Hemos ampliado esta página dedicada a la información sobre el proceso de aprobación de la L.O.U., con los comunicados noticias y recortes relativos a las Leyes de Calidad y FP (RECORTES SECUNDARIA) que el gobierno prepara para reformar los estudios de enseñanza secundaria y que prometen ser tan polémicas, al menos, como su hermana universitaria:

NOTA de la REDACCIÓN: Habida cuenta de que las noticias sobre la LOU y la Ley de Calidad en Secundaria son ya escasas y de poca repercusión, éste es el último número en que se publicará esta página especial dedicada a la reforma educativa. A partir del próximo número, los recortes correspondientes irán en las secciones de "Docencia e Investigación" y "Opinión y Debate".

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Sobre el profesorado contratado. Negociación convenio PDI

CC.OO. INFORMA

El pasado día 18 de septiembre tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Negociadora del Régimen del Personal Docente e Investigador Laboral contratado en la universidades pública de la Comunidad de Madrid, a la que asistieron representantes de la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), de los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y de las Universidades de Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.

En esta reunión no se produjo ningún avance sustancial respecto a la reunión anterior, celebrada el pasado día 10 de septiembre y de la que enviamos amplia información el pasado 11 de septiembre. Para cerrar la negociación queda pendiente establecer las retribuciones y el procedimiento de transformación de los actuales contratos administrativos en contratos laborales, de manera que se garantice la continuidad del profesorado actual así como unas retribuciones dignas, equiparables a las percepciones del personal contratado de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 19 de septiembre de 2002, la Comunidad de Madrid ha publicado en el BOCM un Decreto que regula la contratación de profesorado, publicación que se produce sin que se haya completado la negociación con los sindicatos y universidades. Este Decreto no resuelve las dificultades existentes para efectuar la contratación de profesorado ya que las contrataciones laborales deben formalizarse al amparo del convenio colectivo correspondiente. Estas contrataciones podrían efectuarse en este momento en el marco del actual convenio colectivo de personal laboral de universidades, aplicándole al profesorado las retribuciones que perciben los titulados superiores (Grupo 1), y que son sustancialmente superiores a las que la Comunidad de Madrid quiere establecer para el profesorado.

En este proceso, la Comunidad de Madrid está evitando declarar el bloqueo de la negociación porque en ese caso intervendría el Instituto Laboral de Mediación de la Comunidad de Madrid, que previsiblemente respaldaría la posición de los sindicatos.

Ante esta situación, se está estudiando adoptar medidas de presión ante la Comunidad de Madrid de las que os informaremos oportunamente. En este contexto está prevista la celebración de una concentración el próximo lunes, 30 de septiembre, a las 11 horas ante el edificio del Paraninfo de la Universidad Complutense (calle San Bernardo, nº 49, metro Noviciado) donde se va a celebrar la apertura oficial del curso académico de todas las universidades de Madrid, acto al que asistirán todos los Rectores y el Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

¿Qué puede hacer el profesorado contratado en la Universidad de Alcalá ante esta situación?

- Si desean acceder a los cuerpos docentes, deben solicitar que las plazas que ocupan se convoquen a habilitación. Estas solicitudes se tramitan al Consejo de Coordinación Universitaria durante los meses de septiembre, enero y mayo.

- Si desean ocupar una plaza de profesorado contratado laboral, esperar a que finalice el proceso de negociación para solicitar su transformación.

- Si desean acceder a los cuerpos docentes, deben solicitar que se convoque a habilitación la plaza correspondiente. Estas solicitudes se tramitan al Consejo de Coordinación Universitaria durante los meses de septiembre, enero y mayo.

- Si desean ocupar una plaza de profesorado contratado laboral, deben esperar a que finalice el proceso de negociación para solicitar su transformación.

- A los profesores ayudantes cuyo contrato finalice antes de que puedan optar por una u otra fórmula, la Universidad les prorrogará provisionalmente el contrato actual.

- Si desean continuar como profesores asociados y reúnen los requisitos, sus contratos administrativos actuales se transformarán en contratos laborales cuando se complete la negociación del convenio colectivo.

- Si desean pasar a ocupar plazas de profesorado a tiempo completo, deberán solicitarlo a través de su departamento. Sería muy útil en este proceso de negociación con la Comunidad de Madrid, el que los profesores asociados que opten por esta posibilidad nos lo comuniquen, con el fin de disponer de datos reales sobre este proceso de transformación.

- Solicitar que se convoque a habilitación la plaza correspondiente en el momento que consideren oportuno. Estas solicitudes se tramitan al Consejo de Coordinación Universitaria durante los meses de septiembre, enero y mayo

- Como representantes de profesorado, continuaremos defendiendo la promoción de los profesores de los cuerpos docentes en cumplimiento de los acuerdos vigentes, firmados por Sindicatos, Comunidad de Madrid y Universidades.

Alcalá de Henares, 27 de septiembre 2002

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Resumen de la reunión (30 de septiembre) de la Comisión Negociadora del Régimen del PDI laboral contratado en las universidades públicas de la Comunidad de Madrid

CC.OO. Informa

Asisten la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid (DGU), representantes de los Sindicatos CCOO, CSIF y UGT, y de las Universidades Alcalá, Autónoma, Carlos III, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos.

La Comunidad de Madrid informa que la pasada semana se aprobó la Ley por la que se crea la Agencia Autonómica de Evaluación y esta previsto su puesta en funcionamiento el 1 de enero de 2003. Dicha Ley recoge en su articulado la posibilidad de recurrir los actos que de su ejercicio se deriven.

Así mismo en contestación a la pregunta de la reunión anterior, respecto de que ocurre en caso de que no sea imputable al profesor obtener evaluación de la Agencia, expresa que la Comunidad se compromete a través de dicha Ley a resolver todos las solicitudes que se presenten, poniendo todos los evaluadores necesarios.

CC.OO. agradece la celeridad para crear la mencionada Agencia, pero en el caso de las transformaciones del profesorado contratado estamos ante un caso diferente a las plazas nuevas y presenta el siguiente documento:

TRANSFORMACIÓN DEL ACTUAL PROFESORADO UNIVERSITARIO CONTRATADO ADMINISTRATIVAMENTE EN LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS

PREÁMBULO

El 19 de enero de 2000 el Ministerio de Educación y Cultura y los Sindicatos CCOO, CSIF, CIG y UGT firmaron un ACUERDO SOBRE EL PLAN DE PROMOCION Y ESTABILIDAD DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO de aplicación en todo el Estado.

El 10 de marzo de 2000, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, las Universidades madrileñas y los sindicatos CCOO, CSIF y UGT firmaron el acuerdo correspondiente para poner en marcha, en el ámbito autonómico, el mencionado anteriormente.

El 18 de diciembre de 2000 se firmó el correspondiente acuerdo económico, entre el Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid y la Universidades Públicas de Madrid.

El acuerdo estatal tiene una vigencia de tres años a partir del momento en que se firman los acuerdos económicos con las CC.AA. Dichos acuerdos están en vigor y todavía no se ha cerrado el total desarrollo de estos, y la Ministra manifestó en diversas ocasiones durante el desarrollo parlamentario de la LOU: "que la voluntad del Gobierno es cumplir con lo pactado anteriormente y por tanto no queda en suspenso el Acuerdo, ni la LOU lo pone en entredicho".

Por todo ello y teniendo en cuenta los márgenes que deja la LOU en sus artículos 50, 51 y 52 al establecer..."o del órgano de evaluación externa que la Ley de la Comunidad autónoma determine"

CC.OO. PROPONE:

Que todo el profesorado contratado que solicite su transformación pueda realizarlo a partir del 1 de enero de 2003, arbitrándose un procedimiento excepcional y específico, para que las evaluaciones del actual profesorado universitario con contrato administrativo sean llevadas a cabo, con unos criterios objetivos y públicos concretados con la representación de los trabajadores, por una Comisión especial. Así mismo se establecerán los procedimientos de los posibles recursos.

Se invocan los procesos transitorios como los que hubo cuando se promulgo la LRU (pruebas de idoneidad) y después de un debate al respecto, algunas universidades aceptan que debe de existir un procedimiento diferente al de las nuevas plazas. Se admite por parte de la Comunidad que se pueden hacer sugerencias en cuanto los criterios tanto por parte de las Universidades como de los Sindicatos, para que la Agencia los pueda tener en cuenta, pero en ningún caso admitir en su totalidad ya que es un órgano independiente.

Se manifiesta tanto por las Universidades como por los sindicatos que hay cuestiones temporales para poder cerrarlo en un convenio y se le solicita a la Comunidad un esfuerzo imaginativo para salir de este punto.

Se acuerda una próxima reunión para el día siete de octubre a la que se llevaran criterios por ambas partes.

VALORACIÓN:

Estamos en una situación de impasse y esperamos que la Comunidad admita una solución transitoria. Después de la reunión del día 7 se convocaran Asambleas informativas.

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RECORTES LOU

Un alto cargo de Educación dirigirá la Agencia Nacional de Calidad

Un alto cargo de Educación dirigirá la Agencia Nacional de Calidad

El PSOE califica el nombramiento de ‘escándalo’ y ‘desfachatez’

M. A. Diario "El País". Madrid. Martes, 8 de octubre de 2002

El Patronato de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación nombró ayer como director a Ismael Crespo, hasta ahora director general de Universidades. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha reiterado en más de una ocasión que este organismo iba a ser ‘independiente’, por eso el PSOE consideró ayer un ‘escándalo’ y una ‘desfachatez’ que uno de los padres de la Ley de Universidades haya sido nombrado el director de este órgano. La función de la Agencia será medir el rendimiento de las universidades.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación es uno de los órganos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en diciembre pasado. Su función será medir y hacer público el rendimiento del servicio universitario. Es decir, su actividad docente e investigadora, su gestión, las distintas enseñanzas y los servicios y programas de las universidades. Educación anunció ayer que la Agencia se pondrá en marcha con carácter inmediato.

Crespo, que ha sido director general de Universidades los dos últimos años, es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y también lo ha sido en la de Salamanca y en la pública de Navarra. Además, dirigió entre los años 1997 y 1998 el departamento de investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas. En el área específica de la evaluación universitaria, ha sido presidente de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora entre 2000 y 2002.

El PSOE calificó el nombramiento de Crespo como una ‘falsedad’ y una ‘tomadura de pelo’. La responsable de Educación de la ejecutiva socialista, Carme Chacón, dijo que es un ‘auténtico escándalo’ que se haya nombrado como director de la Agencia al aún hoy director general de Universidades. Esta elección ‘es un órdago a la Universidad española y a los grupos parlamentarios’, añadió. Y señaló que ‘Crespo es un discípulo de la ministra y no garantiza la independencia’. Por eso, anunció que el PSOE pedirá explicaciones, porque consideran que la Agencia se debe guiar por escrupulosos criterios objetivos e independientes.

Del Castillo resaltó la importancia de la constitución de la Agencia, ya que los profesores contratados ‘necesitan una evaluación de su actividad investigadora’ por parte de este organismo. El ministerio explicó en una nota de prensa que España se convierte, tras Holanda, en el segundo país europeo en contar con una Agencia Nacional de Evaluación según los criterios universitarios del proceso europeo de convergencia Sorbona-Bolonia.

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RECORTES SECUNDARIA

Méndez y Fidalgo califican la Ley de Calidad de «retrógrada y vengativa»

Los sindicatos consideran que el texto de Educación es «una puesta de rodillas del Gobierno ante la Conferencia Episcopal»
- Anuncian movilizaciones y acciones de protesta para el próximo otoño

CATY ARÉVALO. Diario "El Mundo". Viernes 13 de septiembre de 2002.

MADRID.- La Ley de Calidad, nuevo corpus regulatorio de la enseñanza primaria y secundaria en nuestro país, termina de dorarse en el horno del Congreso. Ingredientes nuevos: muchos y «muy agrios» a gusto de los colectivos sociales. Y es que a este pastel, que la ministra Pilar del Castillo ultima para Navidad, más le valdría no ser tan «perjudicial para el estómago de los estudiantes», según advierten sindicatos y organizaciones sociales.

Se avecina, de nuevo, otro otoño caliente en el debate educativo.«Esta larga batalla» -aseguran UGT y CCOO- «no ha hecho más que empezar. O se rectifica pronto el texto o el conflicto social está garantizado». Las fechas están por determinar, pero los sindicatos, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, CEAPA, y la oposición amenazan con unirse en un otoño «de protestas», «con un calendario de huelgas muy similar al de la LOU, ya que su tramitación parlamentaria va a ser por las mismas fechas», afirma Cándido Méndez. «Y no se trata de criticar por criticar, sino que ha sido el Gobierno quien ha buscado la confrontación con esta ley retrógrada y vengativa», continúa Fidalgo. A este guiso le falta aliño a tenor de los sindicatos, aunque su carencia esencial recae en el modo de preparación: «No asume los problemas actuales de la enseñanza y reduce al simplismo máximo la educación en nuestro país: los alumnos no se esfuerzan porque no se les exige repetir curso», señala Jesús Ramón Copa (FETE-UGT). Y le sobran dos condimentos «ocultos» en la receta -en opinión de los líderes sindicales-, pero muy presentes en el producto resultante. Esta propuesta de ley facilita, para Fidalgo, «el negocio educativo y el control ideológico de la educación pública».

Vuelta atrás

Uno de los lados más amargos de la Ley de Calidad, según UGT y CCOO, «es que supone una puesta de rodillas ante la Comisión Episcopal» afirma Fidalgo, añadiendo más tarde que «el hecho de que se le dé a la Religión el mismo rango que a otras disciplinas supone una vuelta al nacional catolicismo».

El otro es, otra vez, la financiación (la reforma educativa del PSOE, LOGSE, tampoco la contemplaba): mejorar la educación sin destinar a ello nuevos recursos. El Gobierno «lanza balones fuera para pasar la patata de la financiación a las comunidades autónomas.Está claro que el dinero no es condición única para mejorar la enseñanza, pero sí necesaria» insiste Copa. «Sin memoria económica esta norma no tiene credibilidad, pero sobre todo habla mucho de la catadura moral y política de la ministra que la va a llevar al debate parlamentario», apoya Fernando Lezcano, de CCOO.

Otras contraindicaciones para los colectivos sociales: la repetición automática de curso para los alumnos que suspendan más de dos asignaturas por curso. La medida no solucionará el fracaso escolar, en opinión de los sindicatos, porque si al año siguiente vuelven a suspender de nuevo, la promoción es automática. Junto a ello, estiman «un gravísimo peligro para la imparcialidad del sistema educativo la nueva forma de elección del director» (los nombrará el Estado mediante unas comisiones mixtas creadas al efecto Administración/centro).«Esto nos hará volver al sistema de cesantías cada vez que cambie el Gobierno» dice Lezcano.

Por el contrario, la receta adolece de otros muchos ingredientes que Fidalgo y Méndez consideran «imprescindibles». «No se hace en ningún momento un diagnóstico de la Educación Primaria ni de los más de 10.000 alumnos con necesidades especiales». Con lo que sobra y lo que falta parece que los sindicatos cocinarían un pastel bien distinto.

El frente está abierto. UGT y CCOO lo proyectan en dos ámbitos:
por un lado las huelgas y las manifestaciones en la comunidad educativa y por otro «convertir la Ley de Calidad en uno de los mensajes sindicales prioritarios en la gran concentración por la derogación del decretazo el próximo 5 de octubre», declara Cándido Méndez. La presidenta de la CEAPA, Maite Pina, subraya que están dispuestos «a hacer lo que haga falta» y que la Plataforma a favor de la Escuela Pública, junto con PSOE e IU, prepara su primer manifiesto para el 18 de septiembre. Este día finaliza el plazo para la presentación de enmiendas en el Congreso, aunque todo indica a que se ampliará hasta el 25. No obstante, el propio Lezcano comentaba ayer que las esperanzas no son muchas en este sentido, «porque el Gobierno ha puesto la venda antes que la herida: revisando la Ley sin consultar con los órganos de negociación colectiva».

¿Acabará convenciendo el Gobierno de que su Ley es una vuelta de tuerca para solucionar los problemas de la escuela española?...Sindicatos y colectivos sociales piensan que más que vuelta de tuerca, esto es «una vuelta hacia atrás».

Del Castillo espera ‘aportaciones nuevas’

Ayer, mientras los colectivos sociales empezaban a gestar las bases de la guerra contra la ministra de Educación y su Ley de Calidad, ella -de nuevo aparentemente impasible- repetía en una visita a la comarca leonesa del Bierzo, que la Propuesta «mejora la formación de los alumnos y el nivel de conocimiento dando un paso más y avanzando en esa dirección, con el objetivo de prevenir y combatir el fracaso escolar».

Pilar del Castillo volvía a justificar su polémica norma con que «en España, en relación con otros países avanzados, el fracaso escolar es mayor. Uno de cada cuatro alumnos se va del sistema educativo sin haber obtenido ni siquiera la titulación secundaria obligatoria, que es lo más básico y elemental para afrontar el futuro laboral, y es necesario que revisemos los problemas que causan esa situación y paralamente consigamos un nivel formativo más alto» afirmaba Del Castillo.

Aunque los sindicatos y colectivos sociales están convencidos de que «la ley ya está más que retocada por el Gobierno» y de que no habrá grandes cambios, al menos en los temas más polémicos, dada la mayoría de los populares en el Congreso, la ministra dijo ayer «confiar en que habrá aportaciones nuevas que vengan a mejorar y que puedan ser introducidas en el proyecto, siempre manteniendo los ejes fundamentales de esta reforma para conseguir el objetivo de una mayor calidad de educación».

En este sentido, la ministra de Educación acusó al PSOE «de impedir cualquier acuerdo, entendiendo que hay que rechazar toda propuesta de reforma educativa que venga de este Gobierno». «A mi me parece una adhesión desgraciada, dada la enorme trascendencia de los temas educativos», puntualizó Del Castillo.

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IU amenaza con ir a los tribunales

AGUSTIN YANEL. Diario "El Mundo". Martes 17 de septiembre de 2002.

MADRID.- El Gobierno ha comunicado por escrito a Izquierda Unida (IU) que no va a remitirle una copia de los documentos que se hayan manejado sobre lo que puede costar la puesta en marcha de la futura Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), porque no son una memoria económica en sentido estricto como la que debe acompañar a cualquier proyecto de ley, según explicó ayer el líder de IU, Gaspar Llamazares.

El Gobierno ha contestado que la valoración de ese coste la hará el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las autonomías.

Llamazares dijo ayer que esa respuesta es «inaceptable», porque el Gobierno no niega que existan unos «documentos de tipo económico» pero se escuda en un «subterfugio cogido por los pelos» para no entregarlos al Congreso, pese a que no están declarados oficialmente secretos.

IU pedirá hoy en la Junta de Portavoces del Congreso que éste solicite esos documentos al Gobierno. Llamazares anunció que si esta petición no es aceptada, la coalición que lidera acudirá a los juzgados «para pedir lo que nos reconoce la Constitución: que los documentos públicos que no han sido declarados oficialmente secretos sean remitidos al Parlamento».

Sobre este proyecto de ley se celebrará un debate el día 19, en el que intervendrán el líder del PSOE, José Luis Zapatero, LLamazares, Cándido Méndez y José María Fidalgo, entre otros.

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El Congreso pide que se aclare si el Gobierno deber enviar la memoria

El Ministerio de Educación niega que haya nuevas becas para las universidades privadas

Diario "El Mundo". Miércoles 18 de septiembre de 2002.

MADRID.- La Mesa del Congreso encargó ayer un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que aclaren si el Gobierno está obligado o no a remitir al Parlamento la memoria económica de la Ley de Calidad de la Enseñanza que le pide la oposición y cuya existencia niega el Ejecutivo.

Fuentes del órgano rector de la Cámara informaron asimismo del aplazamiento -hasta conocer el resultado del informe- del recurso del PSOE que pretende la paralización del trámite hasta que el citado documento llegue al Parlamento.

Paralelamente, el órgano rector amplió nuevamente el plazo de presentación de enmiendas hasta el 30 de septiembre.

La decisión de la Mesa se produjo un día después de que el Gobierno remitiese a la Cámara -en respuesta a PSOE, IU y BNG- un escrito en el que descartaba enviar al Parlamento nuevos documentos de acompañamiento al proyecto de ley y en el que reiteraba que la evaluación del coste económico de la ley correspondía al Consejo de Política Fiscal y Financiera y no al Ejecutivo.

Esta respuesta motivó que PSOE e IU se declarasen dispuestos a recurrir a los tribunales si la Mesa del Gobierno no atendía a su petición y obligaba al Gobierno a remitir la documentación solicitada.

La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, calificó la respuesta del Gobierno de «patada» al Parlamento sin precedentes en democracia, en declaraciones a los periodistas en el Congreso.A su juicio, el Gobierno somete a indefensión a los diputados, a quienes debería amparar la presidenta del Congreso «frente a los abusos de poder» del Ejecutivo.

También el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, anunció la disposición de su grupo a acudir al Tribunal Constitucional si la presidenta de la Cámara Baja, Luisa Fernanda Rudi, no les ampara en su derecho a defender el trabajo del poder legislativo.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, dio por zanjado este asunto y, tras subrayar que «no merece la pena insistir más», atribuyó la intención del PSOE de mantener abierta esta polémica al «maniqueísmo de la enseñanza privada contra la enseñanza pública. Esa no es la cuestión», indicó Efe.

De Grandes consideró «innecesaria, desmedida y no fundada en derecho» la posible decisión de recurrir a los tribunales, aunque respetó que los grupos que así lo deseen se inclinen por esa opción.

Convocatoria de becas

Por otra parte, el Ministerio de Educación calificó como «rotundamente falso» que en la convocatoria de becas para este curso 2002-2003 se haya incluido alguna partida nueva para matrículas de estudiantes de universidades privadas, como denunció ayer el Sindicato de Estudiantes.

En un comunicado, el departamento de Pilar del Castillo afirmó que desde el inicio de la convocatoria general de becas, en 1983, existe una beca para sufragar a los alumnos la matrícula de la carrera universitaria elegida y que esta beca se rige por unos requisitos académicos y económicos, donde todos los alumnos que los cumplen tienen derecho a ella, independientemente de dónde cursen sus estudios.

Esta situación se lleva produciendo desde el inicio de la convocatoria general de becas, desde los años 80, y por tanto, no responde a ninguna actuación reciente en el tiempo.

Según señala la nota, esta beca consiste en una cantidad de dinero que se corresponde a lo que cuesta la matrícula de la carrera elegida en una universidad pública, de tal forma que los alumnos de privadas, si cumplen los requisitos académicos y económicos exigidos, pueden percibir esa cantidad, y en ningún caso se sufraga el coste total de la matrícula de las universidades privadas, sino sólo aquella parte que corresponde a lo que cuestan esos estudios en una pública.

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Las comunidades del PSOE exigen a Aznar que garantice financiación para la Ley de Calidad

S. PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid. Sábado, 21 de septiembre de 2002

Los presidentes de las seis comunidades gobernadas por el PSOE han mandado una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la que advierten, en referencia al proyecto de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que ‘no es admisible la imposición de nuevas obligaciones a las comunidades autónomas sin la transferencia correspondiente de los recursos económicos precisos’.

Los presidentes de Andalucía, Manuel Chaves; Aragón, Marcelino Iglesias; Asturias, Vicente Álvarez; Baleares, Francesc Antich; Castilla-La Mancha, José Bono, y Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, advierten a Aznar de que, a pesar de que faltan pocos días de que se inicie el debate parlamentario del proyecto, las comunidades, ‘que tienen competencias exclusivas en materia educativa y, por tanto, la responsabilidad de aplicar los preceptos que finalmente se aprueben en el Parlamento, no conocen ni las repercusiones presupuestarias del texto aprobado por el Gobierno ni las previsiones que el Estado tiene para acometer la financiación correspondiente’.

También denuncian estos presidentes autonómicos que las diversas alegaciones hechas por sus comunidades, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, a los dos textos elaborados por el Gobierno sobre esta reforma ‘no han sido recogidas en el proyecto remitido al Congreso de los Diputados, por lo que en su formulación actual este proyecto de ley no cuenta con el consenso que requiere un tema de esta envergadura’.

Convocatoria ‘urgente’

Estos presidentes recuerdan a Aznar que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha aducido, para no presentar la memoria económica de la ley, que este tema debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que las competencias educativas están transferidas a las comunidades. Por ello, solicitan ‘la convocatoria urgente’ de dicho consejo, ‘antes de que se inicie la correspondiente discusión parlamentaria, para que ésta pueda desarrollarse con el rigor y la información necesaria’.

Estas comunidades consideran que la reforma de la educación no universitaria es una cuestión que trasciende el mundo educativo y que debe contar con el consenso de los gobierno autonómicos. Estos presidentes han resaltado también ‘la importancia de las repercusiones que sobre las políticas’ de las comunidades puede tener un proyecto de este tipo.

El Congreso de los Diputados solicitó a principios de mes al Gobierno, en cumplimiento con el reglamento del Congreso, la presentación de la memoria económica de esta ley, elaborada por el Ministerio de Educación pero no presentada oficialmente. El Ejecutivo denegó esta petición el lunes pasado y afirmó que ‘no ha efectuado una evaluación cuantitativa del coste de esta ley’.

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Los sindicatos anuncian una huelga de la enseñanza el 29 de octubre

Los convocantes solicitan la retirada del proyecto de Ley de Calidad

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País. Miércoles, 25 de septiembre de 2002. Madrid.

Las federaciones de enseñanza de CC OO, UGT, STES, CIGA y CGT y las organizaciones de alumnos FAES, CANAE y el Sindicato de Estudiantes han convocado una huelga general de la enseñanza no universitaria el 29 de octubre para pedir la retirada del proyecto de Ley de Calidad, cuyo debate parlamentario empieza el 3 de octubre. Advierten de que si no se abre una discusión ‘seria y rigurosa’ sobre esta reforma ‘la conflictividad está garantizada’.

Los sindicatos de profesores aseguraron que el 100% de las juntas de personal provinciales (representantes del profesorado) apoyará la huelga. Sus organizaciones están en mayoría en las juntas de personal de toda España, según señalaron. La enseñanza es el sector con más afiliados a sindicatos de todo el país: de los 380.000 profesores no universitarios que dan clase en centros públicos, el 40% está inscrito en algún sindicato. Las organizaciones convocantes agrupan a más del 70% de los representantes sindicales elegidos en las elecciones que se celebraron hace cuatro años.

La batería de protestas irá pareja a la propia discusión parlamentaria, que se inicia el próximo mes. Las primeras concentraciones en la calle contra el proyecto de la Ley de Calidad tendrán lugar el próximo 3 de octubre. Ese día, el Congreso de los Diputados debatirá las enmiendas a la totalidad del texto promovido por el Gobierno. Después, en cada comunidad autónoma se convocarán distintas movilizaciones, según los calendarios y las dinámicas de cada territorio.

El día de la huelga general habrá, además, manifestaciones en las principales capitales de provincia. ‘Será una batalla de largo aliento que no terminará con la aprobación de la ley’, anunció el secretario general de FETE-UGT, Jesús Ramón Copa. Y añadió: ‘Este proyecto es retrógrado, atenta contra la igualdad de oportunidades, coloca a la escuela pública en inferiores condiciones respecto a a la privada e invade competencias autonómicas’.

El secretario general de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, dijo que ésta es la ley de la ‘derecha más rancia de este país, de la patronal de la enseñanza privada y de la Conferencia Episcopal’. Y se preguntó: ‘¿Qué credibilidad puede tener una ley que no va acompañada de memoria económica y que todavía no se sabe quien se va a hacer cargo de ella?’. Lezcano señaló que ‘el proyecto margina a los estudiantes, pues los segrega; a las familias, pues las expulsa de los centros; y a los profesores, pues acaba con su autonomía docente’.

El portavoz del sindicato de profesores STES, Augusto Serrano, alertó de que la ley ‘aplica una política neoliberal en el ámbito educativo, pues el dinero de la pública se le da a la privada y que sólo favorece a unos pocos’.

Los alumnos también se declararon ayer ‘radicalmente’ en contra de la Ley de Calidad. La secretaria del Sindicato de Estudiantes, Miriam Municio, explicó que ‘la reforma pretende adecuar el sistema educativo a un mercado laboral precario y expulsar del primero a los más desfavorecidos’. Además, desde CANAE (que representa a estudiantes de centros públicos, concertados y privados) y FAES se comprometieron a fomentar el debate de la Ley de Calidad en el Consejo de la Juventud, en los centros escolares y en las asambleas de estudiantes.

Sin memoria económica

Por otra parte, el PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la Mesa del Congreso de no solicitar la memoria económica del proyecto de Ley de Calidad al Gobierno, tal y como habían solicitado el PSOE e IU. La decisión de la mesa pone fin a varias semanas de polémica en torno a este asunto.

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CiU justifica su rechazo de la Ley de Calidad en que invade competencias y niega que sea por problemas internos

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "·El País". Madrid. Miércoles, 2 de octubre de 2002

El portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso, Xavier Trias, aseguró ayer que la enmienda a la totalidad con texto alternativo presentada por su grupo al proyecto de la Ley de Calidad no se debe a problemas internos del partido -como aseguró el lunes la ministra de Educación, Pilar del Castillo-, sino a que invade competencias educativas de la Generalitat. ‘Como ejemplo, se puede señalar que, en el texto del ministerio, de 105 artículos se incluyen hasta 56 remisiones a su despliegue por parte del Gobierno del Estado’, explicó.

Trias señaló que es verdad que CiU ha llegado a acuerdos con Educación que han permitido avanzar en algunos aspectos, pero no en los fundamentales. ‘Desde el principio avisamos a la ministra de que, si no llegábamos a un acuerdo para evitar que la ley invadiera aspectos competenciales, nos opondríamos al proyecto’, dijo. E insistió en que, si después del trámite parlamentario el texto se queda como está, lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Trias explicó que el texto alternativo de CiU a la Ley de Calidad ‘no se ha hecho de modo improvisado’, sino que es resultado de una profunda reflexión’ tras haber hablado con muchísima gente del mundo educativo.

La propuesta catalana rechaza los itinerarios, la reválida y la recuperación del cuerpo de catedráticos previstos en el proyecto de ley del Gobierno. Además, refuerza el carácter educativo de la etapa de preescolar infantil (de 0 a 3 años) y garantiza la oferta de plazas suficientes en esta etapa para atender a quienes las soliciten.

Como alternativa a los itinerarios en la ESO, propone que las enseñanzas de determinadas áreas se agrupen de manera diversificada y que se mantenga un carácter integral de la evaluación de la ESO, a diferencia de la evaluación asignatura por asignatura.

En cuanto a la carrera docente, CiU mantiene la condición de catedrático vigente, sin crear un cuerpo independiente y sin excluir a ningún colectivo la posibilidad de conseguir entrar en él. Además, crea la condición de magíster para facilitar la carrera docente de los funcionarios del cuerpo de maestros hasta llegar a catedráticos.

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El Gobierno se queda solo en la defensa de la Ley de Calidad de la Educación

Los grupos parlamentarios acusan al Gobierno de invadir las competencias autonómicas

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid. Viernes, 4 de octubre de 2002

Ningún grupo parlamentario, a excepción del PP, votó ayer en el Congreso de los Diputados en contra de las 10 enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE). Las razones más repetidas para rechazar la reforma educativa de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, fueron la invasión de las competencias autonómicas, el apoyo a la educación privada, la falta de financiación y el impulso de la asignatura de religión. Todos los grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, menos los socios del Gobierno de Coalición Canaria (CC), quienes se abstuvieron en la votación de las enmiendas como protesta contra el articulado de la ley.

El PNV y los partidos del Grupo Mixto (BNG, CHA, EA, ERC, IC y PA) pidieron la devolución del documento al Gobierno y el PSOE, CiU e IU presentaron además textos alternativos. Coalición Canaria se abstuvo en la votación de todas las enmiendas y exigió que se introduzcan mejoras, sobre todo en el ámbito competencial. Tras la exposición del proyecto por parte de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, las agrupaciones políticas explicaron los motivos de su rechazo en un ambiente crispado en el que una y otra vez la ley fue calificada como ‘segregadora’, ‘retrógrada’ ‘antisocial’ o ‘reglamentista’.

La ministra abrió su intervención con un infructuoso llamamiento a la calma y dijo que su reforma persigue desarrollar ‘un sistema de oportunidades para todos y combatir y prevenir el fracaso escolar’. Del Castillo aseguró que el texto ‘respeta todas y cada de las competencias’ y a continuación lanzó una advertencia a la oposición: que ‘no debe ir con la propaganda por delante’.

Compromiso

La titular de Educación anunció además que ‘el Gobierno se compromete a que la reforma tenga una financiación adicional, la que necesite, según lo que determine el Consejo de Política Fiscal y Financiera’.

El ‘recorte de los derechos de escolarización de los alumnos’ fue el primer argumento de la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, a la hora de defender la enmienda a la totalidad del PSOE y su texto alternativo. La ministra de Educación y Cultura, aficionada a la pintura, dibujaba desde su escaño una silueta -en la que los estudiantes situados en la tribuna de invitados aseguraron adivinar el retrato de la portavoz socialista-mientras Chacón argumentaba cinco razones para rechazar la Ley de Calidad, entre ellas, que ‘fomenta que se distancien los padres de los centros, al cortar su representación en ellos, provoca la quiebra de la educación igualitaria, favorece a la privada y rompe el consenso educativo en materia territorial’.

La enmienda de totalidad de CiU -cuyo anuncio el pasado lunes cayó como un jarro de agua fría al Gobierno- se basa, según explicó el diputado Jordi Martí en que ‘ha habido una evidente voluntad por parte del Gobierno de que el Parlamento apruebe una LOAPA educativa, lo que podría ser letal’. La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue una ley que en los años ochenta fue declarada inconstitucional en algunos aspectos y que fue impulsada tras el intento de golpe de Estado del 23-F.

CiU quiso además dejar claro que si el PP sigue adelante ‘será el responsable de un incremento exponencial de la conflictividad entre el Gobierno y las comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional’. El portavoz de CiU argumentó que en el proyecto de ley ‘hay 43 remisiones a reglamentos estatales por desarrollar’, muchas de ellas ‘con carácter básico’.

Para los nacionalistas catalanes es ‘inadmisible que el texto conceda carácter de básica a la totalidad de la ley’, con lo que no deja ningún margen a las comunidades ‘para organizar su propio modelo educativo’.

El resto de los grupos declararon su firme rechazo a la ley, tanto por numerosos aspectos de su contenido como por la ‘falta de consenso y de diálogo con las comunidades autónomas’, uno de los aspectos destacados por la portavoz de IU Marisa Castro. También el portavoz del PNV Xose Juan González de Txavarri, criticó el texto por ‘espontaneista’ y ‘mecanicista’. ‘Esta reforma se centra en el rendimiento escolar y la igualdad de oportunidades ha sido subordinada a la competitividad, y esto se debe equilibrar, porque los proyectos educativos deben tener un marcado carácter social’, argumentó.

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Los padres de alumnos discrepan en el Congreso sobre la Ley de Calidad

CC OO y UGT critican el ‘carácter dual y segregador’ de la reforma educativa

C. M. / M. A. Diario "El País". Madrid. Martes, 8 de octubre de 2002

Las críticas y apoyos que ha recibido el proyecto de Ley de Calidad se repitieron ayer en la comisión de Educación del Congreso donde comparecieron los sindicatos CC OO, UGT y ANPE, las asociaciones de padres de alumnos y la patronal de centros privados.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, denunció que el Gobierno ‘sólo’ haya recogido las posiciones de la Conferencia Episcopal y de las patronales de la enseñanza privada. También el secretario general de FETE-UGT, Jesús Ramón Copa, advirtió del riesgo de que la reforma suponga una ruptura del consenso constitucional y denunció el planteamiento ‘dual y segregador’ que subyace en el texto.

Muy distinta fue la opinión del vicepresidente del sindicato ANPE, Nicolás Fernández Guisando, quien señaló que la mayoría del profesorado respalda las medidas encaminadas a reforzar la función docente, a primar el esfuerzo, a suprimir la promoción automática y a establecer itinerarios.

La presidenta de la confederación laica de padres (Ceapa), Maite Pina, criticó por ‘segregadores y estigmatizadores’ a los itinerarios y lamentó que la ley se centre en la educación secundaria y pase ‘de puntillas’ por la etapa de primaria.

El presidente de la confederación de padres católicos (Concapa), José Manuel Contreras, señaló que los conciertos en infantil ‘eliminan’ desigualdades entre unos padres y otros y entre comunidades autónomas.

Las dos patronales más representativas de la educación privada concertada, Educación y Gestión y Cece, manifestaron también su apoyo a la reforma educativa.

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