Hemos ampliado esta página dedicada a la información sobre el proceso de aprobación de la L.O.U., con los comunicados noticias y recortes relativos a las Leyes de Calidad y FP (RECORTES SECUNDARIA) que el gobierno prepara para reformar los estudios de enseñanza secundaria y que prometen ser tan polémicas, al menos, como su hermana universitaria:

Proyecto del Real decreto sobre habilitación del profesorado (última versión)

Pulsando este enlace accederá a la última versión del citado proyecto, en su versión PDF.

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CC.OO. informa sobre profesorado de universidad (20-V-2002)

Nuevo borrador del decreto de habilitación

La semana pasada el MECD ha dado a conocer el nuevo borrador del Decreto de Habilitación. Aunque prácticamente todo está regulado en la LOU, el texto actual incluye algunas modificaciones que en algún grado (aunque mínimo) palian algunos de los efectos negativos de la Ley.

Entre los cambios más significativos respecto al borrador anterior, cabe señalar los siguientes:

Se han separado las áreas específicas en las que se pueden convocar plazas de TEU para diplomados universitarios de aquellas en las que se pueden convocar plazas de TEU y CEU en general (se han añadido 2 áreas de conocimiento más), y a su vez éstas de aquellas en las que se pueden contratar profesores colaboradores. Se ha aumentado el número de estas últimas hasta un total de 26 que en parte puede permitir paliar la situación de muchos de los profesores contratados actuales a los que se les dejaba sin ninguna salida si no eran doctores (ver hoja 211). Aunque aún insuficiente, CCOO considera que ha habido un avance respecto al borrador anterior.

Respecto a la celebración de las pruebas de habilitación, se ha aceptado la propuesta de CCOO estableciéndose que después de cada prueba cada miembro de la Comisión deberá emitir un informe razonado sobre cada uno de los candidatos. Anteriormente el informe era sobre el conjunto de las pruebas, lo que permitía que los candidatos fueran eliminados en alguna prueba sin que existiera justificación del motivo creando indefensión en los interesados.

En cuanto a los criterios de valoración de las pruebas de habilitación (que debe hacer públicos la Comisión) se establece que "habrá de contar con carácter preferente el de la acreditación de los méritos e historial académico, docente e investigador" pero no se cuantifican. En el borrador anterior, se imponía que el primer ejercicio debía contar doble que el resto.

Se establece explícitamente que las comisiones de reclamaciones (tanto en las Pruebas de Habilitación como en los Concursos de Acceso) "valorarán los aspectos puramente procedimentales". Hay que reseñar que ya existen Sentencias del Tribunal Supremo en este sentido.

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CC.OO. exige estabilidad al 49% de profesorado que pasará al régimen laboral

NOTA DE PRENSA 10.06.2002

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha presentado esta mañana en rueda de prensa un estudio sobre la regulación de las condiciones laborales del personal docente e investigador contratado(1). En el mismo se propone dotar de estabilidad laboral al personal con contrato administrativo y que, con la aplicación de la LOU, pasará a ser de régimen laboral. Además, exige que se homologue sus condiciones laborales con las de los funcionarios. La propia norma prevé que este personal puede llegar a ser el 49% de la plantilla de profesorado

Actualmente hay una bolsa de personal con contrato administrativo que CC.OO. quiere que accedan a la categoría laboral de contratado-doctor o de colaborador. El problema es que el Ministerio de Educación aún no ha fijado los mecanismos legales básicos para crear estas categorías, ya que ni siquiera ha sido constituida la Agencia de Evaluación.

El estudio, en el que han colaborado profesores de Derecho del Trabajo y del que se han distribuido 10.000 ejemplares por todos los centros universitarios, aborda la regulación de las nuevas figuras contractuales previstas en la Ley Orgánica de Universidades (LOU) pero que aún están pendientes de ser definidas en los correspondientes reglamentos en desarrollo de la Ley.

La iniciativa de CC.OO. obedece a la pasividad de la Administración y ante las previsible ambigüedad laboral a que se presta la nueva situación derivada de la LOU.

La LOU contempla nueve tipos de contratos, la mayoría de carácter temporal. Dos de estas figuras son contratos indefinidos: colaborador para áreas específicas y contratado-doctor.

CC.OO. propone una carrera académica vinculada a méritos objetivos y evaluables y hasta el grado más alto.

El sindicato advierte de que el retraso en provocará la ausencia de convenio y dificulatará la contratación de profesorado para el curso próximo.

Por otra parte, el secretario general de la Federación, Fernando Lezcano ha denunciado la falta de consenso en la negociación de los decretos que deben desarrollar la LOU.

Secretaría de Información

Pulsando este enlace accederá al documento elaborado por CC.OO. sobre REGULACION del PDI en su formato PDF

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Posicionamiento de FETE-UGT Madrid ante el proyecto de decreto sobre régimen de personal docente contratado y sus retribuciones.

El borrador de Decreto por el que se regula la contratación laboral del personal docente, las retribuciones y complementos, los procedimientos de selección, las normas de sustitución y la adaptación del actual personal contratado constituye una imposición unilateral de la Consejería de Educación de las condiciones laborales con las que las Universidades públicas de Madrid deberán contratar a su personal docente e investigador. Este documento responde a una filosofía de contratación del profesorado universitario totalmente superada en el nuevo marco legislativo.

FETE-UGT-Madrid considera que esta decisión unilateral de la Administración autonómica sustrae el derecho a la negociación colectiva por parte de los sindicatos, limitando así los derechos básicos sindicales amparados por el artículo 28 de la Constitución española. Por este motivo planteamos la necesidad urgente de transformar el decreto en cuestión en un convenio colectivo propio del personal docente e investigador en el que participen con igual capacidad negociadora las tres partes implicadas: Consejería de Educación, Universidades y Sindicatos. Una vez convocada la mesa tripartita e iniciados los trabajos deberá elaborarse el texto en que se recojan las condiciones laborales en coherencia con el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación laboral.

Como primera medida consideramos que debe aplicarse la transformación automática de la totalidad los actuales profesores contratados a las figuras del régimen laboral contempladas en la LOU sin que ello suponga, en ningún caso, merma alguna en sus expectativas profesionales y salariales.

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Propuestas de Comisiones Obreras para el desarrollo de la LOU en la Comunidad de Madrid y la negociación de las condiciones de empleo del personal docente e investigador

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades ha introducido importantes modificaciones tanto en el régimen jurídico del Conjunto del Personal Docente e Investigador de las Universidades como en las relación de competencias para su desarrollo y concreción, ampliando particularmente la capacidad reguladora de múltiples aspectos por la Comunidad de Madrid (CM). En este nuevo marco legal, en tanto se determina su posible inconstitucionalidad, se debe proceder en el ámbito de la Comunidad de Madrid al desarrollo de múltiples aspectos: la regulación de la Agencia y el procedimiento de Evaluación del Personal Docente e Investigador, el Consejo de Coordinación Interuniversitario, los Consejos Sociales, etc. Igualmente se debe desarrollar el régimen jurídico de las condiciones de trabajo del Personal Contratado así como las eventuales modificaciones del actual complemento retributivo del conjunto del PDI de las universidades de Madrid.

Aunque de buena parte de los aspectos mencionados corresponde a la CM la iniciativa y el impulso legislativo, no hay que olvidar que estas nuevas responsabilidades han de desarrollarse dentro del marco legal y constitucional. Así, de acuerdo con el diseño constitucional y legal del papel institucional de los Sindicatos, es imprescindible establecer mecanismos de participación, consulta u opinión antes de abordar cualquier propuesta de regulación en relación con las universidades y su personal. Por otro lado, más en concreto, por lo que se refiere a la regulación de las condiciones del Personal Contratado además de las limitaciones competenciales de la Comunidad de Madrid hay que tomar en consideración las competencias reconocidas constitucional y legalmente a la negociación colectiva.

Por ello, en relación con el desarrollo de la LOU en el ámbito de la CM, Comisiones Obreras propone la apertura de un proceso de participación, consulta y negociación para abordar un desarrollo adecuado en el que se garanticen y mejoren las condiciones de empleo del Personal Docente e Investigador. Sin embargo no hay que olvidar que, en el contexto del Acuerdo de Estabilización y Promoción suscrito por los Sindicatos y el Gobierno de la nación en enero de 2000 y posteriormente la Comunidad de Madrid, las Universidades y los Sindicatos de la CM adoptaron el Acuerdo de Estabilización y Promoción del Personal contratado por las Universidades y el Acuerdo sobre el Complemento Retributivo, cuyos contenidos o no han sido desarrollados completamente o se están incumpliendo de manera manifiesta. Por ello, el inicio de cualquier tipo de negociación ha de estar presidido por la voluntad de mantener el cumplimiento de lo pactado, en particular el mantenimiento del plan de estabilización y los complementos económicos en las cuantías y los términos acordados, procediendo a negociar si fuera preciso las modificaciones que fueran necesarias para adecuarlos al nuevo marco jurídico.

A este respecto, desde CCOO manifestamos que nos opondremos por los medios que fuera preciso dentro de la ley, a las tentaciones de la Comunidad de Madrid de desconocer la obligación de cumplir los acuerdos alcanzados y a las intenciones de regular de manera unilateral las nuevas condiciones del Personal Docente de las universidades de la CM.

I.- PROPUESTAS GENERALES:

Con carácter general proponemos el inicio de un proceso de participación y consultas en relación con el desarrollo legislativo de la LOU en el ámbito de la CM (Consejo de Coordinación Interuniversitario, Agencia de Evaluación, Consejos Sociales, etc.).

II.- PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO.

En relación con la regulación de las condiciones de empleo del PDI contratado por las Universidades la LOU realiza un complejo reparto competencial en el que además de la propia regulación contenida en ella, se remite a las Comunidades Autónomas y a los Estatutos de las Universidades. Con tener relevantes competencias ambas instituciones no puede desconocerse que debido al régimen laboral de este personal la regulación de sus condiciones ha de desarrollarse en el marco de la legislación laboral. En este contexto, de acuerdo con la Constitución, la regulación de sus condiciones básicas de trabajo corresponde a la negociación colectiva (Art. 37 de la Constitución y 3 del Estatuto de los Trabajadores), sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Comunidad Autónoma e incluso a las Universidades a través de sus Estatutos. En este sentido, aunque la negociación colectiva entre sindicatos y universidades es un instrumento ineludible para la fijación de condiciones laborales del PDI contratado, es evidente la necesidad de tener en consideración las competencias autonómicas en relación con la regulación y financiación del personal laboral.

Nuestro diseño constitucional y legal hace por tanto imprescindible la articulación de las distintas competencias y procedimientos de regulación. A tal fin desde Comisiones Obreras proponemos el inicio de un proceso de negociación tripartita, CM-Universidades-Sindicatos en el que se establezcan los elementos básicos de la regulación de las condiciones de empleo y las condiciones de su financiación, sin perjuicio de que posteriormente estos aspectos se vean reflejados en parte en disposiciones legales de la Comunidad de Madrid o en los Estatutos de las Universidades y en parte en el correspondiente Convenio Colectivo.

Los contenidos básicos sobre los que proponemos iniciar las negociaciones son:

- Las condiciones de contratación laboral del PDI: Sistema de selección, contratación y promoción, modalidades de contratación y su régimen jurídico. También, en esta materia, habría que abordar el régimen de la conversión del personal con contrato administrativo a las nuevas figuras laborales.

- Condiciones retributivas del PDI contratado: estableciendo tanto los conceptos como las cuantías de las retribuciones del personal laboral (excluyendo los complementos retributivos que, en la medida que afectan a todo el personal, y aunque se negocien de manera conjunta, habrían de regularse separadamente).

A) CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

a) Condiciones generales de contratación del PDI contratado:

Establecimiento de reglas generales del sistema de selección y contratación homogéneas para todas las universidades, presidido por los principios de igualdad, mérito y capacidad y que cuente con la participación de la representación de los trabajadores, con voz y voto.

Las condiciones de contratación, salvo las reglas generales que se incorporen a disposiciones legales, tendrían una vigencia hasta el 2005 (fin del Contrato-Programa), sin perjuicio del establecimiento de facultades a las correspondientes comisiones paritarias para su interpretación y eventuales adaptaciones a las necesidades de las universidades.

Establecimiento de porcentajes máximos de contratación temporal en el conjunto del personal contratado (incluyendo contratos de ayudante, ayudante doctor, contrato de obra o contratos en prácticas; excluyendo del cómputo los contratos de asociados a tiempo parcial).

Establecimiento de compromisos de conversión a figuras estables de las personas que hayan estado vinculadas a las Universidades al menos cuatro años realizando actividades docentes e investigadoras.

En ningún caso se podrán realizar contratos de obra o servicio determinado cuyo objeto sea la impartición de docencia.

b) Condiciones de conversión y estabilización del personal actualmente contratado en régimen administrativo.

B) RÉGIMEN RETRIBUTIVO DEL PDI CONTRATADO:

Criterios generales

III.- PROPUESTAS EN RELACIÓN CON LA REGULACIÓN DEL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO DEL CONJUNTO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LAS UNIVERSIDADES DE MADRID.

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RECORTES LOU

La LOU, al Constitucional

Diario "El Mundo". Martes 14 de mayo de 2002.

MADRID. La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Asamblea de Extremadura contra determinados preceptos de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Ha acordado trasladar la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.

El recurso afecta a 18 artículos y a las disposiciones finales primera y cuarta, así como a la disposición transitoria segunda.El PSOE estima que el artículo 11.2 de la LOU «conculcaría la autonomía universitaria recogida en el artículo 27.10 de la Constitución, al ignorar la facultad de regulación de los centros adscritos por parte de las universidades». También se recurrió el artículo 4.1-b y su disposición adicional primera «por conculcar el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía».

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50 indicadores acreditarán la calidad de los títulos universitarios

Las carreras que no los superen no serán reconocidas oficialmente - El borrador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad vincula los incentivos económicos del profesorado a una evaluación de los alumnos

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". Lunes 20 de mayo de 2002.

MADRID. Las titulaciones universitarias que no aprueben satisfactoriamente una evaluación de medio centenar de indicadores sobre su calidad no serán reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación.

La futura Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuya creación está prevista en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), valorará asuntos como el gasto por alumno matriculado, la dotación tecnológica, la tasa de abandono de los estudiantes o, entre otros 45 aspectos iniciales a calibrar, la inserción laboral de los titulados tres años después de acabar sus estudios.

Ultimo aviso para adaptarse a los tiempos que vienen. Las universidades deberán ponerse las pilas: las carreras que no pasen esta especie de ITV de la enseñanza superior no estarán acreditadas y carecerán de validez oficial.

El borrador del acuerdo para crear la Agencia (de dos folios) y los estatutos que la regirán (12 páginas) fueron remitidos el pasado martes al Consejo de Universidades y ya están en manos de rectores y comunidades autónomas.

Declaración de Bolonia

España, después de Holanda, será así el segundo país en cumplir con lo recomendado en la Declaración de Bolonia en el tema. Su puesta en marcha está prevista para el próximo curso, con un dilatado calendario para que los pasos se den en firme: en 2003 se iniciarán las convocatorias de evaluación, en 2004/5 comenzarán las evaluaciones y en 2006 podrían estar ya las primeras acreditaciones.

Para que una titulación sea oficial será obligatorio que esté acreditada por la ANECA. En un primer momento, la garantía de calidad tendrá validez para cinco años. Pasado este periodo, se realizará cada 10. A efectos de títulos propios (masters), reconocimiento social, márketing o financiación se podrá conseguir una certificación (paso previo a la acreditación) que constate el visto bueno de esa carrera en cuestión.

Todos los datos referidos a la calidad de las titulaciones estarán disponibles para las familias y los alumnos con el fin de que éstos elijan lo que más les interese.

Según se indica en el borrador, el acuerdo tiene como finalidad «contribuir a la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes, y reforzar la transparencia y competitividad de nuestro sistema universitario, como medio para la promoción y garantía de la calidad de las universidades, así como para el establecimiento de criterios para la rendición de cuentas a la sociedad».

La llegada de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación supondrá una fenomenal criba en la enseñanza superior, la puntilla para los peores centros en un contexto de bajada demográfica y de saturación de campus.

«Quien no espabile no sobrevivirá», es el mensaje lanzado desde la Administración. Habrá universidades que no logren acreditar buena parte de sus titulaciones, y a partir de entonces no valdrán legalmente. Habrá padres que huirán como de la peste de los centros que obtengan los resultados menos brillantes... Menos facultades universitarias y mejores, pinta el futuro imaginado por Educación.

En el proceso de evaluación, las universidades que suspendan podrán alegar el porqué de los fallos diagnosticados por la Agencia, recoge el diseño que está estudiando la Administración. Habrá unas recomendaciones a seguir. Si no se corrigen y las pruebas siguen sin alcanzar los mínimos de calidad, la titulación de marras no logrará la acreditación.

Profesores evaluados

Las modalidades de control incluirán un amplio abanico. Una pléyade de evaluadores estará dedicada de lleno al asunto. Habrá evaluación externa, por pares (dos informes diferentes sobre un mismo asunto para contrastar), autoevaluación, comités técnicos y comisiones nacionales. Tanto las universidades públicas como las privadas deberán pasar por el aro.

Los profesores que así lo deseen también serán evaluados tanto en la investigación como en la docencia. En el primer aspecto seguirán pasando, como hacen ahora, por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, donde se les valora por un periodo de seis años. En la segunda cuestión, la tocante a la actividad docente, la acreditación se logrará cada cinco años mediante la calificación de los alumnos (a través de encuestas) y convenios Agencia-Universidad para evaluar a los enseñantes.La gran novedad es que los complementos económicos sólo existirán para los que aprueben.

Un organismo independiente con mayoría del Gobierno

MADRID. El borrador del acuerdo que irá al Consejo de Ministros antes del verano establece una dotación fundacional del Ministerio de Educación para la Agencia de 250.000 euros (algo más de 40 millones de pesetas). El montante global podría rondar los nueve millones de euros (unos 1.500 millones de pesetas).

Aunque las declaraciones públicas han ido en la línea de que la ANECA será un organismo «independiente», lo cierto es que los estatutos le dan la mayoría al Gobierno en la composición del patronato que llevará la fundación creada al efecto.

De los 19 miembros que, como máximo, pilotarán la Agencia, cinco pertenecerán al Ministerio de Educación, otros cuatro procederán de otras tantas carteras del Ejecutivo y seis, señala el texto el borrador, «serán nombrados por la ministra de Educación, Cultura y Deportes previa consulta a la Comisión Mixta del Consejo de Coordinación Universitaria». Los otros cuatro serán otros miembros de distintos estamentos de la comunidad educativa.

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El Congreso elegirá al nuevo Consejo de Universidades

Diario "El Mundo". Lunes 20 de mayo de 2002.

MADRID.- La Comisión de Nombramientos del Congreso tiene previsto examinar mañana martes a los candidatos de la Cámara Baja para el nuevo Consejo de Coordinación universitaria, que conforme a la nueva ley sustituirá al actual Consejo de Universidades, renovado hace casi dos años, confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.

El Consejo de Coordinación Universitaria es el máximo órgano consultivo del sistema universitario, un foro de encuentro y debate con participación de las tres Administraciones implicadas (Estado, autonomías y universidades) y con labores de asesoramiento y de proposición.

La Presidencia del Consejo corresponde al Ministerio de Educación y Cultura, y entre los vocales figuran los consejeros del ramo de las distintas autonomías, los rectores de las universidades y 21 personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica y social, elegidas por el Gobierno y el Parlamento.

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La LOU obligará a las universidades a sacar matrícula

Suplemento "Campus". Diario "El Mundo". Miércoles 22 de mayo de 2002.

La futura Agencia de Evaluación de Calidad les exigirá cumplir los 45 criterios examinados.

A cambiar los roles! Las universidades deberán presentarse, según manda la LOU, a sus propios exámenes, y el profesor, la futura Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), será más que exigente.

De 45 preguntas constará la prueba que deberá pasar cada titulación impartida en la Universidad española. Y un sólo fallo bastará para que no reciba la escarapela de «oficial» que podrá entregar, en exclusiva, la ANECA.

Los centros tienen todavía tiempo (los primeros exámenes están previstos para el año 2006), pero no debe dilatarse demasiado el comienzo de una novedad que parece inexorable, a tenor del borrador del acuerdo para la creación de la ANECA, que ha sido remitido al Consejo de Universidades, a los rectores y a las comunidades autónomas.

España se convierte, con la creación de este órgano supervisor de la calidad de la educación superior, en el segundo país europeo, tras Holanda, que cumple con las recomendaciones de la Declaración de Bolonia.

v Criterios.

Son 45 los criterios que maneja el Consejo de Universidades para medir el nivel de las universidades españolas. Estos listones se dividen en siete apartados: Demanda universitaria, Oferta universitaria, Recursos Humanos, Financieros y Físicos, Proceso y Resultados.

No tener suficiente dotación tecnológica por alumno, la masificación de las aulas, una tasa de éxito baja o una deficiente producción de doctores serán razones suficientes para que una titulación pierda su carácter oficial.

v Elaboración de la ley.

La Agencia de Evaluación no quiere pisar en falso y su arranque se presume lento. El operativo comenzará a carburar el año próximo, y su primer paso serán las convocatorias de evaluación. Los exámenes empiezan en el curso 2004/05 y será en 2006 cuando se tengan los primeros y temidos resultados.

v Objetivos.

Según se desprende del borrador, la finalidad es «contribuir a la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes [...] así como la rendición de cuentas a la sociedad».

v Plazos.

El certificado oficial que recibirá cada titulación tendrá una validez de cinco años. Después de una primera etapa, esta garantía se ampliará a 10 años. Sólo la ANECA tendrá la potestad de declarar la oficialidad de un título universitario.

v Composición de la ANECA.

Serán 19 los miembros de la ANECA. El Ministerio de Educación aporta cinco, el resto del Gobierno, cuatro, la ministra nombrará seis y cuatro pertenecerán a otros estamentos de la comunidad universitaria. El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, mostró ayer su desacuerdo con esta medida, que reserva al Gobierno la mayoría de los miembros.

v Profesores.

Si los profesores lo deciden, podrán someterse a un examen de evaluación particular tanto en el plano docente como en el de la investigación. Sólo los que aprueben recibirán un complemento económico.

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Valorar las universidades

Suplemento "Campus". Diario "El Mundo". Miércoles 22 de mayo de 2002.

La renombrada calidad invade los campus. La futura Agencia de Evaluación de Calidad, que amadrina la titular de Educación, exigirá a las universidades pasar un examen con 45 preguntas para poder impartir una titulación.

La nueva aventura universitaria de la ministra no esconde más que una convergencia de los centros de educación superior españoles con lo que estipula la Declaración de Bolonia. Y, según el borrador de la futura examinadora, lo que se pretende es «contribuir a la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior conforme a procedimientos objetivos y procesos transparentes». Es más, las 45 condiciones que las universidades deberán aprobar, sin perdón de una ni de media, contienen el análisis de siete elementos de esencial y evidente cumplimiento: Demanda universitaria, Oferta universitaria, Recursos Humanos, Financieros y Físicos, Proceso y Resultados.

La nueva Agencia de Evaluación de Calidad (ANECA) se encargará de detectar la insuficiente dotación tecnológica por alumno, la masificación de las aulas, la tasa de éxito baja o la deficiente producción de doctores. Estas deficiencias serán motivo de suspenso que, en el lenguaje de esta nueva agencia, se traduce en la retirada del carácter oficial de una titulación. Y ni siquiera la concesión de oficialidad tendrá carácter vitalicio, sino que será de cinco años y cumplido este periodo, la validez será de una década más. Grave sanción y duras pruebas. Por eso, la ANECA ha hecho suyo el piano piano y el rastreo no entrará en funcionamiento hasta el 2006. Sólo el año que viene se harán efectivas las convocatorias de evaluación. Las primeras respuestas han venido de boca del rector de la Politécnica cuya queja se basa en la composición de la Agencia que contendrá sólo cuatro miembros de la universidadad de los 19 que participarán.

La medida convierte a todas las universidades en dependientes de la Agencia de Evaluación de Calidad. En sus manos queda pues el convertirse en soberano o justo moderador.

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Los rectores critican que el Gobierno cope la mayoría de los cargos en la Agencia de Evaluación universitaria

Diario "El Mundo". Miércoles 22 de mayo de 2002.

MADRID. El presidente de la Conferencia de Rectores, Saturnino de la Plaza, mostró ayer su desacuerdo con la pretensión del Gobierno de reservarse la mayoría de los miembros del patronato de la futura fundación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Según informó EL MUNDO el lunes, el borrador de la normativa que creará la nueva agencia otorga al Ejecutivo la potestad de designar a la mayoría de patronos de la fundación. De los 19 miembros previstos como máximo, cinco serán del Ministerio de Educación, cuatro procederán de otras tantas carteras del Ejecutivo y seis serán nombrados por la ministra Pilar del Castillo previa consulta con el Consejo de Coordinación Universitaria. Sólo los cuatro restantes serán miembros de distintos estamentos de la comunidad educativa.

El presidente de los rectores lamentó ayer que el patronato de la fundación tenga «una presencia mayoritaria de cargos del Ministerio de Educación y de personas nombradas por la ministra».

«Siempre hemos pensado que, aunque la ANECA tiene que ser un organismo público financiado por recursos públicos, debería tener una composición lo más independiente posible de las administraciones públicas», afirmó a Servimedia. A su juicio, es muy importante que la agencia «genere desde el principio confianza y credibilidad en la comunidad universitaria», porque tendrá competencias de gran calado como la suspensión o revocación de autorización de títulos académicos o referidas a la selección del profesorado.

La ANECA será el organismo encargado de vigilar la calidad de las titulaciones universitarias. Todas serán evaluadas obligatoriamente. Aquellas que no superen los mínimos de excelencia en 45 indicadores carecerán de validez a ojos de la Administración. Las universidades dispondrán de un periodo de tiempo para solventar las disfunciones. Si no lo hacen, dejarán de contar.

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La reforma de la Universidad

Carlos Mayor Oreja. Suplemento "campus". Diario "El Mundo". Viernes 31 de mayo de 2002.

El sistema universitario madrileño, de cara a su definitiva y competitiva incorporación en el espacio europeo, se ha marcado como objetivos prioritarios la promoción y difusión de una cultura de calidad y la adecuación de sus servicios a las demandas sociales. Con este motivo, la Consejería de Educación del Gobierno regional, el 29 de abril pasado, presentó en el Pleno del Consejo Universitario las líneas maestras de lo que pretende ser la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de la enseñanza superior de Madrid, estudio inicial que culminará con la elaboración del correspondiente proyecto de Ley de Creación de dicha Agencia.

Con la creciente integración de las enseñanzas superiores se ha producido una diversificación de modelos educativos que exige delimitar y diferenciar los niveles de calidad y prestigio de cada institución. Apenas hace dos décadas, la Universidad tuvo como objetivo prioritario dar respuesta a la gran demanda de estudiantes, lo que llegó a dificultar la reflexión sobre la formación del universitario y los verdaderos objetivos de la institución educativa. Sin embargo, al día de hoy todos estamos de acuerdo que el reto que tiene ante sí muestra Universidad es su apuesta por la calidad.

La aprobación de nuevos planes de estudio, la puesta en marcha de novedosos modelos de financiación, la programación universitaria, la existencia de complementos retributivos ligados a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión y la valoración de las estrategias de descentralización y de innovación en las estructuras organizativas son factores que hacen oportuna la puesta en funcionamiento de la agencia.

Su ámbito de actuación incluirá las tareas que garanticen los mínimos de calidad educativa, mediante los sistemas de acreditación de las enseñanzas conducentes a títulos y diplomas propios de las universidades madrileñas y de cualquier otro centro de enseñanza superior implantado en la CAM.

De esta forma se podrá optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles y el esfuerzo inversor a cargo de los presupuestos públicos en consonancia, claro está, con las tendencias emergentes de demandas originadas en los distintos sectores culturales y productivos de la sociedad.

La configuración de la agencia como organismo autónomo garantizará la máxima eficiencia en su labor y el pleno respeto a la autonomía universitaria por parte del Gobierno de la Comunidad, que trabaja para que su Universidad cuente con un instrumento útil que impulse y desarrolle iniciativas de calidad y de evaluación continuada y que recoja y canalice información entre los departamentos y centros universitarios y la sociedad.

Un paso más que conduce a nuestras universidades a liderar la calidad del sistema universitario.

Carlos Mayor Oreja es consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

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RECORTES SECUNDARIA

La izquierda y los nacionalistas tachan de ‘segregadora’ la Ley de Calidad

La falta de financiación y la ‘reducción de las competencias’ autonómicas, claves del rechazo

La Ley de Calidad de la Educación, que presentó ayer Pilar del Castillo en el Consejo de Ministros, ‘confirma los peores augurios’ de la oposición socialista porque el texto definitivo ‘no ha cambiado ni una coma, salvo para asumir las peticiones de la Conferencia Episcopal y en favor de la educación privada’. La izquierda y los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos coinciden en calificar la ley de ‘segregadora’ y critican la ausencia de un capítulo dedicado a la financiación educativa. Y resumieron así otro de los principales desacuerdos: ‘El Gobierno legisla y las comunidades pagan’.

Leído el articulado de la nueva ley educativa, la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, concluyó: ‘Supone un absoluto maltrato del Gobierno de Aznar a la escuela pública y aumenta la descohesión social entre los que tienen más y los que tienen menos y entre los que saben más y los que saben menos’. Las primeras críticas expresadas ayer por la dirigente socialista se referían a los itinerarios educativos ‘segregadores’ que se implantarán en la educación secundaria. Chacón explicó que algunos alumnos ‘se irán a la calle’ a los 15 años ‘y otros tendrán que irse con 16 sin conseguir el título, indispensable para abrirse camino en el mercado laboral’. Los itinerarios, dos en tercero de la ESO y tres en cuarto, suponen, a su juicio, ‘una segregación temprana e injusta, que disminuirá el número de bachilleres y de universitarios’. ‘Esta ley no previene el fracaso y arrincona y expulsa del sistema a los que tienen más dificultades’, dijo Chacón.

La izquierda política y sindical y los partidos nacionalistas coincidieron en que la ley es ‘segregadora’.

‘Darwinismo social’

La consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, afirmó que la educación se convertirá, de este modo en ‘un privilegiado instrumento de darwinismo social’. ‘La preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas, sino enseñándoles a saltar’, señaló. ‘Porque no saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones. Pero eso cuesta dinero’, añadió.

La ausencia de financiación y ‘los temas competenciales’, aúnan también el rechazo de la izquierda y de los nacionalistas. ‘Se busca una fuerte uniformidad que reduce las competencias de las comunidades a la gestión de las medidas marcadas por el Estado y al pago de las correspondientes facturas’, manifestó Iztueta.

Para los socialistas, la nueva ley ‘no contiene ni una sola medida para combatir el fracaso escolar’, ni ‘una sola peseta para la educación pública’. ‘Se dice que se extenderán los conciertos a la educación infantil, pero ‘¿quién los va a pagar, las comunidades autónomas?’, preguntó Chacón

En el PSOE también criticaron la posibilidad de que haya centros especializados en un único itinerario en los que se podrá seleccionar a los alumnos por su expediente, porque eso ‘sólo servirá para tener centros y alumnos de primera y de segunda’, explicó Chacón. ‘Estos centros no son más que un eufemismo para permitir que unos tengan los itinerarios que quieran y otros, aquellos que tengan menos salidas’. Chacón opina que acarrearán una ‘dualización del sistema que convertirá a la escuela pública en la de los problemas y dejará a la privada libre de ellos’. Los centros públicos están obligados a ofrecer todos los itinerarios. Otra de las quejas del PSOE se refiere al papel asignado a los Consejos Escolares, ‘que dejan de tener competencias como la de elegir al director, que ahora será impuesto por la Administración, y aleja a los padres de la cooperación entre la escuela y la familia’.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que la ley ‘ha pasado a ser de cantidad [en lugar de calidad], por los beneficios que le supondrá a la patronal de la enseñanza privada, y de caridad para con la jerarquía’ católica, informa Efe. Llamazares también tachó el proyecto del PP de ‘regresivo, segregador y clasista’.

Crítica de los sindicatos

Y los sindicatos CC OO, UGT y STES rechazaron la ley porque ‘no soluciona los problemas y se ha elaborado sin negociación. En UGT echan en falta un ‘compromiso de financiación’ y critican ‘el excesivo afán reglamentista del Gobierno, que invade claramente las competencias de las comunidades autónomas’. A su juicio, la ley, además, ‘empeora gravemente’ las condiciones laborales del profesorado.

Los socialistas intentarán modificar esta ley ‘en el Parlamento’ pero se manifestaron ‘dispuestos’ a secundar las protestas que se convoquen en la calle.

La Ley de Calidad ‘no puede recibir’ tampoco el apoyo de CiU y ‘si llega tal cual al Congreso puede haber serias dificultades’, advirtió ayer el portavoz de Educación en el Congreso de esta coalición, Ignasi Guardans, que se mostró favorable al diálogo, informa Efe.

CiU rechaza el proyecto porque fundamentalmente porque no está de acuerdo con los itinerarios educativos establecidos y por cuestiones competenciales, aunque Guardans afirmó ayer que ‘hay otros muchos puntos que no les gustan y el Gobierno lo sabe muy bien’, dijo. Pidió consenso a la hora de sacar adelante la ley aunqeu no confía en que esa sea la voluntad del Gobierno, más que ‘de boquilla’. Y lamentó la forma de darlo a conocer por el Ministerio por haber presentado el el anteproyecto ‘como el texto definitivo’.

La consejera vasca también criticó que la ministra no les haya mostrado el articulado de la ley en la conferencia sectorial celebrada el pasado martes y haber tenido que enterarse por la prensa [a través de EL PAÍS]. Idénticas críticas se recogieron por parte de otros consejeros de Educación de las autonomías. La falta de consenso y de un anális riguroso de la situación educativa previo a la ley han sido críticas repetidas por la oposición.

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Los centros confesionales creen que la ley revaloriza el área de religión

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País". Madrid. Sábado, 11 de mayo de 2002

La Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere) aseguró ayer que la implantación de la asignatura alternativa a la de religión confesional servirá para revalorizar esta última. El presidente de esta federación, Manuel de Castro, explicó que la nueva área supondrá ‘darle un empujón’ tanto a la asignatura de religión confesional como a la asignatura alternativa, que antes no existía. ‘Ambas tendrán más nivel, lo que será bueno para conocer el hecho religioso, aunque sea desde un punto de vista crítico y meramente cultural’, dijo.

El anteproyecto de la Ley de Calidad establece el área de Cultura y Religión que comprende dos opciones, ‘una de carácter confesional’ y otra ‘de carácter no confesional’. Ambas serán de oferta obligada por los centros, evaluables y computables a efectos de cálculos de la nota media.

También desde la confederación de padres católicos Concapa, su presidente José Manuel Contreras, valoró que se establezca una alternativa a la asignatura de religión para que no exista ‘una competencia desleal entre alumnos’.

Conciertos en infantil

En relación a la gratuidad de la segunda etapa de infantil (de 3 a 6 años) en los centros privados concertados, tanto la Fere como la Concapa aplaudieron su inclusión en la Ley Calidad. Ésta era una de las principales reivindicaciones del sector de la enseñanza concertada. De Castro señaló que ‘la demanda social demuestra que no puede ser de otra forma’, aunque manifestó su ‘cautela’, ya que son las comunidades autónomas las que deberán financiar los conciertos en los centros.

La presidenta de la patronal de centros privados Cece, Isabel Bazo, consideró que la gratuidad en la etapa de infantil es un ‘gran avance, ya que asegura el futuro para los padres que elijan una educación concertada’. Algo en lo que coincide el presidente de Educación y Gestión, Néstor Ferrera, quien calificó en general el proyecto de ley como ‘serio y coherente’. ‘Denota valentía para resolver los problemas del sistema educativo que demandaba la sociedad’, dijo.

Por su parte, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, integrada por asociaciones de todas las comunidades autónomas, apoyó aspectos de la ley como la supresión de la promoción automática y los itinerarios. Aún así, criticó que no se otorguen incentivos al cuerpo de profesores de la ESO. ‘No es posible incrementar la calidad de la educación con un colectivo resignado y resentido profesionalmente’, señalaron.

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Una asignatura sobre valores cívicos será la alternativa a la religión

Del Castillo dice que la oposición tiene ‘afición’ a ir al Constitucional

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, especificó ayer que el contenido de la asignatura ‘aconfesional’ que se implantará con la Ley de Calidad como alternativa a la religión será la de ‘valores cívicos, en la que estarán incluidos los constitucionales, así como del hecho religioso desde una perspectiva laica’. Esta alternativa ha sido calificada de ‘inconstitucional’ por los socialistas. Sobre esta afirmación, la ministra dijo que la oposición tiene ‘afición, o casi pasión, por recurrir al Tribunal Constitucional’.

Pilar del Castillo presentó ayer su anteproyecto al Consejo de Ministros y envió el texto del articulado (disponible en www.elpais.es) al Consejo Escolar del Estado y a las comunidades autónomas. Éstos son otros aspectos polémicos de esta reforma:

La alternativa a la religión. El anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza establece una nueva área denominada Sociedad, Cultura y Religión que comprenderá dos opciones de desarrollo: una de carácter confesional -‘acorde con la confesión por la que opten los alumnos, entre aquellas respecto de cuya enseñanza el Estado tenga suscritos acuerdos’- y otra de carácter no confesional. El anteproyecto señala que las dos opciones que se incluyen serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas.

Pero el texto no especifica los contenidos de la alternativa no confesional, que son precisamente el centro de la larga polémica alrededor de la asignatura de religión. El Tribunal Supremo dictaminó ya en 1994 que la asignatura alternativa a la religión no podía tener contenidos considerados básicos o curriculares para el alumno, como el aprendizaje de los valores constitucionales, porque entonces se estaría discriminando a los que no los reciben porque cursan religión. Aún así, los obispos llevan años reclamando al PP que endurezca los contenidos de la alternativa a la religión y precisamente es la denominación de ‘Valores cívicos’ la denominación que han pedido más a menudo para esa alternativa.

A pesar de que el recurso de la oposición sobre la Ley Orgánica de Universidad (LOU) ha sido ya admitido a trámite por Tribunal Constitucional y de que la Ley de FP será también presentada por diversas comunidades autónomas a ese tribunal, la ministra considera que ‘no hay ningún elemento de inconstitucionalidad en todas las reformas presentadas’.

Más autoridad a los directores. La ministra señaló que el texto contiene una serie de medidas para combatir la indisciplina en las aulas y, a pesar de que no dio datos concretos, aseguró que es ‘una demanda de personas que han tenido problemas por casos de indisciplina en sus centros y que se sienten desatendidos institucionalmente’.

La nueva ley dotará a los directores de autoridad para ‘ejecutar el reglamento de régimen interno de los centros’, dijo Del Castillo, en el que se precisan medidas como las expulsiones de los alumnos por tiempos determinados, y además se proveerá a los profesores de ‘asistencia jurídica’.

Financiación a la privada. Sobre la financiación pública de la educación infantil de los centros privados concertados, la ministra aseguró que ‘en buena medida’ las comunidades autónomas ya financian este nivel educativo, aunque cuando el Gobierno apruebe el proyecto irá acompañado de una evaluación económica de ésta y otras medidas’. A las quejas de la oposición y sindicatos como CC OO y UGT por este aumento de la financiación de los centros privados -en lugar de destinar ese dinero a crear, actualizar o ampliar centros públicos- se une ahora la protesta de esos colectivos por estas declaraciones de la ministra en las que deja ver que, si destina financiación a su reforma, será sobre todo para la privada.

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Los profesores tendrán derecho a asistencia jurídica en los conflictos con sus alumnos

El Gobierno aprueba la Ley de Calidad de la Enseñanza

PEDRO SIMON . Diario "El Mundo". Sábado 11 de mayo de 2002.

MADRID. Los profesores gozarán de «protección y asistencia jurídica» específica cuando se vean involucrados en conflictos disciplinarios. La medida, incluida dentro del anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza que ayer se presentó al Consejo de Ministros, fue justificada por la titular de Educación, Pilar del Castillo, por las «continuas peticiones de ayuda» de los docentes, que dicen sentirse «desasistidos» en el aula.

En la misma línea de refuerzo disciplinario, los directores tendrán más competencias para poder ejecutar medidas «encaminadas a mantener la convivencia en las aulas y agilizar las sanciones.» Ningún alumno que haya sido sancionado por «conductas gravemente perjudiciales para el centro» podrá formar parte del consejo escolar.

El borrador conocido ayer consta de 105 artículos y se ha alumbrado con una celeridad meteórica para una ley de semejante calado.El pasado martes la ministra escuchó las propuestas de la comunidades autónomas. Sólo tres días después, ayer, ya existía un texto articulado. Fuentes del Partido Popular mostraron a este periódico su profundo malestar por no haber recibido el articulado antes de ser difundido.

El documento, que ha sido ya remitido al Consejo Escolar del Estado, carece de sorpresas importantes. Los alumnos deberán aprobar una Prueba General del Bachillerato para obtener el título de bachiller, repetirán curso en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) cuando suspendan tres asignaturas, podrán elegir entre tres itinerarios formativos desde los 14 años y recibirán «medidas de refuerzo educativo», en 1º y 2º de ESO, siempre que sea necesario subsanar «graves carencias de conocimientos básicos». Además, tal y como se anunció en estas páginas, la educación infantil entre tres y seis años será gratuita para todas las familias que la soliciten y los profesores tendrán más voz que los padres a la hora de elegir a los directores... «Cuando el texto sea enviado al Parlamento», avanzó Pilar del Castillo, «irá acompañado de una evaluación económica».

Estos son algunos de los aspectos que contempla el anteproyecto de ley.

Religión y alternativa. La Religión sale fortalecida y cuenta con nueva alternativa, que versará sobre el fenómeno religioso desde el punto de vista histórico y cultural. La principal novedad estriba, vieja demanda de la Conferencia Episcopal, en que dicha alternativa será evaluable y computable para la nota media tanto en primaria como en secundaria (antes no lo era). Ninguna de las dos contarán para pasar de curso y ambas irán bajo el manto de una área nueva llamada Sociedad, Cultura y Religión. En el Bachillerato no computarán a efectos de calificación final.

Elección de directores. Los directores serán elegidos por la Administración, el claustro (donde están los profesores) y el consejo escolar (donde están padres, profesores y alumnos). Al menos la mitad de los representantes de la comunidad educativa deberán pertenecer al claustro, con lo que los docentes se aseguran la mayoría del poder, con permiso del Estado, en la elección del director. Esta figura tendrá más competencias ejecutivas y por lo tanto menos carga docente.

Educación infantil. La educación infantil entre tres y seis años será gratuita para todas aquellas familias que lo soliciten.Se iniciará, ya en esta etapa, el estudio de una lengua extranjera y nociones de tecnologías de la información.

Itinerarios y ESO. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofertar los tres itinerarios (el tecnológico, el científico y el humanístico). Habrá una prueba extraordinaria para intentar recuperar las asignaturas suspensas. Cada curso podrá repetirse una sola vez. En caso de no aprobar a la segunda oportunidad, el centro podrá decidir derivar al alumno a otro itinerario, pasarlo al siguiente curso con «medidas de refuerzo» o incorporarlo a un programa de iniciación profesional.

Catedráticos y docentes. Se rescata la figura del catedrático de instituto. A los docentes se les incentivará económicamente la labor tutorial. Los mayores de 55 años podrán ver reducida su jornada a cambio de una reducción proporcional del salario.

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El cambio educativo

Diario "El País". Domingo, 12 de mayo de 2002

El anteproyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, presentado el viernes al Consejo de Ministros por Pilar del Castillo, desarrolla sin cambios sustantivos las líneas expuestas con anterioridad por la ministra. Uno de sus puntos más notables es el establecimiento de una reválida, o prueba general de bachillerato, necesaria para obtener el título de bachiller y cursar estudios universitarios. Pocos niegan la conveniencia de que exista una prueba homologada y general al finalizar la enseñanza secundaria, papel que jugaba anteriormente la selectividad, pero la reválida no la sustituye, sino que se añade a las pruebas de acceso, que seguirán existiendo en buena parte de los centros universitarios; una superposición de difícil encaje.

Otro de los aspectos más criticados del texto -que, tras ser enviado a las comunidades autónomas y al Consejo Escolar del Estado, habrá de volver al Gobierno para su aprobación y posterior debate en el Parlamento- es la definición de dos itinerarios en tercero de la ESO, uno de ellos de carácter técnico-profesional y otro científico-humanístico, subdividido este último en otros dos al curso siguiente, más un cuarto itinerario que se abre a partir de los 15 años para quienes no quieran o puedan seguir ninguno de los anteriores, en particular los que tengan dificultades de adaptación en razón del lenguaje o de otras causas. Esta separación temprana de los estudiantes en grupos independientes, con contenidos y exigencias distintas, contribuirá a la segregación social no sólo entre alumnos, sino también entre centros de enseñanza. E incidirá en la devaluación de la formación profesional, al asociarse inevitablemente a quienes no son capaces de seguir las otras alternativas.

Pero, seguramente, la mayor novedad en esta etapa de tramitación de la ley es el tratamiento de la asignatura de religión, cuya nota entrará en el cómputo de la media como el resto de las asignaturas y tendrá obligatoriamente una contrapartida no confesional, también computable; aunque, por el momento, no podrá formar parte de las asignaturas cuya no superación implica la repetición del curso, tal y como se sugería hasta el mismo día de la presentación en Consejo de Ministros.

La religión, sin embargo, no puede ser una asignatura más, cuya nota sea comparable a las otras, porque su contenido es confesional, su programa no está definido por las autoridades educativas, como ocurre en las demás, y los profesores no son seleccionados por los procedimientos aplicables a los otros profesores. Programa y profesorado quedan bajo la exclusiva responsabilidad del obispado correspondiente.

La única solución coherente con un Estado no confesional, como es el caso de España, es que la doctrina católica (o de otras confesiones) sea impartida fuera del horario escolar, con carácter voluntario y sin contrapartidas para quienes no quieran cursarla. Pero la Iglesia combate esta solución porque considera que puede suponer una ventaja para quienes no quieran seguirla y ha impuesto un precio o ‘castigo’ a los díscolos: deben seguir otra clase a cambio de no asistir a la de religión; y si la nota de ésta cuenta en el expediente, la clase alternativa debe ser también evaluable y contar.

Con frecuencia se dice que una clase de ética y valores democráticos o cívicos sería de interés como alternativa. Sería de gran interés, en efecto, pero no como alternativa, sino para todos los alumnos, sean católicos o no. Lo mismo puede decirse de una historia de las religiones, que ayudaría a mejor comprender la historia y el arte en general y también algunas claves de los conflictos actuales. En ambos casos, la asignatura tendría que ser para todos, tener unos contenidos aprobados por la autoridad educativa, sea ésta central o autonómica, y ser explicada por profesores seleccionados de acuerdo con los criterios en vigor. Una solución del tipo de la propuesta en el proyecto de ley, bajo el eufemismo de ‘área o asignatura’ de Sociedad, Cultura y Religión, no es más que un modo de incorporar la catequesis a la escuela pública y poner dificultades a quienes no deseen seguirla. En otras palabras, utilizar el poder del Estado para favorecer a una confesión religiosa.

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Huelga general en la enseñanza para el otoño de 2002

Diario "El Mundo". Martes 14 de mayo de 2002.

MADRID. La Federación de Enseñanza de CCOO emplazó ayer al resto de fuerzas sindicales, estudiantes y padres a una huelga general de la enseñanza en el primer trimestre del próximo curso en contra de la Ley de Calidad de la Enseñanza.

Las razones de esta convocatoria son el «desprecio» del Ministerio de Educación a las comunidades autónomas y sindicatos; las «concesiones a los sectores empresariales y eclesiásticos» y el «ataque frontal» que supone esta reforma a la escuela pública, además de no revalorizar la función docente, recortar la democracia en los centros y provocar más segregación social.

El secretario general de esta federación, Fernando Lezcano, explicó en conferencia de prensa que trasladarán su propuesta «hoy mismo» al resto de fuerzas sindicales que componen la Mesa Sectorial de Educación (FETE-UGT, STES, CSIE-CSIF y ANPE).

Además, harán esta propuesta al Sindicato de Estudiantes, que ya ha solicitado la movilización conjunta, y a la Confederación de Asociaciones de Padres CEAPA (mayoritaria en el sector público).

Un pacto de Estado

Por otra parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, reprochó ayer al PSOE que haya descartado «una y otra vez» la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado de Educación, lo que, a su juicio, supone «una gran equivocación», y contrastó esta actitud con la del Ejecutivo, cuya disposición a alcanzar acuerdos es «absoluta».

En declaraciones a RNE, Del Castillo recordó que el PSOE ha defendido el pacto antiterrorista, el de la financiación autonómica o el pacto de la Justicia, «pero nunca incluía en esos pactos la educación».

Según se informa en una nota de prensa remitida por esta emisora, la ministra consideró que si el PSOE eludiera el «apriorismo y el dogmatismo» y hubiera por parte de esta formación una apertura y una disposición a discutir se podrían alcanzar muchos acuerdos.

Según la ministra, es «una equivocación» ignorar la realidad que hay en la educación, la opinión «de la inmensa mayoría» de los profesores y la de «muchísimos» padres de familia, y confió en que durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Calidad de la Enseñanza se pueda alcanzar algún punto de encuentro.

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Un informe del Consejo Escolar considera que los itinerarios educativos pueden vulnerar la Constitución

CARMEN MORÁN. Diario "El País". Madrid. Jueves, 23 de mayo de 2002

El primer informe del Consejo Escolar del Estado sobre la Ley de Calidad del Gobierno considera que los itinerarios educativos que se establecen en 3º y 4º de secundaria pueden vulnerar la Constitución porque, según el estudio, no garantizan que todos los alumnos reciban una educación básica igual hasta los 16 años. Este primer informe, elaborado por la Comisión de Dictámenes y Estudios, sugiere que, dadas ‘las posibles implicaciones constitucionales’, se recojan en la redacción de la ley las asignaturas que serán comunes a todos los itinerarios, así como las específicas. Si para obtener el graduado en secundaria el alumno ha de aprobar ‘todas las asignaturas de la etapa’, también parece conveniente, según indica el informe, saber a qué asignaturas en concreto se hace referencia.

Si el equipo docente que evalúa puede decidir que un alumno vaya a un itinerario ‘más adaptado’ a sus condiciones, éste perderá su derecho a elegir el itinerario que prefiera. Y lo mismo ocurrirá, dice el estudio, si los profesores deciden que un alumno con dificultades se incorpore a un programa de iniciación profesional si tiene más de 15 años.

La comisión de dictámenes, cuyo estudio se analizará en la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado el próximo martes y el 4 de junio en pleno, recuerda también que la Constitución (artículo 27) reconoce entre los derechos de padres y alumnos el de intervenir en el control y gestión de los centros, algo que la nueva ley omite en sus artículos 2 y 3.

Otra de las críticas del informe es la que se refiere a la existencia de centros especializados en uno de los itinerarios. Por más que se especialicen, recuerda, ‘deberán impartir todos los itinerarios de secundaria’.

Respecto a las enseñanzas religiosas, indica que deben regularse mediante ley orgánica, por ser un derecho fundamental recogido en la Constitución, y no mediante una disposición adicional.

Con la entrada en vigor de la Ley de Calidad, que deroga sólo parcialmente las tres leyes educativas anteriores, convivirán cuatro normas. El informe sugiere que se unifiquen todas para facilitar su interpretación a las 18 administraciones educativas.

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El Consejo Escolar frena las 600 enmiendas a la Ley de Calidad

Diario "El Mundo". miércoles, 29 de mayo de 2002.

MADRID. La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado desestimó ayer las enmiendas más importantes presentadas al anteproyecto de Ley de Calidad de la Educación.

Los principales sindicatos, patronales y organizaciones de padres y alumnos partidarios de la reforma educativa, junto a los representantes del Gobierno, impusieron su mayoría en este órgano y tumbaron la mayoría de las cerca de 600 enmiendas planteadas por los colectivos contrarios a la ley.

La separación de los alumnos en itinerarios a partir de los 14 años y la financiación de los centros privados de Infantil fueron algunas de las reformas defendidas sin éxito por CCOO, UGT, CEAPA y la confederación de estudiantes CANAE.

Del mismo modo que ayer ocurrió en la Comisión Permanente, el Pleno del Consejo Escolar sacará adelante el próximo 4 de junio un dictamen en el que previsiblemente no se recogerán propuestas relevantes de cambio del anteproyecto, informa Servimedia.

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El precio de la educación

Diario "El País". Lunes, 3 de junio de 2002

Una de las críticas más extendidas al proyecto de Ley de Calidad de la Educación ha sido la ausencia de una valoración económica de las medidas propuestas y la falta de previsión de los mecanismos para financiarla. Hay que considerar, por tanto, la aparición de una memoria económica para la ley como un dato positivo; lo malo es que no hay mucho más en ella que merezca compartir esa valoración.

Los recursos estimados para acometer las reformas se cifran en 159 millones de euros al año, una cantidad francamente modesta teniendo en cuenta que debe aplicarse al conjunto de la educación infantil, primaria y secundaria. Además, la distribución prevista de esta cantidad suscita no pocas preocupaciones.

A la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, que es el tramo en el que se reconocen las principales carencias y que más medidas de apoyo necesita, se dedicará menos del 20% del total. La dificultad en la adquisición de las herramientas culturales e intelectuales básicas para desarrollar estudios posteriores o entrar en el mundo laboral, junto con la diversidad del alumnado en esta fase, requiere más profesores para atender a los alumnos de forma individualizada, más formación, más especialistas y reforma o ampliación de las instalaciones y equipamientos. Con itinerarios o sin ellos, esta etapa educativa exige un gran esfuerzo de la Administración, que, sin embargo, parece confiar más en ampliar las prestaciones de los medios ya existentes que en aumentar éstos.

Del resto, la suma más importante, equivalente a las tres cuartas partes del monto total, se dedicará a implementar la gratuidad en la enseñanza infantil, lo que redundará principalmente en financiar los centros privados, en los que esta franja no tiene carácter gratuito al no ser obligatoria. Pero no están claras las implicaciones de lo que se anuncia como un desembolso ‘en una sola anualidad’, tal y como reza el texto de la memoria. Es evidente que las nuevas prestaciones necesitan ser cubiertas todos los años, por lo que es lógico preguntar quién las financiará en años sucesivos. Quizá las comunidades autónomas, pero este punto nos lleva a una de las más grandes debilidades de esta reforma. Si la educación ha sido transferida, no se entiende esa absoluta falta de comunicación con las autonomías para decidir conjuntamente sobre contenidos de la ley y sobre su financiación.

Se trata, según ha manifestado la ministra del ramo, de un documento preliminar; hay que esperar, por tanto, que se tengan en cuenta ideas y aportaciones de todos cuantos tienen algo que decir en materia educativa para mejorar un texto a todas luces insuficiente.

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La izquierda abandona el Consejo Escolar por primera vez en 16 años

Una treintena de consejeros abandonan el pleno que trataba el dictamen de la Ley de Calidad, aprobado por 43 votos de 80 posibles - Critican que no se les deje fundamentar su petición de retirada del texto

PEDRO SIMON. Diario "el Mundo". Martes 4 de junio de 2002.

MADRID. Unida como nunca a partir un piñón, la izquierda educativa plantó ayer al Ministerio de Educación en el seno del Consejo Escolar del Estado. Transcurría la mañana tensa. Se despachaba en pleno el anteproyecto de la Ley de Calidad, cuando se le negó la palabra a los que pedían retirar el texto. Un tercio de los consejeros se levantó y se fue. El gesto, lo nunca visto en 16 años de vida del organismo, llega casi dos semanas antes de la huelga general contra el Gobierno del Partido Popular, tiene un poco de puesta en escena y otro poco de recado político. Algo así como «nos veremos en la calle».

La espantá, aún reciente la imagen de la oposición dejando vacíos sus escaños del Parlamento, vino a cuento por el desarrollo mismo del pleno de ayer.

Todos los palos le cayeron encima al presidente del Consejo, Alfredo Mayorga, quien tirando de reglamento no dejó explicar sus respectivas enmiendas de devolución a las asociaciones de padres, profesores y alumnos que las presentaron. De «falta de democracia» y de «autoritarismo» se tachó al principal órgano asesor en temas de enseñanza del Ejecutivo. Y, después, lo dicho, el desfilar de los disidentes.

Cambios en la FP

Venció por los pelos el «sí» al texto del Gobierno: 43 de los 80 miembros del pleno del Consejo Escolar respaldaron el dictamen salido de la sesión permanente, 25 apoyaron el texto alternativo de CCOO, 20 secundaron el de UGT. Cosas del recuento, salieron 88 votos cuando sólo había 80 votantes... Se ventilaron todas a una las 521 enmiendas parciales propuestas, todos de acuerdo y ya vacías las filas de la oposición.

A pesar de las 104 enmiendas planteadas por el Ministerio para pulir aspectos de la futura norma, pocos cambios sustanciales habrá en el texto que viene. A saber: los estudiantes de 18 podrán acceder a la FP de Grado Superior sin haber aprobado la reválida; los Programas de Iniciación Profesional (destinados a los alumnos de 15 años que quieren dejar el sistema) abrirán el paso a la FP de Grado Medio, previa prueba donde se ponderará la parte específica de estos programas.

Aunque la bronca fue sonada, el caso es que las decisiones del Consejo Escolar del Estado no son de carácter vinculante. El Ministerio hará pues lo que más le venga en gana, con la prueba de fuego por venir: el bautismo parlamentario que arranca en septiembre, nuevo envite educativo contra el Gobierno.

«No se nos ha permitido hablar. Estamos ante una actitud antidemocrática sin precedentes», comentaba ayer Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE). «Nos hemos visto obligados a dejar el pleno por la interpretación autoritaria del reglamento y el secuestro de la libertad de opinión y de la democracia», apostillaba Fernando Lezcano, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras.

Espejo de lo que ocurrió con la Ley Orgánica de Universidades, cada vez son más las voces que señalan la desmedida velocidad a la que anda corriendo el texto en su tramitación.

Promediando, en la permanente del Consejo Escolar del Estado se invirtieron en torno a 70 segundos por enmienda de las plantedas por los grupos no afines al Gobierno. A cuatro colectivos (STE, Sindicato de Estudiantes, Ceapa y CIG) se les impidió ayer motivar su solicitud de devolución. El texto ya está listo para ir al Consejo de Estado. Y antes del verano será aprobado previsiblemente en Consejo de Ministros. El texto se presentó en sociedad en el mes de marzo. Demasiado rápido para una buena digestión.

La batalla del Consejo acabó con un montón de heridos (los 30 consejeros que se ausentaron), un panorama inusual (una decena de sindicalistas de STE encadenados a la entrada de la sede del Consejo) y un daño colateral por encima del resto: dimisión irrenunciable, tras ver lo visto, de uno de los históricos miembros de reconocido prestigio del organismo, la pedagoga Marta Matas. «Yo lo dejo, pero animo a mis compañeros a que sigan».

«El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación y asesoramiento del Gobierno por excelencia», afirmaba ayer José Luis Mira, director general de Educación y Formación Profesional del Ministerio. «Es lamentable que los consejeros abandonen y que ahora esté de moda eso de levantarse de los órganos de participación y debate».

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La necesaria reforma educativa

RICARDO SANTOS. Diario "el Mundo". Martes 4 de junio de 2002.

En pocos años la educación ha pasado de depender en la práctica casi exclusivamente de la familia y de la escuela, con una conexión directa y coincidente en los fines aunque no siempre explícita, a ser algo mucho más complejo, en lo que inciden cada vez más factores como los medios de comunicación y la propia calle.

El nivel de exigencia al profesor ha aumentado porque las funciones adjudicadas al sistema educativo son excesivas para los recursos de que éste dispone: educación para la salud, educación afectivo sexual, para el consumo, para la igualdad, para la paz, para la convivencia europea, para el ocio, ecología, educación contra el racismo, contra la xenofobia, contra el botellón... el maestro o profesor es el responsable, casi en exclusiva, de educar en todo ello además de hacerlo en la materia en que es competente, para la que está preparado y de la que ha de rendir cuentas ante controles externos cada vez más rigurosos.

Todo ello conlleva el aumento de la exigencia al profesor y a su tarea. Tarea difícil de cumplir por el docente por mucho empeño que ponga, máxime si consideramos que se siente agredido por la sociedad en cuanto que ésta ha degradado su imagen social, y se sabe abandonado por las administraciones de las que depende.

Se espera del profesor que sea una especie de supermán, y que desde su soledad y sin recursos, solucione todos los problemas de la sociedad y la transforme desde su labor educador. Y todo ello desde una ordenación del propio sistema educativo que consagra la promoción del alumnado en función de criterios casi exclusivos de la edad, independientemente de sus conocimientos o actitudes.

Es urgente aminorar la burocracia y las tareas no docentes del profesorado dotando al sistema de otros profesionales que las asuman, potenciar al claustro como órgano colegiado compuesto por especialistas en las tareas de enseñar y educar, establecer mecanismos de promoción profesional, fomentar mecanismos de compensación de las desigualdades desde la educación infantil, acabar con el bachillerato más corto del mundo e incidir en los temas de indisciplina, ya que se está ocasionando un deterioro en la vida de los centros que amenazan con convertirse en irreversible sin que los equipos directivos tengan medios para atajarlo.

El Consejo Escolar de Cantabria pide la retirada de la Ley de Calidad

El Consejo Escolar de Cantabria, comunidad autónoma gobernada por el PP, ha solicitado la retirada del anteproyecto de Ley de Calidad y el inicio de una ‘discusión serena’. El dictamen aprobado por el consejo cántabro el viernes pasado afirma que la ‘segregación’ de los alumnos es un retroceso ‘a etapas no democráticas’ que producirá grupos de estudiantes ‘con una alta potencialidad de conflictividad’ y deteriorará la convivencia.

Aboga el Consejo Escolar cántabro por ‘eliminar la enseñanza de la religión en el sistema educativo’ porque el Estado es ‘laico’ y cada vez más multicultural; también censura ‘el tratamiento de privilegio para la enseñanza de religión católica’ que contempla el anteproyecto. Critica asimismo la ausencia de un diagnóstico previo riguroso, la inexistencia de una memoria económica y la falta de ‘respeto constitucional a las comunidades autónomas’ porque no se les ha consultado. El dictamen del Consejo Escolar de Cantabria fue aprobado por diez votos a favor, con cuatro en contra (los de los representantes de la Administración, los colegios privados, la patronal y la Concapa) y una abstención.

Mientras, los consejos escolares de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Euskadi, reunidos el martes en Barcelona, criticaron el anteproyecto porque está dirigido ‘preferentemente a la selección de los futuros universitarios y no a la mejora del conjunto de la sociedad’.

La ministra de Educación, Pilar de Castillo, criticó ayer a los consejeros progresistas que abandonaron el Consejo Escolar de Estado porque considera ‘contradictorio pedir participación’ y ‘levantarse de los foros de debate’.

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Convergència i Unió recurrirá la Ley de FP ante el Tribunal Constitucional

MAR PADILLA. Diario "El País". Barcelona. Sábado, 8 de junio de 2002

Apenas 24 horas después de la aprobación de la Ley de FP con sólo los votos del PP y Coalición Canaria, la consejera de Enseñanza catalana, Carme-Laura Gil, adelantó ayer que Convergència i Unió presentará un recurso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que ‘invade las competencias autonómicas’. Gil, que ayer inauguró en Barcelona un foro de debate sobre la calidad de la enseñanza, advirtió también de que, si el Ejecutivo de José María Aznar no permite negociar aspectos de la futura Ley de Calidad y el texto se mantiene íntegro como está actualmente en el anteproyecto de esta ley orgánica, también la recurrirán ante el alto tribunal. ‘Tal y como está ahora, es preestatutario, porque se apropia o niega competencias de las comunidades autónomas, y eso nosotros no lo podemos aceptar’, declaró Gil, para quien este proyecto legislativo supone ‘un retorno al pasado’, y responde a un modelo de sociedad ‘cruel y segregadora, que crea excluidos’. A pesar de la advertencia, la consejera aseguró que su partido sigue negociando con el Gobierno de Aznar, y que no se darán ‘por vencidos’.

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PP y CiU aprueban en el Senado aumentar las horas de física y química en bachillerato

Las sugerencias sobre asignaturas científicas se trasladarán al Ministerio de Educación

PP y CiU aprobaron ayer con 14 votos frente a las cinco abstenciones de PSOE, PNV y Grupo Mixto separar en dos la asignatura de física y química en primero de bachillerato y conceder tres horas semanales a cada una. De esta manera serían seis horas y no cuatro las dedicadas a estas materias. Se pide también que se generalicen las cuatro horas semanales de matemáticas en segundo y tercero de la ESO. Se trata de que estas y otras recomendaciones se incluyan en la Ley de Calidad aunque el PP no sabe ‘cómo’ podrá hacer compatible este horario con el resto de las materias.

Las recomendaciones que ayer se aprobaron en la ponencia sobre asignaturas científicas del Senado surgen de las comparecencias que desde septiembre del año pasado se han escuchado de boca de expertos matemáticos, físicos, químicos. La ponencia ha hecho un alto en el camino para que estas sugerencias puedan llegar al Ministerio de Educación aprovechando la elaboración de la Ley de Calidad. El PP pidió ayer con sus votos que se refuerce la formación inicial del profesorado de asignaturas científicas, tanto en contenidos como en capacidad didáctica, y que los docentes sean especialistas de la materia que imparten.

Se sugiere también que se separe la asignatura de biología y geología de la de física y química para que se estudien las dos primeras materias el primer año de la ESO y las otras dos en el segundo. Se plantea aumentar en tercero la carga lectiva de biología y geología para hacer prácticas en laboratorio.

Respecto a las matemáticas, se aprobó que haya cuatro horas semanales, algo que ya tienen en algunas comunidades. En cuanto al bachillerato, se ve conveniente separar en el primer curso la física de la química (ahora van unidas y tienen cuatro horas lectivas semanales). Una vez divididas se pide que haya tres horas para cada una.

El PP se encontró ayer con la ‘sorpresa’ de que el PSOE, que ha participado en esta ponencia y en el texto que se votaba, se abstuvo. Las razones que explicó el senador socialista Manuel Fernández Zanca tienen que ver con la Ley de Calidad: ‘En el espíritu del texto estamos de acuerdo pero nos hemos abstenido porque se reconocen implícitamente los itinerarios educativos que rechazamos. Hemos presentado enmiendas, sí, para mejorar algo manifiestamente mejorable, pero no podemos votar algo que hable de itinerarios’. El PSOE considera además que el incremento de horas en estas materias será ‘inviable’. Zanca se mostró convencido también de que la Ley de Calidad ‘irá en detrimento de estas asignaturas’.

El coordinador de la ponencia y senador del PP, José María Barahona, pidió ayer a los grupos políticos que se abstuvieron que dejaran ‘cualquier suspicacia a un lado’ y no identificaran la ponencia con la Ley de Calidad porque ‘no tiene absolutamente nada que ver’. Si en el documento aprobado se habla de ‘opciones, que no de itinerarios’, es como ‘consecuencia de recoger fielmente las intervenciones que tuvieron lugar en el seno de esta ponencia’, justificó.

Pero a Fernández Zanca no le bastó: ‘Dice que no se puede vincular esto a la ley de presunta calidad. Yo lo vinculo porque en la actualidad no hay diferentes opciones en el segundo ciclo de la ESO y aquí se habla de que las enseñanzas de estas materias deberán adaptarse a las diferentes opciones del segundo ciclo de la ESO. Esos son itinerarios’, contestó a Barahona.

De cualquier modo, el senador Barahona recordó ayer que eran ‘simples recomendaciones’ para el ministerio y que los horarios de las materias científicas dependerán ‘del resto de las asignaturas’ y de las determinaciones de las comunidades autónomas. Barahona ve viable aumentar las horas de ciencias aunque no sabe ‘cómo’ hacerlo: ‘No podemos entrar en el modus operandi’, dijo.

El presidente de la Real Sociedad Matemática Española, Carlos Andradas, ve ‘difícil’ que las peticiones que han hecho los científicos se lleven a la práctica, pero propone que ‘se reduzca el abanico enorme de optativas’ para dar mayor cabida a las ciencias. El portavoz de esta Sociedad, el matemático Manuel de León, que también ha participado en esta ponencia, dijo ayer que ‘algunas materias tecnológicas podrían incluirse dentro de las científicas’ y arañar así minutos al horario académico. O sacando la religión ‘al ámbito privado’. ‘Lo de la religión es escandaloso’, zanjó Andradas.

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Del Castillo dice que separar a los niños de 12 años con dificultades no es segregador

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País". Madrid. Miércoles, 12 de junio de 2002

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, confirmó ayer que las medidas de refuerzo en 1º y 2º de la ESO para los alumnos con un bajo rendimiento académico se harán en distintas aulas. ‘Que a un chico de 12 años, que tiene más dificultades para seguir la asignatura, se le posibilite en un aula una atención específica adecuada hasta que se ponga al día con el resto no es segregarlo, sino darle una oportunidad’, señaló la ministra en la comisión de Educación en el Congreso.

La responsable de Educación del PSOE, Carme Chacón, destacó que con esa afirmación la ministra confirma la existencia de los grupos de refuerzo de los estudiantes con dificultades a partir de los 12 años. ‘El ministerio ha querido esconder lo que significan estos grupos separadores: segregación a los 12 años. En definitiva, separar a los que van bien de los que van mal’, dijo.

En el segundo borrador de la memoria económica de la Ley de Calidad [ver EL PAÍS de ayer] el ministerio evitó señalar cuántas horas deben impartir los profesores a los grupos especiales para los alumnos con graves dificultades educativas, que aparecen en el texto de la ley como ‘programas de refuerzo’. El primer borrador de la memoria económica confirmaba la división de los niños con problemas graves de aprendizaje a partir de los 12 años en grupos de refuerzo. Del documento se desprendía que esos alumnos podrían estar hasta 15 horas semanales en esos grupos especiales, la mitad de su tiempo escolar.

Chacón señaló: ‘El sistema educativo en su tramo obligatorio debe de garantizar que los alumnos adquieran unos objetivos educativos comunes mínimos, y esta ley no lo busca. A la ministra no le importa dejar a los chavales con problemas por el camino en vez de buscar recuperarlos’. También criticó que en la memoria económica no haya ‘ni un euro para la formación del profesorado, ni para desdobles, ni para refuerzos en materias básicas, ni para mejorar la situación del profesorado’.

Reforma ‘elitista’

Ante las acusaciones de los grupos parlamentarios de la oposición por el carácter ‘elitista’ y de ‘vuelta al pasado’ de la reforma, la ministra señaló: ‘Es muy difícil avanzar si la conclusión es que la finalidad del Gobierno es excluir a los niños con dificultades y especialmente si son pobres’. Y explicó: ‘Uno de los principales problemas conceptuales del actual sistema educativo es que no se cree en la diversidad. Y al desconocer la diversidad, no se garantiza que haya verdaderas oportunidades’.

La oposición acusó al ministerio de trasladar una ‘visión catastrofista’ del sistema educativo para justificar su reforma. El portavoz de CiU, Ignasi Guardans, insistió en que el Gobierno ha dado una imagen de que la escuela pública está llena de ‘vagos y maleantes’. Afirmación que la ministra negó con rotundidad.

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