Hemos ampliado esta página dedicada a la información sobre el proceso de aprobación de la L.O.U., con los comunicados noticias y recortes relativos a la Ley de Calidad que el gobierno prepara para reformar los estudios de enseñanza secundaria y que promete ser tan polémica, al menos, como su hermana universitaria:

Resumen del proyecto de Real Decreto sobre habilitación del profesorado.

Con la LOU a cuestas

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ. Diario "El País". Martes, 16 de abril de 2002

Gregorio Peces-Barba Martínez es rector de la Universidad Carlos III. Han pasado varios meses de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades, que se tramitó a toda prisa, y sin embargo, los desarrollos reglamentarios se toman su tiempo. Se pone plazo en la ley a la constitución del claustro y a la reforma de los estatutos, problema que se hubiera resuelto si no se disuelven innecesariamente los claustros existentes, y sin embargo, parece que no corre el calendario para la maraña de normas que debe aprobar el Gobierno. Ésta es una de las muchas paradojas y de los muchos misterios de quienes nos enfrentamos con la interpretación y aplicación de la LOU. De repente, aquella Universidad en peligro, llena de problemas, con serias situaciones de corrupción, que exigía la reforma urgente para acabar con endogamias, prevaricaciones y despilfarros, alcanza la paz y se corrige de sus males, sólo con la aprobación de una ley que casi no ha empezado a aplicarse. De repente, articulistas, tertulianos y profesores lúcidos y denunciadores preclaros de la crisis universitaria y de sus responsables callan como si su objetivo real no fuera la reforma de la Universidad, sino sólo la preparación artillera para crear un clima favorable a la aprobación de la ley. De repente, las descalificaciones y las acusaciones, los insultos y las denuncias contra los rectores, contemplados positivamente por la señora ministra y su equipo, y, según los mejor informados, planificados desde allí, se interrumpen y se reinicia la política de las comidas. Verdaderamente, la capacidad de la ley para resolver problemas es infinita y su aprobación tiene efectos taumatúrgicos y ha producido prodigios y milagros.

Pero es un efecto visión de oasis imaginario, un espejismo que no responde a la realidad y que podemos comprobar día a día los que llevamos la cruz a cuestas, es decir, el enfrentamiento con la realidad, que es aún peor y más dura que cuando la pintábamos muy negativamente durante los debates de aprobación de la LOU. Tengo, sin embargo, la impresión de que para muchos, no demasiado informados, y entre ellos muchos de los parlamentarios del Partido Popular, y muchos periodistas que se creyeron la propaganda o que hicieron un esfuerzo de voluntad para creérsela, estamos ante un tema absolutamente cerrado y definitivamente resuelto. La ministra y el Gobierno, con el presidente a la cabeza, son de la misma opinión y disfrutan felices por el éxito alcanzado según sus análisis. Los únicos mal colocados en este asunto son los parlamentarios de Convergència i Unió y el Gobierno de la Generalitat, que, sabiendo cómo era la ley, la votaron a favor, y que, informados por el Conseil Consultiu de las posibles inconstitucionalidades, despejaron el problema con la indigna afirmación de que era un problema que no afectaba a Cataluña.

La señora Del Castillo está iniciando, con la misma táctica, la reforma de las enseñanzas medias, y ahora toca la preparación artillera de desprestigio del sistema actual para dar entrada a la solución que todo lo resuelve, que en este caso es la llamada Ley de Calidad. Pero el tema universitario no está acabado, y por el contrario, tiene muchos frentes abiertos, y no sólo de oportunidad o de aplicación pragmática, sino también de principios, y muy radicales.

La Universidad es el núcleo central del pensamiento crítico y de la reflexión académica, controlando y disciplinando las visiones parciales, y en este tema el debate debe ser objetivo y distanciado. Por eso todos los que tienen algo que decir deben participar, incluidos, por supuesto, aquellos que han apoyado la necesidad de la ley y el esfuerzo para aprobarla desde el mundo del profesorado universitario. A todos les propongo una serie de temas que me preocupan y que pueden ser abordados individualmente, en equipo, en los organismos colegiados de las universidades y en la Conferencia de Rectores.

En primer lugar, el de la autonomía universitaria, a mi juicio disminuida como derecho fundamental en la ley, y afectada en su contenido esencial por la presencia de miembros no académicos en el consejo de dirección y por la atribución de competencias académicas al consejo social.

Por otra parte, está afectada en las universidades privadas la titularidad de ese derecho fundamental, que es de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. Sin embargo, en la ley se produce un considerable desplazamiento de muchas de las dimensiones del derecho en favor del promotor con una ‘vis atractiva’ considerable del derecho de propiedad del titular, y con un desdibujamiento absoluto de la comunidad académica, que carece de todo derecho y de estabilidad en el empleo, lo que compromete seriamente su libertad académica. La restitución del derecho fundamental a la comunidad universitaria en las universidades privadas es una exigencia importante que debe ser igualmente objeto de debate. Con esta ley, la derecha ha conseguido lo que no pudo obtener en la Constitución, cuando pretendió que el derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes a todos los niveles supusiera también el derecho a dirigirlos. La firme oposición que mantuve a esa abusiva ruptura del consenso impidió que prosperase, y ahora, con la LOU, lo consiguen en el ámbito universitario, al privar a la comunidad de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios del derecho fundamental a la autonomía universitaria, que garantizaba la dirección de las universidades privadas, y un ámbito protegido para las libertades académicas en el que el propietario no podía entrar. Aquí, con esta ley, todo el poder es para el propietario promotor, y las autoridades académicas, rectores, decanos, directores de departamento y profesores, en las privadas son sólo unos asalariados sin derechos. Por supuesto que aquí, no ya la endogamia, sino el nombramiento a dedo de los profesores ya no es problema. Éste sólo existe cuando en una comisión de cinco miembros dos eran dirigidos por la Universidad pública. Naturalmente que esa competencia estaba bajo sospecha, mientras que el propietario que nombra a quien quiera como profesor en su universidad goza de toda la credibilidad. La endogamia no la crean esos buenos y objetivos impulsores del servicio público de la enseñanza superior que son los propietarios de la universidades privadas.

Existen otros muchos temas, como las competencias de las comunidades autónomas, la confusión entre la universidad privada y la promotora, el reconocimiento de las universidades de la Iglesia católica, el carácter propio de la universidad privada, la intervención administrativa irrazonable y desproporcionada, el régimen del profesorado o el sistema de gobierno de las universidades públicas, aunque me voy a centrar en uno que me parece el más grave de todos: la ruptura de la idea única de universidad con diferente configuración del estatuto de las universidades públicas y privadas.

La ley regula con todo detalle la organización y funcionamiento de las universidades públicas, llegando a un reglamentismo excesivo, mientras que lo hace muy genéricamente, y dejando toda la autonomía de regularización a los propietarios de las privadas, seguramente más dignos de confianza en la organización del servicio público de la enseñanza superior. En realidad, después de la LOU hay dos modelos diferentes de universidad que rompen la unidad del servicio público. El Estado, con esta ley desconfía de los suyos, las universidades públicas, y delega todo el poder configurador de las privadas en los promotores propietarios. Y la ruptura se exacerba en la disposición adicional cuarta al considerar orgánica la parte de la ley, muy pequeña y reducida, que regula las universidades privadas y al tiempo no orgánico el desarrollo de las universidades públicas, que es mucho más amplio y detallado. En ese precepto se consuma la desigualdad, se discrimina a las universidades públicas y, sobre todo, el Gobierno se despoja de la careta y aparece con su verdadera faz. ¿Cómo es posible que en una Ley Orgánica de Universidades se considere no orgánica la parte que desarrolla el núcleo de la ley, que es la organización de las universidades públicas? ¿Con qué título competencial desarrollan las Cortes Generales, a instancia del Gobierno, la organización de las universidades públicas si este desarrollo se considera no orgánico? Esa parte, disminuida por quienes tienen la obligación de defender la universidad pública y el modelo unitario del servicio público de la enseñanza superior, puede ser modificada por ley ordinaria. Cabe, pues, que una comunidad autónoma, en su ámbito competencial, establezca un modelo distinto de organización de la enseñanza pública. Cabe también que proliferen los modelos organizativos y funcionales de las universidades públicas hasta ser uno por cada comunidad autónoma.

Éste es uno de los disparates más llamativos, además de ser una inconstitucionalidad, de la ley que empezamos a sufrir y a soportar. Pero no es el único. Hacer a todos los contratados laborales, incluidos los asociados y los eméritos, quizás supere todas las medidas de lo no razonable. Sólo con buena voluntad se puede pensar que es un error por ligereza, por ir demasiado deprisa, o por haber reflexionado poco.

Y ahora que parece que la norma reglamentaria que va a desarrollar las habilitaciones va a ser conocida pronto, como si no quisieran que descansásemos de los sobresaltos, nos lanzan el globo sonda de que podrán formar parte de los tribunales todos los profesores que estuvieran en excedencia o servicios especiales. Si esto se confirma habremos traspasado el límite de la incompetencia y nos habremos instalado en la acción dolosa malintencionada y al servicio de intereses muy poco públicos y muy alejados del interés general. Resulta ahora que la búsqueda de la calidad, del candidato adecuado e idóneo, la superación de la endogamia nos va a venir de personas de fuera de la Universidad, que no están en activo en ellas a veces desde hace muchos años, o que tienen a la Universidad como entretenimiento. Estamos ante un atentado más a la autonomía universitaria, fingiendo que la sirven y la desarrollan, los antiguos profesores en excedencia o en servicios especiales, que trabajan en un despacho en una auditoría, que están en el Parlamento, como diputados o senadores, al servicio del Gobierno o de la Administración, ya sea en el Estado o en las comunidades autónomas, o en una universidad privada. ¿Pueden esas personas participar en las comisiones de habilitación? ¿No es una medida contradictoria, como la de exigir sexenios de investigación para participar en esas comisiones?

Si esta propuesta prospera, habríamos achicado la esfera de la libertad académica y de investigación, entre otras, para entregar parte de las decisiones sobre el futuro profesorado a personas que no tienen estima por la Universidad, que la han abandonado y que han decidido trabajar al margen por razones económicas o políticas, en todo caso, no universitarias. Pero estamos ante una posición que, como otras muchas que hemos señalado, expresa falta de respeto por la Universidad y por su autonomía y sitúa en su verdadero lugar a las motivaciones que decía tener el Gobierno para reformar la Universidad. La más real y que se desprende de todos los ejemplos es su obsesión por disminuir la autonomía y por desactivar a la universidad pública. Pero tampoco debemos enfrentarla con la universidad privada, que sufre también una seria agresión, como comunidad académica de profesores, estudiantes y personal no docente. Los únicos que ganan son los propietarios.

¿Se puede seguir sosteniendo que la Ley Orgánica de Universidades es la solución para los problemas universitarios? Más bien pienso, al contrario, que es un problema para la solución. Si el Tribunal Constitucional no repara estas deficiencias y estos errores, algunos de los cuales son irreparables y otros expresión de una decidida posición de desconfianza en una universidad pública, autónoma, libre y crítica, habrá que acatar la ley, aplicarla con el criterio que produzca el mínimo daño a los valores universitarios esenciales, recurrirla cuando corresponda, aprobar los estatutos reformados con los cambios obligados y ni uno más, y procurar sobrevivir. No es la primera vez en su historia, y mucho menos en España, que la Universidad ha tenido que defenderse de sus ministros ‘competentes’, aunque la reiteración en el daño no es consuelo.

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Los rectores de Cataluña critican el proyecto de ley universitaria de la Generalitat

J. M. M. F.. Diario "El País". Barcelona. Sábado, 4 de mayo de 2002

El consejero de Universidades de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, entregó ayer a los rectores catalanes el borrador del anteproyecto de la largamente esperada Ley de Universidades catalanas cuyo núcleo principal regula la nueva figura que crea la LOU del profesor contratado doctor, con contrato laboral estable, y que puede llegar a ser hasta el 49% del total.

El texto del Gobierno de CiU ha recibido ya las primeras críticas. El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, se erigió en portavoz del mundo académico y señaló que el texto ‘interfiere en la autonomía universitaria’, porque crea una agencia que tendrá derecho a vetar a los profesores que seleccione cada universidad. El proyecto intenta además revertir algunos aspectos de la LOU, como la reducción de la presencia del cuerpo académico en el consejo social. El texto estará ‘abierto para el debate’ un mes, según Mas-Colell, que pretende introducir la ley en el Parlamento catalán antes del verano.

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La ley de universidades catalana rectifica en aspectos cruciales el modelo de la LOU

El proyecto crea un cuerpo propio de profesores contratados fijos de la Generalitat

J. M. MARTÍ FONT. Diario "El País". BARCELONA. Lunes 6 de mayo de 2002.

Cataluña ha sido la primera comunidad que ha presentado un proyecto de ley universitaria que desarrolla la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que entró en vigor en enero. Los centros catalanes han criticado duramente el plan de esta comunidad por considerar que vulnera la autonomía universitaria.

La futura Ley de Universidades de Cataluña, la primera norma autonómica que desarrolla la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que aprobó el Gobierno el pasado diciembre, intenta neutralizar algunos aspectos concretos –y no menores- del modelo que ha impuesto el PP a la educación superior en España: rectifica el peso quitado por la norma básica a la universidad en los consejos sociales, crea un cuerpo de contratados fijos y persigue recuperar una prueba única de ingreso como la actual selectividad.

El Documento preparativo del Anteproyecto de Ley de Universidades, fue hecho público el pasado viernes por el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, que poco antes lo había presentado a los rectores catalanes. El Gobierno de CiU quiere introducir el anteproyecto de ley en el Parlamento autonómico a finales de junio, antes de que se inicien las vacaciones de verano, de modo que la ley pueda aprobarse antes de que acabe el 2002. Todos los grupos parlamentarios y los sindicatos han recibido también una copia. El Ejecutivo catalán quiere obtener el máximo de consenso para esta ley, que puede marcar el modelo de desarrollo de la LOU, que no deja de ser una ley orgánica sobre un sector totalmente transferido a las comunidades autónomas.

El borrador no es un texto articulado, lo que aún lo hace más abierto a cualquier sugerencia. Según Mas-Colell, ‘está abierto para el debate, pero contiene las líneas maestras que deben articular la ley’. Los rectores han aprobado la creación de una comisión para debatir esta ley. A finales de mayo, según el titular de Universidades, ‘debe haber un texto articulado’. ‘Nos gustaría que el texto entrara en el Parlament antes de las vacaciones para que pudiera debatirse después del verano’, añadió. No es de extrañar este talante, en tanto que el Gobierno de CiU se mantiene en el poder gracias al apoyo parlamentario del PP que le proporciona una exigua mayoría de un sólo voto. Si el sesgo que toma la ley se interpretara como que intenta desvirtuar la LOU, el Gobierno de Jordi Pujol tendría graves problemas para sacarla adelante.

El borrador presentado por Mas-Colell -que tiene su origen en una serie de jornadas organizadas por la Generalitat en Sitges, que reunieron a la mayoría de los actores del mundo académico catalán- cuenta con una extensión de 45 páginas, en parte porque integra dos leyes anteriores: la de consejos sociales y la del Consejo Interuniversitario de Cataluña, y en parte porque incluye una considerable parte declarativa.

Es precisamente en lo que concierne a la regulación de los consejos sociales donde el proyecto del Gobierno catalán incluye una de las más importantes rectificaciones al modelo creado por la LOU. La ley de la ministra Pilar del Castillo refuerza, por un lado, el poder de las facultades y escuelas, y jerarquiza el funcionamiento de las universidades, pero, por otro, persigue el aumento del poder de los consejos sociales y diluye en ellos la presencia del sector académico al limitar a seis el número de miembros de la universidad.

Muchos consejos sociales tienen ahora más de 20 miembros y la mayoría son nombrados por el Parlamento o el Gobierno de turno. La solución que contempla el borrador presentado por Mas-Colell consiste en reducir a 15 miembros el Consejo Social, de modo que la presencia de la universidad se mantiene en torno a un 40%. Otra novedad es la de incluir a un exalumno, un intento de crear las relaciones de sirgia que se dan en las grandes universidades anglosajonas.

Pero la parte más importante del proyecto de la futura ley es la que se refiere a la política de profesorado. El Gobierno de CiU lleva tiempo intentado romper el viejo sistema funcionarial. En la anterior legislatura, cuando el PP necesitó el apoyo de los nacionalistas catalanes, hubo varios intentos de reformar la antigua ley de universidades, la LRU, y todas ellas incidían en una reforma del cuerpo profesoral. También, en los últimos años, se ha mencionado varias veces la posibilidad, absolutamenté inviable bajo el viejo sistema, de que la Generalitat creara su propio cuerpo funcionarial de profesores, ni siquiera de establecer una carrera docente más clarificada. Pero ahora, la consejería encabezada por Mas-Colell ha optado por aprovechar el resquicio que abre la LOU con la creación de la figura del ‘profesor contratado doctor’, al que permite ocupar hasta un 49% de total de la plantilla docente e investigadora de cada universidad, para regular ‘categorías laborales estables’. Aunque no se trata de funcionarios, el proyecto contempla que estos profesores que dispondrán de contratos laborales indefinidos, dispongan de los mismos derechos e idénticas condiciones salariales, con las únicas limitaciones que establece la LOU, entre las que destaca el que no puedan acceder al cargo de rector.

‘La LOU abría la posibilidad, nosotros entramos a fondo’, dijo Mas-Colell en la presentación del proyecto, aunque quiso matizar que ‘no se trata de cambios radicales, sino de abrir el abanico de posibilidades contractuales’. Las pretensiones de la futura ley catalana, sin embargo, sí que parecen dirigirse hacia la creación de este cuerpo propio: para estos profesores contratados, el borrador recupera la nomenclatura del proyecto universitario de la Generalitat republicana. Son tres categorías de docentes: el profesor lector, el catedrático agregado y el catedrático plenario. Según explicó Mas-Colell, el profesor lector equivaldrá al profesor titular; el catedrático agregado tendrá las mismas condiciones laborales y salariales que un catedrático funcionario acabado de nombrar. En lo alto de la piramide estará el catedrático plenario, con las capacidades, emolumentos y capacidad docente e investigadora de un catedrático funcionario con varios tramos de investigación y docencia.

El borrador de la ley da a cada universidade libertad absoluta para crear las plazas de profesorado que crea convenientes y para seleccionar a los profesores que quiera contratar. En este punto, sin embargo, es donde entra la mano de la Administración. El borrador de la ley establece un filtro: crea una nueva agencia, la Agencia Catalana de Evaluación de la Investigación (que se suma a la Agencia de Calidad del Sistema Universitario), pero que a diferencia de ésta tendría una composición con mayoría de miembros nombrados por el Ejecutivo, y a la que otorga la ‘emisión de informes’ sobre ‘la actividad investigadora’ de los tres tipos de profesores antes citados, lo que convierte a esta agencia en un organismo que homologaría a los profesores que cada universidad quisiera contratar. Éste ha sido uno de los puntos que más rechazo ha despertado entre los rectores catalanes. Para el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, se trata de una ‘inadmisible injerencia en la autonomía universitaria’ y de un ‘filtro’ impuesto por el Ejecutivo.

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RECORTES LEY DE CALIDAD

Los colegios privados piden la 'gratuidad' de la educación infantil

CESAR PIERNAVIEJA. Especial para EL MUNDO. Domingo 14 de abril de 2002-04-23

SEVILLA.- Los centros privados de enseñanza infantil, reunidos este fin de semana en Sevilla, han reclamado que la educación de los niños menores de seis años que estudien en centros no integrados en la red pública sea de «práctica gratuidad».

Es la reclamación de la Asociación Española de Centros de Enseñanza Privada (ACADE), que desde el viernes celebra en la Isla de La Cartuja su congreso anual. Ayer hicieron públicas sus propuestas con vistas a la revisión del documento de bases de la Ley de Calidad. Según su presidente, Jesús Núñez, para mejorar la calidad de la enseñanza infantil y lograr la «conciliación entre la vida familiar y laboral de las mujeres», es necesario buscar fórmulas de financiación que posibiliten la libre elección de un centro por parte de los padres y que no les suponga un «esfuerzo económico».

Para Núñez, es preciso potenciar la red de centros de educación infantil «a precios asequibles», y para ello propone la financiación a las familias de parte de la enseñanza de sus hijos menores de seis años. Sugiere dos vías, una activa, como el cheque escolar y las becas generalizadas, y otra pasiva: la deducción fiscal.

Según el presidente de ACADE, «esto contribuiría a hacer más accesibles los servicios» que prestan estos centros privados de educación infantil.

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Los alumnos convocan nuevas movilizaciones por la Ley de Calidad

PEDRO SIMON . Diario "El Mundo". 17 de abril de 2002.

MADRID. El Sindicato de Estudiantes (SE) ha convocado para el jueves 25 de abril una nueva jornada de movilizaciones contra la futura Ley de Calidad de la Enseñanza que prepara el Ejecutivo. Así lo anunció públicamente la organización el pasado fin de semana, durante la celebración de su XI congreso estatal.

«A lo largo de este curso, el Gobierno del Partido Popular se ha puesto como objetivo transformar totalmente la educación con sus diferentes leyes (LOU, Ley de Formación Profesional, Ley de Calidad) que van a suponer en nuestra opinión la principal involución que se realiza en la enseñanza pública en el Estado español desde el franquismo», señala el SE en un comunicado.

La nueva jornada de lucha del Sindicato de Estudiantes se convocará en más de 40 provincias de todo el país y a ella estarán llamados alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y del Bachillerato.

El documento de bases de la ley, actualmente en proceso de gestación, señala que los alumnos tendrán hasta cuatro oportunidades para pasar la reválida y obtener así el título de bachiller, impide pasar de curso a los alumnos de la ESO si suspenden tres asignaturas, rescata los exámenes de repesca de junio y separa a los jóvenes en itinerarios formativos a partir de los 14 años.

A juicio de la oposición, algunos sindicatos de profesores y alumnos y la confederación mayoritaria de padres Ceapa, la reforma que prepara el Gobierno popular ataca a la escuela pública favoreciendo a la privada y discrimina a los alumnos menos listos.

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Tres de cada cuatro docentes reclama itinerarios en la ESO

La misma proporción de padres, en contra de estas vías formativas desde los 14 años

PEDRO SIMON . Diario El Mundo", 17 de abril de 2002.

MADRID. Con el plato educativo de la reforma aún por cocinar, los ingredientes traen ya divididos a los comensales. Tres de cada cuatro docentes de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) están a favor de establecer itinerarios diferenciados a partir de los 14 años. Justo en frente y en la misma proporción, los padres se muestran contrarios a establecer estas vías formativas desde el segundo ciclo de la ESO.

El pulso al debate en torno a la futura Ley de Calidad de la Enseñanza se lo ha tomado el Instituto Idea en su estudio Evaluación de la educación secundaria. Fotografía de una etapa polémica.Cuatro años de entrevistas, unos 13.500 padres preguntados, otros tantos alumnos cuestionados, un millar de enseñantes opinando y una sola verdad: la receta del Gobierno no agradará a todos los paladares.

Firman el trabajo los profesores Alvaro Marchesi y Elena Martín, el primero de ellos, ex secretario de Educación en la etapa socialista.Retrata el informe una instantánea en movimiento, la horquilla escolar 1997/8-2000/1. Sale la ESO algo borrosa como estampa del postrero debate: las principales dificultades de aprendizaje se producen en el primer ciclo de la etapa (entre los 12 y 14 años), la mayoría de los profesores no valora positivamente la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, los alumnos se quejan de que hace falta más educación sexual y medioambiental.

«La propuesta del Ministerio de Educación no recoge los énfasis que se dan en este estudio, como son potenciar los saberes al final de la enseñanza primaria, los de tipo preventivo y de valores», señalaba ayer Marchesi. «La reforma del Gobierno se centra más en en segundo ciclo de la ESO [entre 14 y 16 años], en el rendimiento académico y en la separación de los alumnos».

Estas son algunas de las principales conclusiones que se destacan en el informe.

Itinerarios

Mientras que el 72,5% de los profesores está de acuerdo con establecer itinerarios formativos a partir de los 14 años, sólo el 22,6% de padres con alumnos en 2º de ESO y el 20,2% de padres con alumnos en 4º de ESO se manifiestan favorables a la medida propuesta por el Ejecutivo.

La extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, uno de los logros de la LOGSE, es bien vista por el 90% de los padres y el 70% de los estudiantes. Por contra, únicamente el 38% de los docentes aplaude este cambio en nuestro sistema educativo.

Conocimientos en Ciencias

Los mejores resultados en el área de Matemáticas se producen en aritmética y álgebra. Las mayores carencias se dan en geometría, estadística y en comprensión de textos con contenidos matemáticos. En 4º de ESO los estudiantes tienen más dificultades para resolver los problemas de Física que los de Química. En Biología y Geología, los peores resultados son los de ecología y concepción de la ciencia. Los mejores, los de geología, seres vivos y salud.

Conocimientos en Letras

Al final de la ESO, los alumnos tienen un buen conocimiento de los tipos de texto y de su estructura.La dimensión más pobre es el conocimiento literario. En Ciencias Sociales tienen mejores resultados en Geografía que en Historia al comienzo de la ESO. Al final de la etapa, la situación es la contraria.

Evolución en la ESO

El informe señala que hay un mayor progreso en Matemáticas y Ciencias Sociales entre 3º y 4º de ESO que entre 1º y 2º. Según los autores del trabajo, este dato pone de relieve que, posiblemente, «las mayores dificultades para enseñar a los alumnos se encuentran en el primer ciclo de la ESO». Tal vez, indican, porque los estudiantes tienen demasiadas áreas en el primer ciclo y demasiados profesores distintos.

Factores de calidad

Según los docentes, los principales factores de calidad son su propia preparación y el nivel de disciplina en el aula. Tanto padres como alumnos, que también valoran como esencial la calidad del enseñante, añaden una buena relación entre los estudiantes y sus profesores.

Repetidores

La media de repetidores en los centros públicos se sitúa entre el 30% y el 36%. En el caso de los privados, el porcentaje desciende a entre un 13,5% y un 29%.

Educación en valores

Los estudiantes creen que se presta poca atención a la educación medioambiental y a la sexual. Sin embargo, consideran que hay bastante preocupación por la educación para la igualdad y la paz.

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El PP aprueba en el Congreso la Ley de FP con apoyo canario

M. AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País". Madrid. Viernes, 19 de abril de 2002

El Pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de Ley de Formación Profesional (FP) con los votos a favor del PP y de Coalición Canaria (CC). La oposición reafirmó su oposición frontal al proyecto porque ‘invade las competencias de las comunidades’ y por la falta de financiación. CiU reiteró que esta ley acabará en el Tribunal Constitucional.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, restó importancia a estas amenazas de presentar un recurso de inconstitucionalidad y señaló que el proyecto ‘deja muy claro’ el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades, según se trate de aspectos educativos o laborales.

Sin embargo, los nacionalistas canarios votaron la semana pasada en contra de este proyecto en la Comisión de Educación del Congreso. Ayer dieron marcha atrás después de que se incorporaran al texto seis de sus enmiendas parciales. En el proyecto se han metido 30 en total (19 de la oposición y 11 del PP) de las 250 presentadas. La ley regula las tres modalidades de FP (la reglada, de la educación secundaria; la continua, para el reciclaje de profesionales; y la ocupacional, para parados).

La oposición considera que la creación de una red de ‘centros de referencia de FP’ dependientes del ministerio, así como la exclusión de las comunidades en la elaboración del nuevo catálogo de cualificaciones, suponen ‘una invasión competencial’. La portavoz de educación del PSOE en el Congreso, Amparo Valcarce, calificó el proyecto de ‘inservible y cicatero con las comunidades, cuando son ellas las que mejor conocen su mercado y tejido industrial y productivo’. El portavoz de CiU Ignasi Guardans dijo que el texto ‘desprecia a las autonomías’ y José Juan González de Txábarri, del PNV, dijo que es ‘retrógrado’ y ‘franquista’ en su capítulo financiero.

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Pilar del Castillo dice que las críticas a su reforma tienen ‘pies de barro’

EFE. Murcia. Diario "El País". Domingo, 21 de abril de 2002

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, reconoció ayer que es muy difícil conseguir un acuerdo pleno al proponer una reforma educativa como la prevista en la futura Ley de Calidad de la Enseñanza, pero recalcó que quienes critican el documento lo hacen sin argumentos y ‘con pies de barro’. Así lo declaró en Murcia, donde clausuró las II Jornadas Nacionales sobre Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Los retos de la Educación del Siglo XXI, organizadas por el sindicato CSI-CSIF.

En relación con las acciones que preparan distintos colectivos para intentar frenar la reforma, la ministra mostró su deseo de que la crítica ‘estuviera cimentada en argumentos reales, y no en eslóganes’ y consideró que ‘no es de recibo que se opongan al proyecto con intención maligna’.

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Padres, sindicatos y alumnos convocan protestas en toda España contra la Ley de Calidad el 8 de mayo

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública pide además la dimisión de Pilar del Castillo

MADRID. Diario "El Mundo", domingo 21 de abril de 2002.

Los representantes de las 17 Plataformas Autonómicas por la Escuela Pública de Calidad acordaron ayer en Madrid convocar movilizaciones para el próximo 8 de mayo en todo el territorio nacional, excepto en Cataluña, donde se posponen al 26 de ese mes, en protesta por la Ley de Calidad que propone el Ministerio de Educación.

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, integrada por CEAPA, CCOO, UGT, STES, CGT, el Sindicato de Estudiantes, Movimientos de Renovación Pedagógica y MCEP, considera que la Ley de Calidad no resolverá los problemas de fracaso escolar y falta de motivación que padece el sistema educativo.

En el manifiesto hecho público ayer, la plataforma mantiene que «para ocultar el verdadero espíritu selectivo y jerarquizador de esta contrarreforma, el Ministerio alude continuamente a lo que llaman cultura del esfuerzo, sistema de oportunidades, flexibilidad, cultura de la evaluación o búsqueda de la excelencia. Pero detrás de esta engañosa y eufemística hojarasca podemos distinguir con claridad el propósito de crear las condiciones materiales, estructurales y pedagógicas para la dualización de la enseñanza, con una educación selectiva destinada a formar a las futuras elites y otra básica residual».

En este sentido, las organizaciones sociales creen que el documento del Ministerio no garantiza la igualdad de oportunidades, al separar al alumnado desde los 12 años en función de su expediente académico, y aseguran que convierte a la escuela pública en subsidiaria de los centros privados.

Asimismo, denuncian que no presenta ningún plan de financiación para abordar el aumento del profesorado y disminuir la ratio de alumnos por aula. A este respecto, la plataforma recuerda que los datos de la OCDE revelan que España es, tras Grecia, el país de la Unión Europea que menor porcentaje del Producto Interior Bruto dedica a Educación, puesto que pasó del 4,9% en 1993 al 4,5% en 2001.

Por este motivo, las organizaciones han pedido la dimisión de la ministra Pilar del Castillo, «ante el desprecio hacia las reivindicaciones de la comunidad educativa», y han mostrado su apoyo a la huelga general que ha convocado el Sindicato de Estudiantes para el próximo 25 de abril.

«La propuesta presentada por Pilar del Castillo ha venido a confirmar los más sombríos pronósticos, ya que en ella se plantea la introducción de mecanismos que enquistarán las desigualdades sociales y el abandono de un modelo educativo integrador, fomentando además una realidad que comienza a ser palpable en los grandes núcleos urbanos: la subsidiaridad de la escuela pública en relación a los centros privados de todo tipo», se lee en el comunicado.

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Los directores de instituto piden ser elegidos democráticamente en sus centros

M. A. Diario "El País". Madrid. Martes, 23 de abril de 2002

La Comisión Permanente Estatal de Directores de Institutos de Educación Secundaria de todas las comunidades autónomas (excepto Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla) creen que la elección democrática del director por parte de la comunidad escolar es ‘irrenunciable’ y se niegan a que esta designación recaiga en la Administración, tal y como temen que imponga la Ley de Calidad. Actualmente, es el consejo escolar de cada centro -integrado por profesores, alumnos, personal administrativo y representantes del Ayuntamiento- el que elige a sus directores.

‘Defendemos el funcionamiento democrático de los institutos, con la elección participativa del director, ya que el ministerio contrapone eficacia de gestión con democracia, cuando estos términos son complementarios’, señaló uno de sus portavoces.

Esta coordinadora, que representa al 90% de los directores de los 3.654 institutos públicos que hay en España, acusa a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, de ‘oscurantismo absoluto en la gestación del documento de bases de la Ley de Calidad’ y de ‘transmitir una visión catastrofista de la educación para justificar su reforma’. Los directores reivindican su papel de ‘interlocutores’ porque , señalan, son ellos los que ‘día a día están en pie de obra’. También se quejan de la insuficiente financiación para aumentar el número de profesores de apoyo, así como de trabajadores sociales y psicopedagogos.

Los directores piden una inyección de dinero extra para crear aulas de inmersión lingüística destinada a inmigrantes y que la dotación de recursos se haga en función de las necesidades de cada centro. Los directores exigen, además, el reparto equitativo de alumnos con necesidades especiales entre todos los sostenidos con fondos públicos.

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Cataluña y el País Vasco califican la Ley de Calidad de ‘segregadora’

Los informes de ambos consejos escolares critican el texto legal

Los informes elaborados por los consejos escolares de Cataluña y el País Vasco sobre el Documento de bases de la Ley de Calidad califican de ‘segregadora’ la separación de los alumnos en itinerarios a los 14 años y en ‘grupos de refuerzo’ a los 12 años. Los informes rechazan que haya ‘dos pruebas’ o ‘impedimentos’ para acceder a la Universidad y consideran que el texto no respeta las competencias autonómicas. El PSOE, IU, CC OO, UGT y los padres de Ceapa acordaron ayer presentar un manifiesto contra esta ley.

Los plenos del consejo escolar vasco y catalán mantendrán hoy sendas reuniones para aprobar el informe elaborado por cada uno de estos organismos. En estos consejos están representados los padres de la educación pública y la privada; los estudiantes, los sindicatos y patronales, y las administraciones autonómicas y locales.

El País Vasco ha elaborado su informe tras enviar cuestionarios a los miembros del consejo escolar sobre las 44 medidas principales que quiere introducir el Gobierno del PP en su reforma educativa. Este consejo concluye que el documento del ministerio es ‘tremendamente reduccionista’ y que ‘falta un serio aporte teórico’. El documento de Cataluña lo califica de ‘simple, muy poco profundo, sin una fundamentación suficiente y que ofrece una visión preconcebida’.

El informe vasco califica como ‘medida segregadora’ la que señala que ‘para aquellos alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje se constituyan grupos de refuerzo educativo’. Y añade de forma contundente: ‘No se deben formar grupos basura’. Para la comunidad educativa catalana, los itinerarios ‘tienden a excluir a los alumnos con dificultades y responden a modelos del pasado’.

El consejo escolar vasco señala que ‘rechaza los itinerarios en los dos últimos cursos de la ESO’, y dice que es ‘una medida simplista’, ‘con una definición poco consistente’ y que ‘bajo la apariencia de ordenar la opcionalidad de los alumnos, lo que se busca es la homogeneidad de los grupos’. Este informe califica de ‘cruel’ la justificación que da el Gobierno a los itinerarios de ‘atender las expectativas’ de determinados alumnos. El informe catalán dice que el texto ‘refleja un alto grado de desconfianza en la profesionalidad del profesorado y en la capacidad de autonomía de los centros’, que ‘tiene una concepción centralista, nada respetuosa con las competencias autonómicas’, y que ‘muestra una obsesión por crear mecanismos de control’.

El informe vasco se opone a que para obtener el graduado de secundaria haya que superar todas las asignaturas, porque esto ‘pone en manos de uno de los profesores la concesión del título’. Y añade que la mayoría de los miembros de este consejo escolar ‘pone en cuestión’ tanto la necesidad de la reválida al final del bachillerato como la prueba en sí.

El consejo vasco se muestra ‘firmemente contrario’ a que las notas de los estudiantes se tengan en cuenta para la admisión de alumnos, y ambos consejos se oponen a que los directores de los centros sean elegidos por la Administración y no por el consejo escolar del centro, como ahora. El informe catalán concluye que el texto del ministerio ‘no es viable’ y es ‘excluyente y segregador’.

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El Gobierno recupera en la Ley de Calidad el cuerpo de catedráticos de instituto

Se podrá acceder a una cátedra sin ser profesor

El Gobierno recuperará el cuerpo de catedráticos de instituto con la reforma educativa de la Ley de Calidad -lo que implica la jerarquización de las funciones de los profesores de cada centro- y permitirá que cualquier licenciado pueda acceder a una cátedra sin que sea necesario que tenga experiencia docente acreditada. Además, Educación incorporará la posibilidad de que los profesores mayores de 55 años tengan una reducción de jornada, con el correspondiente descenso salarial, algo ya reconocido para todos los funcionarios.

El ministerio prevé entregar el articulado de la Ley de Calidad a los consejeros en la reunión de la Conferencia Sectorial que habrá el 2 de mayo. Hasta ahora, Educación sólo ha hecho público un Documento de bases con las propuestas generales. La incorporación a ellas de la creación de un cuerpo de catedráticos implica que cambiarán las funciones de los docentes en los centros. Actualmente, ser catedrático es una condición a la que se accede tras permanecer años como profesor de secundaria. Se trata sólo de un peldaño más en la promoción (básicamente económica) de estos profesionales, y esta condición no va asociada a funciones determinadas en el centro, como ser jefe de departamento.

Al crearse el cuerpo, se tendrán que redistribuir las tareas de los centros, ya que se atribuirán a los catedráticos funciones de responsabilidad que ahora puede desempeñar cualquier profesor, y este nuevo cuerpo enseñará ‘preferentemente’ en los bachilleratos. Todo esto implica, por tanto, la jerarquización del profesorado en cada centro.

Al cuerpo de catedráticos de secundaria -que desapareció en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE)- se podrá acceder por dos vías: desde el cuerpo de profesores de secundaria y con cualquier licenciatura. Para los profesores se guardará al menos el 50% de las plazas de catedráticos vacantes y deberán cumplir tres requisitos para lograr una de ellas: tener una titulación superior, seis años de antigüedad y superar una oposición. Estos docentes están ya en posesión de un título de especialización didáctica, que se obtiene tras superar un curso de unos meses de duración denominado CAP o CCP. Los que no sean licenciados tendrán 10 años de plazo para sacarse un título superior si quieren acceder a una cátedra.

Para los licenciados que deseen pasar directamente a ser catedráticos de instituto se pedirá (además del título superior) que tengan CAP o CCP y que superen una oposición. La ley también incorporará, según el ministerio, que estos cursos de especialización didáctica se puedan cursar simultáneamente a los estudios universitarios, algo que ya se hace en algunas universidades.

Incentivos para tutores

Otras iniciativas que se incluirán a la ley son la posibilidad de dar incentivos profesionales y económicos a los tutores, y económicos a los profesores que tengan una ‘especial dedicación al centro’ y que implanten ‘planes de innovación educativa’. Sin embargo, la ministra señaló que ‘corresponde a las comunidades autónomas fijar las condiciones de estos incentivos’, de lo que se deduce que presumiblemente también habrá que costearlos. Para el reciclaje de los profesores habrá programas de inmersión lingüística, programas europeos, estancias en empresas, cursos de nuevas tecnologías y otros específicos para tutores.

CC OO calificó ayer la iniciativa del ministerio de ‘patética’. El secretario general de la Federación de Enseñanza de este sindicato, Fernando Lezcano, señaló: ‘ Recuperar el cuerpo de catedráticos se va a convertir en un nuevo problema la organización de los equipos de los centros’. Respecto al acceso libre de cualquier licenciado al cuerpo de catedráticos, Lezcano manifestó que ‘es una medida que va en la dirección contraria a la cualificación del sistema, porque habrá licenciados que se conviertan catedráticos sin experiencia docente acreditada y que además irán a los tribunales de reválida, y también a los de oposiciones a juzgar a los profesionales con experiencia’.

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Educación recuperará el cuerpo de catedráticos de instituto

Pilar del Castillo propone reducir la jornada de los profesores mayores de 55 años que así lo pidan a cambio de una reducción proporcional del salario

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". Jueves 25 de abril de 2002.

MADRID. Tras retocar los cimientos de la carrera del profesorado universitario, el Gobierno mira ahora a los enseñantes de colegios e institutos en su particular reconquista educativa.

El Ejecutivo le meterá el diente al asunto en la Ley de Calidad.Ayer mismo desgranó algunas de las nuevas claves en el escenario venidero del planeta docente: una, se recuperará el cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, declarado a desaparecer con la LOGSE; dos, se incentivará económicamente la función tutorial; tres, los docentes mayores de 55 años que así lo soliciten podrán reducir al jornada, eso sí, a cambio de hacer lo propio con el salario.

«Se pretende prestar una atención prioritaria a la cualificación y la formación del profesorado, a la mejora de las condiciones en que realiza su trabajo, al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente; y en definitiva, a la mejora de la calidad del sistema educativo», aseguraba ayer la ministra de Educación, Pilar del Castillo.

Lo más novedoso de la propuesta lanzada por el Gobierno consiste en insuflarle a los centros un aire jerarquizante de la mano del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria. Aún por definir, los nuevos profesores pata negra tendrán privilegios en el horario y condiciones de trabajo, pilotarán los departamentos de un área concreta en el centro a imagen y semejanza de sus homólogos de la Universidad y alumbrarán en su quehacer a los nuevos enseñantes.

Según se recoge en el documento presentado a la prensa por el Ministerio, los que actualmente tienen la condición de catedráticos y están en posesión del título de licenciado quedarán integrados en el citado cuerpo. Se dará un periodo de 10 años para que los que no son licenciados obtengan el título, conservando durante este tiempo todos sus derechos. Pasado este tiempo, sólo se mantendrán los derechos económicos.

El calendario venidero en torno al texto tiene su primera fecha marcada en rojo precisamente hoy, nueva jornada de lucha del movimiento estudiantil para frenar la ley. Más de tres millones de alumnos de enseñanzas medias están llamados a salir a la calle.Convoca el Sindicato de Estudiantes. Apoyan los padres de la Ceapa, STE's, CCOO, UGT, PSOE e IU.

Estos son algunos de los aspectos referidos al profesorado que el Ministerio propone incluir en la Ley de Calidad.

Cuerpos docentes

Además de los cuerpos de maestros y de profesores de secundaria, se rescatará el mencionado cuerpo de catedráticos.Para pasar de un cuerpo a otro, habrá que ser titulado superior, tener seis años de experiencia en el puesto y superar un concurso-oposición, con reserva de al menos el 50% de las plazas. Desde todos ellos se podrá acceder al cuerpo de inspectores cumpliendo con los mismos requisitos.

Formación inicial

La principal novedad estriba en que los cursos de cualificación pedagógica podrán ser cursados simultáneamente a los estudios universitarios. Los universitarios que quieran ir encaminando su carrera hacia la función docente podrán ir escogiendo las asignaturas de libre configuración que lleven a la obtención del título de especialización didáctica requerido.

Formación permanente

Se acometerán programas de especialización lingüística en colaboración con las Escuelas Oficiales de Idiomas, programas europeos y tecnológicos, estancias en empresas para los docentes de FP, cursos para la formación de profesores tutores en la ESO... Se fomentará la evaluación periódica y voluntaria del docente y los resultados serán tenidos en cuenta en lo referido a la movilidad, la promoción y la adquisición de los complementos de formación.

Convivencia en las aulas

Se reforzarán las atribuciones del director para que puedan desarrollar respuestas ágiles ante las situaciones de indisciplina en las aulas.

Incentivos

A pesar de que el borrador de la ley no habla de financiación, propone incentivos económicos para el profesorado, atendiendo a su «especial dedicación al centro» y a la «implantación de planes de innovación educativa».

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Los alumnos culpan a los «directores del PP» del escaso respaldo a la manifestación de ayer

Unos 30.000 estudiantes, según los convocantes, se manifiestan en todo el país contra la reforma

Educación estima en un 30% el seguimiento de la protesta por la futura Ley de Calidad

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". 26 de abril de 2002

MADRID. Más desangelada que nunca, la séptima jornada de lucha estudiantil en lo que va de curso no llegó al aprobado callejero.La reválida y los itinerarios no pudieron en su pulso con los exámenes de temporada y la jornada contra la Ley de Calidad acabó en suspenso.

Venció quedarse en casa. Repicaron campanas de alegría en el Ministerio de Educación, que hasta evitó una comparecencia oficial referente al asunto, viendo lo visto, para no darle balas al enemigo.

Unos 500 chavales salieron a manifestarse en Madrid, según Delegación del Gobierno; más de 3.000 en la capital y unos 30.000 en toda España, según el Sindicato de Estudiantes (SE). No más del 30% de los alumnos faltaron a su cita diaria con el aula, estimaban los datos del Ejecutivo. Alrededor del 80%, cifraban los convocantes.«¿Poca gente? El problema no lo tenemos nosotros», comenta Miriam Municio, secretaria general del SE. «El problema lo siguen teniendo la ministra y el PP para el próximo curso: el de nuestra lucha por una educación pública de calidad».

A las duras y a las maduras se dejó caer Gaspar Llamazares, corrodinador general de Izquierda Unida y único líder político tirando del carro. Arropó entre otros el evento Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Ni rastro del resto de mandatarios sindicales.

La tabla reivindicativa del SE (ayer bajo una pancarta que rezaba «Por una reforma educativa en beneficio de los hijos de los trabajadores») reclama que se dedique un 7% del PIB a gasto educativo, rechaza de plano los itinerarios formativos a partir de los 14 años, la reducción de la participación estudiantil en el gobierno de los institutos y la reimposición de la reválida.

Hasta el 8 de mayo no volveremos a ver el verdadero alcance de la respuesta social contra la ley. Para ese día, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública ha convocado diferentes manifestaciones.«Estas movilizaciones inician un nuevo periodo de confluencia en la calle de padres, profesores y estudiantes», se lee en un comunicado del SE. ¿La culpa de la escasa afluencia de ayer? «La brutal represión por parte de un sector de directores cercanos a la cuerda ideológica del PP».

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PSOE, IU y los sindicatos piden paralizar la Ley de enseñanza

Diario "El Mundo". Madrid. Miércoles 1 de mayo de 2002-05-06

PSOE, IU, CCOO, UGT y la Confederación de Asociaciones de Padres CEAPA firmaron ayer el manifiesto «Una educación de calidad para todos», en el que piden al Ministerio de Educación que paralice la Ley de calidad.

El documento articulará las movilizaciones que hay previstas contra esta reforma, organizadas por las Plataformas autonómicas de Defensa de la Enseñanza Pública (8 y 26 de mayo según los territorios). «Pedimos que se paralice la Ley para que se pueda abrir un gran debate social que busque un consenso y dé a la reforma educativa estabilidad», dijo Carmen Chacón, secretaria de la Ejecutiva del PSOE en Educación, para quien la propuesta del Ministerio de Educación «nos hunde en un retroceso y nos aleja de Europa».

El documento recoge medidas como una Ley de financiación, autonomía de los centros educativos y mayor control social de los mismos, entre otras.

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