 80% del total), garantizando una aportación básica suficiente para cubrir los objetivos de la universidad. Compartimos igualmente que hay que transparentar dicha subvención directa, fijando prioridades e incentivando el logro de objetivos, al mismo tiempo que se protege de presiones políticas. En este sentido, parece adecuado combinar las subvenciones nominativas por criterios objetivos, con los contratos-programa y las convocatorias específicas.

En cualquier caso, convendría enfatizar que la aspiración de las universidades no debe ser la "competitividad" en el sentido neoliberal del término, sino el cumplimiento de sus funciones y la eficiencia en el uso de los recursos. Por consiguiente, la distribución de la financiación pública entre las distintas universidades no debe basarse en mecanismos de competencia entre ellas ya que no se garantiza así la adecuada atención a las necesidades sociales (actividades no rentables,...) y a los problemas de equidad (equilibrio territorial, igualdad de oportunidades,...), ni tampoco la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles debido a los fallos en el mercado de la enseñanza superior (información incompleta, incertezas, externalidades positivas,...).

Añadamos que esa confrontación de intereses es contraria al espíritu de solidaridad y cooperación que debe presidir la creación de conocimiento en la universidad pública. Este espíritu se echa de menos en el apartado dedicado a la potenciación de redes de cooperación, de las cuales se destaca su interés como garantía de calidad y como arma para mejor afrontar la competencia.

Como alternativa, apostamos por un modelo de especialización y cooperación planificada. Este modelo, no incompatible con un cierto grado de competitividad, supone: especialización de las universidades, distribución de los estudios, coordinación de la investigación, armonización de la gestión, etc.

(5.3) Otros ingresos.

Estos mismos principios deben guiar la búsqueda de recursos adicionales mediante convenios, ventas de servicios, etc., especialmente proclives a una excesiva mercantilización., tanto por parte del personal que interviene como por parte de la propia institución. En este sentido, apoyamos totalmente la necesidad de la imputación total de los costes generados por dicha actividad, superando las actuales prácticas de "overhead", con la consiguiente reversión de los eventuales beneficios a la propia universidad.

Muy sugerentes resultan las propuestas sobre alianzas estratégicas, como forma de afrontar las nuevas necesidades financieras, y en particular las muy elevadas requeridas para la implantación y mantenimiento de las TIC. Con todo, el propio informe alerta sobre la posible pérdida de autonomía y de independencia; la multiplicidad de tales alianzas que se sugiere como antídoto no nos parece viable ni suficiente, por lo que habría que limitarlas al sector público.

Se proponen también nuevos ingresos en los servicios tradicionales (uso de las instalaciones, publicidad,...) o fondos para promover nuevas actividades (proyectos innovadores,....).

6. PERSONAL

Consideramos positiva la insistencia en la importancia del personal para afrontar debidamente los nuevos retos de la universidad, y en particular en la necesidad de planificar las correspondientes plantillas. Igualmente interesantes son las propuestas de "gestión por competencias", basada en los perfiles completos de cada puesto de trabajo y de cada persona, a pesar de que, tal como se reconoce, que los frutos de dicha actuación pueden ser decepcionantes en la Universidad. En tal caso, parece dudosa la afirmación de que una planificación de personal "incompleta, imperfecta e inadecuada" pueda ser más útil que no tenerla.

(6.1) Profesorado

En lo referente al profesorado, las propuestas sobre cuerpos docentes resultan muy incompletas. Así, no se aborda el catálogo de sus funciones, elemento que consideramos imprescindible para establecer mecanismos de evaluación y promoción. Consecuentemente, no se aborda la regularización de una auténtica carrera académica, mediante la permeabilidad entre cuerpos (promoción "ad personam",...) o simplemente mediante la fusión de cuerpos en uno solo con varios niveles. Igualmente, la posibilidad de suprimir los cuerpos de CEU y TEU se deja al resultado de una eventual negociación. Por cierto, consideramos inaceptable que a tal efecto se cuestione el papel de interlocución de los sindicatos.

Debemos destacar, al contrario, como una de las más interesantes propuestas del informe la relativa a la selección del profesorado numerario, basada en un perfil explícito de funciones y en una doble fase del concurso: una preselección externa, previa a la decisión por parte de la propia universidad. El esquema coincide básicamente con el que hemos venido propugnando desde CCOO, por lo que merece nuestro total apoyo. Entendemos que se mejora sensiblemente la eficiencia de la selección, y se logra un adecuado equilibrio entre la autonomía universitaria y el control de solvencia académica, que puede terminar de una vez por todas con el eterno e interesado debate sobre la composición de los tribunales de oposiciones.

Igualmente, nos parece especialmente positiva la preocupación por la formación docente del profesorado, y la introducción de etapas específicas al respecto en la carrera académica. Asimismo consideramos positiva la tipificación polivalente del doctorado, como una etapa de formación investigadora previa y no vinculada a la carrera académica, si bien cabe alertar que ello sólo es posible con una suficiente política de becas y ayudas.

En cuanto al profesorado contratado, encontramos a faltar una decidida posición contra la contratación administrativa, reconvirtiéndola a las distintas modalidades de contratos laborales. Las nuevas figuras contratadas que se proponen (Titular Docente y Titular Investigador) requieren una cuidadosa definición y regulación para evitar abusos y perversiones como las que se han dado con ciertas figuras de la LRU. En particular, consideramos necesario explicitar el carácter laboral indefinido de sus contratos.

(6.2) Personal de Administración y Servicios

En relación al PAS, el informe señala la disparidad de situaciones derivadas de la coexistencia de dos colectivos, el funcionario y el laboral, y hace un buen análisis de sus características, aunque para ambos omite las funciones de apoyo a la docencia y a la investigación.

Coincidimos en la conveniencia de homologar y homogeneizar ambos colectivos en cada universidad y en cada comunidad autónoma, que haríamos extensiva incluso al ámbito estatal. Más aún, se apuesta por la asunción de competencias en materia del PAS por parte de las comunidades autónomas, lo cual puede chocar con las atribuciones de los actuales comités de empresa en cada universidad.

En particular, ello se aplicaría a las RPT, pieza clave en materia de plantillas, que el informe califica de rígidas, irracionales e ineficientes. Igualmente critica la actual estructura retributiva, y en especial la falta de incentivos y la perversión del concepto de productividad. Se plantea como única solución el sistema de puestos de libre designación, lo que parece contradecir otras conclusiones sobre falta de una auténtica carrera administrativa, que por otra parte no se desarrolla. En cualquier caso, compartimos la necesidad de programas interuniversitarios de formación continuada.

Adjuntamos como anexo propuestas relativas a las lagunas referidas. Señalemos igualmente las situaciones irregulares que se dan, por ejemplo, en el personal vinculado a convenios o en el asignado a fundaciones y a otras entidades satélites.

7. ORGANIZACIÓN, GOBIERNO Y CONTROL

El informe señala acertadamente que los nuevos retos y demandas obligan a las universidades a revisar su gobierno interno, su estructura funcional y sus relaciones con las administraciones y las universidades, adelantando que no existe una fórmula óptima general.

(7.1) Autonomía y responsabilidad social

Ya hemos manifestado nuestra coincidencia con la necesidad de mantener la autonomía universitaria, bien entendido que se refiere a la institución y no a sus miembros, y que debe ir acompañada de la consecuente rendición de cuentas a la sociedad, según se verá a continuación. Autonomía que deberá precisarse en su triple dimensión financiera, de gestión y académica.

Como punto clave de esa autonomía, apoyamos que el rector siga siendo elegido por la comunidad universitaria. Su elección directa podría presentar ciertas ventajas pero también graves inconvenientes (voto ponderado, cohabitación, campaña,...), por lo que parece prudente mantener la indirecta actual.

(7.2) Evaluación y control

El informe dedica un amplio e interesante apartado a analizar y promover la cultura de la calidad, como reto fundamental una vez completado el desarrollo cuantitativo y como elemento de equilibrio entre la autonomía universitaria y la responsabilidad social.

Tras analizar los distintos conceptos de calidad y diversas experiencias de evaluación, se señala la tendencia a un modelo mixto que combine una primera autoevaluación interna con una externa dependiente del gobierno.

Concretamente, se propone un sistema con tres eslabones: programas de calidad en el Plan Estratégico de la propia universidad, evaluación mixta, y acreditación (substituyendo a la tradicional autorización-homologación). Se requeriría, por tanto, la creación de un Consejo Asesor de la Calidad en cada universidad (que incluiría expertos externos), un Consorcio de Evaluación de las Universidades en cada Comunidad Autónoma y una Agencia de Acreditación de ámbito estatal. El informe detalla las funciones, composición y funcionamiento en cada caso.

Queremos insistir en que el objetivo fundamental del sistema ha de ser rendir cuentas a la sociedad y mejorar la calidad de la universidad, introduciendo las correcciones o innovaciones necesarias. Por el contrario, consideramos una perversión del sistema la elaboración de rankings, o el fomento de la competencia entre universidades.

(7.3) Estructura interna

En cuanto a la estructura interna, se constata que la tradicional por titulaciones ha derivado hacia la llamada matricial (centros docente / departamentos), y se señalan sus ventajas (flexibilidad, profesionalización,...) e inconvenientes (complejidad, interferencias,...). Se omiten, sin embargo, aspectos importantes como la jerarquización interna, rayana en el servilismo, en los departamentos en tanto la formación, estabilización, promoción, participación en proyectos, etc., de sus miembros dependen en gran manera de la cúpula departamental.

Se constata igualmente que más recientemente han aparecido nuevas estructuras organizativas por prestación de servicios, que se complementan o superponen a las anteriores (fundaciones para la formación permanente, sociedades mixtas para servicios a los estudiantes, centros interdepartamentales para la trasferencia de tecnología en ámbitos determinados, etc.), constituyendo un "holding" o constelación de entidades satélites de la propia universidad. Parece la única fórmula para hacer frente a ciertas demandas o para canalizar colaboraciones específicas con entidades externas, por lo que hay que explotar a fondo estas posibilidades.

Sin embargo, encontramos a faltar en el informe una llamada de atención sobre los abusos y desviaciones que se han producido en este tema, y sobre las cautelas para evitarlos. Ya nos hemos referido anteriormente a los peligros de mercantilización o de pérdida de independencia académica. Añadamos ahora por un lado que, frente al "todo vale" y "cuanto más, mejor", hay que estudiar en cada caso si el servicio concuerda con los objetivos de la universidad, y en tal caso si es necesaria una entidad adicional a las existentes, precisando su formulación jurídica. Por otro, es necesario un seguimiento académico del servicio, para asegurar la calidad que el prestigio de la institución requiere, así como un cuidadoso seguimiento económico (unificación de bases de información, consolidación de cuentas, auditorías por una misma empresa auditora,...). En pocas palabras, la universidad debe asegurar el control político y económico de estas entidades satélites.

(7.4) Gobierno

El informe presenta el ya clásico triángulo de los modelos burocrático, colegial y empresarial, y analiza la situación y las tendencias actuales. Concretamente, el modelo de la LRU estaría próximo al colegial.

Las críticas a su funcionamiento (lentitud, corporativismo, complejidad,...), nos parecen claramente exageradas, puesto que a la postre han logrado superar la transformación de la universidad elitista franquista a la actual universidad abierta, en breve tiempo y con limitados recursos. Quizá el punto clave ha sido precisamente el alto grado de corresponsabilización que genera el modelo colegial, que ha permitido canalizar el voluntarismo de la comunidad universitaria. Por tanto, no consideramos conveniente aumentar la jerarquización interna ni las capacidades ejecutivas de los órganos unipersonales.

Por el contrario, coincidimos en la necesidad de simplificar y agilizar el funcionamiento de los órganos de gobierno, y de combatir los corporativismos internos. Así, apoyamos que se limite el tamaño del Claustro General y de la Junta de Gobierno, y que ésta se configure como una permanente del primero, manteniendo las proporciones de sus componentes. Respecto a las unidades estructurales, habría que precisar en qué casos el nombramiento de sus responsables correspondería a la Junta de Gobierno.

Por otra parte, ya hemos manifestado nuestro apoyo a potenciar los Consejos Sociales, en el bien entendido de que su composición y dedicación les haga acreedores de la representación social que se les otorga. En este sentido, resulta sugerente la propuesta de incorporar una representación del mismo a la Junta de Gobierno, ya que además conllevaría una mayor implicación de los consejeros en el gobierno de la universidad y evitaría ciertas duplicidades en la toma de decisiones

(7.5) Gestión.

Coincidimos en profundizar la profesionalización de la gestión iniciada por la LRU, introduciendo los métodos y técnicas habituales en las entidades públicas y privadas. Ello hace necesario, por ejemplo, reforzar las estructuras administrativas de los departamentos.

El informe analiza los distintos procesos de gobierno, académicos (docencia e investigación) y de apoyo que debe controlar la universidad para el cumplimiento de su objetivos.

Para los primeros, apoyamos la generalización de las positivas experiencias sobre planificación estratégica y planes plurianuales de actuación, así como las técnicas de gobierno interno mediante presupuestos por programas, asignación de recursos por objetivos, contabilidad analítica de las unidades, etc.

La gestión de los procesos de docencia dependerá en gran medida de la estructura que finalmente se adopte para las enseñanzas. La de los procesos de investigación no puede sustraerse a la realidad multinuclear, aunque sería conveniente tender a la configuración de grupos consolidados, que permitiera la asignación de unidades de gestión y apoyo a la unidad correspondiente.

Los procesos de apoyo incluyen los de personal, de información y de recursos financieros y materiales. Ya nos hemos referido a que, efectivamente, la gestión de éstos últimos debería basarse en técnicas de contabilidad analítica, mediante la identificación de las unidades de costes y la imputación total de los costes de los servicios.

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RECORTES

PRESENTE Y FUTURO DE LA UNIVERSIDAD

Dos apuntes sobre el 'informe Bricall'

ALBERTO LAFUENTE FÉLEZ. Diario "El País" (16-07-00).

La reciente, aunque se me antoja que algo precipitada, publicación del denominado informe Bricall ha generado un oportuno debate sobre los problemas de la Universidad española. Quiero referirme a dos acentos que no han merecido gran atención. Quizá, la omisión principal del informe sea la referencia a las universidades españolas. Y es que no todas son iguales en méritos o en grado de adaptación a las exigencias sociales.

La distinción es importante por dos razones: primera, permite valorar en sus justos términos los efectos de la Ley de Reforma Universitaria; segunda, en consonancia con lo anterior, propicia una mejor apreciación de las consecuencias que se derivarían de la modificación del marco legal. El segundo apunte tiene que ver con las comunidades universitarias españolas; es decir, con la profesión.

El hecho de que no exista un mercado universitario -es decir, un mecanismo que revele sin posibilidad de manipulación el valor de las diferentes universidades españolas- obliga a abordar esta cuestión a través de la elaboración de rankings basados en medidas distintas de producción y calidad docentes e investigadoras.

Generalmente, este tipo de ejercicios es objeto inmediato de críticas, en ocasiones justificadas, de suerte que no desencadena los resultados deseados; esto es, ayudar a estudiantes y poderes públicos a formar sus preferencias y a orientar el destino del tiempo de aquéllos y de los recursos públicos de éstos.

Sin embargo, creo que la comunidad universitaria española aceptaría lo obvio; esto es, que hay universidades mejores que otras; me atrevo a pensar que una encuesta realizada con tal fin mostraría que existe un cierto grado de acuerdo sobre qué universidades son las que merecen una reputación mejor.

Por mi parte, añado que, desde la perspectiva de la investigación, existen centros y departamentos excelentes a escala internacional. Si no, no tendría explicación que en términos de producción científica internacional, según los indicadores bibliométricos al uso, nuestro país se sitúe entre los diez primeros del mundo en química, biología, investigación biomédica y matemáticas; tampoco que en bastantes áreas de conocimiento haya equipos investigadores en primera línea internacional.

Como la excelencia suele presentarse de manera excepcional, el número de centros o departamentos españoles presentes en el segmento más exigente del mercado internacional de la ciencia es reducido, pues concentran la mayor parte de las aportaciones a la ciencia mundial. La ubicación de esos polos de excelencia en algunas, pocas, universidades extiende el manto protector del prestigio al resto de las actividades de esas universidades e incluso las contagia a través de la adopción de patrones de valoración del quehacer universitario. No todo es mediocridad; en la Universidad española hay también excelencia, eso sí, muy concentrada, como en casi todas partes.

Si examinamos las características comunes de esos polos y, por extensión, de sus respectivas universidades, cuyo nombre no voy a proponer para evitar que la atención se desvíe, encontramos un buen uso de la autonomía conferida por la Ley de Reforma Universitaria, el respeto escrupuloso a los patrones internacionales de valoración de la investigación, la iniciativa voluntarista de sus promotores por construir oasis de conocimiento y, en términos más generales, la adopción de códigos internos sobre pautas relativas a la promoción y contratación de profesorado, formación de investigadores, competición interna y procesos de toma de decisiones.

Esos códigos trasladan prácticas observadas en universidades extranjeras que han conseguido auparse en el pasado a la cima del prestigio internacional. Nada nuevo; simplemente, elección de buenos modelos a imitar. En bastantes ocasiones, tales empeños se enfrentan a la hostilidad del resto de la comunidad universitaria española, la no excelente, que se conduce según pautas de conducta enemigas de las anteriores. En la Universidad española es posible y existe la excelencia internacional; la Ley de Reforma Universitaria no la ha ahogado, aunque también ha sido utilizada indebidamente.

La calidad de la Universidad española es y será reflejo de los valores defendidos por los colegios de profesores e investigadores. Es sabido que, en ausencia de mercados, la promoción colegiada de valores puede ayudar a resolver algunos de los problemas derivados de la dificultad de ponderar el trabajo realizado. También aquí se aprecian diferencias notables. Algunos colegios protegen un orden basado en lealtades personales entre seniors y juniors, escalafones inamovibles, el aislamiento y la búsqueda desenfrenada de singularidades, que después justifican el todo vale. La ausencia de movilidad, la endogamia, la conformación de tribunales de tesis doctoral según afinidades personales y otras prácticas similares son la consecuencia inmediata del mal funcionamiento de esta clase de colegios.

Otros, sin embargo, han definido, explícita o implícitamente, códigos de buena conducta que orientan en la buena dirección la organización profesional del quehacer científico; esos códigos se parecen bastante a los códigos internos de los polos de excelencia. Una primera diferencia entre una y otra clase de colegios es que los segundos son simples apéndices de colegios internacionales más amplios; ello impide a sus miembros la promoción de valores académicos ajenos a la búsqueda de la excelencia.

De las dos reflexiones anteriores se sigue que en un mismo marco legal coexisten la excelencia y la mediocridad. Probablemente, un examen cuidadoso de la Universidad española nos enseñaría que hoy hay más excelencia y, a la vez, más mediocridad que, pongamos, hace veinte años. Es posible que sea preciso e incluso conveniente cambiar el marco regulador de la actividad universitaria; pero es imprescindible que la autorregulación de los colegios de profesores e investigadores universitarios y de los centros y departamentos mire en la dirección de la excelencia, y no en la de los sucedáneos. Si observamos, una vez más, el origen de la excelencia universitaria española podremos constatar que ha sido construida a través de la importación del exterior de buenas experiencias profesionales, adquiridas por buenos investigadores en buenas universidades; en resumen, importación de buena tecnología académica. Nada extraordinario. Lo que hacen las empresas.

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