Hemos ampliado esta página dedicada a la información sobre el proceso de aprobación de la L.O.U., con los comunicados noticias y recortes relativos a las Leyes de Calidad y FP (RECORTES SECUNDARIA) que el gobierno prepara para reformar los estudios de enseñanza secundaria y que prometen ser tan polémicas, al menos, como su hermana universitaria:

Negociación convenio PDI

CC.OO. informa

Durante los pasados meses de junio y julio se celebraron once reuniones entre los Sindicatos, Universidades y Comunidad de Madrid para negociar el Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador Laboral Contratado de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, convenio que debe regular las condiciones de trabajo y retributivas del nuevo profesorado con contrato laboral, así como las condiciones para transformar el contrato administrativo del profesorado actual en contrato laboral. Las actas de estas once reuniones puedes consultarlas en esta dirección de correo electrónico de la Sección Sindical de CC.OO. de la Universidad Complutense: http://www.ucm.es/info/ccoo/

La negociación está siendo extremadamente difícil y quedó interrumpida a finales de julio ante la resistencia de la Comunidad de Madrid a abordar razonablemente los aspectos retributivos y las transformaciones del profesorado actual a las nuevas figuras contractuales de la LOU. Los Sindicatos habíamos propuesto que los salarios se equiparasen a las retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid de niveles administrativos semejantes. Ver propuesta en http://www.ucm.es/info/ccoo/pdi/
contr/AnexoActa10.pdf
Las negociaciones se reanudaron ayer y a continuación os incluimos un resumen de esta reunión.

Resumen de la reunión de la Comisión Negociadora del régimen del Personal Docente e Investigador Laboral Contratado en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (10 de septiembre de 2002)

Asisten la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), representantes de los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y de las Universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.

La Comunidad de Madrid informa de las reuniones conjuntas y bilaterales mantenidas con las Universidades, y después de las propuestas realizadas por la parte social antes del mes de agosto respecto de las transformaciones y retribuciones, realizan la siguiente propuesta:

- Las solicitudes de transformación de contrato administrativo a laboral se realizarían desde el 1 de enero de 2003 y se comprometen a que el 1 de octubre se hayan realizado todos los contratos que estuviesen evaluados positivamente por la Agencia Nacional de Evaluación o la Agencia autonómica.

- Las retribuciones serían para el Profesor contratado Doctor las del actual Asociado tipo3 y para el Profesor Colaborador las del actual Asociado tipo 2. En ambos casos se incluye la antigüedad y el complemento por méritos docentes (quinquenios).

También se informa de que el próximo día 12 de septiembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobará el Decreto sobre el Régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades públicas de Madrid y su régimen retributivo.

Ante estas propuestas, los Sindicatos manifestamos:

1º) Su reserva respecto al funcionamiento de dichas agencias, de las que no se conocen ni procedimientos ni criterios de evaluación y en cualquier caso no resulta creíble que todas las solicitudes puedan ser evaluadas en la fecha prevista por la Comunidad.

2º) Se pone de manifiesto la necesidad de arbitrar un procedimiento específico y transitorio para la transformación del actual profesorado contratado.

Después de un intenso debate y ante la negativa de la Comunidad a arbitrar un procedimiento específico y transitorio, los tres sindicatos realizamos la siguiente propuesta, cuya viabilidad no depende de la Comunidad de Madrid:

Que se transformen todos los contratos administrativos en laborales con fecha del 1 de enero de 2003, sujetos a la condición de que antes de 13 de enero de 2006 (hasta cuando podrían mantenerse los contratos administrativos según las disposiciones transitorias 4ª y 5ª de la LOU) se obtenga la evaluación positiva o el informe previstos en la LOU.

Las universidades manifiestan sus dudas legales sobre esta propuesta y con la finalidad de poder valorar la propuesta se acuerda que la próxima reunión sea el próximo 18 de septiembre.

VALORACIÓN: Desde CC.OO. consideramos que las propuestas realizadas por la Comunidad de Madrid respecto al proceso de evaluación esconden un intento oculto de controlar la contratación dependiendo de disponibilidades presupuestarias y derivando la responsabilidad a un supuesto órgano independiente, que difícilmente tendrá en cuenta la excepcionalidad que supone la contratación de profesores que ya están contratados y en muchos casos han superado varias evaluaciones.

En cuanto a los aspectos salariales consideramos que cualquier propuesta que además de un complemento docente no incluya un complemento de investigación y el complemento retributivo de 600.000 ptas (3606,07€), no puede aceptarse.

Así mismo CC.OO. entiende que la aprobación y publicación del decreto mencionado, es un boicot al proceso negociador que la misma Comunidad firmó en un protocolo de negociación junto a las Universidades y los Sindicatos, contradiciendo las propias declaraciones del Director General que al comienzo de la negociación manifestó que en el Decreto irían aspectos genéricos no incluidos en la negociación colectiva. Como se ha anunciado reiteradamente CC.OO. impugnará este Decreto y manifiesta su absoluta desconfianza hacia propuestas similares a la efectuada por la Comunidad. En función del desarrollo de la reunión del próximo día 18 se hará una valoración global y se adoptarán las decisiones correspondientes con la convocatoria de asambleas de profesorado.

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Resumen de las reuniones celebradas por la Comisión Negociadora del Régimen del Personal Docente e Investigador Laboral Contratado en las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

CC.OO. Informa

Información sobre las negociaciones entre la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y las Universidades Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos, sobre el convenio colectivo que regulará las condiciones de trabajo del PDI contratado.

También se incluye información sobre el recurso contencioso-administrativo promovido por CC.OO. contra la convocatoria de plazas de profesorado interino y contratado, pendiente de juicio en el Juzgado Contencioso -Administrativo nº 1 de Madrid.

Asisten la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), representantes de los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y de las Universidades Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.

Después de constituirse el día 26 de junio de 2002 la Comisión Negociadora se han celebrado tres reuniones (1, 8 y 10 de julio).

* El día uno de julio las universidades, después de haber firmado el protocolo de la Comisión Negociadora el 26 de junio, plantea cambiar "Acuerdo colectivo" sobre régimen del Personal Docente e Investigador laboral contratado, por "Convenio Colectivo específico" para el PDI contratado laboralmente.

CC.OO. y los demás sindicatos plantean su desacuerdo y se plantea dejarlo para la próxima reunión, con objeto de avanzar. Se comenzó con las distintas modalidades de contrato que pueden existir. Este parte ya se había visto en reuniones previas y se recoge básicamente lo que dice la LOU. Existen aspectos que se volverán a ver respecto de la figura de Profesor Asociado y Profesor Visitante.

* El día ocho de julio, tal y como se planteó en la reunión anterior, se comienza la discusión sobre la diferencia de Acuerdo Colectivo y Convenio Colectivo. Las diferencias con las Universidades son totales y todo el día (mañana y tarde) se fue en este tema. CC.OO. fue tenaz en este aspecto y los demás sindicatos cerraron filas conjuntamente para mantener el texto firmado en la constitución de la Mesa Negociadora. No se podía admitir de partida que se cambien las reglas el primer día. Finalmente con la posición de CC.OO. en contra, a las 19 horas se acordó y firmó el siguiente texto:

"Acuerdan negociar un Convenio Colectivo específico para el PDI contratado laboralmente. Las partes, a tal fin, acuerdan adoptar como base de la negociación el actual Convenio Colectivo de personal laboral de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, concretando y especificando aquellos aspectos que, por su naturaleza, no sean de aplicación.

Los aspectos a negociar específicamente, además de cualquier otro que en su caso se acuerde, serán los siguientes: Régimen contractual del personal docente e investigador (figuras contractuales, procedimientos de selección), régimen retributivo, jornada de trabajo y dedicación, régimen transitorio y conversión del actual personal docente e investigador contratado en régimen administrativo al régimen laboral"

A las 19 horas se comenzó la negociación siguiendo el vigente convenio y se llegó hasta el artículo 16 sin apenas modificaciones dejándose algunos artículos pendientes.

* El día diez de julio CC.OO. hizo constar en Acta su desacuerdo con la negociación de un convenio colectivo específico y se trataron temas pendientes en la figura de Profesor Asociado y Visitante, y se aborda "Otros contratos no docentes".

Se siguió con la duración de los contratos, quedando como indefinidos los de Colaborador y Profesor Contratado Doctor. La duración máxima del contrato de Ayudantes y Profesor Ayudante será de cuatro años. La duración mínima del contrato será de dos años prorrogables por otros dos siempre que no exista informe motivado en contra.

Todavía no se han entregado las Actas de las reuniones que haremos públicas. En la reunión del quince de julio se avanzó muy poco, ya que todo el día se estuvo con la jornada y no se acabó .

CC.OO. informa

La Federación de Enseñanza de CC.OO. ha impugnado la convocatoria de plazas de profesorado interino y contratado del 21 de febrero de 2002, por no adaptarse a la legislación vigente (LOU y legislación laboral), es decir no existir negociación colectiva, ni siquiera una mera información al Comité de Empresa. Miembros de la Comisión de Departamentos, afiliados a CC.OO., habían advertido al Vicerrector de Profesorado y Departamentos, Prof. Eladio Montoya, de la ilegalidad que suponía realizar la convocatoria para la contratación laboral de profesores sin negociación previa con los Sindicatos. La negociación reclamada por CC.OO. es fundamental para evitar que se siga contratando en las condiciones precarias actuales.

La interposición de la demanda ha tenido como resultado inmediato la apertura de las negociaciones entre la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), representantes de los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y las Universidades, de las que informamos mas arriba.

La vista del pleito, señalada para el pasado día 9 de julio, ha sido aplazada para el día 17 de septiembre. El Magistrado ha instado a este sindicato para que comunique a aquellos que quisieran personarse como demandantes, que no van a ser aceptados como tales ya que sólo pueden personarse los que defiendan los intereses de la Universidad.

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RECORTES LOU

Aprobada la Agencia de Evaluación

Diario "El Mundo". Sábado 20 de julio de 2002.

MADRID.- La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de las universidades, cuya creación fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros, se articulará como una fundación estatal por ser la naturaleza jurídica que más garantiza su flexibilidad y agilidad, según el Ministerio de Educación.

La Agencia es uno de los pilares de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y servirá para medir el rendimiento del servicio público universitario y ofrecer información a las administraciones y a las familias para la toma de decisiones.

La comunidad académica pidió al Ministerio de Educación en el Pleno del Consejo de Coordinación Universitaria que se buscara la naturaleza jurídica que garantizara la máxima independencia de este organismo, así como los derechos de los evaluados.

Finalmente, se articulará como una fundación estatal «por ser ésta la figura que mejor garantiza la flexibilidad y agilidad de su actuación», bajo el «protectorado» del Ministerio de Educación, y «actuará de forma absolutamente independiente», según este Departamento. Tal y como avanzó EL MUNDO, el Ministerio se asegura la mayoría en este foro y contará con 18 miembros. Las titulaciones que no muestren unos mínimos de calidad en medio centenar de indicadores no obtendrán la acreditación. Dispondrán de un plazo para corregirse. De lo contrario, carecerán de validez oficial.

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La agencia que evaluará la calidad universitaria será una fundación

C. MORÁN. Diario "El País". Madrid. Sábado, 20 de julio de 2002

El Consejo de Ministros autorizó ayer la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de las universidades, que será una fundación. Tendrá como objetivo ‘medir el rendimiento del servicio público universitario y reforzar su calidad, transparencia y competitividad’, en palabras del Gobierno. Entre sus funciones destacan: impulsar la competitividad, ‘comparación’ y transparencia de las universidades y potenciar la mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión. También aportará ‘información cualificada’ a las Administraciones. El Gobierno asegura que será ‘independiente y transparente’.

Para la oposición, sin embargo, ‘es una auténtica barbaridad que se deje la evaluación de las universidades públicas en manos de una fundación dependiente del Gobierno’, criticó la responsable de Educación de la ejecutiva socialista, Carme Chacón. ‘Seremos la risotada en la UE con esta fundación opaca y falta de transparencia que escapará, como tal fundación, al control público’.

Los rectores temen la composición final del patronato de la fundación, porque en la propuesta inicial ‘la mayor parte eran miembros de la Administración’, recordó el presidente de la Conferencia de Rectores, Ignacio Berdugo.

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La habilitación del docente universitario

Diario "El Mundo". Sábado 27 de julio de 2002.

MADRID.- El Gobierno aprobó ayer el real decreto por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Estos son algunos de los puntos principales.

-El sistema de acceso de los profesores a la Universidad se llevará a cabo en dos fases: 1) El candidato habrá de obtener, tras la superación de las consiguientes pruebas, la habilitación nacional.2) Con ella, podrá concursar a las plazas convocadas en las universidades públicas.

-Las universidades dirán a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria las plazas que, según su necesidad, serán provistas mediante concurso de acceso entre habilitados.

-Los tribunales se harán por sorteo público y estarán formados por siete miembros. Los catedráticos que formen parte de estos tribunales deberán contar con dos periodos de actividad investigadora evaluados positivamente; y con un periodo, los titulares de Universidad y los catedráticos de Escuelas Universitarias.

Podrán formar parte de los tribunales los investigadores del CSIC y profesores de universidades de otros estados miembros de la UE. Las pruebas de habilitación se harán en la Universidad del presidente del tribunal, serán públicas y eliminatorias.

-Los concursos de acceso a cuerpos de funcionarios serán convocados en el plazo máximo de 15 días después de finalizado el proceso de habilitación. Podrán presentarse a los concursos de acceso los habilitados y los funcionarios docentes de igual o superior rango. Celebrada la prueba deberá de proveerse en un máximo de dos años.

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La evaluación de profesores por la agencia nacional valdrá en toda España

Del Castillo asegura que el organismo universitario se creará en dos meses

S. P. DE P. . Diario "El País". AGENCIAS. Madrid. Martes, 3 de septiembre de 2002

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró ayer que ‘el profesor que opte por ser evaluado en la agencia nacional le valdrá en cualquier comunidad autónoma’. Esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación de las Universidades se creará antes de dos meses, según Del Castillo. El ministerio mantendrá mañana una reunión con las comunidades con el fin de lograr una ‘coordinación’ entre la agencia nacional y las agencias de evaluación de los Gobiernos autónomos.

La ministra aseguró ayer en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que su equipo ‘está trabajando para crear estándares de calidad y evaluación para coordinar’ la nueva Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades y las agencias que tengan o constituyan las comunidades autónomas. Según Educación, el objetivo es lograr que los profesores no tengan que pasar varias evaluaciones en diferentes comunidades, sino que una (sea de la agencia estatal o de una autonómica) les valga para presentarse a una plaza de contratado en cualquier universidad española.

Con estas evaluaciones se pretende, según el ministerio, ‘garantizar la calidad del profesorado contratado, al igual que se corrobora la de los que accedan a una plaza de docente funcionario con la prueba de habilitación’. La Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre pasado, establece que las universidades podrán tener hasta un 49% de profesores no funcionarios.

La agencia nacional se ocupará también de evaluar la calidad de las universidades en docencia, investigación y gestión. La LOU establece la creación de esta agencia, que se constituirá como una ‘fundación estatal’. Esta fórmula ha sido muy criticada por la oposición. La responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, calificó de ‘intolerable que la agencia nacional dependa de una fundación controlada por el Gobierno’. En su opinión, esta decisión muestra la ‘desconfianza’ del PP hacia las universidades:

‘Quieren incrementar o tener el control de la mayor empresa de pensamiento que existe, la universidad’.

En cambio, la ministra insistió ayer en que este nuevo organismo será ‘independiente’ y que ‘sus resultados tendrán la credibilidad’ que poseen los de la Comisión Nacional Evaluadora de las Actividades Investigadoras (CNEAI). Esta comisión se encarga de evaluar los sexenios de investigación de los profesores universitarios.

El patronato de la agencia estatal estará formado 18 miembros. El Gobierno nombrará a ocho (cuatro de Educación y otros cuatro de Sanidad y Ciencia y Tecnología) y los otros diez miembros serán designados por el Consejo de Coordinación Universitaria, entre los que se encontrarán su secretario general, el coordinador de la CNEAI -ambos cargos son nombrados por el Gobierno-, representantes de las comunidades, rectores y científicos de prestigio. Respecto al director de esta agencia, Pilar del Castillo aseguró que tendrá un perfil de ‘académico y gestor’.

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RECORTES SECUNDARIA

Los alumnos podrán pasar al Bachillerato con un suspenso

El Consejo de Ministros aprueba hoy la Ley de Calidad

PEDRO SIMON . Diario "El Mundo". Viernes 26 de julio de 2002.

MADRID.- Los estudiantes de último curso de la Educación Secundaria Obligatoria (15-16 años) que tengan alguna asignatura suspensa podrán pasar al Bachillerato. Esta es una de las novedades incluidas en el proyecto de Ley de Calidad de la Educación que hoy aprueba el Consejo de Ministros, medida que suaviza la dureza prevista en el proyecto inicial.

De «elitista» y «segregador» ha calificado la comunidad educativa progresista el modelo de enseñanza que se bendice hoy. Entre otras cuestiones, la futura Ley de Calidad (que comenzará su trámite parlamentario en otoño) introduce la referencia expresa a la gratuidad de la educación infantil entre tres y seis años, prevé itinerarios formativos a partir de tercero de ESO dependiendo de la capacidad de cada joven, establece que los alumnos repitan curso con tres asignaturas suspensas y obliga a pasar por una reválida (Prueba General del Bachillerato, PGB) para homologar los conocimientos antes de saltar a la Universidad. Estas son algunas de las últimas novedades introducidas.

ESO

Según el Ejecutivo, «se introduce la posibilidad, en casos excepcionales y siguiendo las condiciones que establezca el Gobierno, de que un alumno pueda superar el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria aunque le falte alguna asignatura por aprobar».

Bachillerato

Sólo los que aprueben la reválida (PGB) podrán obtener el título de bachiller, aspecto muy criticado por la oposición, que siempre ha reclamado que no se vincule la consecución de esta titulación a la prueba del todo o nada que sustituirá a la selectividad. La novedad estriba en que «los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas de un itinerario del Bachillerato, pero no hayan aprobado la PGB» lograrán un «certificado con efectos laborales» que, además, abrirá la pasarela para saltar a la Formación Profesional de Grado Superior.

Familia numerosa

Con la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Educación (LODE) se introdujeron tres criterios que puntuaban a la hora de elegir colegio: la renta familiar, la cercanía del centro y el número de hermanos en el centro. Educación introduce ahora uno novedoso: ser familia numerosa (tres hijos).

Iniciación Profesional

Los alumnos con peores resultados podrán ser desviados de la ESO a Programas de Iniciación Profesional de forma excepcional a partir de los 15 años. Obtendrán el título de graduado en Secundaria, algo que no sucede con los actuales programas de Garantía Social.

Docentes

Los mayores de 55 años podrán reducir la jornada lectiva sin disminuir las retibuciones. Se elimina la preferencia de los catedráticos para impartir asignaturas.

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LA LEY DE CALIDAD: El Gobierno aprueba la reforma educativa sin precisar su financiación

Del Castillo remite la discusión del presupuesto de la Ley de Calidad al Consejo de Política Fiscal

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid. Sábado, 27 de julio de 2002

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) sin señalar su coste ni los recursos que destinará a esta reforma y sin fijar una financiación específica para desarrollarla. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, señaló que la financiación se determinará en la reunión anual del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un organismo con representación de las comunidades y del Ejecutivo central. Los gobiernos vascos y andaluz criticaron esta dilación. Con esta reforma, la mayor desde 1990, el Ejecutivo pretende dar un vuelco al sistema educativo no universitario.

La ministra justificó así la ausencia de una memoria económica que acompañe a este proyecto de ley: ‘Con el nuevo sistema de financiación autonómica, los gastos adicionales de las comunidades autónomas -que tienen todas transferidas las competencias educativas-serán evaluados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera’. Según dijo, ‘los gastos adicionales que impliquen esta ley serán evaluados anualmente’ en este consejo.

El nuevo sistema de financiación autonómica, ‘aprobado por unanimidad por todas las comunidades en julio de 2001, ya recoge en sí mismo un procedimiento para que éstas puedan asumir las obligaciones de gasto que surjan como consecuencia de la aprobación de reformas como la del sistema educativo’, insistió la ministra.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene mayoría el Gobierno. Según expertos consultados, este consejo acuerda el sistema de distribución de los recursos entre las comunidades, pero no fija la cuantía que se debe destinar a una ley. Al contrario que esta reforma, el proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobado por el Gobierno hace justo un año, también en pleno verano, iba acompañado de una memoria económica, que financiaba la agencia nacional de evaluación y el sistema nacional de habilitación del profesorado.

De hecho, a pesar de que la ministra no lo haya hecho público, el Ministerio de Educación sí ha elaborado una memoria económica de la Ley de Calidad , que ha sido ya analizada por Hacienda. En ella se calcula que el coste de esta reforma es de 90 millones de euros anuales y se estima que serán necesarios sólo 2.800 profesores nuevos para ponerla en marcha. Otros países que han anunciado reformas educativas han señalado previamente la financiación que destinarán a ellas: el Gobierno británico, 20.000 millones de euros anuales y EE UU, 30.000.

Autonomías indignadas

Algunas comunidades autónomas manifestaron ayer su asombro e indignación ante la circunstancia de que el Gobierno aprobara el proyecto de Ley de Calidad sin financiación. Según la consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, ‘es una irresponsabilidad hacer una ley sin decir lo que cuesta y qué dinero va a invertir el Gobierno en mejorar la calidad de la enseñanza. Y es absurdo remitirse al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo lógico es decir el coste de una reforma y luego negociarla con los mecanismos establecidos’. ‘El Ejecutivo ha escondido la memoria económica porque en ella se está favoreciendo a la educación privada frente a la pública’, considera Martínez.

La consejera vasca de Educación, Anjeles Iztueta, manifestaba ayer su perplejidad: ‘No se mejora nada sin una previsión presupuestaria y sin inyectar grandes cantidades de dinero a la educación. El gasto en Educación del Gobierno español es muy bajo, mientras el Gobierno Vasco hace una apuesta al dedicarle el 30% de su presupuesto’.

Los nacionalistas catalanes emitieron opiniones contrapuestas, informa J. M. Martí Font. Mientras la consejera de Enseñanza, Carme-Laura Gil, que en un primer momento había calificado de ‘irrisoria’ la dotación prevista por el Gobierno del PP para la aplicación de la ley, ayer se mostraba favorable a ciertos aspectos de la ley, asegurando que Del Castillo se había dejado influir por ‘elementos progresistas’. En cambio, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, anunció ayer que la federación nacionalista presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Calidad porque ‘invade claramente las competencias de las instituciones de autogobierno catalanas’. Durán recordó que esta misma semana han acordado recurrir también la Ley de FP ante el Constitucional.

Respecto de la financiación de una de las medidas más caras de la ley -la gratuidad a partir de su entrada en vigor de la educación Infantil (3 a 6 años) en los centros privados concertados-, la ministra señaló que ‘las comunidades autónomas tendrán que decidir cómo gestionan este principio’ y resaltó que algunas comunidades ya están financiando esos centros al 100%. Son: Baleares, Cataluña, La Rioja, Navarra y el País Vasco.

Este proyecto de ley será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria a partir de septiembre y se prevé que las primeras medidas entrarán en vigor a partir del curso 2003-2004. El calendario de aplicación ‘no podrá tener un ámbito superior a los cinco años a partir de la entrada en vigor de la misma’, según señala el proyecto, que añade que la entrada en vigor se producirá a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Estado.

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La educación que viene

Los alumnos serán separados en itinerarios según su rendimiento a los 14 años y deberán pasar una reválida para ir a la Universidad

S. P. DE P. Diario "El País". Madrid. Sábado, 27 de julio de 2002

La reforma educativa aprobada ayer por el Gobierno supondrá, una vez superado su trámite parlamentario, un cambio radical en la estructura del sistema educativo. Dos son los ejes de esta modificación (texto íntegro en www.elpais.es): por un lado, la limitación de la educación infantil al tramo de seis a tres años y, por otro, la división en la ESO de los alumnos en itinerarios según su rendimiento. Éstas son las principales novedades de la Ley de Calidad:

Educación preescolar. La nueva ley divide la actual educación infantil (de 0 a 6 años) en preescolar e infantil. Establece que de 0 a 3 años se llamará educación preescolar, que tendrá carácter ‘asistencial’, además del educativo.

Educación infantil. Pasa a tener un solo ciclo de tres años (para niños de 3 a 6 años), seguirá siendo voluntaria y será impartida por maestros. Se establece además la gratuidad de esta etapa en los centros privados concertados. La financiación se hará mediante conciertos, ampliando así esta posibilidad a una etapa no obligatoria. El aprendizaje de la primera lengua extranjera comenzará en el último curso de esta etapa.

Educación primaria. Su estructura no varía, ni tampoco el sistema de promoción de curso, que seguirá siendo mediante evaluación continua. Los alumnos sólo podrán repetir curso una vez, como ahora.

Itinerarios. En 1º y 2º de la ESO (13 y 14 años) se adoptarán ‘medidas de refuerzo’ para los alumnos que ‘presenten graves carencias de conocimientos básicos’. Las medidas las decidirá la dirección del centro. Al finalizar 2º, cada alumno recibirá un ‘Informe de Orientación Escolar’ no vinculante, que indicará el camino a seguir.

A partir de los 14 años (3º de la ESO) se dividirá a los alumnos en dos itinerarios. Uno acogerá a los alumnos que vayan a cursar bachillerato, y el otro, a los destinados a la formación profesional. En 4º de ESO el itinerario para los futuros bachilleres se desdobla (habrá uno científico y otro humanístico). En este curso se añade un cuarto itinerario denominado Programa de Iniciación Profesional (PIP), de dos años de duración. Todos darán acceso al título de la ESO. Los centros sostenidos con fondos públicos ‘deberán ofrecer todos los itinerarios’, aunque las comunidades podrán ‘adecuar este principio a las necesidades generales y de la demanda’. En 3º y 4º de la ESO, las comunidades podrán establecer las optativas que consideren para cada itinerario.

Los alumnos de la ESO con materias suspendidas en junio en la ESO podrán hacer una ‘prueba extraordinaria’, cuya fecha establecerán las comunidades. Si después tienen suspendidas un número de materias ‘superior a dos’ repetirán curso, como ocurría con la Ley General de Educación, de 1970. La ley vigente señala que la repetición se decide en función de la evaluación del equipo docente, que analiza si el alumno puede recuperarse y el peso de las materias suspendidas.

Título de graduado. El título de graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) se podrá obtener de forma excepcional con una asignatura pendiente. A este título estará vinculado un ‘informe de orientación’ para su futuro académico, de ‘carácter confidencial’. Si no superan la etapa tendrán un ‘certificado de escolaridad’. En la ESO será obligatorio ofrecer una segunda lengua extranjera.

Bachillerato. Los alumnos podrán repetir dos veces, es decir, ‘permanecer en el bachillerato cuatro años’. Habrá tres modalidades en sus dos cursos (Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales), en lugar de cuatro, como ahora.

Reválida. Para obtener el título de bachiller, que será necesario para acceder a la Universidad, habrá que superar una reválida, la Prueba General de Bachillerato (PGB), en la que habrá una ‘parte oral’ de la lengua extranjera cursada por el alumno. Los alumnos que no la aprueben podrán acceder a la FP de grado superior, tras una prueba.

Inmigrantes. Los alumnos extranjeros que ‘desconozcan la lengua y cultura españolas o con graves carencias en conocimientos básicos’ se integrarán en programas que ‘se podrán impartir en aulas específicas establecidas en centros ordinarios’. Sin embargo, los mayores de 15 años con ‘problemas de adaptación a la ESO’ se incorporarán a los Programas de Iniciación Profesional (PIP) fuera de los centros ordinarios.

Centros especializados. Los centros podrán especializarse en determinados aspectos de su currículo (por ejemplo, en ámbitos como el humanístico, científico o tecnologías de la información) y si lo hacen. La ley permite a estos centros seleccionar a sus alumnos, además de con los criterios generales, según sus notas en las materias de su especialidad. En la admisión de alumnos se incorpora además como criterio ‘el expediente académico’ en el bachillerato y la FP.

El refuerzo de la religión

La ley ha modificado la asignatura de religión y su alternativa. Para ello ha creado el ‘área o asignatura’ de Sociedad, Cultura y Religión y señala que comprende dos opciones, ‘una de carácter confesional, acorde con la confesión por la que opten’ y otra ‘de carácter no confesional’. Ambas ‘serán de oferta obligatoria por los centros, debiendo elegir los alumnos una de ellas’. Además, las dos serán ‘evaluables y computables a efectos de cálculo de la nota media, aunque carecerán de los demás efectos que se derivan de la calificaciones obtenidas en la evaluación’. El Gobierno fijará las enseñanzas mínimas de la no confesional y realizarán la confesional las autoridades religiosas. La Ley de Calidad recupera el cuerpo de catedráticos, desaparecido con la LOGSE, de 1990, y le otorga privilegios como la dirección de los departamentos de los institutos. Como contrapartida, facilita su acceso mediante oposición abierta a cualquier licenciado con el Título de Especialización Didáctica (TED), mediante un curso de un año de duración. La ley introduce además que los profesores mayores de 55 años podrán destinar una parte de su horario a otras actividades en el centro sin perder ingresos. El texto obliga a que los alumnos tengan 15 años para pertenecer al consejo escolar, un órgano que ya no será el que elija al director del centros, sino mediante un concurso de méritos. Le escogerá una comisión formada por representantes de la Administración y los centros.

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El Gobierno aprueba la Ley de Calidad sin memoria económica

Los sindicatos anuncian huelga educativa contra la reforma para el próximo otoño

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". Sábado 27 de julio de 2002.

MADRID.- Al final de todo, la reforma educativa llega a las puertas del Parlamento sin un pan bajo el brazo. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza carente de una memoria económica adicional.

Flanqueada por el vicepresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la titular de Educación, Pilar del Castillo, se remitió al nuevo marco de financiación autonómica para hablar del sustento económico que acompañará a la ley.

«En virtud del nuevo sistema de financiación autonómica, aprobado por todas las comunidades autónomas, es obligatorio que los gastos adicionales de la implantación de las medidas sea evaluado anualmente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera», comentó echando balones fuera. «Los gastos se evaluarán a través de unos mecanismos previstos en este acuerdo».

Según publicaba ayer El País, la supuesta memoria que se presentaría vendría dotada de 90 millones de euros anuales a partir del año 2005 y repartiría mucho más dinero entre la privada que entre la pública. Del Castillo aclaró desconocer el origen de estas cifras y negó que fuesen ciertas, si bien fuentes de su Gabinete reconocieron que Educación había hecho algunos cálculos hipotéticos de coste futuro.

No obstante, antes de acabar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, UGT, CCOO y PSOE criticaban por «insuficiente» la memoria fantasma que está por aparecerse.

«Inaceptable»

«Para el Gobierno del PP no es prioritaria la inversión en educación.Pretende afrontar la reforma con un presupuesto de 90 millones de euros (desigualmente repartidos entre los diferentes tipos de centros), frente a los 20.000 millones que destinará el Gobierno de Tony Blair, para este mismo fin» (comunicado de UGT).

«Por lo que respecta a la financiación, CCOO opina que la memoria económica que acompaña al proyecto es simplemente inaceptable.Además de no resistir la comparación con los que se destinan a reformas en otros países de la UE ni con los que se destinaban a la LOGSE, estos recursos se distribuyen desigualmente. Una prueba de este desequilibrio es la desigual dotación de recursos prevista para la enseñanza concertada, que recibe dos tercios de los mismos cuando escolariza sólo a un tercio del alumnado».(comunicado de CCOO).

En declaraciones a Efe, la secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón, consideró «raquíticos» e «insuficiente» los citados 90 millones de euros, «200 veces menos dinero de lo que invierte» el Ejecutivo de Tony Blair.

Sin memoria económica a día de hoy, como su predecesora LOGSE, la Ley de Calidad aprobada ayer por el Gobierno suprime la promoción automática en la ESO, establece que los alumnos deberán pasar una Prueba General de Bachillerato para obtener el título de bachiller, organiza itinerarios formativos a partir de 3º de ESO, obliga a repetir a los estudiantes de Secundaria que suspendan tres asignaturas, prevé derivar, ya desde los 15 años, a Programas de Iniciación Profesional a los chavales con peores notas y, entre otras medidas, declara gratuita la educación infantil de tres a seis años. «Nuestros dos grandes objetivos son la calidad y la integración», señalaba ayer Del Castillo. «Porque necesitamos mantener al mayor número posible de alumnos en el sistema el mayor tiempo posible».

La tramitación parlamentaria de la ley (que podría contar con el apoyo de CiU y que entrará en vigor en 2003/4) irá acompañada en paralelo de la protesta social en la calle. Ayer mismo lo anunciaron los sindicatos: nuevo otoño caliente a la vista. Incluida una presumible huelga general en la escuela.

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Luz verde a la reforma de la enseñanza

Diario "El Mundo" Sábado 27 de julio de 2002.

l Consejo de Ministros envió ayer al Parlamento el proyecto de ley de Calidad de la Educación para su tramitación legislativa tras el verano. El debate promete convertirse en el campo de batalla del nuevo curso político: los sindicatos se han apresurado a anunciar un «otoño caliente», con huelgas y manifestaciones contra el proyecto, mientras PSOE e IU abundaron en sus críticas contra el texto del Gobierno. Este tendrá que hilar muy fino si quiere sacar adelante, por encima de enfrentamientos partidistas, una reforma que la sociedad demanda a gritos ante el evidente deterioro de la calidad del sistema de enseñanza obligatoria.Ayer, la ministra Del Castillo anunciaba que la financiación de la reforma dependerá de los acuerdos a los que se llegue con las comunidades autónomas y reafirmaba su interés en que el texto pueda aprobarse por consenso en el Parlamento. Sería deseable que el sectarismo político no dificulte una necesaria reforma.

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Pilar del Castillo dice que la financiación de la LOCE dependerá de las autonomías

El PSOE acusa al Gobierno de ocultar la memoria económica y llama a la movilización

ANDRES MOYA . Diario "El Mundo". Domingo 28 de julio de 2002.

LA CAROLINA (JAEN).- La Ministra de Educación, Pilar del Castillo, tampoco desojó ayer la margarita de la financiación del proyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros.

Del Castillo argumentó en la clausura de los cursos de verano de la Universidad Intendente Olavide de La Carolina que «será el nuevo marco de financiación autonómica quien dirima el importe destinado a la Ley».

La ministra evitó pronunciarse sobre un montante monetario para aplicar la nueva norma y se escudó en que será la primera ley que se sitúe dentro del nuevo sistema de financiación autonómica aprobado en diciembre de 2001 por todas las comunidades autónomas.Este sistema hace obligatorio que los gastos adicionales de la implantación de la ley sean evaluados por las comunidades, explicó la ministra.

Sin embargo, el proyecto de ley, sigue levantado ampollas en la oposición. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó ayer en Gandía (Valencia) que el proyecto de Ley de Calidad «viene a ratificar la política antisocial del Gobierno» y su intención de «dejar abandonada la educación pública para favorecer a la privada».

Zapatero anunció que su partido «va a estar contra la ley en el Parlamento y va a estar al lado de la comunidad educativa y de todos los ciudadanos que quieran una educación con igualdad de oportunidades».

En la misma línea, el secretario de Organización socialista, José Blanco, pidió expresamente la movilización de toda la comunidad educativa para mostrar su oposición a la LOCE.

Por su parte, la secretaria de Educación, Universidad, Cultura e Investigación del PSOE, Carme Chacón, acusó ayer al Gobierno de ocultar la memoria económica que debe acompañar a la LOCE e interpretó que no la quiere dar a conocer porque es «raquítica, insuficiente y escandalosamente dirigida a beneficiar a la escuela privada».

Chacón pidió a la ministra que «se baje de la irresponsabilidad y de la ilegalidad» y que «de a conocer» a padres, profesores, alumnos y representantes del Parlamento los contenidos del informe económico que establece cuánto cuesta la reforma educativa y a quién van dirigidos los recursos.

La coordinadora de Participación y Acción Sectorial del PP, Ana Mato, lamentó que el PSOE se oponga permanentemente a todas las reformas educativas «por definición» y recordó que la presente ley ya fue criticada por los socialistas «incluso antes de aprobarse».En opinión de Mato, los socialistas están utilizando argumentos económicos «falsos» contra la norma para ocultar su falta de iniciativa en materia educativa.

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Las advertencias de CiU

Diario "El Mundo". Domingo 28 de kulio de 2002.

El secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, advirtió ayer al PP de que la federación presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de la Ley de Calidad de la Enseñanza si no respetan «escrupulosamente» las competencias de la Generalitat. Macias, que hizo estas declaraciones en Planoles (Girona), quiso dejar claro que «la posición de CiU vendrá muy vinculada por el hecho de que se respeten las competencias autonómicas».

De lo contrario, señaló, su formación se verá obligada a interponer un recurso de inconstitucionalidad, como ya ha hecho con la Ley de Formación Profesional, que «invade gravemente las competencias de la Generalitat».

No obstante, el dirigente nacionalista aseguró que se intentará forzar el diálogo político y con la comunidad educativa durante el trámite parlamentario.

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Del Castillo niega que exista la memoria económica de la Ley de Calidad que Educación envió a Hacienda

El PSOE acusa a la ministra de haber ocultado el texto "deliberadamente"

EL PAÍS. Madrid. Martes, 30 de julio de 2002

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, negó ayer con rotundidad la existencia de una memoria económica de la Ley de Calidad. Por el contrario, Carme Chacón, portavoz de educación del PSOE, insistió en que tal memoria existe y que ha sido ocultada por "beneficiar claramente a la escuela privada. En todo caso, subrayó, la ley obliga al Gobierno a acompañar los proyectos de ley con una evaluación del coste que vayan a suponer.

Chacón mostró de nuevo a la prensa un texto con membrete del Ministerio de Educación y sellado con fecha del 12 de abril, en el que la secretaria general de Educación, Isabel Couso, remite la propuesta de memoria económica de la futura Ley de Calidad a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, Elvira Rodríguez. Dicho texto evalúa el coste de la reforma educativa en unos 91 millones de euros anuales y estima que serán necesarios sólo 2.300 profesores nuevos para ponerla en marcha, una dotación económica y humana que Chacón calificó ayer de ridícula y apuntó como una de las causas que habrían llevado a la ministra a ocultar el documento "deliberadamente".

Desde el Ministerio no se niega la existencia del texto, pero se subraya que la memoria como tal no existe desde el momento en que el Gobierno no aprobó ninguna en el Consejo de Ministros.

El debate entre ambas políticas, aunque se planteó en términos puramente formales, tiene un notable trasfondo político. El ministerio está interesado en subrayar los cambios que comporta la ley -los itinerarios, la desaparición de la promoción automática o la recuperación de una prueba como la reválida- y decidió el viernes aplazar la discusión sobre las cuestiones económicas. El PSOE, por el contrario, cree que el debate económico no puede separarse del de los contenidos porque hacia dónde vaya el dinero marcará si la reforma beneficia a la escuela pública o a la privada concertada.

Por la mañana en la SER y por la tarde en la agencia Efe, Del Castillo reiteró que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado la ley sin memoria económica, cuya existencia negó, y explicó que el tema del dinero será abordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque las obligaciones de gasto que llevan aparejadas las leyes del Estado en áreas que son competencia de las comunidades autónomas deben ser abordadas en dicho consejo.

Las declaraciones de Chacón constituyen, según Del Castillo, un "espectáculo insólito", porque ésta atacó la supuesta memoria económica de la ley horas antes de que el proyecto fuera remitido por el Gobierno al Congreso. Y al final, lo envió sin dicha memoria.

Acusaciones cruzadas

Pero que no se remitiera a las Cortes no quiere decir que dicha memoria no exista, insistió ayer Chacón. Lo que sucede, agregó, es que el Gobierno "la oculta porque es insuficiente y beneficia escandalosamente a la escuela privada". Para la ministra, la insistencia de Chacón supone "apalancarse en el error" para no contribuir "de forma constructiva" a mejorar el sistema educativo.

Pero no incluir una memoria económica es, asegura Chacón, ilegal. Según la socialista, la Ley del Gobierno, de 1997, establece en su artículo 22 que cualquier anteproyecto deberá ir acompañado de "una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar".

Un portavoz del ministerio indicó que, con posterioridad a esa ley, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron en diciembre de 2001 un nuevo sistema de financiación autonómica al que debe someterse la reforma educativa.

"La ministra se esconde tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera", insistió Chacón al asegurar que uno de los puntos de la memoria que demuestran el trato de favor dado a la enseñanza privada es el que establece que, de las 2.300 nuevas incorporaciones de profesores previstas por el equipo de Del Castillo, sólo 738 irán a la escuela pública frente a los 1.560 destinados a la privada. "Esto hace que haya un profesor más por cada 1.700 alumnos en la escuela pública y uno más por cada 400 en la privada", explicó.

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El PSOE acusa a Del Castillo de ocultar la memoria económica de la reforma porque beneficia a la privada

AGUSTIN YANEL. Diario "El Mundo". Martes 30 de julio de 2002.

MADRID.- En contra de lo que el Gobierno viene repitiendo últimamente, el PSOE aseguró ayer que existe una memoria económica sobre la Ley de Calidad de la Educación, que concreta cuánto dinero costará poner en marcha este proyecto aprobado el viernes último por el Consejo de Ministros. La ministra Pilar del Castillo, por el contrario, volvió a decir ayer que esa memoria no ha sido aprobada por el Gobierno, lo que supone que no existe.

Para demostrar que esa memoria existe, la diputada socialista Carme Chacón distribuyó ayer la fotocopia de un escrito que Isabel Couso (secretaria general de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) remitió en abril al Ministerio de Hacienda, con el que enviaba la memoria económica referida a esa Ley de Calidad.

La diputada Chacón dijo, en una conferencia de prensa, que la ministra no ha presentado la memoria en el Congreso porque «es insuficiente [para poner en marcha esa ley] y beneficia escandalosamente a la escuela privada».

«Pido a Pilar del Castillo que diga la verdad», indicó, «y que remita la memoria económica al Parlamento, junto con el proyecto de ley». La ministra, según dijo, «miente públicamente y pierde toda la credibilidad».

Añadió que de los 91 millones de euros que la memoria establece, 75 millones están dedicados a los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y que de los 2.300 profesores más que se prevén, 1.560 irán destinados a la enseñanza privada y 778 a la pública, lo que representa un enseñante por cada 400 alumnos en el primer caso y uno por cada 1.700 alumnos en el segundo.

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, anunció ayer que apoyarán la huelga general de la enseñanza, que se celebrará el próximo curso en contra de una ley que considera «segregadora e injusta».

Desde Mérida, la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, volvió a insistir en que «el Gobierno no ha aprobado ninguna memoria económica para la aplicación de la futura Ley Orgánica de Calidad de la Educación en las comunidades autónomas», y que por lo tanto, «de lo que quiera hablar el PSOE es un error».

Según Del Castillo, la actitud del PSOE es «buscar una justificación a su error», algo que según afirmó es consecuencia de «la precipitación, de la ligereza y de la descalificación a priori». Dos horas antes de que acabase el Consejo de Ministros, el PSOE criticaba públicamente una memoria económica que nunca se presentó públicamente. Para la ministra el «descalificar esta supuesta memoria con toda profusión de detalles es un hecho insólito», informa Europa Press.

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El PSOE solicita que no se tramite la Ley de Calidad por carecer de memoria económica

Los socialistas solicitarán amparo al Constitucional si el Congreso tramita el proyecto

A. DÍEZ y S. PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid. Miércoles, 31 de julio de 2002

El Parlamento no cuenta con los ‘elementos de juicio necesarios’ para estudiar y, finalmente, aprobar la Ley de Calidad si desconoce su cuantificación. Ésta es la opinión del Grupo Socialista, que ayer solicitó a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que paralice el proyecto, que ha entrado en esta Cámara sin memoria económica. El PP no ve precepto legal que obligue a la presentación de esa memoria. El PSOE cita tres: la Constitución, el reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno. La Mesa de la Cámara Baja estudiará en su reunión del 3 de septiembre la petición socialista. Si la tramitación sigue, el PSOE presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los socialistas dan por seguro que el Gobierno ha ‘ocultado’ el presupuesto calculado para la Ley de Calidad por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, e incluso enviada a Hacienda porque pone de manifiesto ‘que privilegia escandalosamente a la enseñanza privada’ (ver memoria económica elaborada por Educación y cartas al Ministerio de Hacienda en www.elpais.es). Pero el principal motivo de controversia es la ausencia de esa memoria en el proyecto de ley que desde anteayer se encuentra en el Congreso. ‘Simplemente, es ilegal’, dijo ayer el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, que compareció en el Congreso junto a la responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, Carme Chacón.

Los socialistas citan la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley de Gobierno de 1997. Este partido recuerda, además, que el dictamen del Consejo de Estado sobre esa ley pedía un cálculo de los costes de la norma: ‘En todo caso, en el supuesto de que no implicara costes adicionales, convendría introducir en la memoria justificativa alguna consideración relativa a ello’.

El PSOE ha dado un paso más que la mera denuncia y ha escrito a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, para que ‘suspenda la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Calidad de la Educación hasta que no obre en la Cámara la preceptiva Memoria Económica que, formal y materialmente, permita y facilite a la Cámara ‘los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre el proyecto’, como dice el reglamento del Congreso. ‘¿Cómo nos vamos a pronunciar sobre una ley si no sabemos su coste?’, señaló Caldera.

Los socialistas han advertido además de que, si en septiembre no llega a la Cámara la memoria, presentarán recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los artículos 88 de la Carta Magna y 109 del Reglamento de la Cámara baja prevén que los proyectos de ley remitidos por el Gobierno vayan ‘acompañados por una exposición de motivos y antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos’. La Ley del Gobierno es más directa: el artículo 22.2 señala que los proyectos deben adjuntar ‘una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar’.

La dirección del PP respondió a través de su secretario general y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas. ‘No existe ninguna obligación legal en el marco del Reglamento del Congreso para presentar una memoria que acompañe la ley’, dijo Arenas, que no aludió a la citada Ley del Gobierno. Arenas añadió: ‘El PSOE plantea la obstrucción de la reforma, lo que no presenta novedad ya que es lo que hace con todos los proyectos del Gobierno’.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que la Ley de Calidad ‘no lleva memoria económica’ y dijo que ‘lo que aprueba el Gobierno es lo que existe’, informa Marta Aguirregomezcorta. Montoro, que participó en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, añadió que ‘puede haber intercambio de documentos o de papeles entre los diferentes departamentos ministeriales a efecto de los estudios pertinentes, pero lo que resulta de la decisión es lo que existe y no lo que hay antes’. El titular de Hacienda añadió:

‘Otra cosa es que la portavoz del partido socialista hable de unas cuentas que no existieron, pero allá ella con esas cuentas’.

En la dirección del PSOE la lucha contra esta ley es una prioridad, tal y como ha decidido su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero. En septiembre, la responsable de Educación, Carme Chacón, empezará una campaña de movilización e información con amplios sectores sociales junto a los sindicatos CC OO y UGT. Éstos han anunciado que convocarán protestas para octubre. ‘Habrá movilizaciones y estaremos allí’, aseguró Chacón. El PSOE pretende ir más allá de la comunidad educativa y hacer ver a ‘las familias’ y a todos los ciudadanos que esta ley forma parte de un entramado legal ‘que implica un modelo social fracturado y segregador’, advirtió Chacón.

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El PSOE muestra las cuentas de la Ley de Calidad fechadas en julio

Diario "EL PAÍS". Madrid. Jueves, 1 de agosto de 2002

Los socialistas insisten en que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ‘miente’ sobre la memoria económica de la Ley de Calidad. La responsable de Educación del PSOE, Carme Chacón, aportó ayer un nuevo documento, fechado el 9 de julio, para demostrar que la memoria existe o que existió hasta dos semanas antes de que la ley fuera a Consejo de Ministros.

A la vista de estas pruebas, Chacón dijo ayer en la cadena SER que el Gobierno ha tenido que elegir entre dos opciones: ‘Cumplir la ley y enviar la memoria al Parlamento demostrando que es antisocial o ocultarla y aparecer como unos irresponsables, como un ministerio que hace la ley y no sabe lo que cuesta’.

Lo que se desprende de ese documento, adelantado por este diario el pasado día 26, es que los centros públicos que recibirían más dinero serían 967, frente a los 1.982 colegios concertados que tendrían recursos extras para la reforma educativa.

Por su parte, el secretario general del PP en el Congreso, Gabriel Cisneros, opinó ayer que si Educación hubiera presentado una memoria económica habría ‘incurrido en una injerencia flagrante’ de las competencias de las autonomías. Pero lo cierto es que algunas comunidades, como Andalucía o País Vasco, ya han protestado porque la Ley de Calidad imponga nuevas directrices educativas sin evaluar su coste.

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Reforma desmemoriada

Diario "El País". Jueves, 1 de agosto de 2002

El debate sobre la reforma de la educación primaria y secundaria ha derivado en una esotérica polémica sobre si existe o no memoria económica del proyecto de Ley de Calidad de la Educación, remitido al Congreso el viernes pasado. Primer punto del debate: ¿existe dicha memoria? A la luz de los documentos aportados por el partido socialista es obvio que el Ministerio de Educación elaboró al menos un borrador y lo remitió a Hacienda. Otra cosa es que el Gobierno haya decidido obviarlo en el texto aprobado. Segundo interrogante: ¿debería existir tal documento en el proyecto de ley? El PSOE cita la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley del Gobierno, de 1997, para apoyar su tesis de que el proyecto debe ir acompañado de una memoria económica. El Gobierno asegura que ninguna ley le obliga y remite el debate económico a un ámbito distinto del parlamentario, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Cuestiones legales aparte, resulta incomprensible que una gran reforma educativa se presente sin una evaluación de su coste. El Ejecutivo británico, por ejemplo, ha planteado una inversión extra anual en educación de 20.000 millones de euros antes incluso de elaborar un texto articulado de ley. Aquí seguimos sin saber a cuánto ascenderá la inversión extra para poner en marcha la reforma, aunque todo indica que será mucho menor. Ni Aznar ni la ministra de Educación han hablado de dinero, pese a su insistencia en que la enseñanza está muy mal y hay que mejorarla.

Los últimos borradores de memoria económica evaluaban el coste de tres medidas de la reforma en 91 millones de euros al año a partir de 2005, una cantidad casí ridícula si se la compara con la inversión anunciada en el Reino Unido. Dichas medidas son la creación de itinerarios en la ESO, el adelanto en dos años de la enseñanza de un idioma extranjero en primaria y los programas especiales para alumnos extranjeros. Pero la medida probablemente más costosa será la extensión de la gratuidad al periodo de educación infantil comprendido entre los tres y los cinco años, que supondrá una nueva inyección de dinero público para las escuelas privadas concertadas.

Ocultar las cifras con el argumento de que el tema del dinero se debe debatir en el seno del Consejo de Política Fiscal no es de recibo. Primero, porque el Parlamento tiene derecho a conocer el coste de un proyecto que debe aprobar o rechazar. Segundo, porque las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar la ley, están igualmente interesadas en conocer cuanto antes unos datos que son básicos. Más aún, dado que las competencias en educación están transferidas a las autonomías, ¿no habría sido prudente y beneficioso contar con ellas durante la elaboración del proyecto?

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El Parlamento pide al Gobierno que remita la memoria económica de la Ley de Calidad

La Mesa del Congreso rechaza la petición socialista de paralizar la tramitación del proyecto

ANABEL DÍEZ. Diario "El País". Madrid. Miércoles, 4 de septiembre de 2002

El Gobierno tendrá que remitir al Congreso la memoria económica de la Ley de Calidad de la Educación, en cumplimiento del reglamento del Congreso, que ha sido invocado por la diputada de IU Marisa Castro para tener en sus manos el coste económico del proyecto. Así lo acordó ayer la Mesa del Congreso, que, no obstante, rechazó la petición del PSOE de paralizar la tramitación de la ley hasta no tener su evaluación económica. La diputada socialista Carme Chacón también pidió ayer los documentos, en uso de las facultades individuales de los parlamentarios.

El PSOE se siente satisfecho por la decisión que ayer tomó la Mesa respecto a la Ley de Calidad, pese a que su propuesta concreta fue rechazada. La satisfacción socialista viene porque salió adelante una iniciativa de IU que cumple en parte sus expectativas. Los socialistas pidieron a la Mesa que suspendiera la tramitación de la Ley de Calidad de la Educación hasta tanto no llegara a la Cámara la memoria económica de la ley. Esto fue ayer rechazado. A continuación la Mesa estudió una petición de la diputada de IU Marisa Castro que, con la invocación del artículo 7 del Reglamento, que alude a la facultad de los parlamentarios de solicitar al Gobierno documentos para llevar adelante su trabajo, pedía la memoria económica de esa ley. Esta petición fue aprobada por unanimidad.

A partir de ahí el alcance del acuerdo fue interpretado de manera muy diferente según el mentor fuera del PP, del Gobierno o del PSOE. Para los primeros, la aceptación de la petición de IU es de trámite, en tanto que para el PSOE supone ‘un éxito’ y el reconocimiento de que sí hay memoria.

Desde que el pasado 26 de julio el proyecto de ley entró en el Congreso, la trifulca entre la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y la responsable federal del PSOE para Educación, Carme Chacón, no ha dejado de crecer. La ministra niega que haya memoria y la diputada socialista asegura que sí la hay y exhibe documentos en ese sentido que obran en su poder. A partir de ahora habrá que esperar cuál es el documento que el Gobierno envía a la Cámara relativo a los costes de la ley, para calibrar la importancia de la decisión que ayer tomó la Mesa. Lo cierto es que el Gobierno puede responder que ‘no está en condiciones de acceder a esa petición porque la memoria no existe’, dijeron, a modo de hipótesis, fuentes parlamentarias.

‘Burras ciegas’

El portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes, fue ayer el primero en restar importancia a la decisión de la Mesa y pidió al PSOE que ‘no venda burras ciegas’. Este portavoz insistió en que el coste verdadero de esta reforma educativa vendrá derivado de decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, proclamó el éxito de su grupo. ‘La Mesa nos da la razón y exige al Gobierno que envíe la memoria económica’. En idénticos términos se expresó Carme Chacón, que pidió al secretario general del PP, Javier Arenas, y a la ministra Del Castillo, que ‘pidan perdón’ por negar la existencia de una memoria.

Pero la dirigente socialista decidió utilizar de inmediato la vía abierta por la Mesa, por lo que envió ayer mismo al órgano de dirección del Congreso una solicitud, amparándose en el artículo 7, para que el Gobierno la remita toda la documentación relativa al coste económico de la ley. Su petición es bastante más amplia que la de la diputada de IU. Pero el Gobierno insistió en aguar la alegría del PSOE. El Secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel, recordó que la Mesa sólo ‘ha dado curso’ a ‘una petición individual que el Gobierno responderá en su momento sin que signifique aval o apoyo al contenido’.

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El Congreso pregunta cuánto costará la LOCE

El PP dice que sólo se trata de una petición de IU que el Gobierno no está obligado a atender

AGUSTIN YANEL. Diario "El Mundo". Miércoles 4 de septiembre de 2002.

MADRID.- La Mesa del Congreso de los Diputados acordó ayer, a petición del PSOE, pedir al Gobierno que remita al Parlamento una memoria económica sobre la Ley de Calidad de la Enseñanza, en la que concrete el dinero que se va a destinar para poner en práctica esta ley. En cambio, la Mesa no aceptó la solicitud socialista de suspender la tramitación de este proyecto de ley mientras el Gobierno no envíe dicha memoria.

Aunque se trata de una decisión muy concreta, este acuerdo de la Mesa del Congreso fue interpretado ayer de manera totalmente contraria por el PSOE y el PP: mientras el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Caldera, aseguró que el Congreso les ha dado la razón a ellos (al reclamar esa memoria económica), el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, aseguró que no ha ocurrido así.

Carme Chacón, secretaria de Educación del PSOE, opinó que esa decisión de la Mesa ha sido un «tirón de orejas» al PP. Y pidió a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, y al de Administraciones Públicas, Javier Arenas, que pidan disculpas a los ciudadanos, porque considera que ambos han «mentido» a los ciudadanos y han insultado al PSOE al referirse a esa memoria económica.

El Gobierno remitió en su día ese proyecto de ley al Congreso sin una memoria económica, porque considera que el análisis de su costo debe realizarlo el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El socialista Jesús Caldera opinó ayer que el Gobierno no ha enviado esa memoria económica al Congreso para ocultar que con esa ley pretende beneficiar a la enseñanza privada en perjuicio de la pública.

Carme Chacón, por su parte, dijo que la Mesa del Congreso puso freno a «la irresponsabilidad del Ministerio de Educación». Indicó que la ministra Del Castillo oculta «intencionadamente» la memoria económica porque el presupuesto con el que cuenta es «ridículo», «antisocial» y «beneficia escandalosamente» a la escuela privada.

Esas afirmaciones del PSOE provocaron declaraciones de varios miembros del Gobierno y del PP. Todos indicaron que lo único que hizo ayer el Congreso fue dar curso a una iniciativa de Izquierda Unida para que el Ministerio de Educación remita al Parlamento la polémica memoria económica.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis de Grandes, cree que el Gobierno contestará que no debe enviar esa memoria económica, porque es algo que corresponde calcular al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Los 125 diputados del PSOE piden la memoria económica de la Ley de Calidad

A.DÍEZ. Diario "El País", Madrid. Jueves, 5 de septiembre de 2002

El pulso entre el PSOE y el Gobierno sobre la Ley de Calidad de la Educación no cede ante la decisión socialista de de exigir la memoria económica de la misma. La solución de la Mesa del Congreso ha sido autorizar peticiones individuales de los diputados al Gobierno, en virtud del articulo 7 del Reglamento, después de la brecha abierta por la diputada de Izquierda Unida Marisa Castro en esta línea. La dirección socialista decidió ayer que los 125 diputados del PSOE soliciten individualmente al Gobierno la remisión de la memoria.

La primera en hacerlo ha sido la responsable de Educación, Carmen Chacón, que ha solicitado la memoria económica de la Ley de Calidad ‘elaborada por la Subsecretaría del Ministerio de Educación y remitida por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda el pasado 12 de abril de 2002’.

El Grupo Socialista recurrió ayer la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar su petición de ‘paralización’ de la tramitación de la Ley de Calidad con el argumento de que no puede estudiarla si no conoce el coste económico que comportan sus medidas. El PSOE pedirá amparo al Tribunal Constitucional si la Mesa persiste en su rechazo.

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El debate de la Ley de Calidad y las movilizaciones marcan el curso escolar

El Parlamento estará atento al presupuesto que el Gobierno destine a la reforma

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". MADRID. Lunes 9 de septiembre de 2002

Las discusiones sobre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) tendrán lugar tanto en el Parlamento como en las movilizaciones convocadas para los próximos meses en la calle por diversas organizaciones. La educación promete volver a la primera fila de la actualidad con protestas aún más calientes que las que tuvieron lugar hace justo un año acerca de la Ley Orgánica de Universidades. Tras una fuerte polémica que culminó el pasado otoño con las manifestaciones más numerosas protagonizadas por la comunidad educativa desde la transición política (en las que llegó a participar una decena de rectores), la reforma universitaria fue aprobada por el Congreso de los Diputados en diciembre, con los votos a favor del PP, Coalición Canaria y CiU.

La Ley de Calidad será, por tanto, la protagonista del nuevo curso escolar que la comunidad de La Rioja estrenó el pasado jueves en todos los centros de infantil y primaria y que empieza con un número inferior de alumnos (alrededor de 100.000 menos) que el anterior, en la misma tendencia de los últimos años. Las etapas que siguen perdiendo alumnos son las de primaria (unos 20.000), ESO (30.000) y el bachillerato (20.000). También se prevé la reducción del número de universitarios. Unos 6,6 millones de estudiantes ocuparán este curso las aulas no universitarias españolas.

El texto del proyecto de Ley de Calidad fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio y este mes se empezará a debatir en el Parlamento. Padres, profesores, políticos y estudiantes se pasarán el curso pendiente de ella.

Presupuesto pendiente

Pero el aspecto más controvertido a día de hoy es que no se sabe si irá o no acompañada de financiación por parte del Estado, aunque se prevé que las comunidades tendrán que desembolsar buena parte del presupuesto que se precise para implantarla. Al menos así se desprende de diversas declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado curso, quien recordó, al ser preguntada por esta cuestión, que las competencias educativas ya están transferidas.

La memoria económica de esta ley, elaborada por el equipo de Educación y enviada a Hacienda -pero que Del Castillo no ha hecho pública hasta el momento-, establecía un presupuesto muy criticado por la oposición socialista y por algunos responsables autonómicos.

Este texto establecía la puesta en marcha de la reforma con sólo 2.800 profesores más en toda España (uno por cada 800 alumnos) y estimaba que el coste de la implantación de los itinerarios en la ESO (la división en dos aulas de las clases de 3º y en tres aulas las de 4º) sería de 75 millones de euros anuales. De éstos, preveía que 52 millones irían para financiar a profesores de los centros privados concertados y 23, para los públicos. La división de alumnos en itinerarios supone el cambio de mayor envergadura.

Los socialistas han reclamado que se haga público el documento e incluso el Pleno del Congreso solicitó la semana pasada al Gobierno que presente a esta Cámara el presupuesto de la reforma. Sin embargo, Pilar del Castillo ya advirtió antes del verano que la financiación de esta ley dependerá de lo que decida el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El proyecto no cambia la base de la organización ni de la denominación del sistema educativo, modificadas en 1990 con la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE) y tampoco toca los contenidos.

Pero, si la nueva ley no cambia la estructura y los contenidos del sistema educativo ni ha sido vendida como una apuesta por la calidad a partir de un determinado presupuesto (como han hecho otros países, como Inglaterra o EE UU), ¿qué es lo que cambia?

El proyecto de ley da un vuelco al tratamiento educativo de los alumnos, con lo que obliga a reorganizar las enseñanzas y los centros: permite que los que vayan peor sean metidos en unos programas especiales a partir de los 12 años, introduce la posibilidad de repetir curso más veces en la ESO (ahora se puede dos, más una en primaria), separa a los alumnos a partir de los 14 años en itinerarios según su rendimiento, adelanta de los 16 a los 15 años la edad a la que es posible mandar a los peores alumnos a programas fuera de la ESO (la actual garantía social) e introduce una reválida al final del bachillerato como requisito para poder acceder a la Universidad.

Todas estas medidas han sido calificadas de ‘antisociales’ y ‘discriminatorias’ por la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carmen Chacón, y han recibido duras críticas de IU y de los gobiernos catalán y vasco. La consejera de Educación catalana, Carmen Laura Gil, calificó la ley el curso pasado, al conocerse el plan de Pilar del Castillo, de ‘cruel y segregadora’ por separar a los niños a partir de los 12 años y por ‘obligar a las familias a decidir el futuro de sus hijos a los 13 años’. Sin embargo, Gil dijo, meses después, que la ministra se había dejado influir por ‘elementos progresistas’, aunque el mismo día el secretario general de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, anunció que esta coalición recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional por ‘invasión de competencias’.

También la consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, manifestó su oposición a esta reforma: ‘La preparación de nuestros jóvenes no se soluciona poniendo vallas, sino enseñándoles a saltar. No saben más los que más se examinan, sino los que estudian más y en mejores condiciones. Pero eso cuesta dinero’.

Pero aún es posible que haya sorpresas. Del Castillo dijo al día siguiente de la aprobación del proyecto por el Gobierno que el texto ‘registrará otros matices’ durante el trámite parlamentario.

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Ibarra pide que Educación pacte con las autonomías el coste de la reforma

La ministra dice que se hablará de financiación tras aprobar la ley

M. AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País". Madrid. Martes, 10 de septiembre de 2002

El presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunció ayer un ‘conflicto educativo incalculable’ si el Ejecutivo no acuerda con las autonomías la Ley de Calidad. Por eso anunció que el PSOE exigirá la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se aclare su financiación. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, señaló que el coste de la ley se evaluará una vez sea aprobada.

El presidente de Extremadura no escatimó ayer críticas respecto a la Ley de Calidad -aprobada el pasado julio por el Consejo de Ministros- y a la ausencia de memoria económica de ésta.

Tras asistir a una reunión de los secretarios generales de las distintas federaciones del PSOE , Rodríguez Ibarra exigió al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el Ejecutivo aclare el coste de la reforma, se comprometa a pagarlo y para que acepte debatir el futuro de la educación en el Senado. ‘Y si no quiere, porque ya sabemos que el Senado le da miedo, que lo haga uno por uno con todos los presidentes’, añadió.

Rodríguez Ibarra acusó a Aznar de gobernar como si el Estado de las autonomías no existiera. ‘Como si fuera un mal que hay que soportar, pero sin tenerlo en cuenta para diseñar las políticas en las que las competencias son de las comunidades autónomas’, puntualizó.

El presidente extremeño insistió en que ésta es una reforma ‘perversa’ porque mete a los niños que necesitan más atención en el ‘pelotón de los torpes’, desde el que no tendrán acceso a las mismas oportunidades de formación que los demás. ‘Que no me obliguen a ejecutar un proyecto de derechas cuando yo soy de izquierdas, porque me puedo volver esquizofrénico’, afirmó Rodríguez Ibarra.

Memoria económica

Desde que el pasado 26 de julio el proyecto de ley entró en el Congreso, el embrollo sobre si hay o no memoria económica es cada vez mayor. El Gobierno niega que exista, pero los socialistas no se lo creen, reclaman que se haga pública y dicen que el Ejecutivo la esconde porque ‘beneficia escandalosamente a la escuela privada’.La ministra de Educación, Pilar del Castillo, dijo ayer que el coste de la ley será evaluado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera ‘una vez que la ley esté aprobada y se ponga en marcha’. El texto comenzará a debatirse en el Congreso a partir de este mes y las primeras medidas empezarán a aplicarse en el curso 2003-2004.

La ministra insistió en que, de acuerdo con los acuerdos de financiación autonómica firmados por todas las comunidades el pasado diciembre, deberá ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien ‘evalúe’ el impacto económico de la puesta en marcha de la Ley de Calidad en cada autónomía.

Al contrario de lo que sostiene la oposición, Del Castillo puntualizó que la Mesa del Congreso ‘no pidió ninguna memoria económica’ a su departamento la semana pasada, sino que se limitó a autorizar la tramitación de una pregunta sobre este asunto a IU.

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Diez ‘peros’ a la Ley de Calidad

Sindicatos, oposición y padres laicos rechazan el fortalecimiento de la religión católica, el impulso a la enseñanza privada y, entre otros aspectos, la separación del alumnado según sus notas

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". Martes 10 de septiembre de 2002

MADRID.- ¿Hace honor a su nombre la Ley de Calidad o estamos ante un texto segregacionista que no combate los males de la escuela? ¿Era ésta la reforma que hacía falta o es una vendetta educativa del PP contra la era PSOE/LOGSE? ¿Se prepara la enseñanza para el siglo XXI con la nueva norma o damos todos mil pasos atrás hacia la pizarra del abuelo?

Tras una enconada fase de elaboración, la ley llega al horno del Parlamento para terminar de moldearse. Hay quien dice que el pan será como el de antes. El Gobierno dice que está dispuesto a cambiar algún ingrediente, eso sí, sin salirse de la receta prevista. ¿A qué sabrá la escuela de pasado mañana? Buen provecho.

1. Religión. Vela encendida a la Conferencia Episcopal, la ley sacrifica la aconfesionalidad de la escuela en los altares de la Iglesia. Se satisface la histórica demanda de los obispos y la imagen de Dios ganará terreno en las aulas, uno de los pecados capitales del texto según la izquierda escolar.

La nueva disciplina se llama Sociedad, Cultura y Religión, que se desdoblará en dos asignaturas: religión cocinada al gusto del paladar de los creyentes y religión cocinada al gusto del paladar de los no creyentes. Para entendernos, Religión a secas para unos e Historia de las Religiones para otros.

Tal y como pedía la jerarquía católica, la moneda sale fortalecida por las dos caras, con lo que se combate el efecto llamada de una alternativa actual a la asignatura Religión maría entre las marías.

Hoy en día, la alternativa a la asignatura religiosa no es evaluable ni computa en Primaria (de seis a 12 años). En los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) no es obligada su oferta, aunque exista en algunos centros. A partir de tercero de ESO, se da la posibilidad de cursar Etica. Con la Ley de Calidad, tanto la Religión como la Historia de las Religiones serán evaluables y aparecerán en el expediente académico en toda la enseñanza obligatoria y en el Bachillerato, aunque se podrá pasar de curso con ellas suspensas.

El impulso de otras creencias distintas a la católica en la escuela (pongamos la islámica) permanece aparcado. Los padres progresistas hablan en términos futbolísticos: Iglesia uno; laicos cero.

2. Iniciación Profesional. Hay quien ve en los llamados Programas de Iniciación Profesional una quiebra «inadmisible» del histórico logro de la ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. El argumento: los chavales que no cumplan con los objetivos de la ESO podrán ser sacados del sistema común a los 15.

El sistema que viene conducirá a los menos listos desde esa edad a unos estudios de dos años que sustituirán a los programas actuales de Garantía Social. El Ministerio de Educación destaca el lado positivo del asunto: si terminan bien, tendrán un título.

3. Educación Infantil. Una buena idea (será gratuita entre tres y seis años), pero resuelta de forma controvertida (engordando las ayudas a la escuela privada). De eso se queja la oposición y la comunidad educativa, de que la escuela en este ciclo se haya convertido en un asunto a despachar por el Estado con una subcontrata: en vez de impulsar una red de guarderías públicas, el dinero se destinará a conciertos con empresas educativas y centros religiosos.

Los contenidos saldrán reforzados con la nueva norma. Se introduce el inicio del aprendizaje de lectura, escritura y habilidades numéricas y se podrá comenzar el estudio de una lengua extranjera y de las nuevas tecnologías.

4. Elección del director. Los padres pierden poder en decidir quién gobierna los designios del lugar en el que estudia su hijo.Ganan voz los profesores.

Si hasta ahora los elegía el consejo escolar del centro (donde están representados padres, docentes y alumnos), ahora pasará a nombrarlos el Estado mediante unas comisiones mixtas creadas al efecto Administración/centro en el que el claustro (donde están los profesores) representará al menos el 50% de dicho tribunal.

5. Más disciplina. Se endurecerá la disciplina en los centros.¿Bueno o malo? Los directores tendrán más poder a la hora de poner en marcha «mecanismos de justicia rápida», en expresión de Educación, cada vez que haya un conflicto en el aula. En la práctica, la medida supondrá poder echar del aula a los alumnos con mayor celeridad que la actual y sin contar con la opinión de otros órganos del centro. La oposición ha calificado de «represiva» la medida.

6. Itinerarios. Doble baremo de la llamada «igualdad de oportunidades», habrá un sendero formativo para los menos listos y otros para los más listos. A partir de 3º de ESO, el sistema comenzará a bifurcarse: unos hacia la enseñanza superior, otros hacia la FP y otros hacia el mundo del aprendizaje laboral. El Gobierno dice que se trata de crear modelos adaptados y atractivos a cada colectivo. Los estudiantes hablan de enseñanza «de primera» para unos y enseñanza «de segunda» para otros. «Esto estigmatizará a cierto alumnado», opina Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. El miedo ancestral: que vuelvan a asomar las orejas de burro. Las preguntas: ¿Ofertarán también los centros privados los itinerarios que no conducen a la Universidad? ¿Quedarán los institutos públicos para hacer de coche escoba de la enseñanza?

7. Alumnos inmigrantes. Dice la ley que habrá «programas de aprendizaje» para facilitar la incorporación de los alumnos inmigrantes.¿Cómo serán? Poco o nada ha trascendido. Sólo alguna pista. En el laboratorio del Gobierno que es Madrid, los alumnos extranjeros serán separados en aulas especiales hasta que cojan el ritmo de la media de la clase. Los sindicatos y la oposición han rechazado la medida por «segregadora». Educación ha aplaudido la idea.

8. La financiación. Dio marcha atrás el Gobierno al ver que no le cuadraban las cuentas a Hacienda, y la Ley de Calidad de quedó sin propuesta de memoria económica. De resultas, la norma anda coja en el Parlamento. Dicen los docentes a pie de trinchera de aula que el Gobierno (sea de uno u otro signo) es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra: la LOGSE socialista se implantó también sin un duro.

9. Prueba General de Bachillerato. A diferencia de lo que pasaba con la anterior selectividad, su recambio, la nueva Prueba General de Bachillerato (PGB), endurece la obtención del título de bachiller.No se podrá lograr si no se ha superado la PGB, pongamos reválida, la ruleta de unos días de sudores y miedos. Las críticas a la ley piden que no se vincule, por injusto, la obtención de un título forjado en años a pasar o no un examen de unas horas.Habrá cuatro oportunidades para lograrlo. Los que no lo logren tendrán un certificado.

10. Repetir curso. En el envoltorio de la ley, uno de los eslóganes más vendidos por Educación es que se acaba con la promoción automática.O sea, los chavales que suspendan tres asignaturas en la ESO no pasarán al siguiente nivel. La cuestión de fondo estriba, precisamente, en el valor educativo de la repetición de curso.La pedagogía moderna rechaza por segregadora esta medida (que estigmatizaría al alumno) y aboga por la atención individualizada.

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Las comunidades del PSOE pedirán al Gobierno una financiación para la norma

CARMEN CARDOSO PARRA. Especial para EL MUNDO. Martes 10 de septiembre de 2002.

SANTANDER.- Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE solicitarán al Ejecutivo central la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para elaborar la memoria económica del proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza, según anunció ayer el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Los secretarios autonómicos del PSOE y algunos presidentes de comunidades autónomas gobernadas por socialistas acordaron ayer solicitar al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que convoquen la reunión de este organismo con el objetivo de estudiar el resupuesto de la reforma educativa.

Asimismo, Rodríguez Ibarra, quien señaló que pediría hoy de manera oficial la remisión del documento, hizo alusión a la existencia de dos memorias económicas sobre el proyecto de ley que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) «no quiso reconocer» oficialmente.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró ayer en Santander que la Mesa del Congreso no ha pedido dicha memoria tal y como habían difundido los partidos de la oposición, sino que sólo ha admitido a trámite una pregunta del grupo parlamentario IU, sin que ésta haya sido aprobada.

Impacto de la norma

Según la ministra, el Ministerio contestará a Izquierda Unida desde la perspectiva que viene determinada por lo establecido en el nuevo acuerdo de financiación autónomica y será el CPFF el que tendrá que evaluar periódicamente las nuevas obligaciones de gasto de las comunidades una vez que se ponga en marcha la Ley. «Todo el impacto que pueda tener la aplicación de la norma, tanto en sentido negativo como positivo, tendrá que ser evaluado por el CPFF. Allí será donde cada una de las comunidades podrá plantear si le han supuesto nuevas obligaciones de gasto o si se han liberado de otras», declaró.

No obstante, la Mesa del Congreso debate hoy una propuesta de acuerdo del Grupo Socialista en la que se requiere del Estado la «remisión inmediata» de la preceptiva memoria económica, suspendiendo la tramitación de la Ley; o que amplíe la presentación de enmiendas para que los diputados puedan tener acceso a dicha memoria.

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Educación suavizará la Ley de Calidad para lograr apoyos de CiU

PEDRO SIMON, Diario "El Mundo". Martes 10 de septiembre de 2002.

CURSO 2002/3: EL RETO DE LA REFORMA. En torno a 6.700.000 alumnos vuelven estos días a clase para iniciar uno de los cursos académicos más interesantes que se recuerdan en su vertiente política. Decrece una vez más el número de estudiantes y sólo aumenta la cifra en Educación Infantil y en Formación Profesional. Antes de Navidad, la ministra Pilar del Castillo tiene previsto sacar adelante la Ley de Calidad de la Enseñanza, y confía en contar para ello con el apoyo de CiU. Ya se anuncian manifestaciones en contra del texto por «segregador» y «elitista», según la comunidad educativa. Del Castillo tendió ayer la mano a la oposición: «Espero que quienes se hayan opuesto frontalmente a la ley reconsideren su postura y puedan contribuir a su mejora».

MADRID.- Ni la implantación de nuevos currículos en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ni las nuevas paletas de colores que pintan un aula multicolor (más de 200.000 alumnos inmigrantes) podrán con la reina de la clase, la Ley de Calidad. Nada eclipsará este año el protagonismo de la reforma educativa, el tema bandera del curso que arranca. Lo veremos en la calle antes de que acabe el otoño.

Después del frente anti-LOU, la comunidad educativa redoblará esfuerzos movilizadores y echará el resto contra lo que considera la postrera entrega de una áspera trilogía (la Ley de Universidades, la Ley de Formación Profesional y, abran paso, la Ley de Calidad).

¿Alguien habló de huelga general en la enseñanza? Faltan algunos pasos que dar en el calendario. El plazo para presentar enmiendas al texto del Gobierno acaba el 18 de septiembre, aunque probablemente se amplíe al 25. Los socialistas ultiman ya un documento alternativo, una ley recambio, en palabras de sus artífices, «para prevenir el fracaso escolar». El último capítulo se conocerá antes de Navidad, fecha en que el Gobierno espera que el Congreso haya aprobado la norma. Y Pilar del Castillo habrá acabado la tarea encomendada por Aznar.

«Diálogo abierto»

Según fuentes gubernamentales, Educación tiene previsto suavizar el contenido de algunos aspectos de la norma para cosechar apoyos parlamentarios. Los populares confían en que CiU, previa aceptación de algunas de sus sugerencias, vote a favor de la reforma. Recogieron el guante ayer los nacionalistas catalanes. La ejecutiva de CiU, presidida por Jordi Pujol, ha decidido mantener el «diálogo abierto» con el PP en asuntos económicos y sociales, léase la Ley de Calidad de la Educación.

Testigos de este debate serán los 6.700.000 chavales que en estos días vuelven a su cita con la educación obligatoria. Las estimaciones hablan de que habrá unos 100.000 alumnos menos. En medio de un declive poblacional generalizado en la escuela, el repunte cuantitativo llega con el aumento del número de estudiantes en Infantil y en Formación Profesional, las dos únicas enseñanzas donde crece el número de alumnos.

En el terreno académico, la principal novedad del curso radica en la implantación de los nuevos currículos (e incorporación de materias en su caso) que se aprobaron en diciembre de 2000.Los cambios de este año afectan a 1º y 3º de ESO y a 1º de Bachillerato.Supondrán aumentar las horas lectivas de las asignaturas de Lengua y Matemáticas, reforzará la Filosofía al situarla como materia común en los dos cursos del Bachillerato, ampliará la posibilidad de estudiar Cultura Clásica y separará la evaluación de las Ciencias Naturales de la de Física y Química... Todo, absolutamente todo, pasará desapercibido, creciente ya el murmullo del asunto capital en el planeta escolar: 2002/2003, el curso en que se aprobó la reforma educativa del PP.

De momento, Izquierda Unida ya ha convocado una manifestación para el próximo día 19 de septiembre contra la Ley de Calidad, el Sindicato de Estudiantes comienza con su tarea informativa y todo hace indicar que la enseñanza será uno de los arietes utilizados en la confrontación política.

Hay cierto resquemor entre unos y otros (Gobierno y oposición) en cómo se hicieron las cosas en la batalla de la LOU. Internamente, los primeros creen que no vendieron bien la historia y que anduvieron a la defensiva. Apechugan en privado los segundos con que se exageró la crítica y no se plantearon alternativas concretas.Ayer, al menos ayer, aún quedaba un resquicio para el consenso.

«Confiamos en que el texto se pueda mejorar y que quienes han tenido una oposición frontal al mismo lo reconsideren y puedan contribuir también a su mejora», señaló ayer en Santander la ministra de Educación, Pilar del Castillo.

«Estamos de acuerdo en que hay que reformar cuestiones en el terreno de la enseñanza, porque asistimos a retos nuevos y hay muchas cosas que mejorar. Yo creo que, si el Gobierno tuviera otro talante, no deberíamos llegar a una huelga general en la enseñanza», explica Carme Chacón, secretaria de Educación del PSOE. «¿Qué ocurre? Que no suelen dejar otra salida. Y esa salida es la calle. Si hay una huelga, la habrá convocado Pilar del Castillo».

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CiU e IU piden al Congreso un informe sobre el coste de la Ley de Calidad

M. A. Diario "El País". Madrid. Miércoles, 11 de septiembre de 2002

Los grupos parlamentarios de CiU e IU han reclamado a la Mesa del Congreso un informe jurídico para aclarar si es necesario que el Gobierno presente sus proyectos de ley -en este caso el de la Ley de Calidad- junto con una memoria económica, y si es obligatorio que ésta sea remitida al Parlamento.

La Mesa rechazó ayer por segunda vez la petición del PSOE de que se paralice la tramitación del proyecto de Ley de Calidad, pero, tal y como hizo la semana pasada con una petición similar de IU, aceptó la solicitud de la responsable socialista de Educación, Carme Chacón, para que el Gobierno remita la memoria económica al Congreso.

El portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaráz, dijo que si el Gobierno no cumple con su obligación y se resiste a dar a conocer la memoria económica de la ley su grupo acudirá a los tribunales. Alcaraz ironizó al afirmar que, si hay algún secreto de Estado en ese informe, el Ejecutivo siempre puede enviarlo a la Comisión de Secretos Oficiales.

Pero desde el PP insisten en que todavía no hay memoria económica. Su portavoz parlamentario, Luis de Grandes, señaló que lo que dice la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ‘sigue siendo la única verdad’, pues la memoria económica ‘no existe’. De Grandes explicó que, tras la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera fijar esa dotación económica.

Por su parte, Del Castillo señaló ayer que los itinerarios que prevé la Ley de Calidad han de ser un ‘elemento común’ de la ordenación de todo el sistema educativo.

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Los itinerarios serán obligatorios en todo el país, dice Educación

CiU había solicitado que cada centro sea el que establezca sus propias vías formativas

PEDRO SIMON. Diario "El Mundo". 11 de septiembre de 2002.

MADRID.- Los itinerarios formativos a partir de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) serán de obligada implantación en toda España. Así lo recordó ayer la ministra de Educación, Pilar del Castillo, tras una cita con los responsables en materia de enseñanza del PP. Aseguró Del Castillo que la separación de los alumnos, prevista en el proyecto de Ley de Calidad, constituirá un «elemento común» en la nueva ordenación del sistema educativo.

La aclaración viene a cuento un par de semanas antes de que la Ley de Calidad tome protagonismo en el Congreso y supone un jarro de agua fría sobre las intenciones de los nacionalistas catalanes.Según adelantó EL MUNDO, Educación ha decidido suavizar el contenido de la ley para lograr el apoyo de CiU. Al menos por lo dicho ayer, las concesiones dadas no incluirán modificar los itinerarios formativos.

El propósito de los nacionalistas catalanes, informa Servimedia, es conseguir durante el trámite parlamentario que la división prevista de los alumnos a partir de 3º de la ESO no sea de obligado cumplimiento para todas las comunidades, sino que cada centro escolar pueda hacer su organización pedagógica siguiendo unos criterios generales mínimos. La consejera de Enseñanza Carme Laura Gil ha afirmado que la creación de itinerarios «es una organización pedagógica, no un establecimiento básico para todo el Estado y cada centro lo tendría que hacer a su manera, sobre unos criterios generales de no segregación, de adquisición de competencias básicas para todo el mundo». A su juicio, «este punto, que es muy controvertido, forma parte de la organización y autonomía del centro, y no tendría que ser de obligado cumplimiento para todo el Estado».

«Los itinerarios constituyen un elemento de ordenación del sistema y tienen que ser, lógicamente, un elemento común del sistema educativo», dijo la ministra. El PP estará abierto en el Parlamento «a propuestas que mejoren el proyecto, de la misma manera que el Ministerio siempre ha estado abierto al diálogo». A juicio de Pilar del Castillo, «el PSOE debería contribuir positivamente al debate educativo, sin demagogia, con serenidad y reflexión», informó una nota de la oficina de información del PP. El deseo del Ministerio es que «el PSOE se dé cuenta de que los sistemas educativos tienen una enorme trascendencia, una enorme importancia para el individuo y para la sociedad».

Ayer, por su parte, los grupos parlamentarios de CiU e IU reclamaron a la Mesa del Congreso de los Diputados la elaboración de informes jurídicos para aclarar si es necesario que el Gobierno presente sus proyectos de ley junto con una memoria económica y si es obligatorio que estas previsiones sean remitidas a la Cámara.La Mesa del Congreso estudiará estas peticiones en su reunión del martes, día en el que también se verá el recurso de amparo presentado por el Grupo Socialista.

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