Hemos ampliado esta página dedicada a la información sobre el proceso de aprobación de la L.O.U., con los comunicados noticias y recortes relativos a la Ley de Calidad que el gobierno prepara para reformar los estudios de enseñanza secundaria y que promete ser tan polémica, al menos, como su hermana universitaria:

Carta del Sindicato CSIF a la Ministra de Educación

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE
Y DE FUNCIONARIOS
SECTOR DE UNIVERSIDADES DE CATALUÑA
Web:http://www.upc.es/csi
Colom 2 Edificio Campus UPC. TR.10
08222-Terrassa. BARCELONA
Tel.-93 739 86 06.Email:csicsif@ct..upc.es

Excma. Sra. Da. Pilar del Castillo Vera
Ministra de Educación, Cultura y Deportes
Alcalá 34-36
MADRID

Señora,

El Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario en su artículo 9 especifica bien claramente el régimen de dedicación. El apartado 4.a del mismo artículo se refiere al régimen de dedicación a tiempo completo en el que se especifica que deben ser 8 las horas lectivas y 6 horas de tutoría o asistencia al alumnado a cuenta del profesorado. El apartado 9 añade de que al menos un tercio de su actividad quedará reservada a tareas de investigación y otras que se señalarán en los Estatutos de cada universidad.

Por otra parte, en los Estatutos de algunas universidades se establece que será el Departamento el que distribuirá las diferentes tareas entre sus miembros, en el marco de las leyes, de sus propios Estatutos y del Reglamento del propio Departamento.

Hemos podido constatar que en algunas universidades la aplicación de lo preceptuado en sus Estatutos se emplea como arma de "castigo". Si un profesor no está en la sintonía del director del Departamento y su Junta, le obligan a impartir tan sólo horas de problemas y prácticas de laboratorio, que aunque importantes, entendemos vulneran el artículo 11 del citado R.D. 898/1985, que obliga a CU y TU a impartir enseñanzas teóricas (teoria) y prácticas (problemas y/o laboratorio)

Nos preguntamos: ¿Es que la Administración se gasta el dinero en escoger a sus profesores a través de los concursos-oposición para que éstos finalmente solo sirvan para impartir clases de problemas o de prácticas de laboratorio?. Esto puede estar ocurriendo a catedráticos de universidad, catedráticos de escuela universitaria y titulares de universidad, en pocas palabras a aquellas personas que además son DOCTORES. Si un doctor tiene plena capacidad para investigar ¿no la tendrá para impartir docencia teórica?.

Pero por otra parte tampoco se cumple el artículo 9.3 del citado R.D. 898/1985. Este incumplimiento permitido por los Rectores, puede representar para las arcas del Estado, fijando la atención en la Universidad Politécnica de Cataluña, o sea en una universidad, cifras del orden de los 10 dígitos. Realizado el estudio de dos de sus departamentos, concretamente, el de Matemática Aplicada I y el de Organización de Empresas representa una sobrecarga de 26.718.579 ptas y 86.093.199 ptas respectivamente. Ambos estudios están referidos al curso 1999-2000. Se dio conocimiento al Defensor del Pueblo, D. Enrique Mújica Herzog (Expediente Q0023086. Area: 1/MTS/AJF). En la UPC funcionan 37 departamentos.

Este es un pequeño ejemplo de los muchos abusos que están cometiendo los Departamentos, por no citar el de escoger al personal que más les interesa, no el que más conviene.

Por dicho motivo en nuestra Hoja Informativa de las Universidades de Barcelona, Autónoma, etc. en un pequeño trabajo realizado en defensa de la nueva LOU, consideramos como aspecto negativo:

La falta de concreción respecto a la composición, la organización y las funciones de los departamentos, que son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la universidad. En su composición entran todos los doctores miembros del departamento, lo que deja abierta la puerta a muchas ambigüedades. No se fija una proporción mínima de profesores de los cuerpos docentes del Estado, como así se hace en la Junta de Facultad y en el Claustro. Podría darse el caso que el personal contratado (doctores), becarios, PAS y alumnos pudieran llegar a tener mas peso que los propios funcionarios Doctores.

Rogamos se incluya este aspecto, entendemos, en estos momentos negativo, como sugerencias ante el Senado para que sea tenido en cuenta en la nueva LOU.

Nos estamos refiriendo concretamente al artículo 19 que dice: El Consejo de Departamento, presidido por su Director es el órgano de Gobierno del mismo. Estará integrado por los Doctores miembros del Departamento, así como por una representación del resto de personal docente e investigador no doctor en la forma que determinen los Estatutos.

Tal y como está actualmente, el voto de un catedrático o titular tendrá el mismo valor que el de cualquier becario posdoctoral o contratado a tiempo parcial que sea doctor. Esto no se compagina bien con las mayores exigencias para ser catedrático o Titular, sobre todo con la nueva Ley, que instaura las Pruebas de Habilitación. Además en el artículo 19 no se fija un porcentaje mínimo de para la representación de Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado, con lo cual se abre la puerta a Departamentos "dirigidos" por becarios o recién doctorados (aunque al frente figure un titular o catedrático). Los Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado deberían entrar todos en el Consejo de Departamento, y representar al menos el 51% del Consejo.

Ejemplo posible: Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado: 12
Becarios posdoctorales: 6
Doctores contratados: 4
Otros contratados no Doctores (Ayudantes, Asociados): 4
Representación de alumnos: 2
Representación de PAS: 2

¿Quién dirigirá realmente este departamento?

La proporción óptima podría ser:

Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado: 51% mínimo
Representación de Profesores Contratados: 25%
Representación de alumnos: 14%
Representación de PAS: 10%

Que en le caso del ejemplo anterior quedaría así (aprox.):

Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado: 12
Representación de Profesores Contratados: 6
Representación de alumnos: 3
Representación de PAS: 2

Lo cual parece mas serio.

Nos permitimos adjuntarle las últimas hojas que CSI*CSIF ha enviado a todo el profesorado de varias universidades de Cataluña.

Ultimamente han sido publicados en masa convocatorias de dos tipos. Para ser publicadas en el BOE y con ello aumentar el número de funcionarios y por otra, convocatorias en los periódicos para fichar a profesores asociados contratados.

En el caso concreto de la UPC, el Rector de la misma en una de sus Resoluciónes dice lo siguiente y que copiamos textualmente traducido al castellano: En relación a las necesidades del servicio, se debe recordar que según el artículo 33.3 de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, los profesores asociados son especialistas de reconocida competencia que desarrollan normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad; el motivo de su contratación es que aporten sus conocimientos prácticos en una materia específica, combinando preferentemente la docencia universitaria con el trabajo externo en el mundo de la empresa, la industria, etc., por lo que no se puede establecer una equiparación entre la actividad docente de un profesor ordinario y la de los asociados, dado que tienen objetivos académicos diferentes.

Para la UPC los profesores ordinarios según el artículo 127 de sus Estatutos son: El profesorado ordinario está constituido por los funcionarios docentes de carrera de los cuerpos de catedráticos y profesores titulares de universidad y de catedrátcios y profesores titulares de escuelas universitarias. Reflexión: Todos en un mismo saco…

El artículo 33.3 dice textualmente lo siguiente: No obstante lo establecido en el apartado uno de este artículo, las Universidades podrán contratar, temporalmente, en las condiciones que establezcan los Estatutos y dentro de sus previsiones presupuestarias. Profesores Asociados, de entre especialistas de reconocida competencia que desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la Universidad, y Profesores Visitantes. La contratación de estos Profesores podrá realizarse a tiempo completo o parcial. El número total de unos y otros no podrá superar el 20 por ciento de los Catedráticos y Profesores Titulares en cada Universidad, salvo en las Universidades Politécnicas, donde dicho número no podrá superar el 30 por ciento.

Efectivamente: En la UPC, en el curso 2000-2001, existen entre CU, TU, CEU y TEU 1339 funcionarios distribuidos de la siguiente forma: 198 CU, 596 TU, 90 CEU y 506 TEU, (El art.33.3 de la LRU solo cita a CU y TU), cuyo 30% es igual a 402 profesores, valor límite que el famoso artículo 33.3 de la LRU permite contratar. Resulta que en la UPC existen 1054 profesores asociados, distribuidos de la siguiente forma: 675 ASTIPO1, 219 ASTIPO2 y 160 ASTIPO3. Por lo tanto se han contratado de más 652 profesores asociados en contra de dicho articulado de la Ley. Por dicho motivo la UPC está convocando concursos de personal contratado sin que pueda hacerlo por haber superado con creces los cupos que la Ley permite realizar. Los concursos convocados con fechas 8 de mayo (DOC.1) y 21 de noviembre (DOC.2) lo son de forma irregular y en consecuencia no válidos y como, según la UPC, la existencia de las necesidades subsisten por haber convocado dichos concursos y por el mismo motivo las disponibilidades presupuestarias lo permiten tendrán que repartir esa docencia entre todo aquel personal funcionario que tenga dedicación parcial y añadiríamos que hay más de uno con experiencia industrial, que pueda estar deseando pasar a dedicación total. Dicho de otra forma los concursos deberían haber sido enfocados para todos los profesores con dedicación parcial con deseos de pasar a su estado estable de dedicación total.

Por otra parte, ¿de los 1054 contratados profesores asociados de la UPC, cuántos son especialistas de reconocida competencia que desarrollan su actividad profesional fuera de la Universidad?.

Si necesitaba especialistas de reconocida competencia profesional solo debía de haberse molestado en investigar entre el propio personal funcionario con dedicación parcial, e incluso rellenar de horas todos aquellos profesores que suelen estar muy lejos de cumplimentar sus 8 ó 12 horas.

Si la UPC ha convocado concursos masivos innecesarios, es casi seguro que las otras universidades estarán haciendo lo mismo. Desde el MECyD se podrían frenar estas convocatorias de personal contratado, e incluso obligar a anularlas, simplemente, obligando a que se respete el artículo 33.3 de la LRU todavía vigente.

Como habrá podido observar el Rector de la UPC utiliza el susodicho artículo a su favor para lo que le conviene, pero no para lo que no le conviene. El Rector no está exento de conocer la Ley y el sabia sobradamente que no podía lanzar éstas convocatorias.

Simplemente deseamos evitar los abusos que algunos Departamentos están cometiendo y que otros podrían cometer.

Como Vd. ya está viendo, no seria suficiente que nos dirijiéramos a los rectores para que en sus Estatutos se especificaran estos detalles.

Aprovecho la oportunidad para desearle unas Felices Fiestas de Navidad y que el Nuevo Año le depare un gran resultado en la aprobación de la nueva LOU. Este es nuestro deseo. Que triunfe la transparencia, la objetividad, la honradez, … y que los mejores sean los primeros. Lamento muchísimo la manipulación de la que han sido objeto los alumnos por parte de los Rectores apoyados por otras secciones sindicales. Estoy convencido que a medida que pase el tiempo y los alumnos conozcan mejor una Ley que pretende devolver el prestigio que siempre ha disfrutado la Universidad Española, iran en disminución las demostraciones callejeras. Le deseo firmeza en sus decisiones y tenga por seguro que no todos estan o estamos contra la LOU.

Reciba un cordial saludo,

Tomás López Cardiel
Catedrático recien jubilado UPC
Presidente Sector Universidades
de CSI*CSIF Cataluña

Terrassa, 12 de diciembre de 2001.

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Información del Sindicato CSIF acerca de la LOU

LA LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES (LOU)

La sección sindical de CSI*CSIF de la UB considera que la redacción de la LOU salida del Congreso ni es lo suficiente mala para convocar huelgas ni lo suficiente buena para ser apoyada sin reservas. Según nuestro criterio, la ley contiene aspectos positivos y negativos que cada profesor debe valorar, fundamentándose en informaciones parciales. Con este fin aportamos nuestro grano de arena con ésta Hoja Informativa. No hemos de olvidar que una buena parte de lo que sera la LOU dependerá de los estatutos que redacte y apruebe cada Universidad, por lo cual aprovechamos la ocasión para invitar a todos los profesores con un mínimo sentido cívico y universitario a colaborar en la redacción de los nuevos estatutos cuando se constituya el nuevo claustro.

CONSIDERAMOS COMO ASPECTOS POSITIVOS:

La elección de cargos directivos unipersonales (Rector, Decano, Director de Departamento) mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto, con ponderación de voto para los colectivos de Profesores de los Cuerpos Docentes universitarios (que la ley fija en, al menos, un 51%), el resto del personal docente e investigador, PAS y estudiantes (segun el porcentaje que fijen los estatutos para cada uno de estos tres colectivos).

Sistema de Habilitación de ámbito estatal, que asegura la utilización de los mismos baremos para evaluar los mèritos de los candidatos que quieran integrarse en los Cuerpos Docentes del Estado. La habilitación faculta para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios, convocados por cada universidad.

La autonomía de cada universidad para elegir a su profesorado funcionario, al tener plenas competencias por el nombramiento de las comisiones de los concursos de acceso a los cuerpos docentes del Estado. A esto, además, hemos de sumar su capacidad para seleccionar a todo su profesorado contratado, que puede llegar hasta el 49% de la plantilla del profesorado.

Creación de una nueva figura de profesor Contratado Doctor (en régimen laboral), que da continuidad a la carrera docente e investigadora del PDI, todo evitando los pegotes y enmiendas a que obliga la ley actual. Ésta figura era una vieja reivindicación de CSI*CSIF que ha estado atendida.

CONSIDERAMOS COMO ASPECTOS NEGATIVOS:

El incremento en la proporción del Profesorado Contratado (hasta un 49% de la plantilla frente a un 20% o 30% que era el máximo que admitia la LRU en Universidades y Politécnicas, respectivamente). Esto puede suponer problemas docentes y agravios comparativos con el PDI, dado que el método de selección y los términos de la contratación y remuneración quedan en manos de las Comunidades Autónomas.

Falta de concreción respecto a la composición, organización y funciones de los departamentos, que son las unidades básicas de organización y funcionamiento de la universidad. En su composición entran todos los doctores miembros del departamento, lo cual deja abierta la puerta a muchas ambigüedades. No se fija una proporción mínima de Profesores de los Cuerpos Docentes del Estado, como sí se hace en la Junta de Facultad y en el Claustro.

Excesiva participación de las comunidades autónomas en el gobierno de las universidades, a través del incremento de competencias de y sobre el Consejo Social, con el consiguiente riesgo de politización de la vida universitaria.

EL CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA

El Consejo de Coordinación Universitaria es el máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario. Le corresponden las funciones de consulta sobre política universitaria, y las de coordinación, programación, informe, asesoramiento y propuesta en las materias relativas al sistema universitario, así como las que determinen la Ley y sus disposiciones de desarrollo. El Consejo de Coordinación Universitaria, cuya presidencia ostentará el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, estará compuesto por los siguientes vocales: a) Los responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas; b) Los Rectores de las Universidades; c) Veintiún miembros, nombrados por un período de cuatro años, entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica y social, y designados siete por el Congreso de los Diputados, siete por el Senado y siete por el Gobierno. Entre los vocales de designación del Gobierno podrán figurar también miembros de la Administración General del Estado.

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno ordinario de la Universidad. Está constituido por el Rector, el Secretario General y el Gerente y un máximo de cuarenta miembros de la comunidad universitaria. De éstos, el 30 por ciento serán designados por el Rector; el 40 por ciento serán elegidos por el Claustro (cada sector del mismo, por separado) y el 30 por ciento restante serán elegidos o designados, según fijen los estatutos de cada universidad, entre Decanos, Directores de Dpto. y otros cargos unipersonales. También entran tres miembros del Consejo Social, no pertenecientes a la comunidad universitaria. Total 46 miembros máximo.

El Claustro Universitario es el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria. Estará formado por el Rector, que lo presidirá, el Secretario General, el Gerente y un máximo de trescientos miembros. Le corresponde la elaboración de los Estatutos, la convocatoria, con carácter extraordinario, de elecciones a Rector y otras funciones. Los Estatutos de cada Universidad regularán la composición y duración del mandato del Claustro, con la condición de que, al menos, un 51% de sus miembros sean funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios. Cada sector de la comunidad universitaria (Profesores Funcionarios doctores, resto del personal docente e investigador, PAS y estudiantes) elegirá por separado a sus propios representantes.

La Junta Consultiva es un órgano de asesoramiento del Rector y del Consejo de Gobierno. La preside el Rector y está formada por el Secretario General y un máximo de 40 miembros designados por el Consejo de Gobierno entre profesores e investigadores de reconocido prestigio.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. Le corresponde la supervisión de las actividades de carácter económico (aprobación de presupuestos y de la programación plurianual) y del rendimiento de sus servicios. También le corresponde la promoción de la financiación de la Universidad por parte de la sociedad. La regulación de su composición y funciones se fijará por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma. Su Presidente será nombrado por la por la Comunidad Autónoma. Sus miembros no pueden pertenecer a la comunidad universitaria, a excepción del Rector, el Secretario General, el Gerente, un Profesor, un estudiante y un PAS, los tres últimos elegidos por el Consejo de Gobierno entre sus miembros y todos ellos con voz y voto.

El Rector será elegido por la comunidad universitaria, mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto, entre funcionarios del cuerpo de Catedráticos de Universidad, en activo, que presten servicios en ésta. Los Estatutos regularán el procedimiento para su elección. El voto para la elección de Rector será ponderado, por sectores de la comunidad universitaria: profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes y personal de administración y servicios. En todo caso, el voto conjunto de los profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios tendrá el valor de, al menos, el 51 por ciento del total. Los Estatutos determinarán el reparto del 49% restante entre los demás sectores de la comunidad universitaria. Será proclamado Rector, en primera vuelta, el candidato que logre el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos, una vez hechas y aplicadas las ponderaciones correspondientes. Si ningún candidato lo alcanza, se procederá a una segunda votación, a la que solo podrán concurrir los dos candidatos más apoyados en la primera votación. En la segunda vuelta será proclamado el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones.

La Junta de Facultad o Escuela es el órgano de consulta y asesoramiento del Decano o Director, que será quien la presida. Su composición y el procedimiento de elección de sus miembros serán determinados por los Estatutos. Al menos, el 51% de sus miembros serán funcionarios de los cuerpos docentes universitarios. Los decanos o directores serán elegidos o designados (según fijen los Estatutos) entre profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios adscritos al respectivo centro.

El Consejo de Departamento, presidido por su director, es el órgano de gobierno del mismo. Estará integrado por los Doctores miembros del Dpto., asi como por una representación del resto de personal docente e investigador no doctor en la forma que determinen los Estatutos. En todo caso, los Estatutos garantizarán la presencia de una representación de los estudiantes y del personal de administración y servicios. Los directores de Departamento serán elegidos por el Consejo de Departamento en los términos establecidos en los Estatutos, entre profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios miembros del mismo.

El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora. Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuelas Universitarias tendrán plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, también plena capacidad investigadora.

El procedimiento de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios seguirá el sistema de habilitación nacional previa. Esta vendrá definida por la categoría del cuerpo y el área de conocimiento. El Gobierno regulará el sistema de habilitación, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria. La habilitación faculta para concurrir a concursos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Las pruebas de habilitación serán públicas y cada una de ellas eliminatoria. Las pruebas de habilitación serán juzgadas por Comisiones compuestas por siete profesores del área de conocimiento correspondiente, todos ellos pertenecientes al cuerpo de funcionarios docentes universitarios de cuya habilitación se trate, o de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías. En el caso de ser dichos miembros Profesores Titulares de Escuelas Universitarias deberán poseer, al menos, el reconocimiento de un período de actividad o evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine. En el supuesto de que los miembros de las citadas Comisiones sean Profesores Titulares de Universidad o Catedráticos de Escuelas Universitarias deberán contar con, al menos, el reconocimiento de uno de los mencionados períodos y de dos si se trata de Catedráticos de Universidad. Los miembros de las Comisiones de habilitación serán elegidos por sorteo público realizado por el Consejo de Coordinación Universitaria y según el procedimiento que reglamentariamente establezca el Gobierno. Actuará de Presidente el Catedrático de Universidad más antiguo o, en su defecto, el Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuelas Universitarias más antiguo. Las pruebas se celebrarán en la Universidad de adscripción del Presidente. En las citadas Comisiones de habilitación, uno de sus miembros podrá ser funcionario científico e investigador perteneciente a las Escalas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de acuerdo con la disposición adicional vigesimoquinta.

A fin de obtener la habilitación para el cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, será necesario estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero o, excepcionalmente, en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico y superar las pruebas correspondientes. La habilitación constará de dos pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato, así como de su proyecto docente, que incluirá el programa de una de las materias o especialidades del área de conocimiento de que se trate. La segunda consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un tema del programa presentado por el candidato y elegido por éste, de entre tres sacados a sorteo.

A fin de obtener la habilitación para los cuerpos de Profesores Titulares de Universidad y de Catedráticos de Escuelas Universitarias, será necesario estar en posesión del título de Doctor y superar las pruebas correspondientes. La habilitación constará de tres pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato, así como de su proyecto docente e investigador, que incluirá el programa de una de las materias o especialidades del área de conocimiento de que se trate. La segunda consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un tema del programa presentado por el candidato y elegido por éste, de entre tres sacados a sorteo. La tercera prueba consistirá en la exposición y debate con la Comisión de un trabajo original de investigación. Para poder formar parte de las Comisiones de habilitación los Catedráticos de Escuelas Universitarias deberán estar en posesión del título de Doctor.

A fin de obtener la habilitación para el cuerpo de Catedráticos de Universidad, será necesario tener la condición de Profesor Titular de Universidad o Catedrático de Escuelas Universitarias con tres años de antigüedad y titulación de Doctor. El Consejo de Coordinación Universitaria, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, eximirá de estos requisitos a quienes acrediten tener la condición de Doctor con, al menos, ocho años de antigüedad. Además, habrán de superarse las pruebas correspondientes. La habilitación constará de dos pruebas. La primera consistirá en la presentación y discusión con la Comisión de los méritos e historial académico, docente e investigador del candidato. La segunda, en la presentación ante la Comisión y debate con ésta de un trabajo original de investigación.

El personal de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios que ocupen una plaza vinculada a los servicios asistenciales de instituciones sanitarias, en áreas de conocimiento de carácter clínico asistencial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, se regirá por lo establecido en este artículo y los demás de esta Ley que le sean de aplicación. Dicha plaza se considerará, a todos los efectos, como un sólo puesto de trabajo. En atención a las peculiaridades de estas plazas se regirán, también, en lo que les sea de aplicación, por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás legislación sanitaria, así como por las normas que el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo y, en su caso, de Defensa, establezca en relación con estos funcionarios. En particular, en estas normas se determinará el ejercicio de las competencias sobre situaciones administrativas, se concretará el régimen disciplinario de este personal y se establecerá, a propuesta del Ministro de Hacienda, a iniciativa conjunta de los Ministros indicados en el inciso anterior, el sistema de retribuciones aplicable al mencionado personal.

El procedimiento para la habilitación será el siguiente. 1. Las Universidades públicas, en el modo que establezcan sus Estatutos y en atención a las necesidades docentes e investigadoras, acordarán las plazas que serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados, a cuyo efecto lo comunicarán a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, en la forma y plazos que establezca el Gobierno. 2. La Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria señalará el número de habilitaciones que serán objeto de convocatoria en cada área de conocimiento, en función del número de plazas comunicadas a la citada Secretaría General, a fin de garantizar la posibilidad de selección de las Universidades entre habilitados. 3. Las Comisiones de habilitación no podrán proponer a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria la habilitación de un número mayor de candidatos al número de habilitaciones señalado en el apartado anterior, pero sí un número inferior al mismo, incluso la no habilitación de candidato alguno.

Las Universidades públicas convocarán el correspondiente concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes, siempre que las plazas estén dotadas en el estado de gastos de su presupuesto y que hayan sido comunicadas a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria a los efectos previstos en el apartado anterior, en los plazos que reglamentariamente se establezcan. En el plazo máximo de dos años desde la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, y una vez celebradas las correspondientes pruebas de habilitación, la plaza deberá proveerse, en todo caso, siempre que haya concursantes a la misma. Los concursos de acceso serán convocados por la Universidad y publicados en el "Boletín Oficial del Estado" y en el de la Comunidad Autónoma. Serán resueltos, en cada Universidad, por una Comisión constituida a tal efecto, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos. A los efectos de obtener plaza en la Universidad de que se trate, podrán participar en los mismos, junto a los habilitados para el cuerpo de que se trate, los funcionarios de dicho cuerpo, y los de cuerpos docentes universitarios de iguales o superiores categorías, sea cual fuere su situación administrativa. Los Estatutos regularán los procedimientos para la designación de los miembros de las Comisiones de los concursos de acceso. Se basarán en criterios objetivos y generales, y garantizarán, en todo caso, la plena competencia docente e investigadora de dichos miembros, los cuales deberán reunir las condiciones previstas para los miembros de las Comisiones de habilitación (punto 9). En los concursos de acceso, las Universidades harán pública la composición de las Comisiones, así como los criterios para la adjudicación de las plazas. La plaza obtenida tras el concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios deberá desempeñarse al menos durante dos años antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener plaza en otra Universidad.

Contra las propuestas de las Comisiones de habilitación los candidatos podrán presentar reclamación ante el Consejo de Coordinación Universitaria. Contra las propuestas de las Comisiones de los concursos de acceso los concursantes podrán presentar reclamación ante el Rector. Admitida la reclamación se suspenderán los nombramientos hasta su resolución por éste. Esta reclamación será valorada por una Comisión compuesta por siete Catedráticos de Universidad de diversas áreas de conocimiento, con amplia experiencia docente e investigadora, designados en la forma que establezcan los Estatutos. Las resoluciones del Consejo de Coordinación Universitaria y del Rector a que se refieren los apartados anteriores, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El reingreso al servicio activo de los funcionarios de cuerpos docentes universitarios en situación de excedencia voluntaria se efectuará obteniendo plaza en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que cualquier Universidad convoque. El reingreso podrá efectuarse, asimismo, en la Universidad a la que perteneciera el centro universitario de procedencia con anterioridad a la excedencia, solicitando del Rector la adscripción provisional a una plaza de la misma, con la obligación de participar en cuantos concursos de acceso se convoquen por dicha Universidad para cubrir plazas en su cuerpo y área de conocimiento, perdiendo la adscripción provisional caso de no hacerlo. La adscripción provisional se hará en la forma y con los efectos que, respetando los principios reconocidos por la legislación general de funcionarios en el caso del reingreso al servicio activo, determinen los Estatutos. No obstante, el reingreso será automático y definitivo, a solicitud del interesado dirigida a la Universidad de origen, siempre que hubieren transcurrido al menos dos años en situación de excedencia, y que no excedieren de cinco, y si existe plaza vacante del mismo cuerpo y área de conocimiento.

El profesorado de las Universidades públicas ejercerá sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso compatible con la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos a que se refiere el artículo 83, de acuerdo con las normas básicas que establezca el Gobierno. La dedicación a tiempo completo del profesorado universitario será requisito necesario para el desempeño de órganos unipersonales de gobierno que, en ningún caso, podrán ejercerse simultáneamente.

(Artículo 69). 69.1. El Gobierno determinará el régimen retributivo del personal docente e investigador universitario perteneciente a los cuerpos de funcionarios. Este régimen, que tendrá carácter uniforme en todas las Universidades, será el establecido con carácter general por la legislación general de funcionarios, adecuado, específicamente, a las características de dicho personal. A estos efectos, el Gobierno establecerá los intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondientes a cada cuerpo docente, los requisitos de promoción de uno a otro así como sus consecuencias retributivas. 69.2 El Gobierno podrá establecer retribuciones adicionales a las anteriores y ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. 69.3. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos. 69.4 Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores, se asignarán previa valoración de los méritos por un órgano o comisión de evaluación externa.

Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador contratado de las Universidades. Estas, podrán contratar, en régimen laboral, personal docente e investigador entre las figuras siguientes: ayudante, profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor, profesor asociado y profesor visitante. El número total del personal docente e investigador contratado no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total del personal docente e investigador de la Universidad. La contratación de personal docente e investigador se hará mediante concursos públicos, a los que se les dará la necesaria publicidad y cuya convocatoria será comunicada al Consejo de Coordinación Universitaria para su difusión en todas las Universidades. La selección se efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se considerará mérito preferente estar habilitado para participar en los concursos de acceso. Las Universidades podrán contratar para obra o servicio determinado a personal docente, personal investigador, personal técnico u otro personal, para el desarrollo de proyectos concretos de investigación científica o técnica.

Los ayudantes serán contratados entre quienes hayan superado todas las materias de estudios del tercer ciclo y con la finalidad principal de completar su formación investigadora. La contratación será con dedicación a tiempo completo, por una duración no superior a cuatro años, improrrogables. Los ayudantes también podrán colaborar en tareas docentes en los términos que establezcan los Estatutos.

Los profesores ayudantes doctores serán contratados entre Doctores que, durante al menos dos años, no hayan tenido relación contractual, estatutaria o como becario en la Universidad de que se trate, y acrediten haber realizado durante ese período tareas docentes y/o investigadoras en centros no vinculados a la misma. Desarrollarán tareas docentes y de investigación, con dedicación a tiempo completo, por un máximo de cuatro años improrrogables. La contratación exigirá la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.

Los profesores colaboradores serán contratados por las Universidades para impartir enseñanzas sólo en aquellas áreas de conocimiento que establezca el Gobierno, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, entre Licenciados, Arquitectos e Ingenieros o Diplomados universitarios, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos.

Los profesores contratados doctores lo serán para el desarrollo de tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación, entre Doctores que acrediten al menos tres años de actividad docente e investigadora, o prioritariamente investigadora, postdoctoral, y que reciban la evaluación positiva de dicha actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externo que la Ley de la Comunidad Autónoma determine.

Los profesores asociados serán contratados, temporalmente, con dedicación a tiempo parcial, entre especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera de la Universidad.

Las Universidades públicas podrán contratar temporalmente, en régimen laboral y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, profesores eméritos entre funcionarios jubilados de los cuerpos docentes universitarios que hayan prestado servicios destacados a la Universidad. Los profesores visitantes serán contratados, temporalmente, entre profesores o investigadores de reconocido prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros.

(A55)1.Las Comunidades Autónomas regularán el régimen retributivo del personal docente e investigador contratado en las Universidades públicas. 2. Las Comunidades Autónomas podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos retributivos. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá establecer programas de incentivo docente e investigador que comprendan al personal docente e investigador contratado. 4. Los complementos retributivos derivados del desarrollo de los dos apartados anteriores, se asignarán previa valoración de los méritos por un órgano o comisión de evaluación externa.

El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar en posesión de la titulación académica que se establezca en los requisitos básicos que determine el Gobierno, con carácter general y previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, para la creación y reconocimiento de Universidades. Con independencia de estas condiciones, al menos el veinticinco por ciento del total de su profesorado deberá estar en posesión del título de doctor y haber obtenido la evaluación positiva de su actividad docente e investigadora por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad Autónoma determine. El profesorado perteneciente a cuerpos docentes universitarios no podrá prestar servicios en Universidades presenciales privadas mientras se encuentre en situación de activo y con destino en una Universidad pública.

ACLARACIONES DEL MEC

A petición de CSI-CSIF y de otras organizaciones, el MEC ha hecho público un documento aclaratorio sobre diversos puntos de la LOU. Transcribimos a continuación aquellos que consideramos de mayor interés para el PDI.

¿Qué pasará con la convocatoria de plazas que están previstas bajo el plan de estabilidad y promoción del profesorado?

Lo mismo que si no hubiera una nueva ley. El Plan de promoción y estabilidad del profesorado universitario fija una aportación financiera de 28.700 millones (21.000 del MECD y 7.700 de las CC.AA.) para lograr el compromiso de Maastricht de equilibrio presupuestario y la reducción del endeudamiento de las universidades públicas. Las plazas previstas se puedan seguir convocando. Los cambios que introduce la Ley se refieren sólo al sistema de selección de quienes vayan a ocupar esas plazas. De manera que el plan de estabilidad y promoción del profesorado seguirá su curso con toda normalidad.

¿Se podrán convocar plazas antes de dos años?

SÍ. Inmediatamente a la aprobación del Proyecto de Ley, el Gobierno regulará el nuevo sistema con el fin de que las universidades puedan solicitar las habilitaciones cuanto antes. Para convocar nuevas plazas, las universidades no tienen que esperar a la modificación de sus Estatutos: el proyecto de Ley faculta a las actuales Juntas de Gobierno a adoptar las medidas necesarias para convocar los concursos de acceso hasta que se aprueben nuevos Estatutos.

¿Cuál es la situación de los profesores contratados?

Los profesores contratados lo serán en RÉGIMEN LABORAL. Esto significa que, a diferencia de ahora –donde los profesores contratados lo son en régimen administrativo— los contratados tendrán, además del seguro de desempleo todas las ventajas que recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Que podrán serlo hasta que expire su contrato. Además podrán pedir prórrogas de hasta un máximo de tres años. Una vez finalizado su contrato de profesor asociado, podrán presentarse a las pruebas de habilitación para el acceso a los cuerpos de funcionarios o acogerse a las distintas figuras contractuales (profesor asociado, ayudante, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor) que se crean en la nueva Ley.

Que podrán serlo hasta que expire su contrato. Además podrán pedir una prórroga de tres años. Una vez finalizado su contrato de profesor ayudante, podrán presentarse a las pruebas de habilitación para el acceso a los cuerpos de funcionarios o acogerse a las distintas figuras contractuales (profesor asociado, profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor) que se crean en la nueva Ley. Los profesores que hoy son ayudantes no deberán cumplir el requisito de dos años de desvinculación con la universidad contratante para ser contratados como profesores ayudantes doctores.

La autonomía universitaria en el Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley permite que las universidades profundicen en el principio de autonomía universitaria, atribuyendo nuevas competencias en muchos aspectos como la auto-organización, la planificación de su personal y la gestión de sus recursos. Podrán, entre otras cosas, establecer enteramente el procedimiento para seleccionar a sus profesores mediante los correspondientes concursos de acceso; contratar hasta un 49% del total del profesorado (ahora sólo hasta un 20%); acordar los complementos retributivos individualizados; constituir fundaciones u otras personas jurídicas para el desarrollo de sus fines; o colaborar, mediante convenio, con otras entidades para la movilidad de su personal.

La Ley de Universidades permitirá a las Comunidades Autónomas desarrollar sus competencias en materia de enseñanza universitaria. Podrán establecer el régimen jurídico de la contratación del personal docente e investigador; podrán regular el régimen retributivo de los profesores contratados, determinando la cuantía de sus retribuciones, y estableciendo retribuciones adicionales para el profesorado contratado y para el profesorado funcionario; tendrán un mayor margen de actuación al incrementarse el porcentaje de profesorado contratado de un 20% a un 49%; podrán planificar sus actividades con carácter plurianual y establecer contratos-programa; tendrán la iniciativa para la creación de Facultades, Escuelas Técnicas y Escuelas Universitarias y de centros que organicen enseñanzas de modalidad no presencial; tendrán la iniciativa para la aprobación de convenios de adscripción de instituciones o centros de investigación públicos o privados a universidades públicas. La Ley recoge, además, las competencias de desarrollo y gestión de las Comunidades Autónomas en el sistema general de Becas.

Financiación del Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley va acompañado de una memoria económica que recoge los gastos que de él se derivan y que serán destinados a la puesta en marcha del sistema de habilitación y a la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La financiación de las universidades no es objeto de la presente Ley (como no lo fue de la LRU), aunque establece que se elaborará un modelo de financiación en el Consejo de Coordinación Universitaria. Pero son las Comunidades Autónomas a quienes corresponde dotar a las universidades de los recursos públicos adecuados.

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La situación del profesorado contratado tras la aprobación de la LOU. Comunicado de CC.OO.

La aprobación de la LOU supone un cambio radical en el régimen jurídico del personal contratado cuyas consecuencias, en su mayor parte negativas, nos comprometimos a combatir o minimizar si finalmente la Ley se aprobaba.

Nuestro objetivo principal era y sigue siendo eliminar la generalizada precariedad y las indignas condiciones económicas y profesionales del personal docente e investigador. CC.OO. presentó en octubre de 1.997 una Plataforma básica sobre Regularización del Profesorado Universitario, que culminó con la negociación del Plan de Estabilización y Promoción y consiguiente Acuerdo en enero de 2000. A pesar de los retrasos y obstáculos por la actitud de Gobierno, este Acuerdo ha permitido la convocatoria de más de 10.000 plazas en todo el Estado.

Por lo que se refiere a la nueva regulación del personal contratado contenida en la LOU, se caracteriza por el establecimiento de un importante número de figuras contractuales, la mayoría de ellas temporales (ayudante, profesor ayudante doctor, profesor asociado, contratos de obra para docencia e investigación, etc) y además sometidas a diversos requisitos -la evaluación externa, permanencia de dos años fuera de la universidad que contrata, superación de los concursos en cada universidad, etc-. Esto supone un incremento de la precarización laboral (puede llegar a ser hasta el 49% de la plantilla, según la LOU).Junto a estas figuras, sin embargo, se reconoce la figura del profesor contratado doctor y profesor colaborador que, a falta de indicación alguna al respecto, tiene el carácter de indefinido.

Uno de los pocos aspectos positivos de la nueva regulación contractual es la naturaleza laboral de estos contratos, con lo que se termina en parte con la indefensión y falta de protección de la contratación administrativa. CC.OO apuesta porque los nuevos contratos se rijan por la regulación laboral del Estatuto de los Trabajadores: sobre causas e indemnizaciones por extinción, condiciones de trabajo, los conflictos laborales se tramitan vía laboral, que es más rápida y económica, etc. Y sobre todo, se podrá ejercer el derecho a la negociación colectiva de las condiciones de trabajo con las Universidades y la Comunidad de Madrid.

No obstante, con carácter previo la LOU requiere un complejo desarrollo reglamentario y estatutario que prevea, en primer lugar, el régimen de incorporación de los actuales contratados a las nuevas figuras. Ante esta nueva situación, nuestros objetivos son los siguientes:

Queremos que, en el futuro, nuestra voz se oiga con más fuerza, en el proceso de elaboración de los correspondientes decretos, y podamos participar de manera más activa en los procedimientos de contratación del personal docente e investigador, para lo cual os solicitamos vuestra participación y ayuda, que será sin duda, decisiva. CC.OO. seguirá informando del desarrollo de todo el proceso y para cualquier consulta os podéis dirigir a la Sección Sindical de la Universidad y a los delegados de personal.

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CCOO impugnará todos los acuerdos que pretendan recuperar los contratos administrativos

A partir de la entrada en vigor de la LOU, todos los nuevos contratos que se hagan al profesorado deben serlo en régimen laboral, con los derechos que ello conlleva, como ya se anunció anteriormente (ver hoja 200). Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas y algunas Universidades, por supuestos motivos de urgencia, pretenden seguir con la contratación precaria recuperando el contrato administrativo.

CCOO entiende que, en tanto se desarrollan las nuevas figuras contractuales mediante la negociación colectiva, el Estatuto de los Trabajadores ya prevé la posibilidad de que las Administraciones Públicas (en particular las Universidades), puedan realizar distintos contratos (como el contrato de interinidad o de sustitución) en casos de necesidad y que, en cualquier caso, garanticen los derechos de la negociación colectiva y de los Convenios Colectivos de aplicación (por ejemplo, los salarios). Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha anunciado que impugnará todos los Acuerdos de Comunidades Autónomas (ya publicados, como los de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, o que se publiquen en el futuro) así como todas las Convocatorias de Plazas que realicen las Universidades y que no se ajusten a la legislación laboral vigente.

CONCENTRACIÓN NARANJA CONTRA EL REAL DECRETO SOBRE ESTATUTO DEL BECARIO PROPUESTO POR EL GOBIERNO.

La Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios), ha manifestado en un Comunicado de Prensa la postura negativa del colectivo respecto al borrador del proyecto de Real Decreto, por el que se aprobará el Estatuto del Becario de Investigación que está elaborando el Gobierno. Por ello, se han convocado concentraciones en distintas ciudades de la geografía española para el día 8 de Febrero, en las que "nos disfrazaremos y tiraremos nuestra producción científica por los suelos a modo de alfombra, única utilidad que el gobierno del PP parece darle a nuestra labor investigadora".

Asimismo, consideran que "aunque nos incluye como asimilados a trabajadores por cuenta ajena y en el Régimen General de la Seguridad Social (R.G.S.S.), no se reconoce nuestra labor productiva y excluye la practica totalidad de las prestaciones que esto conlleva: prestación y subsidio por desempleo, pensión de jubilación, viudedad y orfandad, baja por riesgo en el embarazo, pensión por incapacidad permanente, baja por enfermedad, etc. Según el propio Real Decreto, las contingencias que nos quedarían cubiertas a los becarios de investigación son el 19,2% del total de contingencias cubiertas a un trabajador "normal", lo que demuestra claramente lo exiguo que es este Real Decreto y el avance mínimo que supone".

SECRETARIA DE UNIVERSIDAD CCOO

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RECORTES LOU

Universidad republicana

ADELA CORTINA. Diario "El País",Martes, 18 de diciembre de 2001

Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.

La Universidad española anda hace tiempo en lenguas, mucho antes de la discusión de la LOU y de su aprobación parlamentaria. Curiosamente, nadie ponía ni pone en duda la necesidad de reforma, sino que las diferencias empiezan al considerar en qué puntos y hacia dónde importa reformarla. Preguntas éstas difíciles de responder si, en vez de fijar la mirada en la institución misma, no lo hacemos más bien en la actividad universitaria, a la que esa institución dice sostener. Porque, como muestra una probada tradición filosófica, es la vida humana vita activa, y son las instituciones las que deben plegarse a las actividades sociales, no viceversa.

Siguiendo los consejos de tal tradición, diríamos que toda actividad social se desarrolla por unas metas, de las que cobra su sentido y legitimidad social. Y que importa reflexionar sobre cuáles son las metas de la actividad universitaria, haciendo para ello uso de su historia, que nos ha ido enseñando a modularlas desde su nacimiento en dos modelos ampliamente reconocidos -el medieval y el liberal- y en un tercero, el que, a mi juicio, deberíamos ir gestando y que podría denominarse 'republicano'.

Nació la Universidad -recordemos- en los siglos XII y XIII, en ciudades como Salerno, Bolonia, París o Salamanca, con el objetivo de formar profesionales (médicos, abogados, teólogos) capaces de atender a las necesidades de la época.

El nombre universitas se refería a la totalidad, a la corporación de maestros y estudiantes que defendían sus privile-gios con vistas a cultivarse en su profesión y recibir la facultas para ejercerla, previniendo así intrusismos y garantizando calidad. ¿Qué permanece de aquella época para lo que aquí nos importa? Según Durkheim, un valor positivo, la idea de universalidad, al que podríamos añadir otros dos: la formación de profesionales atentos a las necesidades de la época y la búsqueda de la verdad.

Esta última siguió siendo la gran meta de aquella Universidad liberal que nació a comienzos del siglo XIX en Berlín, bajo el impulso de Humboldt. Por universitas se vino a entender entonces el conjunto de los distintos saberes, entre los que existe una unidad innegable. Para acceder a ella era preciso forjarse un carácter universitario, es decir, entrenarse en la búsqueda de la verdad, adquiriendo hábitos de investigación, transmitir el saber a las generaciones más jóvenes y aprender el arte de la discusión abierta y crítica en la comunidad de quienes aspiran a la verdad.

¿Qué nos queda de bueno de la Universidad liberal sino todo, al menos en lo que toca a metas y aspiraciones? ¿Qué mejor puede pretender la actividad universitaria sino desarrollarse en una comunidad de los que buscan la verdad mediante la investigación, la docencia y el diálogo abierto y libre? Sin embargo, tras considerar las metas, conviene acudir a las instituciones por ver si su diseño permite alcanzarlas, tanto en lo que hace a las leyes como a los hábitos y costumbres. Y no parece que esté la institución a la altura de la actividad y sus metas.

Cierto que a partir de los años sesenta del siglo XX se viene produciendo una crisis en el mundo universitario que afecta también a sus fines. La fragmentación de los saberes quiebra la unidad de las ciencias y escinde el mundo universitario en Universidades Literarias y Politécnicas, y, aun dentro de las primeras, en Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. Decrece la demanda de titulaciones y, sin embargo, aumenta la oferta de las mismas, dejando abierta al final de los estudios la amarga pregunta '¿facultas para qué?'.

La Universidad no es ya el único lugar de creación y transmisión del conocimiento, sino que nacen entidades no universitarias que expiden certificaciones de calidad pareja a las universitarias, empresas que crean sus centros de estudio para preparar a sus trabajadores. Desean acceder a la enseñanza universitaria gentes que no quieren un título para ejercer una profesión, sino estudiar una segunda carrera, o la primera, tras la jubilación laboral. En algunas materias el mercado exige una preparación ligada al sistema productivo y pide al sistema universitario en esos casos que ejerza funciones económicas.

Pero sobre todo, y por desgracia, la Universidad se burocratiza, haciendo imposible cualquier idea de auténtica comunidad libre y abierta de investigación, docencia y deliberación pública.

Un corsé de estructuras rígidas, de órganos de gobierno con amplias competencias, departamentos cerrados en torno al número 12, sin posibilidad de 'divorcio académico', consejos, comisiones, produce un despilfarro de recursos humanos que ninguna entidad responsable se permitiría; entre otras razones, porque el burocratismo es el caldo de cultivo de las oligarquías, el amiguismo, los hábitos endogámicos, las mafias y del funcionamiento de esos 'códigos rojos' que no se encuentran positivados en ningún código escrito, pero son los que funcionan. Es el humus de la conspiración y la intriga de los ambiciosos, del fomento del instinto gremial. Todo lo contrario de lo que precisa una comunidad abierta y flexible. Una comunidad -y esto es esencial- que no necesita servir al capital privado, sino al bien público, pero que, precisamente para hacerlo, tiene que ser republicana, o al menos asumir rasgos de un republicanismo como el que, entre otros, diseña Philip Pettit.

Una estructura de libertad interna, entendida como no dominación, no como una estructura burocrática asfixiante; un carácter universitario que consiste en el afán de saber, no en la ambición de poder; leyes que son expresión de la libertad, no armas en manos de un nuevo feudalismo; la virtud cívica de quienes persiguen una misma meta y respaldan con sus hábitos las leyes queridas por ellos; decisiones tomadas a través de la deliberación común, que lleva a determinar lo justo, no negociaciones y pactos de politi-queros, que perjudican a los más débiles, a los que deben contentarse con poco para no perderlo todo; el capital social de unos valores éticos, sin los que triunfan los conspiradores.

Estos rasgos irían generando esa 'mano intangible' que en una Universidad pública legítima transformaría las preferencias particulares en metas comunes. No la mano invisible, presuntamente armonizadora de preferencias en conflicto, sino la intangible de las convicciones comunes, que congrega a los individuos tras un mismo propósito público.

Dentro de este marco, algunos rasgos concretos podrían ser los siguientes:

1. La Universidad es una comunidad, una organización ágil, no una estructura burocrática rígida. La estructura de gobierno se reduce al mínimo.

2. Las unidades universitarias básicas son los Grupos de Investigación, libres y flexibles. Se trataría de transformar los matrimonios académicos indisolubles en registros de 'grupos de hecho', de los que ya trabajan realmente juntos. Sin que importe la cantidad de quienes los forman, sino la calidad del trabajo, a diferencia de la actual estructura departamental, cerrada en la arbitraria cantidad de 12 e ignorante de la calidad.

3. Los cargos de gobierno son facilitadores y coordinadores de la tarea de los auténticos protagonistas de la vida académica, profesores y estudiantes, no decididores de lo que debe hacerse.

4. La autonomía responsable es la que lleva a promover la transparencia en la gestión, con mecanismos de control como pueden ser auditorías externas.

5. Si el acceso a los niveles de funcionariado ha de cubrir dos etapas, habilitación y acceso en cada Universidad, tienen que poder ser habilitados cuantos lo merezcan, no un número concreto, lo cual sería una mezcla de habilitación y oposición. Por otra parte, el acceso a las universidades concretas debe garantizar imparcialidad.

6. Existen mecanismos para expresar el pluralismo de opiniones realmente existentes en la comunidad académica, que no es un pluralismo de partidos políticos.

7. Hay una auténtica conexión con la sociedad, más allá de la mediación de los Consejos Sociales.

8. Se reconstruye la unidad del saber desde una interdisciplinaridad practicada, frente a la fragmentación administrativa de saberes. No hay un solo problema social al que pueda hacerse frente desde una sola área del saber.

Desde estas perspectivas, la Universidad pública tiene frente a las privadas la ventaja de que, al no depender de los flujos del capital privado, puede cohesionarse en torno a los valores compartidos del servicio público en plena libertad. Ojalá nuestra Universidad fuera pionera en componer esa comunidad de varones y mujeres libres, al servicio de la res pública. Sería un orgullo cantar entonces ese Alma mater floreat que ahora a muchos, a demasiados, se nos seca en la garganta.

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La futura ley de universidades modifica el sistema actual de fijación de las tasas

Una enmienda vincula los precios de las matrículas al 'coste de prestación del servicio'

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Martes, 18 de diciembre de 2001

Una enmienda introducida por Coalición Canaria (CC) en el trámite de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en el Congreso modifica el sistema actual de fijación de las tasas. La medida establece que la revisión del precio de las matrículas 'estará relacionada con los costes de prestación del servicio', es decir, dependerá de la inversión por estudiante que hace cada universidad. Esto implica, señalan varios expertos, una revisión general del sistema de tasas en tanto éstas dependerán, más allá del IPC, del porcentaje que representa la matrícula sobre el gasto universitario por estudiante y que ahora mismo está situado en el 20% (Canarias tiene el más bajo, el 11%, y Murcia, el más alto, el 28,9%).

La enmienda, que ha pasado inadvertida para la comunidad universitaria y la mayoría los partidos políticos, fue introducida por Coalición Canaria en el trámite de la ley en el Congreso y aprobada el 23 de octubre, hace casi dos meses, en la Comisión de Educación.

En la revisión del sistema para fijar las tasas 'en relación con los costes de prestación del servicio', como dice la ley, hay que tener en cuenta dos factores: lo que invierte la universidad por alumno y el porcentaje de esa cantidad que pagan los alumnos mediante las tasas.

El gasto por estudiante es el resultado de sumar los costes de una universidad, exceptuando los gastos en nuevas infraestructuras (que distorsionarían la comparación entre las universidades antiguas y las que están en crecimiento). La media de todas las comunidades autónomas está en 433.041 pesetas, según los últimos datos disponibles, que proceden del curso 1998-1999, pero que, según los expertos, no han variado sustancialmente. La media de lo que paga el estudiante de esta cantidad entre todas las comunidades es del 20,6%. Los expertos consideran que esta medida abre tres puertas: posibles subidas concretas de las tasas (como podría ocurrir en Canarias), aumento del gasto universitario (sería el caso de Murcia) y la diversificación de los precios en cada comunidad. Ésta es un descripción de la situación actual y de lo que presumiblemente pasará:

- Sistema actual. Actualmente, las tasas las fija cada comunidad autónoma dentro de un abanico que aprueba la Comisión de Coordinación del Consejo de Universidades, en la que están presentes el Gobierno y las comunidades, pero no las universidades. Este consejo establece generalmente un corchete de entre uno y cuatro puntos por encima del IPC (este curso ha oscilado la subida entre el 4% y el 7%) y las comunidades eligen una subida dentro de ese margen igual para todos sus centros dentro de una misma carrera.

- Nuevo sistema. Es previsible que el nuevo Consejo de Coordinación Universitaria, que sustituirá al actual Consejo de Universidades, fije el porcentaje mínimo y máximo de lo que deben pagar los alumnos respecto a la inversión que hace por estudiante cada universidad. Las comunidades autónomas tendrán entonces que fijar sus tasas a partir del próximo curso dentro de ese abanico, que iría del 15% al 25% de lo que invierte cada universidad por estudiante, según fuentes próximas al Ministerio de Educación. Sin embargo, dada la diferencia de inversión por alumno entre las universidades de una misma comunidad, sería difícil que todas las comunidades opten por fijar un porcentaje igual para sus universidades, es más probable que establezcan a su vez un corchete. Esto implicaría que los estudiantes que cursan una misma carrera en diferentes centros de una misma comunidad podrían pagar distintos precios por cada crédito universitario (10 horas lectivas), algo que no es posible actualmente.

- Lo que paga el estudiante. La comunidad en la que paga más el estudiante es Murcia (28,9% de lo que se gasta la universidad de media en cada alumno), sin embargo, esta comunidad tiene un gasto por estudiante bastante por debajo de la media (337.820 pesetas). Canarias es la comunidad en la que el porcentaje medio que paga el estudiante respecto a lo que se invierte en él de media es el más bajo de España (11%), el gasto que hace por alumno (522.904 pesetas) está por encima de la media de las comunidades. Le siguen, también por debajo de la media española, Cataluña (16%), el País Vasco (16,8%), la Comunidad Valenciana (18,2%), Cantabria (18,6%) y Baleares (19,5%).

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La Autónoma de Barcelona declara que ‘desobedecerá’ la ley universitaria

La Federación Española de Municipios pide la retirada de la norma

EL PAÍS. Barcelona y Madrid. Miércoles, 19 de diciembre de 2001

El claustro de la Universidad Autónoma de Barcelona se declaró ayer ‘en desobediencia activa a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), negándose a aplicar los mecanismos que contiene esta ley para implementarse’. Este órgano pide además a los políticos ‘que deroguen esta ley’ en cuanto puedan. La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó ayer una resolución en la que se pide la retirada de la LOU, que será aprobada el jueves.

El claustro de la Autónoma de Barcelona está formado por 250 representantes de tres colectivos universitarios, 150 profesores, 75 estudiantes y 25 personal de administración y servicios (PAS). Este organismo señala además que ejercerá ‘la resistencia activa’ y lo justifica así: ‘Frente a una ley promulgada sin la menor consideración por la opinión reiteradamente manifestada por las distintas instancias de la comunidad universitaria en todo el Estado Español, está plenamente legitimado (el claustro) a explorar y utilizar todas las formas de resistencia activa y pasiva en contra de su aplicación’. Este órgano aprobó ayer además la convocatoria que elecciones a rector para el 7 de marzo.

En su declaración, este claustro pide a las instancias políticas e institucionales ‘que deroguen tan pronto como sea posible la presenta Ley Orgánica de Universidades y elaboren un nuevo proyecto de acorde con las exigencias de una universidad pública de calidad’.

Por otra parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), -que preside la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (del PP)-, tras pedir la retirada de la LOU, ha instado al Gobierno a que en el futuro cualquier reforma relacionada con la universidad se alcance a través del consenso. La propuesta socialista salió adelante con el apoyo de IU y el rechazo del PP. El Partido Andalucista y el Partido Aragonesista Regionalista se abstuvieron.

En la resolución, la FEMP se enumeran unos criterios a tener en cuenta para reformar la universidad: el refuerzo de la participación de la comunidad universitaria, el incremento de la financiación de las universidades públicas y el aumento de las becas.

En Santiago de Compostela, el rector de la Universidad de esta localidad, Darío Villanueva, vivió ayer momentos de gran tensión después de que un centenar de estudiantes irrumpiese violentamente en una reunión del claustro, informa Xosé Hermida. Los gritos y las amenazas obligaron a suspender la sesión, y Villanueva, que ha mantenido una inequívoca posición contraria a la LOU, tuvo que abandonar el auditorio de la universidad escoltado por guardias jurados. El rector estuvo a punto de ser agredido cuando trataba de acceder a su coche oficial. A medida que van cediendo las movilizaciones en Santiago, ha ido aumentando el protagonismo de grupos minoritarios con métodos agresivos.

Por otra parte, el Ministerio de Educación aseguró ayer que la ‘ley de universidades no modifica el sistema de tasas’, como señaló ayer este periódico, y argumenta para ello que, aunque el texto señala que las tasas ‘estarán relacionadas con el coste de prestación del servicio’ -es decir, lo que paga cada alumno- lo que hace es recoger lo establece el artículo 25.2 de la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Sin embargo, expertos consultados por este periódico aseguraron que lo que establece la Ley de Tasas y Precios Públicos ‘no está relacionado con lo que señala la LOU’, porque lo que dice la ley de tasas sobre esta cuestión es que los precios públicos (o tasas) en algunos casos ‘pueden resultar inferiores’ a la totalidad del coste de la prestación de los servicio.

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Los becarios critican la masiva convocatoria de plazas docentes

Diario "El Mundo" MADRID. 19-12-01.

La Federación de Jóvenes Investigadores Precarios criticó ayer la masiva convocatoria de plazas de catedráticos y de profesores titulares en diferentes universidades con el fin de eludir la Ley Orgánica de Universidades (LOU), ya que las consideran «excesivas».

Según los becarios, como consecuencia se «colapsará el sistema, impidiendo la convocatoria de nuevas plazas en muchos años y, por tanto, la incorporación al sistema docente e investigador de la siguiente generación de investigadores actualmente en formación».

Tal y como avanzó este periódico, las plazas de profesorado funcionario sacadas a concurso este año casi cuadruplican las del año pasado.Todas las que salgan antes de la LOU eludirán pasar por el examen de habilitación.

Por otra parte, como contestación a la ley, hoy mismo el Sindicato de Estudiantes (SE) ha convocado una nueva jornada de movilización.Es la cuarta vez que el SE llama a los alumnos a salir a la calle contra la norma. Su tabla reivindicativa pide la retirada del texto.

A tan sólo un día de que la LOU se apruebe en el Congreso de los Diputados, tres colectivos de alumnos (FAES, CANAE y BEI) iniciarán además una acampada indefinida como forma de rechazar la llegada de la ley, informó en un comunicado Juventudes Socialistas (JJSS). Estos colectivos han declarado la «Universidad en rebeldía» y exigen la dimisión de la ministra Pilar del Castillo.

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Convocatoria masiva de plazas ante la LOU

RAÚL VILLAR. Diario "El País", Jueves, 20 de diciembre de 2001

Hace justo un año, el 18 de diciembre de 2000, firmábamos la ministra de Educación, doña Pilar del Castillo; el presidente de la Comunidad de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardón, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas el documento que aplicaba en nuestra Comunidad el llamado Plan Rajoy, que, entre otras materias de carácter económico, preveía en su apartado 5º, página 4ª, ‘abordar un programa de estabilidad y promoción del profesorado’. Dicho plan, acordado con buen criterio entre el ministerio y los sindicatos de profesores y concretado en las diferentes comunidades autónomas, tenía como finalidad resolver un conjunto de problemas de profesorado que se habían venido acumulando durante años y a los que no se podía dar más largas. En escasos doce meses, la ministra ha pasado de avalar un documento a intentar, con acusaciones infundadas, que sus previsiones no se lleven a efecto.

Con el evidente propósito de sacar adelante su LOU, en contra de la opinión de las universidades y de buena parte de la sociedad, el equipo ministerial y su entorno político y mediático han llegado a advertir a la opinión pública de que el principal problema de la Universidad española es la baja calidad del profesorado, ofendiendo injustamente a decenas de miles de profesores que realizan su trabajo con toda corrección y elevando a regla la excepción, un rasgo más de su pobreza argumental.

Pues bien, en la Universidad Autónoma de Madrid el pasado año los estudiantes contestaron más de cien mil encuestas sobre sus profesores, y las calificaciones medias (normalizadas de 0 a 10) para unos dos mil profesores fueron de 8,5 en cuanto al dominio de la asignatura y de 7,6 en cuanto a la satisfacción general con el trabajo del profesor. En lo que se refiere a la investigación es bien conocido que las universidades y el CSIC han experimentado un avance espectacular en las dos últimas décadas. Por poner un ejemplo, en 1980 España producía el 0,7 % de las publicaciones científicas y en la actualidad produce el 2,5%. Estos resultados, mejorables pero no desdeñables, han sido obtenidos en su mayor parte por profesores permanentes que han obtenido su plaza por el sistema aún vigente, por investigadores del CSIC seleccionados por tribunales en los que el sorteo no desempeña ningún papel y por asociados, ayudantes y becarios que también han superado un sistema de selección exigente.

Recordemos que desde el año 1984 todos los concursos de profesorado se realizan con el sistema previsto en la LRU, con un tribunal en el que dos miembros son designados por el departamento y la universidad que convocan la plaza, no por los candidatos, y los otros tres, por sorteo nacional. Con este sistema han obtenido un puesto de catedrático o titular, de universidad o de escuela universitaria, la inmensa mayoría de los profesores del país, incluidos los miembros del equipo ministerial. Al menos en la Universidad Autónoma de Madrid, muchas de esas personas han ganado premios nacionales de investigación, son académicos, pertenecen a prestigiosos comités y sociedades científicas, humanistas y médicas, nacionales e internacionales, son nombrados para formar parte de las magistraturas del Estado o de los más altos servicios económicos y sociales de empresas e instituciones. El balance no es malo y nadie en medio de esta campaña mediática y ministerial debe sonrojarse por haber obtenido un puesto con este sistema. Somos muchos los que pensamos que el sistema de selección propuesto en la LOU ya se experimentó en sus rasgos básicos en el pasado y no funcionó mejor. Es posible que con el sistema actual se hayan producido algunos abusos, pero menos que con los antiguos tribunales nacionales. No favorece, en contra de lo que se dice, a los jóvenes que se están formando en el extranjero u otras instituciones. Al contrario, la peregrina idea de incluir, con todo detalle, en toda una ley orgánica procedimientos arcaicos y sin parangón en el mundo universitario al que se dice que queremos acercarnos, como que los concursantes deben exponer una lección del programa elegida por sorteo en un bombo, no creo que anime a esas personas, ni mucho menos a investigadores ya consagrados, a acercarse a la Universidad española. Es obvio que los docentes deben dominar las asignaturas que imparten, y la Universidad tiene procedimientos para velar por la calidad docente de sus profesores.

Además, se vuelve al antiguo sistema, en el que las decisiones las toma una comisión seleccionada por sorteo, que luego desaparece, recayendo las únicas responsabilidades exigibles en caso de una mala selección sobre las universidades, que no han tenido ninguna participación en dicha selección. No creo que ninguna persona conocedora del valor esencial que tiene la gestión de recursos humanos en una empresa o en una institución pueda recomendar este procedimiento. En particular, resulta paradójico que mientras el Partido Popular defiende con tanta pasión estas medidas en la Universidad, en las mismas fechas propugne la endogamia más absoluta en el Poder Judicial.

Por referirme de nuevo al caso de mi propia universidad, el diario El Mundo, que para defender a la LOU y al equipo ministerial ha venido denigrando al conjunto del profesorado universitario y a los estudiantes, se ha escandalizado por la convocatoria de 140 plazas por parte de la Universidad Autónoma de Madrid para enchufados y colocables. Nada más lejos de la realidad. En noviembre, de acuerdo con el plan firmado por la ministra y con las previsiones presupuestarias de la Comunidad de Madrid, se han convocado quince cátedras y treinta y cinco plazas de titular, no para enchufados, sino para profesores que han superado controles más exigentes que los que impone la LOU, algunos de ellos de perfil académico y científico muy destacado, tal y como se ha comentado más arriba. Además, tendrán que competir en un concurso público ante un tribunal riguroso y neutral con todo aquel que se quiera presentar. A lo largo del año se fueron convocando cuarenta y tres vacantes por jubilación y diecinueve plazas para atender a las nuevas carreras que se han implantado en la universidad. Finalmente, la Autónoma de Madrid ha convocado, mediante riguroso concurso, seis cátedras estratégicas, destinadas específicamente a fichajes externos para cubrir disciplinas innovadoras. Cabe añadir que después de estas convocatorias, y de las que nos gustaría realizar para el año 2002, quedan en esta universidad más de ochocientos profesores contratados que merecen unas expectativas más halagüeñas. No tenemos de qué avergonzarnos en estas cuestiones, sino que nos sentimos orgullosos de nuestra política de profesorado y del apoyo que hemos recibido de la Comunidad de Madrid y del ministro Rajoy. Desgraciadamente, la aprobación de la LOU dificultará en gran medida que las universidades públicas planifiquen seriamente la selección de su profesorado, pieza clave de la autonomía universitaria.

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Miles de estudiantes protestan en la calle contra la aprobación de la ley universitaria

Los alumnos advierten de que seguirán con las movilizaciones durante las navidades

M. AGUIRREGOMEZCORTA y C. MORÁN, Madrid. Diario "El País", Jueves, 20 de diciembre de 2001

Manifestaciones, paros, acampadas, y otras protestas estudiantiles se repitieron ayer en un intento de frenar la ley de universidades que se aprueba hoy en el Congreso. Miles de jóvenes (10.000 según la policía, y 75.000 a juicio de los organizadores) salieron a la calle en las principales ciudades. Paralelamente, un 50% de los alumnos de institutos y más de un 30% de la universidad secundaron la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. La policía impidió en Madrid que los universitarios acamparan en el paseo de la Castellana, objetivo que se logró en la Plaza Nueva de Sevilla.

La Ley de Universidades se aprueba hoy definitivamente en el Congreso, pero los estudiantes quisieron salir a la calle una vez más para decir a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ‘que la lucha no ha terminado’ y que ‘las espadas están en alto’. ‘La LOU no es más que la punta del iceberg de un proceso de contrarreformas educativas que continuarán con la Ley de FP y de Calidad que quieren imponer después de navidades’, dijo la secretaria general del Sindicato de Estudiantes (SE), Miriam Municio.

En Madrid, los alumnos (1.500 según la policía, y 10.000 a juicio del SE) se manifestaron entre la plaza de Colón y el Ministerio de Educación. A la marcha se sumaron un centenar de alumnos y profesores de la Real Escuela Superior de Arte Dramático vestidos de negro y con la cara pintada de blanco. En otras ciudades como Barcelona, Valencia, Oviedo y Santiago miles de estudiantes también salieron a la calle.

La huelga fue secundada por un 60% de los estudiantes universitarios y de institutos (un 90% según el SE). En la Universidad Carlos III el paro fue casi total, mientras que en la Autónoma de Madrid fue de un 60%. En otras, como la Universidad de Barcelona y en la Politécnica de Madrid, la huelga fue imperceptible.

La policía impidió que un grupo de universitarios acampara en el Paseo de la Castellana en protesta por la LOU. La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento habían avisado de que no lo permitirían. Los estudiantes, vestidos con gorros de Papá Noel, hicieron varios intentos, pero las tiendas de campaña apenas se desdoblaron en el suelo. ‘El parque tiene que estar limpio, o la recoges o me la llevo’, avisó un policía a un estudiante. La policía, muy numerosa, les rodeó en todo momento e incluso pidió la documentación a alguno de ellos. Al cabo de una hora, sobre las tres de la tarde, los universitarios desistieron. Pero advirtieron de que las protestas no acabarían ahí. La misma iniciativa cuajó en Sevilla. Los estudiantes montaron una docena de tiendas de campaña frente al Ayuntamiento y hay 70 campistas apuntados para pasar allí las navidades. La acampada será indefinida y preparan otras movilizaciones para la Navidad, informa Sergio Mellado. En varios campus se han sucedido protestas durante esta semana. CC OO y UGT han convocado para hoy una hora de paro en la Universidad.

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Los estudiantes se quedan solos

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo", MADRID. 20-12-01

Cosas de la resaca tras el baño mediático de la Marcha sobre Madrid contra la LOU, los alumnos convocados por el Sindicato de Estudiantes (SE) se manifestaron ayer más solos que la una.Ni un rector. Ni un líder de los sindicatos mayoritarios. Ni un representante de partidos políticos. Ni Zapatero. Ni tan siquiera LLamazares, desde el principio dando la cara... La oposición callejera a la LOU se desinfla y el efecto turrón podría acabar de enterrar las esperanzas de continuar la lucha estudiantil sobre el asfalto... La futura Ley de Calidad, único elixir para reavivar el lío.

Ayer, 70.000 alumnos, según el SE (menos de 10.000, según Educación), se manifestaron contra la ley en varias provincias. En Madrid, la acampada a lo Sintel de tres organizaciones estudiantiles acabó en fiasco. La policía llegó, vio y no tuvo ni que disolver.Se fueron los que iban a acampar. Por allí apareció Leire Pajín, secretaria de Movimientos Sociales del PSOE. «Que se vayan», decía un chaval. «Sólo vienen a hacer oposición».

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La Generalitat eleborará su propia norma universitaria para esquivar la norma estatal

Los rectores consiguen sacar 10.005 plazas docentes antes de que hoy se apruebe la LOU

Un diputado del PP que votó a favor de la ley, beneficiario del concurso masivo de vacantes

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo" MADRID. 20-12-01

Los rectores apuraron ayer el útimo aliento del cadáver viviente de la LRU para continuar contrarreloj con su huida hacia adelante. Un total de 10.005 plazas de profesorado funcionario han sido ya convocadas antes de que se cierre la espita del sistema vigente, el cuádruple que en 2000, casi las mismas que en los cuatro años anteriores juntos... Que viene la LOU.

Que venga la Ley Orgánica de Universidades (hoy mismo se aprueba en el Congreso) conlleva que todas las nuevas vacantes que salgan deberán pasar por una prueba de habilitación y unos tribunales más independientes que los actuales.

El chaparrón que está inundando estos días las páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE), señalan diversas fuentes universitarias consultadas ayer, provocará un hartazgo de previsibles consecuencias: a excepción de los puestos de las llamadas tasas de reposición (destinadas a cubrir jubilaciones y similares) podrían no salir nuevas plazas a docente funcionario hasta dentro de una década.

Suma y sigue, desde la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios se levantó el martes la voz en un comunicado que apunta directamente con el dedo acusador a los rectores. «Hay una excesiva proliferación [de vacantes] que colpasará el sistema impidiendo la convocatoria de nuevas plazas», denunciaban. «¿Por qué esa prisa de las universidades en convocar las plazas? ¿Hay razones objetivas para no perjudicar a los profesores contratados o se trata de utilizar las convocatorias como arma contra el Gobierno?».

De momento, a la insumisión a la norma declarada ya por varias universidades se le sumó ayer algún aviso autonómico. La Generalitat elaborará a toda velocidad su propia ley universitaria, antes incluso de que esté listo el reglamento de la LOU, informa Silvia Taulés.

En Madrid, el olor guerrero de la pólvora quedó ayer flotando y hoy estará más presente que nunca cuando la Ley Orgánica de Universidades se apruebe en el Congreso de los Diputados con los votos del PP, Coalición Canaria y CiU. También hoy, buena parte de las miradas estarán centradas en un hombre, Enrique Belda, diputado popular en el Congreso por Ciudad Real. El motivo es que Belda solicitó una plaza para profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha dentro de la convocatoria masiva de puestos docentes para eludir la LOU que tan duramente ha criticado el Gobierno de su partido.

Según adelantó la Cadena Ser, el diputado votó a favor de la nueva norma en la Cámara Baja, lo que no le causó problema de conciencia alguno para acogerse al desmedido concurso de vacantes del último mes. De él será la plaza, si no lo evita un cataclismo: un puesto de los 10.005 como profesor de Derecho Constitucional.En palabras del afectado, Belda era ayer un «daño colateral» de la LOU. Igual que en la guerra.

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El Congreso aprueba la ley universitaria pese al rechazo de rectores y alumnos

La ley del Gobierno, rechazada por rectores y estudiantes, sale adelante con el apoyo de CiU y CC

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Viernes, 21 de diciembre de 2001

El Consejo de Ministros aprobó ayer la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con 196 votos a favor y 134 en contra. CiU y Coalición Canaria dieron su apoyo al proyecto del Partido Popular, que ha sufrido permanentes modificaciones a lo largo de su tramitación en el Congreso y en el Senado.

Han pasado ocho meses desde que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, expuso el contenido de esta ley por primera vez ante el Consejo de Universidades, órgano integrado por los rectores y las comunidades autónomas. Desde entonces, las reuniones del Gobierno con los representantes de la comunidad universitaria, de los sindicatos y de los Gobiernos autonómicos han venido acompañadas por una polémica, que ha culminado en protestas masivas. El principal motivo de discordia, según estos colectivos, ha sido la falta de un debate amplio en la universidad sobre la ley, la prisa del Gobierno por aprobarla este mismo año y algunos aspectos de su contenido que afectan a la autonomía universitaria.

Frente a esta oposición, Pilar del Castillo resaltó ayer, tras la votación de la ley, ‘el amplio apoyo parlamentario que ha recibido’ y aseguró que a partir de ahora ‘se abre un cambio por el que las universidades podrán circular hacia objetivos de mayor calidad’. La ministra aseguró que la nueva norma ‘tiene los instrumentos necesarios para que las universidades alcancen unas altas cotas de calidad y para que el sistema universitario español se sitúe entre los más competentes y valorados de la Unión Europea’.

A los reproches realizados al Gobierno por la comunidad universitaria por ‘intentar descalificar el nivel de la universidad española’, la ministra respondió que esta institución ‘ha tenido un desarrollo en el que ha habido aspectos muy positivos, pero necesitaba cambios en otros que no funcionaban eficazmente y que sirvan para potenciar la línea de progreso y no para dificultar, cercenar o ahogar muchas iniciativas que buscan una mayor calidad’.

Tras conocerse la votación mayoritaria a favor de la ley, la mitad del hemiciclo ocupada por el Partido Popular dedicó una ovación a Pilar del Castillo como gesto de apoyo a su proyecto.

Pero junto a los aplausos, ayer en el Congreso se volvieron a escuchar duras críticas al proyecto. Dos grupos políticos, el PSOE e IU pidieron la dimisión de la ministra porque consideran que ‘su gestión al frente del Ministerio de Educación es pésima y no es la ministra que la universidad española necesita’. Además, la responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, la diputada Carme Chacón, anunció que su grupo ‘reprobará a la ministra en la Cámara Baja si ésta no dimite’. Y la portavoz de Educación de IU en el Congreso, Marisa Castro, afirmó que su grupo presentará ‘un recurso de inconstitucionalidad’ contra la LOU.

En su discurso, la socialista Carme Chacón criticó a la ministra por ‘hacer intervenciones en la Cámara en las que no ha analizado las medidas concretas que introduce la ley y ni siquiera ha explicado cómo será en el futuro el acceso a la universidad’. Chacón se felicitó porque el Gobierno ‘reconociera en el Congreso que han bajado el número de becarios universitarios’. Así lo afirmó en su intervención el portavoz del PP en el Congreso, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, quien argumentó que esto se debe ‘a que hay menos universitarios y que ha aumentado la riqueza’.

El portavoz del PP personalizó ayer sus críticas en la portavoz socialista, Carme Chacón -‘tras los años que llevo en esta Cámara no he visto a nadie llevar los insultos por escrito’-; en el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba -al que criticó porque haber dicho, según Guerra Zunzunegui, ‘que se va a pensar si alienta a la desobediencia de la ley’-, y en el portavoz de educación del PNV, José Juan González de Txabarri -por sus críticas al sistema de habilitación del profesorado que introduce la nueva ley-.

El portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Ignasi Guardans, a pesar de defender el voto positivo a la ley, lanzó varias críticas al Gobierno: ‘Ha habido actitudes de escaso respeto a otras opciones, propuestas que eran perfectamente legítimas y no merecían el insulto que pueden haber recibido’. Guardans añadió: ‘Ésta no es nuestra ley porque es defectuosa por lo que dice y por sus carencias y, aunque mejora el marco legal actual, crea en algunos aspectos incertidumbre’.

Entre los reproches de IU al contenido de la ley, destaca su acusación de ‘trato discriminatorio a las universidades privadas y, en concreto, a las de la Iglesia católica, según dijo la portavoz de Educación de este grupo, Marisa Castro. Esta diputada acusó al Gobierno de ‘despreciar de un modo arrogante y soberbio a todos los que han discrepado con su ley’ y recriminó al presidente del Gobierno, José María Aznar, por calificar de ‘lío’ la manifestación contra la LOU del pasado 1 de diciembre, que fue apoyada por el PSOE e IU y que, según Castro, ‘fue ejemplar en orden y organización’.

Esta diputada afirmó que el Ejecutivo ‘ha hecho todo lo posible por crear una crisis de confianza hacia la universidad acusando a los profesores de amiguismo, a los rectores de inmovilistas y a los estudiantes de ignorantes’.

El portavoz del PNV, José Juan González de Txabarri, fue muy duro contra el Gobierno, como en sus pasadas intervenciones sobre la LOU en el Congreso. Este diputado señaló que la ‘autosuficiencia’ con la que se ha comportado el Gobierno no tiene parangón en la historia de la democracia y que ha dejado constancia de que las enmiendas han sido ‘puro maquillaje’.

Por Coalición Canaria, María del Mar Julios se felicitó de que la ley reconozca la especificidad insular de su comunidad autónoma y lamentó que no se haya conseguido un consenso sobre una reforma tan importante para la universidad española.

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La Universidad que viene

La selección del profesorado, la elección del rector, la contratación de docentes y los órganos de gobierno cambiarán con la norma

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Viernes, 21 de diciembre de 2001

Con la aprobación de la ley, la universidad inicia un largo proceso de transformación que arranca con la creación desde cero de sus órganos, la elección de nuevos representantes, la evaluación de su labor, la adaptación a los acuerdos europeos, la incorporación de nuevas figuras de profesorado y finalmente, dentro de unos años, de un nuevo sistema de entrada en sus aulas. Éstas son las novedades:

Órganos de gobierno. Los nuevos órganos son el Consejo de Gobierno (que sustituye a la actual Junta de Gobierno), el Consejo de Dirección (compuesto por el secretario general, el gerente y los vicerrectores y cuya función es asistir al rector), el Consejo Social, la Junta Consultiva (formada por profesores e investigadores ‘de reconocido prestigio’) y el claustro. Ni el claustro provisional, que elaborará los estatutos, ni el definitivo podrán tener más de 300 miembros y el 51% deben ser funcionarios docentes doctores.

Tras diversos cambios en la composición del Consejo de Gobierno, finalmente estará compuesto por el rector, el secretario general, el gerente, 50 miembros de la comunidad universitaria y tres del Consejo Social, que tendrán voz y voto. En el Consejo Social habrá seis representantes del Consejo de Gobierno con voz y voto: el rector, el secretario general y un representante del profesorado, otro de los alumnos y otro del personal no docente.

Elecciones a rector. Los rectores serán elegidos por sufragio universal directo ponderado. Los candidatos organizarán una campaña electoral, y votarán directamente los estudiantes, profesores y personal no docente. El voto de los funcionarios docentes doctores tendrá como mínimo un peso del 51%. La ley no obliga a los rectores a ser reelegidos cuando estén listos los nuevos estatutos de la universidad. Son éstos los que tienen que decir si debe ser votado un nuevo rector en ese momento o se espera a que se acabe su mandato.

La ley no especifica si las elecciones a rector que se hayan convocado antes de que entre en vigor se deben hacer con el nuevo o con el antiguo sistema. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona ya ha convocado estas elecciones para marzo de 2002. Esta convocatoria se hace unos meses antes de que se cumplan los cuatro años de mandato, del mismo modo que con las elecciones generales. La Autónoma de Barcelona estudia si esa elección a rector se debe hacer con el nuevo o el antiguo sistema.

Sin embargo, las elecciones a rector convocadas tras la entrada en vigor de la ley y antes de que cada universidad apruebe sus estatutos sí deben realizarse por sufragio universal ponderado. Éste es el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Al no estar listos los estatutos, los porcentajes de la ponderación de los votos los establecerá el nuevo Consejo de Gobierno Provisional.

Habilitación del profesorado. Es el nuevo sistema de selección del profesorado funcionario: titulares y catedráticos. Se trata de una prueba realizada por un tribunal de siete miembros de una área de conocimiento, elegidos por sorteo. Cada examen se realizará en la universidad a la que pertenezca el presidente del tribunal. La habilitación tendrá validez indefinida y el Consejo de Coordinación Universitaria decidirá el número de habilitados por año. Las universidades deben elegir entre los habilitados para cubrir sus vacantes o entre docentes en ejercicio. Los candidatos que se presenten a las plazas de titular titular y catedrático convocadas antes de la publicación de la ley no deberán superar este examen.

Profesorado contratado. Las universidades podrán tener hasta un 49% de profesorado contratado, no funcionario (ahora el límite está en el 30% en las politécnicas). Los ayudantes podrán tener un contrato de cuatro años (ahora llega a cinco) y se crea el ayudante doctor (con un contrato de cuatro años). Para acceder a este puesto en una universidad, los candidatos deben pasar dos años fuera de ella, aunque esta medida no afecta a los profesores que sean ayudantes antes de entrar en vigor la ley. El sueldo y las condiciones laborales de los nuevos contratados las deben decidir las comunidades.

Agencias de evaluación. El Gobierno creará mediante una norma la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que realizará evaluaciones periódicas de las universidades. Pero también señala que las comunidades crearán sus propias agencias.

Leyes de las comunidades. Las comunidades deben desarrollar leyes propias para regular el Consejo Social, abrir sus agencias de evaluación, establecer el régimen y retribución del profesorado contratado y las normas sobre el presupuesto, la creación y el reconocimiento de sus universidades.

Universidades privadas. Los requisitos para reconocer estas universidades dependerán en buena parte de las comunidades. Sus rectores deberán ser doctores y sus profesores no deben pasar la habilitación sino una acreditación de la agencia nacional o autonómica. La parte del texto que señalaba textualmente la incompatibilidad de que los profesores pudieran trabajar en públicas y privadas a la vez fue eliminada en el Senado.

Universidades de la Iglesia. El Gobierno exime a las universidades de la Iglesia católica de que tengan que ser reconocidas por ley de la comunidad autónoma para su creación, algo obligatorio para el resto de las universidades públicas y privadas.

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El Congreso aprueba la LOU con los votos de PP, CiU y Coalición Canaria

El primer curso en que no existirá definitivamente la prueba de selectividad será el 2004-05

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo" MADRID. Viernes 21 de diciembre de 2001.

Apolillada la LRU, la enseñanza superior española estrenó ayer alardea el Gobierno nuevo traje para andar por Europa.El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU), apaleado en la calle y elevado a los altares por el Ejecutivo. PP, CiU y Coalición Canaria inclinaron la balanza al territorio previsto: 196 votos a favor; 134 en contra. Y punto y final del culebrón.Tras una batalla infinita, la LOU logró burlar la resistencia estudiantil.

«Esta ley universitaria es la más respaldada de nuestra reciente democracia», comentó radiante y grandilocuente Pilar del Castillo, titular de Educación. «Estamos ante un gran día de esperanza para el futuro de la Universidad española».

Vino a decir la ministra que con la LRU el sistema universitario iba a andar a pasitos cortos por la cola de Europa y que, con la LOU, nuestra enseñanza superior se calza unas botas de siete leguas para recuperar terreno. Sea como fuere, de momento, las nuevas pruebas de habilitación no estarán hasta dentro de un año. El primer curso sin selectividad será el 2004/5... Ayer, día en que la LOU vio la luz tras nueve meses de embarazo dialéctico, la oposición volvió a pedir la dimisión de la ministra. Fiesta y entierro, metió la pata la diputada socialista Carmen Romero, que por error votó a favor de la LOU. El Congreso entero asistió al sepelio de 18 años de LRU. Descanse en paz.

Habilitación. En la Ley de Reforma Universitaria, los tribunales de acceso al funcionariado docente estaban configurados por cinco miembros (dos del centro que convocaba la plaza). Con el nuevo sistema de habilitación, tanto los candidatos a profesorado permanente como los que concurran a puestos de catedrático deberán presentarse ante un tribunal de siete miembros, todos ellos elegidos por sorteo.

Elección del rector. Hasta ahora, el rector era elegido por el Claustro (órgano en el que está representada toda la comunidad universitaria). Con la LOU, los rectores serán votados por sufragio universal directo con una ponderación de votos que represente a cada sector.

Estudiantes. La patata caliente de la representación estudiantil queda en manos de los estatutos de cada universidad: dado que en sus manos está, con el tiempo se verá si los rectores se han manifestado por la mayor presencia institucional del alumnado.La LOU, por otra parte, no incluye a los alumnos en uno de los nuevos órganos, la Junta Consultiva.

Acceso a la Universidad. Se elimina la selectividad. Cada universidad realizará su propia selección del alumnado. Podrán elegir ellas mismas su filtro: test, examen, ponderación de las notas del Bachillerato relacionadas con la carrera de marras, entrevista...

Consejos Sociales. La ley arrima el ascua de la Universidad a la sardina de la empresa, con el riesgo de quemar los principios académicos en la hoguera de la rentabilidad económica. Estará más vitaminado que nunca el Consejo Social (CS), órgano que da cabida a las entidades privadas y a los partidos. El nuevo CS, desmedidamente engordado, podrá supervisar las actividades económicas, aprobar el presupuesto y la programación plurianual, dar la última palabra en el nombramiento del gerente, acordar la subida de sueldos del profesorado, supervisar el desarrollo de los presupuestos y hasta aprobar la creación de fundaciones.

Universidades privadas. Al igual que la LRU, la LOU mantiene un caldo de cultivo apacible para que crezcan como setas las universidades privadas. Aunque ni éstas ni las que pertenecen a la Iglesia católica tendrán voto dentro del Consejo de Coordinación Universitaria cuando se despachen asuntos tocantes a las públicas, la realidad es que se les sigue dejando manga ancha: el 75% de sus profesores no deberá pasar por el sistema de habilitación.

Agencia de Evaluación. Herencia del modelo anglosajón de la enseñanza superior, España contará con una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. La nueva institución proporcionará información a los estudiantes y a las familias de los mejores centros y las más destacadas facultades. Alardea el Ministerio de que «se fomentará la competitividad» entre los centros. En un contexto de bajada demográfica, ¿será para bien o para mal? Hay quien predice el cierre de las universidades menos punteras.

Profesorado. La LOU precariza la situación del profesorado eventual.Con la LRU, al menos sobre el papel, sólo el 20% de los docentes podía estar en situación de contratado. Con la nueva ley, la cifra de personal académico no fijo asciende hasta el 49%.

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«La ley se ha pensado y tramitado contra la Universidad»

Diario "El Mundo". MADRID. Viernes 21 de diciembre de 2001.

«Dimisión». La petición andaba en boca de la oposición en estos días y ayer se plasmó en la rueda de prensa de los socialistas posterior al Pleno.

«Esta ley se ha pensado y tramitado contra la Universidad», dijo Carme Chacón, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.«Le hemos preguntado a la ministra que cuánto tiempo puede durar en el cargo si a los rectores les dice que sólo quieren perpetuarse en su puesto, a los estudiantes les insulta llamándoles indocumentados manipulables y a los profesores les insinúa que sólo actúan por amiguismo... Por todo ello, le hemos pedido la dimisión».

A juicio de los socialistas, todo el proceso de tramitación de la LOU, que abrirá «un futuro de provisionalidad» en nuestra enseñanza superior, «sólo ha servido para denigrar a la Universidad pública».

Esta vez sí, los sindicatos salieron a la palestra a seguir con su resistencia contra la nueva ley. La mayoría de los empleados de las universidades estatales pararon durante una hora como muestra de reprobación al texto.

Inconstitucionalidad

CCOO solicitará a IU, PSOE y a los distintos gobiernos autónomos que se han manifestado públicamente en contra de la Ley Orgánica de Univesidades que interpongan recursos de inconstitucionalidad por ser una normativa que «atenta gravemente» contra las comunidades y la autonomía universitaria consagrada en la Constitución, informa Europa Press.

Este sindicato convocará una reunión para primeros del mes de enero de la Plataforma contra la LOU en la que están representados estudiantes, Personal de Administración y Servicios (PAS) y profesores para planificar las próximas movilizaciones, que tendrán carácter estatal y autonómico, según informó el propio sindicato en un comunicado.

El nuevo texto legal, ya sólo a falta de la sanción del Rey Juan Carlos I, se publicará, casi con total seguridad, en el Boletín Oficial del Estado la próxima semana. Hasta ese mismo día, todas las plazas que saquen a concurso los rectores (ya van más de 10.000 en el último mes y medio) eludirán pasar por la prueba de habilitación y serán tramitadas por el sistema de la LRU.

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Los rectores pedirán una nueva ley de universidades cuando cambie el Gobierno

Los responsables universitarios exigen al ministerio un cambio drástico de métodos y talante

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Jueves, 27 de diciembre de 2001

Los rectores pedirán una nueva ley que regule la educación superior 'en cuanto se produzca un cambio de Gobierno' porque consideran que 'existe el riesgo cierto' de que la recién aprobada Ley Orgánica de Universidades (LOU), publicada en el BOE el pasado día 24, 'no cumpla los objetivos' para mejorar la calidad de la educación superior. En un duro documento, la Conferencia de Rectores (CRUE), integrada por 66 de las 69 universidades públicas y privadas, exige al Ministerio de Educación 'un cambio drástico de métodos y talante'. El manifiesto añade que, aunque aplicarán 'la legalidad vigente', los rectores no van a renunciar a 'reivindicar un modelo distinto y de futuro para la Universidad'.

La nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) entrará en vigor el 13 de enero de 2002 (a los 20 días de su publicación en el BOE), aunque la puesta en marcha de algunos de los cambios más relevantes llevará mucho más tiempo. Las universidades calculan que sus estatutos tendrán que esperar al menos un año y medio, hasta ser aprobados por las comunidades autónomas. Pero además los estatutos señalarán casi con toda probabilidad, según los rectores, la necesidad de renovar el claustro y de elegir nuevo rector, lo que retrasará el proceso.

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, explica que los rectores 'no renuncian a pedir una nueva ley en cuanto haya cambio de Gobierno, porque la LOU no es la ley que necesita la universidad para las próximas décadas'. En la próxima legislatura Los rectores resaltan además que algunas medidas tardarán aún más en ponerse en marcha, como la desaparición de la prueba de la selectividad, prevista para el curso 2004-2005, cuando ya haya empezado la nuevalegislatura.

Ante la aprobación de la Ley de Universidades por las Cortes Generales, los rectores advierten al Gobierno que 'la etapa que ahora se abre exige un cambio drástico y profundo en las actitudes, los métodos y el talante del Ministerio de Educación, un cambio sin el que no será posible establecer el deseable clima de colaboración'. Los rectores afirman además que 'en un momento especialmente decisivo para la articulación, antes de 2010, de un espacio europeo integrado de educación superior, la LOU no aprovecha una gran oportunidad histórica: la de construir, sobre el consenso generalizado de la necesaria reforma universitaria, un nuevo contexto para el desarrollo, mejora y progreso de la enseñanza superior'.

Los máximos responsables de los centros superiores reiteran que la nueva ley 'representa una merma significativa de la autonomía universitaria' y destacan 'la ausencia de compromisos de financiación concretos que garanticen la suficiencia de recursos y la igualdad de oportunidades'.

Las universidades también critican 'las descalificaciones injustas contra el conjunto de la comunidad universitaria' realizadas por diversos miembros del Gobierno y la gestión política: 'Incluso en el escenario de una sólida mayoría absoluta, no ha sido adecuada, responsable ni respetuosa, y ha provocado un innecesario deterioro del buen clima social, académico e institucional'.

Estas manifestaciones y la decisión de pedir otra ley son el colofón a una relación, la del Gobierno y las universidades, que se ha ido crispando a medida que pasaban los días. De hecho, hoy sigue habiendo protestas, como la de medio centenar de estudiantes que están pasando las fiestas navideñas acampados en una calle en Sevilla para protestar contra la LOU.

Peticiones de cambio

Durante los últimos ocho meses, los rectores han pedido en reiteradas ocasiones modificaciones concretas en el contenido de la ley elaborada por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, así como que los cambios se debatieran con todos los miembros de la comunidad educativa y que se buscara el máximo consenso parlamentario. La CRUE llegó a solicitar a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que la ley se debatiera 'con sosiego y profundidad' en el Parlamento. Pero no obtuvieron ningún resultado, recuerda el presidente de la CRUE.

Tras no ser escuchadas las peticiones que se hicieron al Gobierno, añade De la Plaza, la CRUE manifestó su apoyo, así como muchos claustros y juntas de gobierno de universidades, a las movilizaciones convocadas por organizaciones de estudiantes y los sindicatos UGT y CC OO contra la nueva ley, e incluso más de una veintena de rectores acudieron a las manifestaciones.

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Ocho universidades tendrán que preparar campañas electorales en los próximos meses

La entrada en vigor, ayer, de la LOU inicia una intensa y polémica etapa de cambios en los centros

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid. Lunes, 14 de enero de 2002

Ocho rectores acaban su mandato en los primeros meses del año. La elección de sus sucesores se hará por sufragio universal ponderado, el método que introduce la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que entró en vigor ayer, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ésta será la primera reforma que introduce la nueva ley de la que se comprobarán los resultados en pocos meses.

La Universidad Autónoma de Barcelona ya anunció en diciembre las elecciones a rector para el 7 de marzo, otras lo harán en breve, entre las que encuentran la Autónoma de Madrid, Córdoba, Girona, Murcia, Politécnica de Cataluña, Santiago de Compostela y Valencia. Todos los rectores de estos centros menos dos han anunciado que no tienen intención de presentarse, casi todos porque ya estaban concluyendo su segundo mandato de cuatro años al frente del rectorado. Los estatutos de la mayor parte de las universidades limitan el número de los mandatos del rector a dos, aunque en algunos centros no establecen restricción alguna.

Por esta razón, algunos rectores, en los últimos meses se han molestado con las acusaciones que ha vertido sobre ellos el Gobierno de ‘querer ganarse electores’ al apoyar las protestas. Por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar (que no se presenta a la reelección), fue uno de los que advirtió a finales del pasado año que esta acusación ‘era una barbaridad’ y que demostraba el ‘desconocimiento del Gobierno de la situación real de las universidades’.

Según los rectores, las manifestaciones contra la LOU del pasado año no son nada comparado con las protestas que pueden producirse en numerosos centros en cuanto empiece a aplicarse la ley. Las asociaciones de estudiantes ya están planeando nuevas movilizaciones para este año, que organizarán para finales de febrero o principios de marzo, cuando los alumnos concluyan los examenes de la primera parte del curso.Una de las quejas más generalizada es la destitución que hace la ley de los claustros de las universidades (formados por el equipo rectoral y representantes de los profesores, estudiantes y del personal de administración y servicios). A partir de hoy, estos claustros ya no son válidos y las 48 universidades públicas españolas (sin contar la UIMP y la Internacional de Andalucía, que tienen un funcionamiento distinto) disponen de seis meses (que empezaron a contar ayer) para convocar elecciones deben escoger a los llamados claustros constituyentes con el mismo sistema que había con la anterior ley. Es decir, mediante elecciones en las que vota directamente toda la comunidad universitaria a los candidatos a representar a cada colectivo. El motivo de que se haya destituido a los claustros es que el Gobierno considera que no son los adecuados para elaborar los nuevos estatutos de las universidades. Pero los rectores atribuyen esta medida al afán del Gobierno por ‘acabar con cualquier representante nombrado con anterioridad a su ley’.

Esas elecciones coincidirán en el tiempo con las de rector que harán al menos ocho universidades y para las que se prevén campañas electorales al modo de las políticas para elegir a los nuevos candidatos. Y éste es precisamente uno de los primeros puntos espinosos que aflorarán de la aplicación de la nueva ley.

Varios rectores han asegurado a este periódico que el PP está ya ‘cultivando sus candidatos a rector, pero no entre los rectores actuales sino entre otros catedráticos’. De hecho, aseguran que los nombres de algunos de esos candidatos figuran entre los firmantes de los manifiestos de apoyo a la LOU. Entre esos presuntos candidatos que encabezaban la lista de catedráticos que apoya la reforma del PP están algunos que se habían presentado ya a elecciones anteriores a rectores, pero no habían salido elegidos. Entre ellos ellos están, por ejemplo, el catedrático de Medicina de la de Universidad de Zaragoza, Vicente Calatayud, y el catedrático de Química-Física de la de Valladolid, José María Hernando.

También el PSOE ha denunciado que la aplicación de la LOU pondrá ‘patas arriba’ la Universidad durante dos años, como señaló ayer a la Cadena Ser la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, quien anunció que su partido intentará ‘minimizar’ el daño de la LOU con iniciativas parlamentarias.

Y es que el calendario de aplicación de la ley no presenta pocas pegas. Según éste, todas las universidades deben elegir el claustro constituyente antes de 13 de julio. Sin embargo, en junio ya no hay clases en la mayoría de las facultades y escuelas. Por lo tanto, junio y julio son meses en los que no se puede contar con la participación de los estudiantes, sobre todo, si se tiene en cuenta que una parte de ellos no estudian en la misma localidad de su residencia familiar.

Los responsables de las universidades se preguntan si los meses de verano serán hábiles a la hora de contar el plazo de aplicación de las medidas. Además, advierten que para la elaboración de los estatutos (para los que hay un plazo de nueve meses) es también un problema que cuenten junio y septiembre porque los profesores suelen irse en agosto pero los estudiantes no vuelven hasta que empiezan las clases. En junio y en septiembre, los alumnos que van a la universidad es para preparar o realizar exámenes.

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La LOU arranca obligando a crear nuevos claustros

Diario "El Mundo". 14-01-02. MADRID.

Las universidades públicas españolas tienen hasta julio para constituir los nuevos claustros encargados de elaborar los estatutos que regirán la vida académica conforme a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que entró ayer en vigor.

Tras su publicación el 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la LOU entró ayer en vigor, salvo en lo referente al nuevo sistema de acceso a las universidades que sustituirá la selectividad, que se mantendrá, previsiblemente, hasta el curso 2004-2005. La convocatoria de elecciones a claustros, cuya composición estará regulada por la Junta de Gobierno de la Universidad, es una de las consecuencias más inmediatas de esta ley orgánica.

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La LOU ya es ley

Cuando se aprobó en el pleno del Congreso, a finales de diciembre, el último trámite de la votación de las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica de Universidades, la Sra. ministra respondió, en pie, agradeciendo los nutridos aplausos que le propinaban desde su grupo parlamentario. No pude ver si el grupo catalán de Convergencia y Unió y el de Coalición Canaria también aplaudían. El sentido de los aplausos de los populares era, sin duda, por haber logrado acabar un trámite parlamentario que había sido tan discutido y tan accidentado. ¿Cuántos de ellos aplaudían también porque pensaban que habían sacado a la Universidad de la corrupción y de la defensa de intereses mezquinos? ¿Por qué aplaudían los diputados de Convergencia y Unió? ¿También podían pensar que habían liberado a la Universidad de sus males? Creo que muchos estaban, al votar y al aplaudir, más tristes y más confusos que cuando perdían una votación. Y creo, o mejor dicho sé, que ese resultado también ha creado desasosiego en más de un diputado del Partido Popular. Los más sensatos han contemplado con preocupación las toneladas de cieno y de basura que se han vertido sobre los rectores, sobre las Universidades, sobre los profesores, sobre el personal de administración y servicios, e incluso sobre los estudiantes, a los que se ha acusado de tontos útiles y de ignorantes.

¿Cómo pueden, de repente, dejarse de lado las cifras y las estadísticas que describen, sin duda, una mejora importante de la Universidad española, de su docencia, de su investigación, de sus relaciones en I+D con las empresas y con la sociedad en general? ¿Cómo puede, de repente, abandonarse el respeto y el sentido del equilibrio, y construir una acusación masiva contra todos los rectores y demás dirigentes académicos, acusándoles de corrupción, de mal uso de los medios públicos, de defensa de intereses particulares, de colocación de sus amigos y de otro sinnúmero de fechorías y de desmanes?

Pero sobre todo, ¿cómo puede la ministra responsable y sus colaboradores impulsar una campaña gigantesca de desprestigio de la Universidad cuando su función debe ser, según creo, apoyarla, defenderla y promover su desarrollo? ¿Es que consideraban que la única forma de salir de la crisis era destruir lo existente y empezar de nuevo con la Ley Orgánica de Universidades? ¿Estaba justificada una tan alta opinión de sí mismos y una tan baja de todos los demás responsables universitarios? Y sobre todo, ¿eran papel mojado, eran impulsos vacíos, los esfuerzos que muchos de nosotros habíamos realizado durante años? ¿Estaban confundidas las Universidades europeas y americanas cuando venían a buscar a alguna de nuestras Universidades, por su calidad y por su excelencia? En definitiva, ¿estaba justificada la arrogancia y la prepotencia, el trato despectivo y desconsiderado con el que habíamos sido distinguidos personas e instituciones, antes honorables, y que habíamos pasado a ser despreciables, sospechosas y culpables de un sinnúmero de males?

Todo esto me lo preguntaba yo al ver a la Sra. ministra responder con ademanes de agradecimiento a los cerrados aplausos de sus correligionarios. ¿Estaría pensando que había salvado a la Universidad de sus vicios o simplemente que había logrado aprobar una ley contra viento y marea, como una heroína de tragedia griega que había luchado contra los malos y les había vencido, o ambas cosas?

En todo caso, podía ser una victoria pírrica. Ni un solo rector, ni una sola junta de gobierno, ni un solo claustro la habían apoyado, y había dejado, con las vacaciones, a todas las Universidades en pie de guerra.

Sin duda seguirán recursos de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, recursos de amparo y contencioso administrativos, por quienes pueden plantearlos y consideran que la Ley puede tener contenidos inconstitucionales o que los numerosos reglamentos de desarrollo pueden ser inconstitucionales o ilegales. No es éste el tema de esta reflexión, pero sin duda habría que evitar la demonización de los recurrentes y una nueva campaña mediática poco rigurosa y muy insultante. Quien esto escribe ha sido atacado como uno de los líderes de la protesta.

Todavía el último día del año un distinguido jurista me hace dirigente de un estridente griterío, que dice se ha venido abajo como un castillo de naipes una vez aprobada la LOU. A la falta de respeto por el discrepante, por quien no dice amén y expresa su desacuerdo, se une un gran desconocimiento de la vida universitaria. Haría mal la Sra. ministra en hacer caso a estos aduladores. Probablemente le hubiera ido mejor si hubiera escuchado a muchas leales voces discrepantes. Pero la posesión de la verdad y la descalificación de las opiniones adversas, en una alianza entre leninismo y agustinismo, le impidieron intentar siquiera acercar posiciones. Lo que la Sra. ministra llama diálogo no es sino una vana repetición de sus argumentos, sin ningún intento por comprender las posiciones que expresaban diferencias o desacuerdos.

A esas voces individuales, como la mía y a las de otras autoridades académicas, y de los colectivos universitarios, se les han opuesto insultos, descalificaciones, burlas y calumnias de muchos mercenarios de la pluma, y de muchos entusiastas que sin necesidad se han unido al coro de las imprecaciones, sin precio, y como amateurs. Expresaban estos últimos sus frustraciones, sus envidias y sus obsesiones.

Pero nada de eso va a cerrar la boca a la Universidad. Si dejásemos de decir lo que pensamos estaríamos en una Universidad muerta. Por eso hay que responder al poder con palabras de Quevedo:

No he de callar, por más que con el dedo
Ya tocando la boca o ya la frente
Silencio avisos o amenaces miedo
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Éste es el panorama con la aprobación de la Ley, en el marco de una amplia convocatoria de plazas, también atribuida como mal absoluto a los rectores, y con un desprecio total por los miles de candidatos que llevan años y años haciendo el cursus honorum de la carrera universitaria. De nuevo el maniqueísmo. Estos candidatos son corruptos y consecuencia del amiguismo. Los que vendrán después, muchos que aún ni siquiera han iniciado su carrera universitaria, serán puros, decentes, competentes, universitarios, frustrados en sus aspiraciones por esta cohorte de pedigüeños. Una vez más la generalización de la mentira y la falta de respeto.

Hay mucha herida viva, mucha tensión y mucha irritación en la Universidad entre todos los sectores, y haría mal la Sra. ministra en persistir en el talante y en la metodología que le han llevado hasta el punto actual. Eso sólo puede desembocar en una catástrofe. Se debe cambiar el estilo, el mensaje y el tono de voz. Se deberá devolver el respeto a las instituciones universitarias, que lo han perdido porque han sido despojadas de su dignidad, y restaurar el diálogo de buena fe. Y a cada Universidad reparar los agravios particulares que ha sufrido. Yo sólo puedo hablar de los ciento cincuenta millones no aprobados pese al acuerdo en firme con el anterior ministro, Sr. Rajoy, para subvencionar la construcción de Colegios Mayores y Residencias de estudiantes. Si fue su castigo por ser discrepante, debe ser levantado, si se desea un nuevo clima o simplemente porque es injusto y arbitrario. Otros tendrán otros agravios, aunque no sé si podrán poner como testigos del suyo a Mariano Rajoy y a Jorge Fernández como yo puedo hacerlo en relación con la Universidad Carlos III.

Si no se hace un cambio de rumbo, mala tempora currunt para las Universidades y para la paz social. De la responsabilidad del Gobierno y de la ministra hay que esperar esos gestos pacificadores. Aun así nada es seguro, y desde luego los próximos años van a ser de turbulencia. Nosotros no hemos empezado, ni somos responsables únicos de que todo termine bien. Nunca hemos faltado al respeto debido a las autoridades del Ministerio ni a la ministra. Bastaría que nos imitasen aunque sólo fuera en eso.

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La primera universidad en aplicar la LOU se cree víctima de un ‘atropello’

Una asesora de Educación pide una de las plazas criticadas por Del Castillo

La Universidad de Valencia será la primera que tendrá que organizar una campaña electoral a rector con el sistema de sufragio universal ponderado que señala la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). Este centro debe costear unos comicios, previstos para el 26 de febrero, para 55.648 electores, lo que es un ‘atropello’ y ‘estrangulará’ su presupuesto, según su rector, Pedro Ruiz. Una asesora del ministerio, María José Canel, ha pedido una de las plazas criticadas por la ministra de Educación, Del Castillo.

La Universidad de Valencia aprobó ayer ‘obligada por imperativo legal’ adecuar el procedimiento de elección a rector a las exigencias de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que entró en vigor el domingo. La preparación del proceso electoral duplica la organización de las mesas y colegios electorales para un censo de 36.000 votantes de una ciudad como, por ejemplo, Benidorm.

El número de mesas electorales, interventores, dietas, papeletas y la puesta en marcha de todos los mecanismos de publicidad (videoconferencia, medios impresos universitarios y folletos), según el rector saliente Pedro Ruiz, ‘dispara los costes de la elección’ y ‘estrangula el presupuesto ordinario’ de la institución.

La nueva normativa imprime una ‘distorsión’ en el resultado, según Ruiz, ‘al fijar un voto corporativo de catedráticos y funcionarios doctores que tiene un peso del 51%, independientemente del número de votos emitidos por este estamento’. Con este mecanismo da igual que voten 10 o los 1.801 funcionarios doctores que tiene esta institución: su voto siempre valdrá el 51% del total de los votos válidos emitidos. Sin poder cuantificar aún los costes, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia optó ayer por minimizar el impacto de este cambio y el PAS (1.649) y los estudiantes (50.226) cedieron para que el voto del resto de los docentes tenga un 13% de representación. También desaparecen la opciones del ‘voto en blanco’ y la ‘abstención’, dando paso ‘a una situación sin precedentes en ningún sistema electoral’, según Ruiz.

Por otro lado, María José Canel, asesora de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, se presentó la semana pasada a una de las plazas de profesor titular que sacaron las universidades el pasado año, según Comisiones Obreras. Desde el ministerio no le dieron ayer ‘ninguna importancia’ a este hecho, a pesar de que la ministra calificó en su día dicha convocatoria de ‘barbaridad’ y el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, manifestó que las plazas salían para ‘colocar a los colocables’. Se trata de una plaza en Ciencias de la Información en la Complutense, cuya segunda prueba se celebrará mañana. El ministerio aclaró que ‘otros asesores de ministros se han presentado a plazas como esa’ y que Canel ‘se apuntó antes de las convocatorias masivas’.

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El PSOE recurrirá la LOU ante el Constitucional

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". Jueves 17 de enero de 2002.

Llegó la Ley Orgánica de Universidades a su destino, entró en vigor la LOU el lunes y al final del túnel salieron juntos rectores y oposición socialista, codo con codo ayer, previsible matrimonio de conveniencia por culpa de la reforma del Gobierno.Más madera: habrá un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.

«Vamos a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional», anunció Jesús Caldera, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.«Lo único que hace esta ley es que el poder político controle mejor las universidades».

Se dejó fotografiar ayer Saturnino de la Plaza, presidente de los rectores, con la comitiva del PSOE, como dejándose querer.Desapareció a la hora de hablar, eso sí. Los dirigentes de las universidades han encargado ya un dictamen jurídico para ver los agujeros de la ley. Y sólo con el estudio en la mano expondrán su postura.

El armazón del recurso contra el texto se edificará sobre la piedra de la «lesión de la autonomía universitaria» que trae la norma. Lo dejó entrever Carme Chacón, secretaria del partido en temas de Educación: «No es de recibo que haya personas ajenas al mundo académico en el Gobierno de las universidades. Los políticos no deben decidir cuántas horas se dan de una materia y de qué va una asignatura».

Habrá pues recurso de inconstitucionalidad, a pesar de que a principios de la semana, José Luis Rodríguez Zapatero, secretario general de los socialistas, indicara que «no era la mejor vía» para plantar batalla en el planeta LOU.

Cosas de cambiar la estrategia, el PSOE ultima ahora una nutrida artillería parlamentaria en su rifirrafe con los populares. El objetivo explícito: «defender los intereses de los ciudadanos», en palabras del principal partido de la oposición. El objetivo implícito: «calentar la presidencia española de la Unión Europea» con leña estudiantil, en palabras de un portavoz ministerial.

Promoverán los socialistas iniciativas en el Congreso que procuren una mayor financiación para la Universidad española (a la cola en el gasto por alumno junto a Grecia); solicitarán un incremento de las becas; pedirán mejorar la investigación; impulsarán medidas para fomentar un igualitario acceso del alumnado a la enseñanza superior... Los últimos cartuchos contra la nueva norma.

De visita por Lisboa, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, mostró ayer sus dudas sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor del recurso de PSOE, informa Begoña Pérez. La LOU «seguirá su curso», dijo. «El PSOE puede presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero la ley es perfectamente constitucional». En dos o tres años, la respuesta.

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El PSOE pide que el secretario general de Universidades se explique en el Congreso

Rectores ensalzan a Ortega y culpan al Gobierno por criticar las plazas

S. PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Viernes, 18 de enero de 2002

El PSOE pedirá la comparecencia en el Congreso del secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega, un alto cargo del Ministerio de Educación, ‘para que explique por qué se presentó a la convocatoria de plazas docentes criticada por la ministra Pilar del Castillo, y las razones por las que la ministra no tenía razón al criticar esa convocatoria’, dijo ayer la responsable socialista de Educación, Carme Chacón. Diversos rectores ensalzaron la trayectoria y el talante de Ortega y culparon al Gobierno por ‘criticar unas plazas incriticables’.

La convocatoria masiva de plazas suscitó las críticas del Gobierno, cuyo vicepresidente segundo llegó a decir que estos puestos eran para ‘colocar a los colocables’. Los socialistas consideran que el hecho de que se hayan presentado altos cargos del Gobierno a estas palzas sólo puede tener dos explicaciones: ‘que el ministerio está lleno de personas incolocables o que la ministra mintió al criticar la convocatoria para justificar una reforma partidista de la universidad, la de Ley Orgánica de Universidades’.

La ministra dijo que la convocatoria tendría ‘consecuencias nefastas’ y que era ‘pan para hoy y hambre para mañana’ porque ‘cerraría las puertas a profesores que se están formando’. Chacón añadió que ‘se ha producido una grave incoherencia política porque Ortega ha admitido que la razón que le ha movido a pedir esa plaza antes de la entrada en vigor de la nueva ley es el parón que va a provocar la LOU en la convocatoria de plazas durante dos años, algo que ha negado la ministra’.

Diversos rectores manifestaron ayer su apoyo a Ortega. El rector de la Autónoma de Barcelona, Carles Solà, destacó que le consta ‘la honradez de Vicente Ortega’. Y añadió: ‘Pero también hay que valorar que Ortega, que pertenece a la esfera gubernamental, haya ratificado de manera explícita las observaciones hechas por la Conferencia de Rectores (CRUE) del parón que va a haber en el proceso de selección del profesorado, con lo que ha descalificado las críticas de la ministra a las plazas’.

También el rector de la Carlos III, Gregorio Peces-Barba, señaló que Ortega es una persona ‘acreditada de sobra’ y que ‘el problema es que se ha producido tal campaña de intoxicación por parte del ministerio que todo está bajo sospecha, y eso es responsabilidad de la ministra y de su equipo’.

El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar, destacó que Ortega ‘aparte de tener un excelente currículo es una de las personas del Gobierno que ha tenido una actitud más dialogante’. Y añadió: ‘Lo que no me parece legítimo es que ni la ministra ni Rodrigo Rato hayan descalificado todas esas plazas’.

El rector de la Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, se expresó de este modo: ‘Como rector de la universidad convocante de la plaza a la que se presenta Vicente Ortega puedo asegurar que este centro pretende su reincorporación para que continúe el magnífico trabajo que como catedrático ha desarrollado en esta Universidad a lo largo de muchos años’. De la Plaza añadió que ‘en 1999 se acordó, siguiendo los pasos establecidos, convocar esa plaza, que se ha paralizado hasta fecha reciente, que se ha procedido a publicar en el B.O.E., para que el retraso que pueda producir la regulación de los concursos de acceso de la LOU no impidiese su posible reincorporación inmediata a la universidad, en el supuesto de que dejara su actual función, cosa que, por otro lado, no deseamos que se produzca próximamente por el gran trabajo que desarrolla en este puesto’.

También el ex director de la Fundación Universidad Empresa, Antonio Sáenz de Miera, señaló que ‘desde hace casi 25 años Vicente Ortega está en la brega al servicio de la comunidad universitaria’ y añadió que sería ‘injusto’ y ‘ridículo’ que se pueda ‘pensar ahora que haya tratado de aprovechar una coyuntura favorable’.

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Los rectores piden al Gobierno participar en la redacción de los decretos que desarrollen la LOU

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Sábado, 19 de enero de 2002

Los rectores comunicaron ayer al Gobierno que están ‘dispuestos a colaborar en la elaboración de los decretos que desarrollan la Ley Orgánica de Universidades (LOU) si el ministerio les permite participar en su redacción’, según el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza. Varios rectores mantuvieron ayer un encuentro con el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, a propuesta del Gobierno, para tratar este tema.

Sin embargo, De la Plaza reiteró que los rectores ‘siguen rechazando la LOU’, pero que ‘en este momento del proceso lo importante es que el desarrollo de la LOU sea el mejor posible’ y añadió que ‘las universidades han empezado ya a colaborar con las comunidades en la preparación de los desarrollos reglamentarios que son de su competencia’.

Iglesias de Ussel manifestó la voluntad del ministerio de seguir colaborando ‘activamente en el trabajo en común en pro de la Universidad’, informa Europa Press.

Respecto al posible apoyo de los rectores a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la LOU por el PSOE, De la Plaza señaló que los rectores ‘no han hablado aún con los socialistas de apoyar ni de dejar de apoyar ese recurso’. La CRUE ‘está esperando a tener el dictamen que ha encargado sobre el respeto de la autonomía universitaria en la ley y, si éste presenta algún punto dudoso, apoyará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del PSOE’, añadió.

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Lección universitaria

JOSE MARIA MARCO. Diario "El Mundo", lunes 21 de enero de 2002.

os chicos y las chicas que salieron a manifestarse contra la Ley de Universidades no conocen otro Gobierno que no sea el del Partido Popular. No sólo Franco o Suárez son pre históricos.También lo es Felipe González, que dejó de gobernar cuando estaban como mucho acabando el bachillerato. Lo comentaba un amigo profesor cuando intentaba comprender lo ocurrido durante la discusión de la Ley. Hay más. Los estudiantes que se han manifestado contra la Ley de Universidades, como los que se manifestaban hasta hace poco tiempo contra la globalización, son un nuevo repunte de una ola de radicalismo nacida hace más de 30 años. Alcanzó su clímax en los 70 y se vino abajo cuando arreció la crisis económica.Aquellos rebeldes no pudieron seguir haciendo la revolución con el dinero de sus padres.

Los rebeldes se metieron a funcionarios, que es la vocación de casi todos los rebeldes de esta clase. Y muchos de ellos siguieron cultivando su radicalismo al calor de las aulas universitarias.Apenas tuvieron eco hasta que otra década de prosperidad llevó a la universidad a una nueva generación criada, como ellos mismos, en años de riqueza. Así han vuelto a florecer radicalismos que parecían olvidados. Es probable que la recesión económica, aliada a las consecuencias morales que se derivan de los atentados del 11 de Septiembre, paren otra vez el movimiento. No es seguro.

En las manifestaciones pudimos asistir al espectáculo de un revival histórico. Allí estaban los jóvenes que emulaban una rebelión antigua. Estaban algunos profesores, un poco desvaídos, que se encargaban de suministrarles las consignas gracias a las cuales ellos mismos reencontraban algo de la juventud ¡ay! perdida.Y como guinda, con un papel difícil de entender, los más de los rectores, o mejor dicho, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), porque estos grandes caciques, que representan lo peor de la universidad pública española, parece que merecieran un nombre arcano, evocador de entidades matroniles un poco monstruosas, como deidades de la sustancia más oscura y corrompida de la vida.

En una de las últimas sesiones parlamentarias dedicadas a la discusión de la Ley, en el Senado, se oyó una voz salida de los bancos de izquierdas y dirigida a Pilar del Castillo: «¡Roja!».Era lo que faltaba para completar el cuadro anterior. El lado político de la situación rubricaba con cierto ingenio, hay que reconocerlo un balance desolador. La izquierda española clásica no se ha apeado todavía de esa convicción según la cual posee el monopolio de la educación, por la gracia no se sabe si de Giner de los Ríos, de Pablo Iglesias o de los dos a la vez.

Gritarle «roja» a la ministra de Educación del Gobierno del Partido Popular es una llamativa declaración de impotencia, que merecería más largo comentario. Nos bastará con constatar que los partidos de izquierda, habiendo descartado cualquier consenso, no han sabido ni querido articular en un proyecto consistente los intereses opuestos a la reforma.

En contra de lo que se podría pensar, la abdicación de la oposición no favorece al Gobierno. La reforma de la universidad era inaplazable, todo el mundo lo reconocía. Estaban detectados los problemas más graves gracias a informes previos ampliamente respaldados por la comunidad universitaria, como el informe Bricall. Y por parte del Gobierno, que se había comprometido a hacer la reforma, existía una voluntad de diálogo nunca desmentida a lo largo de todo el proceso.

Lo demuestran las incorporaciones al texto de la Ley. El Ministerio aceptó diluir la presencia de elementos ajenos a la universidad en el Consejo de Gobierno de cada una de éstas, respondiendo al celo con que la CRUE esconde a la vista del público la pudorosa intimidad institucional de la universidad. También se simplifica el trámite de elección de los rectores, criaturas delicadas que han de ser preservadas del aire libre. Cambia el tipo de contrato del profesorado no funcionario, más estable. E incluso se han rebajado las exigencias a las universidades privadas, esto último para no poner en peligro la Universitat Oberta, esa peculiar universidad privada dependiente de la Generalitat de Cataluña.

En fin, no se ha mejorado el texto primero, pero tampoco ha empeorado mucho. La ley que ha salido es probablemente la que era posible hacer. Introduce flexibilidad, criterios de calidad, exigencias a la hora de contratar al profesorado, incentivos para la investigación, algo más de transparencia en la gestión y oportunidades nuevas para conseguir financiación. Las universidades que quieran aprovechar la ley para investigar, adecuarse a los mercados y a la realidad social y ofrecer una enseñanza mejor podrán hacerlo. Las que no, se irán quedando atrás, por mucho que desde los poderes locales se favorezca a las universidades de casa. El distrito único y la segura aparición de instrumentos de evaluación independientes, ahora que la Agencia Nacional de Evaluación ha quedado devaluada con la agencias regionales, harán el trabajo. Gracias a esta Ley la sociedad española podrá progresar, si quiere.

No es pequeña cosa. Y sin embargo, el poso que ha quedado al final del proceso es decepcionante. Lo peor llegó al final, cuando el Ministerio descubrió con estupor que enfrente tenía un lobby dispuesto a todo, incluida la estupenda cacicada de colocar a 10.000 amigos de una vez. Eso significa la parálisis de la universidad pública española durante los próximos 10 años. Deroga de hecho una parte muy sustancial de la reforma, la que afecta a la selección del profesorado y deriva hacia el capítulo de personal fondos que podrían ir dedicados a investigación. Para hacer algo así, en otros tiempos, había que ganar una guerra civil, o por lo menos dar un golpe de Estado. A esa situación ha llegado la universidad pública española.

El Ministerio tiene su responsabilidad en el fracaso. Descartada la oposición política, convenía haberle tomado la medida a la verdadera oposición. Y haber obrado en consecuencia, apoyándose en los sectores dispuestos a respaldarla: una parte importante de los alumnos (que no fue a la huelga), la mayoría del profesorado, sobre todo en áreas científicas y técnicas, los investigadores jóvenes y una minoría académica ilustrada con acceso a los medios de comunicación.

Tampoco la opinión pública era contraria a una reforma que formaba parte del programa del Gobierno del PP. A pesar de todo, ha prevalecido la desconfianza ante la opinión, como si desde el Ministerio se pensara que en la sociedad española prevalecen los prejuicios ideológicos. Ni se ha explicado bien la Ley, ni se le han marcado a los españoles unos objetivos y unos desafíos sensatos positivos, claros. Tampoco ha habido comparaciones con otros países, análisis comprensibles, reportajes en la televisión (¡pública!), voluntad de demostrar y convencer.

Al Ministerio le falla la pedagogía. De ahí la sensación de una oportunidad perdida. No lo será del todo si se saca la lección para lo que se avecina, que es el debate sobre la Ley de Calidad en la enseñanza. Para entonces, los responsables políticos deberían tener claras algunas cosas. Y es que por muy ruidosas que hayan sido las manifestaciones, no hay en España ideologías que valgan.

Incluso los esforzados jóvenes que se han manifestado detrás de los rectores sabrán para entonces de qué sirven los radicalismos ideológicos. Pero será demasiado tarde: ya no habrá sitio para colocarles a ellos.

José María Marco es historiador.

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El PSOE pide que se contraten docentes con el sistema de la LRU

Diario "El Mundo". Jueves 31 de enero de 2002. MADRID.

El PSOE presentó ayer en el Registro del Congreso una proposición de ley de reforma de la LOU, con el fin de que las universidades puedan contratar a profesores de forma provisional conforme a la anterior ley, la LRU de 1983, hasta que esté desarrollada la legislación vigente, informa Servimedia.

La iniciativa de los socialistas surge a los 17 días de entrada en vigor de la LOU, que aprobó el pleno del Congreso el pasado 20 de diciembre. La proposición de ley pide que se introduzca una disposición transitoria en la LOU que autorice a las universidades públicas a contratar profesorado de acuerdo con las normas de la ley derogada, en tanto que las comunidades autónomas no hayan aprobado el régimen de personal docente e investigador contratado.

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria socialista de Educación, Carme Chacón, aseguró que la «chapuza» de la LOU ya ha empezado a dar sus primeros frutos, y para evitarlos el PSOE presenta esta iniciativa.

Chacón emplazó al PP a «bajarse de la soberbia» y que permita a las universidades «seguir trabajando y tener cobertura legal para contratar», con un voto favorable a la propuesta del PSOE.Julio Iglesias de Ussel, secretario de Estado de Universidades, calificó la propuesta socialista como «disparatada» y hecha con el «ánimo de distorsionar».

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El Consejo Consultivo de la Generalitat cree que la LOU es inconstitucional

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Madrid. Diario "El País", Miércoles, 6 de febrero de 2002

El Consejo Consultivo de la Generalitat considera que pueden ser inconstitucionales dos artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que hacen referencia a la homologación de títulos, la convocatoria de plazas de profesores y al trato que reciben las universidades católicas. Este dictamen del máximo órgano jurídico consultivo de la Generalitat ha sido realizado a petición de los tres grupos de izquierda del Parlament, ERC, ICV y PSC-CpC, como paso previo para presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También el grupo socialista llevará al primer pleno del año del Parlamento andaluz, que se celebrará los días 13 y 14 de este mes, una propuesta para interponer recurso de inconstitucionalidad. Los ‘pilares básicos’ que justifican la presentación de este recurso, según el grupo socialista, es que el Gobierno central no ha tenido en cuenta las competencias de las autonomías ni ha contado con la opinión de los estamentos universitarios.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunció ayer en el pleno del Consejo de Universidades que antes de verano se aprobarán tres decretos referidos al sistema de habilitación, al de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y a la constitución del Consejo de Coordinación Universitaria, que sustituirá al Consejo de Universidades.

La ministra, que hizo un repaso de distintos puntos de la ley, calificó de ‘positiva’ la reunión de este consejo (integrado por los rectores de las universidades públicas, representantes de las comunidades autónomas y 15 miembros designados por el Congreso, el Senado y el Gobierno). Sin embargo, según los rectores, el encuentro se vivió con ‘escepticismo’ y con la sensación de que ‘la ministra no ha sido capaz de resolver las dudas sobre cómo se llevará a cabo la contratación de los profesores’.

Abandono de las carreras

Del Castillo presentó, además, en el pleno los resultados de la tercera convocatoria del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, que ha evaluado 283 titulaciones de 55 universidades (la evaluación es voluntaria). Según el informe, la tasa de abandono en los dos primeros años alcanza el 24% para titulaciones de ciclo corto y el 30% para las de largo. Las titulaciones de ciclo corto de Ciencias de la Salud son las que mayores tasas de éxito tienen y las que registran un mayor porcentaje de estudiantes que finalizan la carrera en los años previstos (el 78%). Le siguen las de ciclo corto de ciencias sociales y jurídicas. Las tasas más bajas de éxito y los promedios más altos de duración corresponden a las de enseñanzas técnicas. En este caso, en las titulaciones de ciclo corto, el 11% de los alumnos concluye en los años previstos, mientras que en las de ciclo largo lo hacen un 15%.

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RECORTES LEY DE CALIDAD

Los expertos y la oposición ponen en duda que la reválida mejore la calidad de la enseñanza

Las organizaciones educativas alertan de que la reforma dejará fuera del sistema a muchos alumnos

El aumento de exámenes que provocará el proyecto de implantar la vieja reválida para obtener el título de bachillerato y acceder a la Universidad pone en duda la idoneidad de esta medida para elevar la calidad del sistema educativo, según los expertos consultados y la oposición socialista. Éstos contrastan el aumento de exámenes con la falta del compromiso del Gobierno, por el momento, de aumentar los recursos para elevar de forma efectiva la calidad del sistema. El endurecimiento del sistema evaluativo (con la reválida más la prueba específica de cada universidad o facultad) provocará previsiblemente, según este análisis, que muchos alumnos se queden fuera del sistema, lo que aumentaría el fracaso escolar en el bachillerato.

Cuando aún no se han extinguido los ecos de las protestas multitudinarias por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Gobierno ha sorprendido a los interlocutores educativos con algunas de las líneas fundamentales de la nueva Ley de Calidad, que aún no ha sido comunicada formalmente a las comunidades y agentes sociales.

Tras la reválida, los alumnos tendrán que superar casi con toda probabilidad una segunda prueba que será decidida por las universidades, posibilidad que les otorga la recién aprobada Ley Orgánica de Universidades (LOU). El presidente de los rectores, Saturnino de la Plaza, señaló ayer que un sistema ideal ‘no debe impulsar la multiplicación y proliferación de pruebas’.

En Cataluña, la consejera de Educación de la Generalitat, Carme Laura Gil i Miró, ha señalado que ‘es improcedente tanto académicamente como psicológicamente, que un alumno de 18 años que haya aprobado el bachillerato tenga que enfrentarse a una prueba de reválida en unas materias en las que ya ha sido evaluado y además enfrentarse en unas pruebas para entrar en una determinada facultad’, informa Mar Padilla.

La titular de Enseñanza de la Generalitat añadió que, si finalmente se concreta la ampliación de la reválida, el Gobierno catalán impulsará un acuerdo con las universidades para que la reválida sirva de prueba de acceso. ‘En Cataluña estamos ya estudiando, junto con el consejero de Universidades, que esta supuesta prueba de bachillerato debidamente ponderada con el currículo del estudiante, fuera la prueba que se utilizara para entrar en las facultades’.

Sin embargo, como señala el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, ‘parece difícil pensar que las universidades puedan utilizar la nota de reválida y del bachillerato para la selección con el mismo rasero de los estudiantes que lleguen a una universidad desde toda España’.

Identifican, no mejoran

Sobre las pruebas, hay que señalar dos aspectos, dice el catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona César Coll: ‘Primero, lo que hacen las pruebas, en el mejor de los casos, es identificar el nivel de calidad, pero no mejorarlo, y segundo, una cosa es evaluar el sistema, que está bien, y otra usar esos resultados como elemento de certificación que tenga consecuencias directas sobre el futuro de los alumnos’. Además, añade Coll, ‘no he oído que vaya a haber un cambio de política sobre los factores de calidad, es decir, una actuación sobre factores como el tipo de alumnado o la concentración de determinados tipos de estudiantes en algunos centros. El Gobierno achaca todo a las leyes y no a las políticas que instrumentan las leyes’.

El catedrático de Educación Comparada de la UNED José Luis García Garrido opina que ‘hacer hincapié en las evaluaciones es una cuestión casi inevitable, lo que no quiere decir que sean buenas o malas’. ‘Pero es difícil abstraerse de esa tendencia. Además, en este país hemos llegado a unos niveles desajustados de rendimiento. Otra cosa es la utilización que se haga de esas pruebas para excluir o no y dar posibilidad de que un chico reaccione a tiempo y consiga llegar a la universidad. Yo creo que bastaría uno al final del bachillerato, y estaría bien incluir pruebas orales flexibles, que reconduzca al alumno a alguna parte y que políticamente se plantee bien y con recursos’, añade García Garrido. ‘Después de esa prueba, sería partidario de que hubiera los exámenes mínimos posibles de acceso a la universidad’, aclara.

El rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carles Solà, explica que ‘es poco probable que vaya a dejar de haber pruebas de acceso en las universidades en todas las carreras’. ‘No es posible que carreras como Medicina y Veterinaria no hagan exámenes de acceso porque la demanda supera mucho la oferta y hay consenso social de que la oferta no se debe aumentar’.

Sin embargo, la Asociación de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, considera que es ‘necesaria’ la reválida, pero que además se debería aumentar el bachillerato un año más, según manifestó su portavoz, María Pilar Cavero.

Otro de los aspectos polémicos es el aumento de las repeticiones de curso permitidas. En la ESO (que tiene cuatro cursos) ya se puede repetir dos veces (si no se ha repetido ninguna en primaria) y una (si se ha repetido). Por lo tanto, los alumnos que hayan repetido dos veces ya llegan con 16 años a tercero de ESO, donde serían desviados al cuarto itinerario ‘de los fracasados’ que planea poner el ministerio, el que sustituiría a la actual garantía social. El único curso que no se puede repetir en la ESO es primero, por lo que hacer este curso repetible sería el cambio que introduciría la nueva ley en este aspecto.

En primaria, actualmente se puede repetir una vez. A los niños de estas edades (de 6 a 11 años) se pone un sello de ‘repetidor: fracasado: mal estudiante’ si se les hace repetir más de una vez, señala la presidenta de la confederación laica de padres Ceapa, Eulalia Vaquero.

‘Si un niño que tiene dificultades en la escuela tiene un profesor que se las soluciona, puede sacarle adelante. La promoción automática así como así, sin controlar el nivel de cada niño, no vale, pero repetir por repetir, tampoco. Es traumático para un niño de 10 años estar en una clase con niños de 8 o de 7 años. Se convierten en niños desmotivados ya desde la infancia y difíciles de recuperar’, explica Vaquero.

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Zapatero llama a movilizarse contra la "regresión educativa"

"Empezamos a tener niveles preocupantes", declara Aznar en apoyo de la reválida

JUAN G. BEDOYA. Diario "El País", Madrid, Miércoles, 6 de febrero de 2002

José María Aznar relacionó ayer los niveles de exigencia del sistema educativo con el hecho de que muchos estudiantes sean incapaces de escribir veinte líneas sin una falta de ortografía. "Empezamos a tener niveles preocupantes" en materias como lengua, matemáticas o historia, señaló el presidente del Gobierno en defensa de la reforma anunciada por Educación. En cambio, el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, denunció con dureza que detrás de esa ley de calidad de la enseñanza hay un modelo de desigualdades sociales y una "regresión" a los años cincuenta o sesenta.

José María Aznar cree que la necesidad de la reforma viene avalada por datos objetivos, no sólo internos, sino internacionales, sobre carencias de los alumnos españoles en matemáticas, lengua o historia. Lo dijo ayer durante la conferencia de prensa ofrecida en La Moncloa junto al primer ministro de Noruega, Kjell Magne Bondevik, en la que Aznar opinó largamente sobre el proyecto de recuperar la reválida al final del bachillerato.

"Empezamos a tener niveles preocupantes. La aspiración a que se pueda hacer una redacción sin faltas, distinguir el sentido de una lectura o saber dónde están determinadas capitales en el mundo me parece algo razonable", declaró Aznar antes de mostrar su deseo de que se produzca "el mayor debate político y social sobre esta cuestión, y no empezando la casa por el tejado, sino fijándonos en los países que están haciendo reformas de sus sistemas educativos en su enseñanza secundaria". "Merece la pena hacer el esfuerzo del debate, pero lo que no merece la pena es negarnos a la realidad evidente que tenemos delante, o mirar para otro lado y preferir la posición cómoda de decir que esto siga así hasta que se estrelle", añadió.

"Campo de batalla"

El Gobierno ha lanzado el debate de la ley de calidad con el asunto de la reválida por delante, aunque ayer mismo el secretario general del PP, Javier Arenas, dijo que "no hay ninguna propuesta sobre la mesa que signifique resucitar" esa polémica figura. "Lo que el Ministerio de Educación está viendo es qué sistema habrá para evaluar el conocimiento de los alumnos", declaró Arenas a Efe TV antes de criticar al PSOE por convertir la educación en "un campo de batalla político".

La educación será el escenario de un duro debate entre el PP y el PSOE, que discrepan radicalmente sobre cómo acabar con el fracaso escolar y abordar la mejora de todo el sistema. José Luis Rodríguez Zapatero, que se reunió ayer con los diputados y senadores de su partido, lo expuso con una metáfora: no por colocar más vallas a un atleta éste mejora su rendimiento. Hay que colocar al atleta -en alusión a los estudiantes- "más y mejores preparadores y más apoyo", explicó para subrayar "lo equivocado" de la política del Gobierno.

"No se consigue calidad con más exámenes. Con ellos se mide la calidad de unos y otros, y cuanto antes se mida, antes puede existir tendencia a la separación, pero no se mide la calidad. No por saltar más vallas se será mejor atleta", agregó al reclamar la necesidad de dotar al sistema educativo español de "mejores medios materiales, de un buen entorno psicológico y de todas las condiciones que permitan ese recorrido vital" que es la educación.

Convencido de que la Ley de Calidad es parte de un plan del PP para volver a sistemas educativos anteriores a la democracia, Rodríguez Zapatero desafió a sus parlamentarios a "ganar ese debate" por la relevancia que tendrá para el socialismo porque, según el secretario general del PSOE, la recuperación de la reválida es la muestra más clara del creciente conservadurismo de la política del Gobierno y del PP.

Elegir modelo

La educación debe ser el eje de la batalla de los socialistas, afirma el líder socialista. "¿Queremos volver a los años sesenta, en que sólo un grupo económico podía tener un título universitario? El PSOE no, y luchará con todas sus fuerzas por la universidad, y para que a los 14, 15, 16 años esté garantizada la educación. Es un reto trascendental para nosotros el ganar el debate con profesores, con padres y estudiantes. Aquí se juega parte del modelo que queremos", explicó.

En su opinión, el PSOE debe poner "todas sus fuerzas" en evitar ese riesgo y en luchar por una sociedad "justa, solidaria y tolerante" donde los ciudadanos puedan avanzar en función de sus esfuerzos, no de su extracción social. "Está en juego el modelo de país que queremos. Mientras haya niveles de renta tan diferentes, la educación será el único instrumento poderoso para lograr igualdad social y de oportunidades, y para conseguir que los condicionantes económicos no marchiten un esfuerzo por ser más autónomos, más cultos y más libres", subrayó.

También Izquierda Unida anunció ayer que hará un esfuerzo extraordinario para evitar "discriminaciones" en la educación por motivos de origen económico, familiar o geográficos. Felipe Alcaraz, su portavoz parlamentario, anunció que la formación que lidera Gaspar Llamazares se enfrentará en la calle y en el Parlamento a la "selectividad de clase" que quiere imponer el Gobierno del PP, porque "ese nuevo obstáculo para el ingreso en la universidad es muy negativo" y, según IU, revela la intención del Ejecutivo de diferenciar entre ricos y pobres.

El Gobierno no pretende mejorar la enseñanza, para lo que tendría que dotar de mayor financiación al sistema, sino "una criba" que irá seguida de otra de carácter económico para que "los hijos de los pobres no tengan las mismas oportunidades que esa mayoría de elegidos que parece querer conseguir Aznar", sostuvo Alcaraz.

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El 47% de los profesores está a favor de aumentar las repeticiones

"EL PAÍS", Madrid, Miércoles, 6 de febrero de 2002

El 47% de los profesores apoya la propuesta del Gobierno de aumentar el número de veces que el alumno puede repetir curso, mientras que un 36% ve positiva la limitación de repeticiones y un 22% ni lo ve positivo ni negativo. Los datos son de un estudio hecho público el pasado julio, entre docentes de siete comunidades, titulado La opinión de los profesores sobre la educación en España y realizado por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (Idea) en colaboración con la Fundación Hogar del Empleado. Los profesores consideraban que los alumnos pasaban de curso por ‘imperativo legal’ sin tener la capacitación mínima para seguir las enseñazas del siguiente. Los profesores planteaban mayoritariamente que el rendimiento del alumno fuese un factor clave para otorgar titulaciones y que al final de la ESO un título permitiera acceder al bachillerato y otro a la formación profesional (65%).

Un 73% apoyaba la división de la ESO en itinerarios a partir de los 14 años para encauzar a los alumnos al bachillerato, Formación Profesional (FP) o inserción laboral. Sobre la organización por cursos del primer ciclo de la secundaria, un 65% apoyaba esta idea y se mostraba partidario de que cada curso fuera evaluable.

El autor del estudio, Álvaro Marchesi, señalaba que la encuesta demostraba ‘el desánimo de los profesores y la tremenda falta de apoyo social que perciben’, por lo que concluía: ‘La reforma más urgente es la que se refiere a la formación del profesorado. Un 72% era favorable a asegurar una formación del profesorado acorde a las características actuales de los alumnos.

Avales del Gobierno

Por su parte, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación presentó el pasado lunes una serie de datos -sacados en parte del referido estudio- para avalar su reforma educativa. Por ejemplo, la opinión de ‘500 profesores’ en el congreso La ESO a debate, sobre la necesidad de buscar soluciones al abandono de los estudios de chicos de 16 años. ‘En casos extremos’, indica ese departamento ministerial, ‘requerirán un cambio normativo, pero en la mayoría de las situaciones se pueden solucionar los problemas aplicando el principio de comprensividad al centro en lugar de al aula como se establece en la LOGSE’.

En cuanto a la división en itinerarios, el Ministerio afirma que los docentes la apoyan, ‘el 72,5% está totalmente a favor, un 11,4% en parte y el 16,2% en contra’. Sobre los exámenes, el Ministerio indica que ‘los profesores demandan pruebas con más radicalidad’.

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Malestar en cinco comunidades por la falta de diálogo

M. A. y M. P. Diario "El País", Madrid / Barcelona, Miércoles, 6 de febrero de 2002

Los consejeros de Educación de Andalucía, Cataluña,Castilla-La Mancha, Extremadura, y el País Vasco se quejaron de que el Ministerio de Educación no les haya consultado las líneas generales de la reforma educativa de secundaria y se hayan enterado por la prensa de éstas. La consejera de Enseñanza del Gobierno catalán, Carme-Laura Gil, señaló que el ministerio lo ha hecho en ‘forma de globo sonda, sin un borrador consistente detrás’. Gil calificó de ‘contradictoria’ la intención del Gobierno de recuperar la reválida, por plantear una prueba hecha con los mismos criterios que la selectividad, cuando se acaba de aprobar su supresión. ‘Decir que con los itinerarios se evitará el fracaso escolar es una incongruencia porque establecen dos vías destinadas precisamente al fracaso’, dijo. La consejera del País Vasco, Anjeles Iztueta, manifestó que es una ‘falta de respeto’ que el Gobierno quiera imponer esta medida sin hacer un buen diagnóstico previo de la situación en cada comunidad para dar soluciones concretas a las necesidades de Andalucía, Galicia o el País Vasco. ‘No se puede imponer una reforma para todos igual y además sin consultar previamente a nadie. Lo que han conseguido es que los jóvenes y padres estén nerviosos y que los profesores y comunidades nos preguntemos qué pintamos’. Desde la la Junta de Andalucía, la consejera Cándida Martínez señaló que con esta reforma ‘vamos a un sistema educativo mucho más jerarquizado’.Mientras, el consejero de Educación de la Xunta de Galicia, Celso Currás, mostró su apoyo a la reválida y aseguró que ‘todos los sectores serios implicados’ están a favor de la misma. También el consejero de Educación de Navarra, Jesús María Laguna, consideró positivo el proyecto de implantar una prueba después de bachillerato.

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Reválida

EDUARDO HARO TECGLEN, Diario "El País", Jueves, 7 de febrero de 2002

¡País ignorante! Es verdad lo que dice Aznar: éste es el país del fracaso escolar. Expresión ambigua. ¿Es el escolar el que fracasa, o es el país el que no le saca adelante? ¿Desde cuándo? No tiene razón en cambio Aznar cuando se defiende de la historia, como dijo en el homenaje a Altamira (me da apuro verle en la Residencia: hay incompatibilidades). La historia es torpe, está mal escrita, deformada, pero de ella salen algunas lecciones. Éste no fue siempre un país de ignorantes. Tuvo un siglo XIX enormemente vivo -tanto, que Franco decía mucho ‘el maldito siglo XIX’-, con impregnaciones de la Revolución Francesa, intentos de anticlericalismo, ciertas luces de la Ilustración, conspiradores republicanos. Salió de él el XX, que fue, en materia de cultura y de enseñanza, el mejor de toda la historia de España: un siglo de oro del pensamiento, las ciencias, la investigación: el siglo de la Institución Libre de Enseñanza.

Pero Franco desterró la cultura, la persiguió, la encerró, la expulsó y la sustituyó por la falsa enseñanza: se falsificó la historia y la ciencia, y hasta los grandes matemáticos fueron mal mirados. Se prohibió a los escritores, a los filósofos, a los poetas. Se hizo un cine bestial y un teatro aniñado. Se formaron en las escuelas y las universidades, con paso por el Frente de Juventudes, las personas que habían de llegar al poder: bancario o ganadero, científico y político, empresarial. Salieron de sus escuelas y universidades, aunque algunos tuvieron la suerte de que en sus casas los pudieran limpiar de la suciedad académica (pero no han llegado a nada: sabían demasiado).

Es un acontecimiento biológico y sociológico: las generaciones se suceden, y ha llegado ahora una de las peores. Es la de Aznar y los chicos que jugaban con él de niño, y los de las fincas y las cazas. Es natural que de esta generación no ilustrada, no laica, no culta, estén saliendo escolares a los que se hace fracasar, sin ninguna creencia en lo que aprenden. Se enseña lo increíble: no se lo creen. Su subconsciente les hace ver que todo va mal, y su instinto zoológico los lleva al regreso. Aunque sea por lo mecánico, lo administrativo, lo más tonto: la reválida, la enseñanza privada, el regreso a los oficios. Por eso me causa cierta grima ver a Aznar en la Residencia. Llega con demasiados años de retraso y no a aprender, sino a enseñar.

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Las organizaciones de estudiantes convocan manifestaciones contra la reválida para marzo

Pilar del Castillo: ‘Los más fáciles de movilizar son los que sacan peores resultados’

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Jueves, 7 de febrero de 2002

Las organizaciones Faes, Canae y el Sindicato de Estudiantes llamarán a la movilización en marzo a alumnos, profesores y padres de estudiantes de la ESO, el bachillerato y la FP de todo el país contra el proyecto de Ley de Calidad del Gobierno. El Sindicato de Estudiantes, que tiene unos 20.000 afiliados, concretará hoy el calendario de protestas que culminará con la convocatoria de una huelga general. Canae está formada por 35 federaciones de todas las comunidades y Faes por varias decenas de organizaciones. El objetivo de los alumnos es llegar a la ‘unidad de acción’. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, señaló ayer que ‘los estudiantes con menor nivel educativo, los que van peor, son los más fáciles de movilizar’.

La ministra de Educación lanzó duras críticas al partido socialista, calificó su postura como ‘una oposición frontal, que es un error y que no va a tener rentabilidad política para el PSOE’. Pilar del Castillo tachó la postura socialista ante su proyecto de Ley de Calidad de ‘demagógica y frívola’ y opinó que ‘a estas alturas, decantarse por esa línea es penoso’. Asimismo arremetió la ministra contra los estudiantes que se movilizan y manifestó:

‘Pueden prender posiciones demagógicas y llamamientos a las manifestaciones un tanto exacerbadas, pero los sujetos más débiles son los más fáciles de movilizar, los estudiantes de menor nivel educativo, los que van peor’.

Pilar del Castillo también dijo que le gustaría que el ‘líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, considerara siquiera que la educación fuera objeto de un pacto de Estado’.

Los socialistas no tardaron en contestar: ‘¿Pero pide un acuerdo quien ha sacado una reválida sin consultar con nadie y quien ha mentido a los ciudadanos diciendo que no iba a haber dos exámenes o más al final del bachillerato?’, fue la respuesta de la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

El Sindicato de Estudiantes propondrá también a los sindicatos CC OO, UGT, STES y CSIF, a los padres de la confederación laica CEAPA y los estudiantes FAES y Canae que se sumen a su calendario de movilizaciones.

Sobre las manifestaciones de la ministra de que son más fáciles de movilizar los alumnos de menor nivel educativo, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Miriam Municio, dijo que ‘la ministra ha mostrado una vez más su desprecio por los estudiantes, como hizo con la ley de universidades’. Municio añadió que ‘es un insulto creer que los estudiantes no tienen criterio para analizar lo que les interesa y el contenido de su reforma educativa’. ‘La educación pública está ahora en peores condiciones que hace seis años y con la reválida se van a poner más trabas al acceso a la educación universitaria y a la FP superior’, manifestó Municio.

Los estudiantes consideran que Pilar del Castillo ‘planea un sistema segregador social, psicológica y académicamente con la división de alumnos en itinerarios’, según el presidente de Canae, José Antonio García. ‘El Gobierno quiere poner barreras para ir a la universidad y para obtener el título tras aprobar el bachillerato. No ha habido debate previo y el ministerio nos ha engañado porque nos aseguró que nos informaría a los que formamos parte del Consejo Escolar del Estado’, añadió.

Sobre las movilizaciones, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, manifestó: ‘Entendemos que los alumnos se movilicen por medidas que les van a afectar tanto, como la reválida y la separación por itinerarios’, informa Marta Aguirregomezcorta. Lezcano señaló que el ministerio ha abierto el debate con ‘las cartas marcadas’, sin consultar a la comunidad educativa. ‘Parece que se está hablando de la educación que se necesita para el siglo XXI buscando las soluciones en el siglo pasado’. Y añadió que los problemas ‘no se pueden abordar desde una concepción elitista que no plantea combatir el fracaso escolar, sino que pretende derivarlo hacia un itinerario de inserción rápida en el mundo laboral’.

Las ‘reválidas’ europeas

Alemania. Se ha iniciado el debate para eliminar la reválida (Abitur). El sistema alemán está muy federalizado pero, entre los responsables educativos, la ministra de Educación del Estado de Baja Sajonia ya se ha pronunciado a favor de eliminar dicha prueba porque, a su juicio, quita tiempo a los alumnos y no les ayuda realmente, informa Ciro Krauthausen. Muchos profesores y directores de colegio, sin embargo, preferirían mantener la reválida para que los repetidores profundicen en sus conocimientos. El debate sobre estas y otras reformas está al rojo vivo tras conocerse los resultados del estudio internacional Pisa, que constató que los alumnos alemanes están muy rezagados en comprensión escrita y matemáticas. Dependiendo del Estado federado, las preguntas del Abitur son propuestas ya sea por las autoridades regionales o por cada colegio (aunque con la autorización del correspondiente Ministerio). Los exámenes suelen estar divididos en una parte escrita y otra oral, y en la nota final cuentan también las calificaciones obtenidas durante los últimos años.

Francia. La fórmula francesa para acceder a la universidad es el llamado examen del Bac, informa Octavi Martí. No es otra cosa que el bachillerato y el examen se pasa en dos partes y en dos años: un primer examen dedicado al idioma, a controlar los conocimientos de francés y de expresión del alumno, y otro segundo examen, el año siguiente, sobre las materias principales escogidas por el estudiante que, a los 14 años, ya ha decidido a qué áreas de conocimiento da prioridad. La nota media de ambos exámenes es definitiva para el acceso a la universidad. El número de plazas en las facultades no es clave para el ingreso pero sí el tipo de Bac que se ha cursado. Un alumno de filosofía no será fácilmente admitido en una facultad de ciencias puras, por ejemplo. En las llamadas Grandes Escuelas o centros de excelencia -que muy a menudo son públicos- sí existen pruebas de acceso, normalmente uno o dos años de cursos especiales con exámenes selectivos muy duros. Y antes de eso hay que aprobar el Bac.

Italia. La antigua Prueba de Madurez fue convertida en Examen de Estado a partir del curso 1998/99. La única novedad introducida por el Gobierno de Berlusconi es que en lugar de uno habrá dos exámenes de Estado durante el bachillerato, informa Lola Galán. El primero (una especie de reválida) cerrará los tres años de la escuela media (de 11 a 14 años) y el segundo, más difícil, da acceso a la universidad tras superar el grado superior (liceos de 14 a 19 años). Este segundo está compuesto por tres pruebas escritas y una oral. Al alumno se le exige un comentario de texto, redacción libre o análisis de un texto en italiano, para comprobar el grado de conocimiento que tiene el alumno de su lengua. La segunda prueba se refiere a alguna de las materias esenciales del bachillerato y está redactado por expertos del Ministerio de Educación. El tercer ejercicio es un cuestionario con preguntas o problemas a resolver con concisión. La prueba oral califica los temas estudiados en el último curso del bachillerato superior. La comisión de examen, encargada de supervisar y calificar las pruebas, está compuesta por seis u ocho profesores, la mitad del centro donde se desarrolla el examen y la otra mitad son externos. Hay además un presidente externo al centro. La valoración del examen tiene en cuenta la media de las notas durante los cinco años de liceo, además de las diferentes pruebas. Hay que obtener 60 o más puntos sobre 100.

Reino Unido. Un organismo independiente del Gobierno, la Autoridad en Calificaciones y Curriculum, supervisa a las tres entidades que organizan los exámenes para el certificado de secundaria y de acceso a la universidad, informa Lourdes Gómez. Los primeros exámenes, por lo general a los 16 años, son la vía para obtener el Certificado General de Educación Secundaria (GCSE) y para acceder a la educación superior. El alumno elige las asignaturas y, en caso de suspender, puede repetir el examen, probar con otras modalidades vocacionales o dejar los estudios con una U (no clasificado) en el certificado. Al finalizar el segundo curso de estudios superiores (a los 18 años), los exámenes GCE A Level son la vía habitual para acceder a la universidad. El alumno escoge el número de asignaturas de las que quiere examinarse y, en caso de suspender u obtener una nota baja, puede repetir el examen. De no lograr ningún A Level tiene otras vías, como las Cualificaciones Vocacionales Nacionales, para proseguir con los estudios a nivel universitario. Las universidades tienen autonomía para seleccionar estudiantes y cada centro publica los requisitos para matricularse en asignaturas o iniciar una carrera concreta. Además, muchas universidades examinan y entrevistan al candidato antes de ofrecerle una plaza.

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