LA FRASE DEL MES:

La agilidad es una excelente condición para subir a los árboles, pero no para gobernar a los pueblos.

José Canalejas

De profesión comepapeles

La burocracia española está montada sobre una base muy sólida: todos los ciudadanos son delincuentes y, además, les resulta muy difícil demostrar su inocencia. Este hecho incontestable convierte la administración de nuestro país en un caos imposible de desenmarañar.

Cada vez que un españolito de a pie solicita los servicios de gestión locales, autonómicos o estatales, aparte de tener que sufragarlos -sabe Dios dónde han ido a parar los impuestos que paga, los más elevados de la Comunidad Europea-, debe aportar una pila de impresos, convenientemente cumplimentados, que nadie lee después. ¡Menos mal que se han suprimido las pólizas! En esos documentos debe jurar por sus muertos y parientes más queridos que todo lo que declara es cierto, sin que ello sirva para resolver su expediente, ya que, paralelamente, debe aportar otros papeles acreditativos –duplicados por lo general- de su identidad, su estado civil, su profesión, su situación en la Seguridad Social, etc., etc.

Así, si le piden una fotocopia compulsada del carné de identidad, le pedirán también una partida de nacimiento –que ha necesitado previamente para obtener el anterior documento- y, posiblemente, una fe de vida, obtenida tras presentar su DNI en otro negociado. Nadie se fiará de que usted es quien dice ser.

Peor aún. Si usted es funcionario y se le ocurre, por motivos profesionales, asistir a un Congreso, deberá presentar no sólo la factura de haber abonado el importe correspondiente, sino un certificado de asistencia al mismo, normalmente expedido sin mirarle a la cara; un vídeo no es acreditativo porque tales modernismos no entran en las cajas-archivo, aparte de no estar en soporte celulósico, que es lo que importa.

Si usted padece una enfermedad crónica y necesita un tratamiento medicamentoso largo y, por si fuera poco, debe consumir un producto un poco raro, le exigirán llevar un certificado del médico que le atiende. Pero como tampoco se fían del galeno, le obligarán a personarse ante un funcionario, que no entiende absolutamente nada de medicina, para que le selle y firme al dorso cada una de las recetas que el especialista le extiende periódicamente. ¿Cabe mayor desatino?

Si usted ha cometido la osadía de solicitar una subvención para algo -sea un proyecto de investigación a modo de ejemplo-, habrá perdido dos meses rellenando documentos y consiguiendo certificaciones. Después, pasará la mitad de su tiempo haciendo informes. Entonces es cuando descubre lo importantes que son esos informes; no importa el trabajo realizado. Se da el caso de investigadores que jamás han desempaquetado los aparatos comprados con el dinero de la ayuda, pero siguen obteniendo, convocatoria tras convocatoria, la aprobación de sus proyectos. Lo realmente necesario es saber redactar correctamente.

Todos esos papeles van repartiéndose por diferentes negociados, para que alguien, como decíamos, normalmente ignorante del tema, les ponga un nuevo sello, una nueva firmita y los pase al servicio inmediatamente superior. Si el ciudadano necesita respuesta urgente debe darse por perdido. Deberá esperar a que éste diabólico tobogán funcione en sentido inverso. Si no hay respuesta, nunca tendrá el beneficio de la duda, el expediente se archivará sin más, y ya puede usted reclamar sus derechos... Alguien dijo en cierta ocasión que una no respuesta significaba una aprobación de lo solicitado ¡Gran logro!, pensamos. Por fin se obligará a la administración a ser rápida y congruente. Sin embargo, nuestro gozo fue a parar a un pozo sin fondo. Simplemente, no era verdad.

Por otra parte, en la sociedad actual se producen, todos los días, cambios tecnológicos que asumen las empresas, pero que tardan en llegar al simple conocimiento de los burócratas. Si usted hace uso de esos cambios para presentar sus papeles, échese a temblar, porque el empleado de la oficina de turno, si los conoce, no ha recibido la orden de usarlos y se verá aquejado del "síndrome de la invalidez permanente de la documentación".

Una pequeña aclaración. No estamos poniendo en duda la inteligencia o valía de los funcionarios de ventanilla. El problema reside en que, mal pagados y aún menos incentivados, sólo se les reconoce lo que hacen mal, y eso puede acarrearles la inquina de sus jefes inmediatos, cuando no un expediente. Si lo hacen bien, otros se pondrán las medallas. Por esta razón a ningún funcionario que se precie se le ocurre aceptar como válidos papeles que previamente no haya visto firmados y sellados por sus superiores correspondientes; la mejor salida que tiene es poner cara de haba y reconocer públicamente su ignorancia de la existencia de las nuevas tecnologías.

Un ejemplo. Ahora puede usted sacar un pasaje de avión por Internet, el llamado billete electrónico. Nunca verá el billete de estilo clásico, el papel exigido si debe justificar un gasto de viaje. Lo más que puede obtener es una factura de haber pagado el importe oportuno; en el aeropuerto, directamente, tras la presentación de su DNI, le darán la tarjeta de embarque. Intente después presentar esa factura para que la administración abone el gasto, si tiene derecho a ello. Verá caras sorprendidas y le dirán que lo único válido es el billete clásico. Usted protestará, intentará convencer al funcionario, pero éste se escudará en que no tiene ni idea de tales modernismos. A lo peor obtiene una réplica como esta: "Es que si se lo pago con la factura, usted puede conseguir que le abonen el viaje en otro sitio presentando el verdadero billete. ¿Quién me dice a mí que no me está usted engañando?" Usted se arma de paciencia y le contesta: "Mire, si me abona el importe con el billete, también puedo conseguir la devolución del gasto, en otro sitio, con la factura..." Obtendrá un silencio por respuesta y, a lo mejor, acaba firmando un papel, en el que atestigua que el viaje lo hizo en automóvil de su propiedad y así, al menos, recupera parte de lo gastado.

Claro que, posiblemente, estos hechos se deban a otra causa: "Piensa ladrón que todos son de su condición". Dado que la administración española tiene tendencia a engañar al contribuyente, negándole derechos escritos en leyes, tergiversando éstas para convertir una prestación en algo imposible de conseguir y, en definitiva, haciendo la vida imposible al solicitante –beneficio de la ley se llama- para conseguir ahorrar presupuesto que después se invierte en... -mejor no nos aventuramos por ese camino-, es más que probable que piense que los usuarios del sistema utilizan las mismas triquiñuelas. Es bien conocida la picaresca española. Sin embargo el pícaro siempre se saldrá con la suya y se inventará la trampa adecuada para obtener beneficios inconfesables. Es el ciudadano cumplidor, acatador silencioso de las reglas, el que se verá privado de sus derechos porque olvidó poner la "póliza redonda" en su instancia; póliza que, como todo el mundo sabe, no existe. Ya lo decía López Ibor: "La persona cumplidora de las normas es el candidato más cualificado para terminar en la consulta de un psiquiatra".

Para finalizar, una conclusión pesimista, la simplificación de la burocracia española está lejos de ser una realidad. El problema es más acusado en unos organismos que en otros, siendo uno de los máximos exponentes de esta cruda situación la Universidad de Alcalá, donde el "comepapeles" campa a sus anchas.

LA REDACCIÓN

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