Ricardo Moreno Castillo
Había una vez, en un país muy lejano, unos expertos en seguridad vial
a quienes se les ocurrió la idea de que las multas eran clasistas. Y ciertamente lo son,
porque una misma multa para una misma infracción es un castigo menos grave para quien
tiene mucho dinero que para quien tiene poco. También consideraron que era clasista la
retirada del carné, porque retirar el carné es un castigo más leve para el que conduce
por gusto que para quien lo hace por necesidades de su trabajo. Además, un policía de
tráfico, por muy honesto que sea, es un ser humano, y puede equivocarse. En esto tampoco
estaban equivocados, un cierto porcentaje de multas y retiradas de carné son,
inevitablemente, injustas. Para eliminar estas desigualdades e injusticias elaboraron una
ley que despojaba a los policías de tráfico de toda autoridad, y suprimía las multas y
las retiradas de carné. Esta nueva ley, que pretendía no excluir a nadie del derecho a
la libre circulación, se denominó "Ley Orgánica de Conducción Sin
Exclusiones", aunque abreviadamente se la llamaba por sus siglas, la LOCSE.
Lo que sucedió después es lo que cualquiera, sin ser experto en
seguridad vial, podía haber previsto: aumentaron los accidentes y la circulación se
convirtió en un caos. En apariencia no se excluía a nadie, porque a nadie se le
imponían multas, ni se le quitaba el carné. En la práctica, se excluyó a los buenos
conductores, que no se atrevían a utilizar el coche. Pero esta evidencia no hizo ninguna
mella en el ánimo de quienes elaboraron la susodicha ley.
Después de constatar este empeoramiento de la situación, los expertos
y especialistas en la materia se pusieron a estudiar las causas del fenómeno. Unos
dijeron que lo que hacía falta era más educación ciudadana, otros que el aumento de
accidentes no era más que un síntoma de una sociedad cada vez más violenta y
competitiva, y los de más allá echaron la culpa, ¡como no!, a la televisión, que
constantemente da ejemplo de conductas antisociales y violentas. También hubo quien dijo
que parte del problema era debido al aumento de la emigración, como si un emigrante
tuviera que ser a priori peor conductor que un aborigen. Ni por asomo se les ocurrió que
la LOCSE pudiera ser una mala ley, esta posibilidad ni se consideró. La oposición
planteó preguntas en el parlamento y el gobierno creó comisiones de estudio, las cuales
elaboraron unos informes plagados de números, gráficos y estadísticas. También gastó
ingentes sumas de dinero en pagar a expertos en seguridad vial, que asesoraran y dieran
cursillos a los conductores. Algunos de esos expertos no habían conducido en su vida,
pero no por ello eran menos sabios. Los títulos de algunos de esos cursillos eran
"Cómo resolver conflictos en la carretera", "Seguridad vial y
feminismo" y "Creatividad al volante". Pero todo era inútil. Siguió
aumentando el número de siniestros, hasta que por fin un día, a algunos ciudadanos de
ese país, a quienes se les daba una higa parecer políticamente incorrectos, se les
ocurrió decir que todos los informes elaborados por los expertos eran pura
charlatanería, y que la única solución estaba en reinstaurar las multas y las
sanciones, por muy represivo y frustrante que esto pudiera ser, y por mucho que,
irremediablemente, diera dar lugar a algunas injusticias y desigualdades. Los expertos
encargados de estudiar el tema se apresuraron a decir que esos ciudadanos eran unos
nostálgicos, que añoraban tiempos pretéritos, y que no habían entendido el espíritu
de la LOCSE, y que lo de volver a poner multas era una solución demasiado simple para un
problema que en realidad era muy complejo. También los policías de tráfico se quejaron,
argumentando que, desprovistos de toda autoridad, su tarea se había hecho imposible. Los
expertos respondieron que era muy cómodo cargar toda la culpa de una situación
disparatada sobre la ley que había creado el disparate, y que en el problema todos
tenían su parte de culpa, de modo que lo que necesitaban los policías de tráfico era
hacer una autocrítica. Y también que debían cambiar su mentalidad, a fin de adecuarla a
los nuevos tiempos.
Pero los accidentes siguieron en aumento, y entretanto los expertos
siguieron ganando sus buenos dineros asesorando, redactando informes e impartiendo
cursillos. Incluso uno de los máximos responsables de la LOCSE fue nombrado para un
importante cargo cuya misión, entre otras, consistía en asesorar a los países
latinoamericanos sobre seguridad vial.
Y así termina mi cuento.
José Antonio Martínez Pons
El Ministerio de Educación anuncia una reforma en profundidad de los estudios
universitarios. Hay que ser europeos, hay que acomodarse a Europa.
Un lectura apresurada de lo publicado en la prensa, así a bote pronto me
sugiere unas reflexiones.
Empecemos por lo positivo. Parece que nuestros ilustrados del Ministerio han
redescubierto los "comunes" que los que peinamos canas estudiamos en nuestras
mocedades. Buena idea. Es preciso iniciar los estudios serios en la Universidad con una
base general común en cada rama del saber, que en la de Ciencias significan un dominio de
las materias básicas , a saber Matemáticas, Física y Química y alguna más como
Biología o Geología, amén de una base sólida en el cálculo electrónico, que sería
la novedad y del inglés (idioma que aborrezco con todas mis potencias) que es una
necesidad. ¿Se hará así o se redescubrirá, como en los estudios de antes de la
universidad, la Formación del Espíritu Nacional en versión PSOE?
Otra cosa buena, los títulos llevarán mención de quien los ha otorgado, para gloria
de las buenas universidades y desdoro de las otras.
Siguiente cuestión. De un plumazo se acaba con un tradición de muchos siglos, se
acaba con el hispanismo título de "licenciado" para adoptar el de Graduado, Es
decir, pasamos del cervantino licenciado Vidrieras a la salida de Mistress Robinson, y lo
hacen, nada menos, que los apóstoles de la memoria histórica, supongo que porque tal
memoria no pasa de 75 años.
Obviamente ya estoy en el terreno negativo.
Siguiente paso, nos quedamos en carreras de cuatro años, porque en Europa…. Bla,
bla, bla. A mi el argumento de en Europa se hace así me suena a tópico pues lo ha hecho
el ordenador. También en la mayoría de Europa los sueldos son mas altos que aquí, pero
de eso mejor no hablar...
Vamos a ver. La experiencia de la mayoría de los profesores es que los alumnos cada
vez llegan peor preparados a la Universidad, no sólo en conocimientos, sino en actitudes,
y, si la subjetiva experiencia no es suficiente, las valoraciones que de nuestro sistema
se hacen no pueden ser peores. Nuestros estudiantes no son capaces de una lectura
comprensiva de más de tres líneas, por tanto son incapaces de plantear y a fortiori
de resolver un problema con un enunciado que ocupe más que este espacio. Estamos los
cuartos por la cola del mundo civilizado, nuestro índice de excelentes no llega al 1 %
frente al 4% de nuestros vecinos. ¿A dónde vamos? Encima experiencias anteriores prueban
que la duración media de una carrera, en términos reales, es del 150% de la prevista y
que poco más de un 5% consigue terminarla en el tiempo legal -hablo de carreras de
ciencias básicas, en las ingenierías las cosas son peores-. ¿Se conseguirá por decreto
que las cosas cambien?
Los niveles universitarios bajarán, nadie está dispuesto a que le emplumen por
suspender al 80 % y los estudiantes saldrán peor formados, mucho peor formados.
Consecuencia, la formación de grado valdrá muy poco y será precisa una formación de
Post Grado que habrá que pagar, ¡y aquí te quiero ver, Manuel! ¿Se pretende eso?
Más cosillas. ¿Cambiará la mentalidad del universitario de concebir la Universidad,
no como un agente formador, sino como una máquina de expedir patentes de corso, donde lo
que vale es el titulito y nada la formación y en la que quedan excluidas pruebas externas
de control de calidad? ¿Seguirán las evaluaciones, con base en exámenes tradicionales,
con el consiguiente derecho al copieteo, a la mentira y al todo vale con tal de llegar al
5,00? ¿Se seguirán haciendo currículos reales tipo "slalom" evitando o
dejando las dificultades para el final? ¿Las carreras seguirán siendo un conjunto de
exámenes, en los que el orden de los factores no altera el producto?; encima con unas
prácticas, cuando las hay, descoordinadas en el espacio y el tiempo, de la teoría. Es
decir, ¿seguirá habiendo un número significativo de estudiantes con asignaturas de
primero segundo tercero y cuarto desperdigadas? ¿Se seguirá dando el mismo valor para un
futuro ingeniero a un curso de tenis que aun curso de mecánica cuántica?
No quiero entrar en el tema de la selección y control del profesorado, Sí, dije
control con todas las letras, y al decir control no me refiero a un simple registro de
firmas, que ya es algo, sino de la real calidad docente (¿alguien le pone el cascabel al
gato?) y no me refiero a las actuales encuestas pasadas a los alumnos, que para mi no
tienen demasiado valor ya que están viciadas por principio (vaya como si pidiéramos a
los cacos que valoraran a los jueces que les van a juzgar). Y también dije selección y
no me voy a extender más, pero he visto demasiadas oposiciones más trucadas que un dado
con seis seises para uno y seis unos para otros.
Si en la prensa aparecen anuncios, iba escribir esquelas, solicitando profesionales
titulados en…con la apostilla de la Universidad X, abstenerse, y los casos no son
aislados, es una primera señal de alarma que en esta universidad algo va mal.
Por cierto, olvidaba lo más importante, degradando la formación "graduada",
una de dos o se lanza al mercado profesionales de tercera, tal vez éste sea nuestro
destino en Europa, o será precisa una formación posterior, pagada a precio de mercado,
en suma una vez más el poderoso caballero como agente discriminador -¿y eso lo postulan
socialistas?-. Encima, es posible que esta formación no reglada esté fuera del mínimo
control exigible.
Naturalmente, todo sea en aras de la progresía, se valorará la capacidad de
observación y crítica de los alumnos, y de saber manifestarlo, concediéndoles algún
"crédito", no sé si de los de "antes de Bolonia" o de los de
después, por fiscalizar la labor del profesor y chivarse a quien corresponda de su
fallos, errores o sevicias varias, la más gorda, atreverse a suspender al aspirante a
familiar de la inquisición, agente del KGB o de la malísima CIA.
En fin, a mi ya me queda poco de andar por entre las aulas, mis hijos ya están
"colocados" y no tengo nietos, pero sigo creyendo en la grandeza de la
profesión del profesor aunque nadie se la reconozca, muchas veces ni nosotros mismos,
quizá por esto me preocupo.
José Carlos Navarro Muñoz. Mérida (Badajoz)
No es de extrañar que el excompañero ministerial de Mª. Antonia Trujillo, lance
ahora una ley como presidente de la Generalitat que permite expropiar por seis años pisos
vacíos para alquilarlos. Concatenación lógica de las soluciones habitacionales de 30
m2. de Trujillo y su apoyo como otras formas de vivir al fenómeno "okupa" de
Barcelona.
La cima del Derecho y el libre mercado que es la propiedad privada se resquebraja con
el ariete catalán de la solución del expropioalquiler. Inseguros inversores extranjeros
huirán despavoridos de sus compras inmobiliarias en España: Toros sí, pero, ahora, el
sol en la calle con su apartamento "okupado".
La multipropiedad, que tantos problemas jurídicos y prácticos dio, va a ser un
caramelo comparado con la finca registral denominada vivienda. Escriturarla bunker no
expropioalquilable u observatorio habitacional pudiera ser el blindaje ante notario.
Aprendiendo de la delincuencia veraniega, ahora habrá que actuar igual con la
administración: subir y bajar de vez en cuando las persianas o encender luces. El
inspector expropioalquilador mirará contadores de electricidad y agua, por lo que habrá
que abrir el grifo y accionar el interruptor de vez en cuando. Los anschluss del
anexionista apartamento vecino serán los más peligrosos enemigos. Al vecino, ni
información ni agua. El ladrón de verano en paro, será el Okupa el que haga el agosto
organizado.
Surgirían guías de pisos francos donde organizar excursiones a precio módico, de
momento sólo en la red catalana hasta nueva ley nacional. Venga nueva jurisprudencia para
el derecho privado de la vivienda, ahora solución expropioalquilable.
Maribel Martínez Eder. Portavoz de FIATYR. (Federación Ibérica de
Asociaciones de Telespectadores y Radioyentes).
www.asociacionplazadelcastillo.org
Trasmitiendo el descontento de los usuarios que nos comunican sus
quejas, y aprovechando que estamos elaborando un estudio sobre la revista de crítica
televisiva TV Semanal, que presentaremos a la opinión pública antes de fin de año,
hacemos llegar nuestra protesta, exenta de opinión, al grupo Vocento, intentando reflejar
los hechos tal y como son, en relación a las páginas dedicadas a la publicidad de
productos audiovisuales, orientada a jóvenes y adolescentes.
Aunque "semejante material" va adueñándose progresivamente
de las páginas dedicadas a publicidad desde hace años, los ejemplos son recientes.
En el nº 997, de fecha 1 al 7 de Diciembre de 2006, portada euro
junior; parte considerable de programación pre-navideña; pág. 5: dos señoras en
actitudes procaces: "Te lo hago en un minuto", "no hables, solo
escucha". "Escenas de chicas xxx y lesbianas". En la contraportada:
El ojo de una cerradura de considerable tamaño: "Espíalas en la ducha,
vestidor, servicio". En el nº 995, pág. 13: "¿te cuento mis
historias más privadas?", "grabaciones durísimas". En el nº 994:
"¡selección de auténticas películas para adultos!", "Escenas xxx
para móvil,… videos de chicas solitas y traviesas…, lo hacen para ti".
Contraportada: "Soy exhibicionista ¡mírame! verás un video que no
olvidarás…". "A. M. Porno Star española". Es
claro que está dedicado a los más jóvenes de la casa, puesto que, además, publicita
productos muy heterogéneos, típicamente juveniles como, fondos de móvil, etc., y emplea
el "tuteo" como trato habitual.
No es el caso de un adulto que quiera comprar pornografía: Es muy
importante decir que esta revista no se vende como tal, sino que se entrega "gratuitamente"
junto con los rotativos que se reseñan (*).
Una pregunta: Los contenidos de las páginas publicitarias en revistas
especializadas y acompañando a la prensa diaria, cada vez más agresivos sexualmente,
dirigidos a jóvenes y adolescentes, ¿no tendrán algo que ver con los 95.000 abortos
legales practicados en España en 2005?
Grupo Vocento
Vocento es uno de los principales grupos de comunicación multimedia en
España. Es propietario de: Diario ABC, El Correo, El Diario Vasco, El Norte de Castilla,
Las Provincias y otros 7 diarios regionales (con una audiencia media de 3,5 millones de
lectores diarios) y tiene una presencia destacada en otras áreas de la información y el
entretenimiento como la televisión (Net TV, Flymusic, Punto TV y una participación del
13% en Telecinco), la radio (Punto Radio), la producción audiovisual (Veralia, sociedad
que agrupa a Grupo Europroducciones, BocaBoca, Grupo Videomedia y la distribuidora
cinematográfica Tri Pictures) e Internet, entre otras. Participa de manera mayoritaria en
Taller de Editores, empresa responsable de los suplementos semanales del grupo.
Actualmente edita XL Semanal, XL Semanal TV y Mujer.
(*) ABC, El Correo Español, La Voz de Galicia, Diario Vasco, Diario de
Navarra, (que, en honor a la verdad, y paradójicamente, no incluye anuncios de
"contactos" en sus páginas), Las provincias, Heraldo de Aragón, El Diario
Montañés, Sur, El Norte de Castilla, La Verdad de Murcia, Ideal, El Comercio, Hoy,
Diario de Cádiz, La Rioja, Diario de León, Diario de Burgos, Diario de Jerez, Diario de
Menorca, Europa Sur, Diario de Ávila, Diario de Castellón y Heraldo de Soria .
Con fecha 5 de diciembre se ha cursado una protesta formal al respecto,
en la Oficina de Defensa de la Audiencia (O.D.A.) del Consejo Audiovisual de Navarra.
En Pamplona a 13 de Diciembre de 2006.
Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de Iñaki
Aldabe, recientemente fallecido a la edad de 50 años. Trabajó en Diario de Navarra
durante gran parte de su vida y fue una de las primeras personas en conocer y divulgar
nuestra labor con delicadeza y sensibilidad. Descanse en paz.
Eduardo R. Saguier. Investigador Independiente del CONICET
saguiere@ssdnet.com.ar
Índice:
El origen de la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica,
dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación, supuestamente obedeció
a la necesidad de crear un sistema de financiamiento de la ciencia independiente de la
institución del beneficiado y de paso despojar al CONICET de los fondos con que
subsidiaba a sus propios Investigadores de Carrera, so pretexto de que no podía ser Juez
y Parte Interesada en la distribución de dichos subsidios.
Pero con el correr de una sola década, lo que comenzó como un sano objetivo de
independencia y equilibrio académico terminó paradójicamente en las antípodas, pues en
los hechos la Agencia, el CONICET, las Secretarías de Ciencia y Técnica de las
Universidades Nacionales, la CONEAU y la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación tergiversaron sus principios originarios fusionando íntima e
ilegalmente sus mutuos intereses.
Los Coordinadores de Área de la Agencia, cuya responsabilidad es la de asignar los
evaluadores de cada proyecto (de identidad confidencial), son designados por el Directorio
de la Agencia. Estos Coordinadores de Área, preceden, acompañan o sobrevienen a los
subsidios otorgados a sí mismos, lo que configura claramente el ilícito de colusión de
intereses.
Más aún, la Agencia subsidia a ciertos y determinados Investigadores del CONICET y en
reciprocidad el Directorio del CONICET los designa en sus múltiples Comisiones y mediante
su propia Junta de Calificaciones los asciende en la carrera científica. Este plan
tampoco hubiera sido posible sin el acompañamiento de numerosas autoridades, entre las
cuales se encuentran todo el staff de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación
así como todos los funcionarios de las Secretarías de Ciencia y Técnica de las
diferentes Universidades Nacionales, las cuales han tenido mediante las categorizaciones
de los denominados Incentivos parte intrínseca en dicho plan.
Estas reciprocidades son producto de códigos, privilegios y prerrogativas no escritas,
mediante las cuales se incluye a los eventuales aliados, se utiliza a los auténticamente
prestigiosos para infiltrar a los inescrupulosos y mediocres, y se excluye con medidas
punitivas (rechazo de Informes, congelamiento de ascensos, etc.) a los desafectos o a
aquellos elementos considerados como peligrosos, porque pueden llegar a socavar el plan
mafioso. Con estos códigos no hay forma de arrepentirse, ni de denunciar nunca a sus
colegas. La denuncia como la delación equivalen al ninguneo y el castigo.
En un principio, el monto de los subsidios comenzó con cifras de cinco dígitos, y
más luego alcanzaron los seis dígitos. Por otro lado, en un comienzo el número de
Áreas temáticas fue razonable pero con el correr del tiempo se fueron multiplicando
vertiginosamente. La fusión de estos organismos de ciencia y técnica y la gestación de
numerosos nichos de poder académico alcanzó entonces su éxtasis y su fruto ha concluido
por fragmentar las filas de los científicos e inducir una suerte de paz de los sepulcros.
Toda esta descomposición moral comenzó escalonadamente primero en la década del 80 con
los concursos de cátedras, siguió luego en la década del 90 y merced al Pacto de Olivos
con los denominados incentivos a la investigación, y culminó más luego con los
subsidios y la creación de la Agencia. El propio mecanismo de los incentivos se inició
en forma amplia, y progresivamente se fue restringiendo primero a los docentes que
contaban con dedicación exclusiva, luego a los que fueren profesores titulares regulares,
y así sucesivamente hasta reducir el número de los beneficiarios a un cenáculo cada vez
más reducido. Pero lo más grave de todo no es la nómina de los que se beneficiaron,
sino el tipo de saber que han legitimado como conocimiento de excelencia.
Los funcionarios que deben otorgar subsidios a otros y que por el contrario se lo
otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco habrían
incurrido en varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el
ejercicio de la función pública; en segundo lugar en la construcción de una red ilegal
de apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades
(Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de
dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT), estas últimas alimentadas con los
Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se habrían convertido en
partícipes de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto
lugar habrían incurrido en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en
última instancia en enriquecimiento ilícito.
Estas conductas alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que medran
compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248, 256, 260,
261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario académico es
otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en incompatibilidades manifiestas
otorgándoselo a sí mismo o a sus socios o amigos. Por cierto, para que la indagación de
la existencia de una asociación ilícita fuera más plenamente acreditada se debería
requerir la información relativa a los parentescos carnales y políticos, que como
cualquier fiscal federal conoce son en el interior del país -por razones
demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de la república.
Debemos señalar que esta investigación pudo ser hecha merced a la insistencia en la
Lista Electrónica Pol-Cien para que se exhibiera la información oculta en el sitio
electrónico de la SECyT, que es falto de total transparencia y cuyo ocultamiento
pareciera ser hecho exprofeso. Los cruces entre los diferentes listados fueron hechos a
mano, sin software alguno y utilizando sólo la memoria humana, por lo que es muy probable
que se hayan escapado muchas otras correlaciones, especialmente la de aquellos que portan
apellidos patronímicos (Pérez, Rodríguez, González, Fernández, etc.)
En la Agencia Nacional para la Promoción Científico-Tecnológica, dependiente de la
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT), presidida por el Dr. Lino
Barañao, los Coordinadores de Área Jorge Jorrat, Marcelo Cabada, Eduardo Arzt, y Jaime
Cerda, se adjudicaron a sí mismos sendos subsidios.
En efecto, en la Convocatoria-2004, el Coordinador del Área de Ciencias Humanas y
Sociales Dr. Jorge Jorrat se adjudicó la suma de $209.000; y en la Convocatoria-2003, el
Coordinador del Área de Ciencias Médicas Dr. Eduardo Arzt se adjudicó la suma de
$210.000; el Coordinador del Área de Ciencias Biológicas Dr. Marcelo Cabada se adjudicó
la suma de $210.000, y el Coordinador del Área de Tecnología Química Dr. Jaime Cerda
también la suma de $210.000. Y en la Convocatoria-2002, en una clara operación de
adelanto de reciprocidades les fue adjudicada igual suma a los que al año siguiente
fueron los Coordinadores de las Áreas de Tecnología Informática Dr. Marcelo Frías, de
Tecnología de Alimentos María Cristina Añón, y de Economía y Derecho Dr. Luis
Beccaria.
Asimismo, a los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos Rapela y
Dra. Noemí Girbal de Blacha les fue asignada a cada uno en la Convocatoria-2002 la suma
de $210.000; y a la Dra. Girbal en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada bajo el
Código 32.396. Y al Asesor de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación y
Director del Observatorio Científico-Tecnológico Dr. Mario Albornoz le fue adjudicada en
la Convocatoria-2003 la suma de $128.000, y en la Convocatoria-2005 una suma indeterminada
bajo el Código 33.851.
A los Coordinadores de Área, que han sido denunciados al comienzo de este escrito,
debemos agregar los Coordinadores siguientes:
1) En la Convocatoria-2005 les fue adjudicado subsidios
por diferentes montos a los Coordinadores de Área Marcelo Cabada, Juan José Cazzulo,
Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan José Poderoso, Horacio Corti, Alberto Vargas, Luis
Gugliotta, y Ana María Antón.
2) En la Convocatoria-2004 les fue adjudicado subsidios
por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa, Mirta Quattrochio,
Juan Pablo Paz, Rodolfo Sánchez, Damián Zanetti, Juan Jose Poderoso, Amelia Rubiolo y
Verónica Bucala.
3) En la Convocatoria-2003 les fue adjudicado subsidios
por diferentes montos a los Coordinadores de Área Carlos A. Balseiro, Juan José Cazzulo,
Horacio Corti, Roberto Rossi, Carlos Lanusse, Isidoro Schalamuk, y Ricardo Carelli
4) En la Convocatoria-2002 les fue adjudicado subsidios
por diferentes montos a los Coordinadores de Área Gustavo Politis, Luis Alberto Beaugé,
Roberto Salvarezza, Ricardo Astini, Beatriz Coira, Hermenegildo Ceccatto, Carlos Gigolo,
Luis Mroginski, Maria Cristina Anón, Luis Beccaria y Marcelo Frías.
5) En la Convocatoria-2000/2001 les fue adjudicado
diferentes subsidios por diferentes montos a los Coordinadores de Área Eduardo Cánepa,
Juan José Cazzulo, Marcelo Cabada, Rodolfo Sánchez, Damián Ravetta, Gustavo Corach,
Juan Pablo Paz, Juan José Poderoso, Alcira Batlle, Beatriz Coira, Walter Helbling, Ana
María Parma, Alberto Escande, Amelia Rubiolo, Alberto Vargas, Francisco Felipe Garcés, y
el actual Presidente de la Agencia Lino Barañao.
En efecto, en la Convocatoria-2005, les fue adjudicado a los Coordinadores del Área de
Ciencias Biológicas Marcelo Cabada y Juan José Cazzulo montos indeterminados bajo los
códigos 31.660 y 38211; a los de Ciencias Médicas Eduardo Arzt, Alcira Batlle, Juan
José Poderoso cifras indeterminadas bajo los códigos 31.541, 32642, y 34.785; al de
Ciencias Químicas Horacio Corti una cifra indeterminada bajo el código 32.916; al de
Tecnología Energética Alberto Vargas una cifra indeterminada bajo el código 32.438; al
de Tecnología Química Luis Gugliotta una cifra indeterminada bajo el código 38.158; y
al de Ciencias Biológicas de Organismos Ana María Antón un monto indefinido bajo el
código 34.901.
En la Convocatoria-2004, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias
Biológicas Dr. Eduardo Cánepa un subsidio por $280.000; al de Ciencia de la Tierra Mirta
Quattrochio $223.000; a los de Ciencias Fisico-Matemáticas Juan Pablo Paz $271.000,
Rodolfo Sánchez $200.000; y Damián Zanetti $202.000; al de Ciencias Médicas Juan José
Poderoso $279.000; al de Ciencia de la Tierra Rodolfo Sánchez $78.802; al de Tecnología
de Alimentos Amelia Rubiolo $280.000; y al de Tecnología Química Verónica Bucala
$248.000.
En la Convocatoria-2003, le fue adjudicado al Coordinador del Área de Ciencias
Matemáticas Carlos A. Balseiro $210.000; al de Ciencias Biológicas Juan José Cazzulo
$210.000; a los de Ciencias Químicas Horacio Corti $209.000 y Roberto Rossi $210.000; al
de Tecnología Pecuaria Carlos Lanusse $210.000; al de Tecnología Energética Isidoro
Schalamuk $206.000; y al de Tecnología Informática Ricardo Carelli $256.000. A
propósito, el Coordinador Roberto Rossi, aquí mencionado, sería el mismo que figura en
La Nación del viernes 1º de diciembre como habiendo recibido el Premio Sadoski-Bernardo
Houssay.
En la Convocatoria-2002, le fue adjudicada al Coordinador de Ciencias Humanas Gustavo
Politis $200.000; al de Ciencias Médicas Luis Alberto Beaugé $210.000; al de Ciencias
Químicas Roberto Salvarezza $193.000; a los de Ciencias de la Tierra Ricardo Astini
$210.000 y Beatriz Coira 204.000; al de Ciencias Físico-Matemáticas Hermenegildo
Ceccatto $200.000; al de Tecnología Química Carlos Gigoló $85.000; al de Tecnología
Agraria Luis Mroginski $163.000; a la de Tecnología de Alimentos María Cristina Anon
$209.000; al de Economía y Derecho Luis Beccaria $121.000; y al de Tecnología
Informática Marcelo Frías $206.000.
En la Convocatoria-2000/2001, le fue adjudicada a los Coordinadores del Área de
Ciencias Biológicas Eduardo Cánepa $130.000; Juan José Cazzulo $140.000; y Marcelo
Cabada $90.000; a los de Tecnología Agraria Rodolfo Sánchez $84.000 y Damián Ravetta
$140.000 (este último colaborador del Ing. Víctor Kopp, Director del Área Técnica de
Gestión de Subsidios); a los de Ciencias Físico-Matemáticas Gustavo Corach $105.000 y
Juan Pablo Paz $90.000; al de Ciencias Médicas Juan José Poderoso $105.000; a la de
Ciencias Químicas Alcira Batlle $150.000; al de Ciencias de la Tierra Beatriz Coira
$120.000; al de Ciencias Biológicas de Organismos Walter Helbling $130.000; al de
Tecnología Pecuaria Ana María Parma $100.000; al de Tecnología Agraria Alberto Escande
$105.000; al de Tecnología de Alimentos Amelia Rubiolo $150.000; y a los de Tecnología
Energética Alberto Vargas $84.000 y Francisco Felipe Garcés $72.000. En esta última
Convocatoria 2000/2001 le fue adjudicada al Prof. Lino Barañao la suma de $140.000; al ex
Presidente del CONICET y actual Director General del FONCYT Armando Bertranou $75.000; y a
los Decanos Alberto Boveris y Héctor Trinchero $170.000 a cada uno. En la
Convocatoria-2005 registra su aparición el ex Secretario de Ciencia y Técnica del
Menemismo Juan Carlos del Bello bajo el código 35.196, y la Secretaria de Educación de
la Provincia de Buenos Aires Adriana Puiggrós con un monto indefinido bajo el código
38.346. También registra un subsidio el recientemente ascendido a la máxima categoría
de Investigador Superior del CONICET Martín Isturiz con una suma indefinida bajo el
código 38.197.
La presencia de los miembros del Directorio del CONICET Faustino Siñeriz, Carlos
Rapela y Noemí Girbal de Blacha entre los integrantes de la Cadena de la Felicidad de la
Ciencia Argentina ha confirmado la sospecha de la existencia de una íntima reciprocidad
entre la Agencia y el CONICET. Cruzando la actual lista de integrantes de las Comisiones
Asesoras del CONICET, correspondiente al año 2006, con las Listas de los beneficiados por
la Agencia-SEPCyT durante el último quinquenio ha dado como resultado casi un centenar de
correlaciones, las que revelarían la identidad de los mayordomos de ese falso Parnaso o
Banda de Ladrones (como Platón le hace decir a Sócrates en el Libro I de La República),
en que se ha convertido la Cadena de la Felicidad aquí denunciada.
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas, los que recibieron
subsidios en el año 2000/2001 fueron Aldo Mottino con la suma de $105.000; Carlos José
Pirola con la suma de $120.000; Oscar Bottasso con un total de $92.000; y Héctor
Targovink con el monto de $105.000; en el año 2002 fueron Patricia Elizalde con la suma
de $210.000; Ana María Franchi con la suma de $210.000, y la Alicia Belgorosky con la
suma de $210.000; en el año 2003, Hugo Daniel Luján recibió la suma de $210.000, y
Osvaldo Uchitel la suma de $200.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Rodolfo
Campos la suma de $279.000; Jorge Geffner la suma de $174.000; María Ángela Lazzari la
suma de $280.000; Alicia Mattiazzi la suma de $251.000; Héctor Targovnik volvió a
recibir otro monto de $252.000; y Mario G. Murer la suma de $195.000. En este último
caso, habría que aclarar que el Dr. Murer había ya recibido en el año 2002 la suma de
$110.334. Y en el año 2005, los que recibieron fueron Claudia Capurro una suma bajo el
código 32.130; Osvaldo Podhajcer un monto bajo el código 38.011; y otra vez Osvaldo
Uchitel una suma desconocida.
Entre los integrantes de la Comisión de Biología Alfredo Juan Castro Vázquez
recibió en 2002 la suma de $147.000; y en el año 2005 Miguel Angel Sosa Escudero
recibió una suma indefinida bajo el código 33.383; y Marta Dolores Mudry un monto bajo
el código 38.001.
Entre los miembros de la Comisión de Química, en el año 2000/2001 María Rita
Micaela Hoyos de Rossi recibió un total de $140.000; Manuel López Teijelo la suma de
$94.000; y Carlos Previtali un total de $105.000; en el año 2002 el Coordinador Gerardo
Burton recibió la suma de $202.000; en el año 2004 los que recibieron fueron Edgardo
Durantini la suma de $203.000; Luis Dante Martínez el monto de $160.000; y José Carmelo
Pedregosa la suma de $267.000. Y en el año 2005, Carlos M. Previtali volvió a recibir un
monto indeterminado bajo el código 32.351. Entre los integrantes de la Comisión de
Bioquímica, en el año 2004, la Coordinadora Beatriz Caputto recibió la suma de
$280.000; José Luis Bocco recibió $279.000; Horacio Garda recibió la suma de $270.000;
Fernando Goldbaum el monto de $280.000; y María Isabel Colombo recibió la suma de
$276.000. En este último caso, habría que aclarar que la Dra. Colombo había ya recibido
en el año 2002 un monto de $196.771.
Entre los miembros de la Comisión de Matemáticas y Computación Juan Santos recibió
en 2002 la suma de $205.000; y Graciela Boente Boente recibió en 2004 la suma de
$177.000. Entre los miembros de la Comisión de Física, Ricardo Piegaia recibió en 2002
la suma de $171.249; y en el 2005 recibieron Jorge Fernández Niello una suma indefinida
bajo el código 32.757; y Patricia Levstein otro monto desconocido bajo el código 33.623.
Entre los integrantes de la Comisión de Astronomía, su Coordinador Pablo J. Mauas
recibió en 2005 una suma indeterminada bajo el código 32.408. Entre los integrantes de
la Comisión de Ciencias Exactas y Naturales Gerardo Perillo quien desempeña a su vez el
cargo de Coordinador de la Comisión de Ciencias de la Tierra, recibió en 2004 la suma de
$272.000.
Entre los miembros de la Comisión de Ciencias Agrarias, en el año 2002 Roberto
Lecuona recibió la suma de $175.000; y en el año 2003 Sofía Chulze recibió un total de
$210.000. Entre los integrantes de la Comisión de Veterinaria, en 2000/2001 Osvaldo
Rossetti recibió la suma de $75.000; y en 2002 Enrique Portianski recibió un total de
$197.000. Entre los miembros de la Comisión de Ciencias de la Tierra, el Agua y la
Atmósfera, en 2000/2001 Analía Artabe recibió $75.000; Sergio Matheos la suma de
$85.000; y Alejandro Tosselli la suma de $150.000; en 2002 Carlos Cingolani recibió la
suma de $188.167; en 2004 Susana Bischoff recibió un total de $220.000; y en el 2005 los
que recibieron fueron nuevamente Analía Artabe una suma bajo el código 32.323; y Alicia
Ronco un monto bajo el código 38.350.
Entre los integrantes de la Comisión Asesora de Ingeniería Civil, Mecánica y
Eléctrica, el Ing. Guillermo Kaufman recibió en 2005 una suma bajo el código 38.168.
Entre los miembros de la Comisión Asesora de Ingeniería y Procesos Industriales y
Biotecnológicos en 2000/2001 José Bandoni recibió la suma de $120.000.
Entre los integrantes de la Comisión de Ciencias Humanas, María Isabel Santa Cruz
recibió en 2005 una suma bajo el código 38.227. Entre los miembros de la Comisión de
Arquitectura en 2000/2001 Beatriz Cuenya recibió la suma de $60.000. Entre los
integrantes de la Comisión de Historia y Antropología en 2000/2001 Cristina Bellelli
recibió la suma de $92.000.
También han sido beneficiados con subsidios los integrantes de las Comisiones Asesoras
Pablo Penchaszadeh, Alfredo Bolsi y Guillermo Mengoni Goñalons. En las Universidades más
pequeñas del interior del país también se registra este fenómeno: en la Universidad de
Córdoba con los Investigadores Dora Celton y César Tcach; en la Universidad de Cuyo con
el biólogo Alfredo Castro Vázquez; y en la Universidad Nacional del Sur con el
tecnólogo químico José Alberto Bandoni, quien integra la Comisión Asesora de
Ingeniería de Procesos Industriales y Biotecnología.
Entre los miembros de la Comisión Asesora Interdisciplinaria Especial Ad-Hoc de la
Gran Área de Ciencias Agrarias, Noemí Walsoe de Reca recibió en el año 2003 una
indefinida suma de dinero; y en la de Ciencias Biológicas Stella González Cappa recibió
un monto indeterminado, Ricardo Farías $210.000 en 2003, y Rodolfo Ugalde que a su vez
desempeña el cargo de Coordinador de la Comisión de Veterinaria y fue Director del
Consejo de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires recibió
$210.000 en 2003 y $275.000 en 2004.
Entre los integrantes del Comité Asesor del Núcleo Básico de Revistas Científicas
les fue adjudicado a Alfredo Bolsi $30.000 en 2000/01, a Dora Barrancos $208.000 en 2004,
a Alejandro Rofman $135.000 en 2004, a Marcelo Cavarozzi $204.000 en 2004 y una cifra
indeterminada a Stella González Cappa.
Entre los integrantes de la Comisión Ad-Hoc-Recursos correspondiente a las Ciencias
Sociales le fue adjudicada a Ana María Lorandi en 2003 la suma de $72.969 y a Víctor Tau
Anzoátegui $50.000 en 2000/2001 y un total de $95.000 en 2003. Entre los integrantes de
la Comisión Ad-Hoc de Materiales, Roberto Salvarezza recibió en 2002 la suma de
$193.000.
Y finalmente, entre los miembros del Comité Nacional de Ética en Ciencia y
Tecnología de la SECYT Stella M. González Cappa, Alberto R. Kornblihtt, Armando Parodi y
Otilia Vainstok recibieron jugosos subsidios. ¿Sus otros miembros Roberto Fernánez
Prini, Samuel Finkielman, Noé Jitrik, Ernesto E. Maqueda, Fernando O. Ulloa y Aída
Kemelmajer de Carlucci tendrán algo para opinar respecto a la Cadena de la Felicidad
recientemente descubierta bajo sus narices? ¿Ninguno de estos científicos expertos en
temas de ética sospechó ninguna anormalidad?
Habíamos descubierto que los Coordinadores de la Agencia -elegidos por el Directorio
para seleccionar los evaluadores de cada Proyecto-- también fueron simultánea o en forma
diferida beneficiarios de subsidios. Más luego hallamos que la Agencia subsidia a ciertos
y determinados Investigadores del CONICET y en reciprocidad el Directorio del CONICET los
designa en sus múltiples Comisiones y mediante su propia Junta de Calificaciones los
asciende en la carrera científica. Y hoy venimos a descubrir que esta suerte de
asociación ilícita no habría sido tampoco posible sin la complicidad de las
Secretarías de Ciencia y Técnica de las diferentes Facultades y/o Universidades
Nacionales, las cuales han tenido merced a los Bancos de Evaluadores de la Secretaría de
Políticas Universitarias y de la CONEAU -que establecen cual si fueran juntas de
calificación categorizaciones y puntajes a nivel individual e institucional-- parte
intrínseca en la asociación ilícita y en sus derivaciones penales, en cuanto a
apoderamiento fraudulento, usufructo patrimonial del cargo y enriquecimiento ilícito.
Entre las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ciencia y Técnica de las
Facultades y/o Universidades Nacionales, la tercera pata del trípode burocrático sobre
el cual está montada la mafia que domina la producción del conocimiento científico en
Argentina, está la de hacer el seguimiento de los Proyectos de Investigación financiados
por organismos nacionales, provinciales y/o universitarios, así como la de administrar
las Rendiciones de Cuentas de los gastos practicados por los Responsables de los Proyectos
financiados.
Los funcionarios que deben otorgar subsidios a otros y que por el contrario se lo
otorgan a sí mismos o a terceros que son afines por amistad o parentesco incurren en
varios delitos: en primer lugar en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función pública; en segundo lugar contribuyen en la construcción de una red mafiosa de
apoderamiento fraudulento de las estructuras de decisión de las universidades
(Rectorados, Decanatos y Secretarías de Investigación), y de las instituciones de
dominación académica (CIN, CONEAU, CONICET, ANPCYT), estas últimas alimentadas con los
Bancos de Evaluadores provistos por aquellas; en tercer lugar se convierten en partícipes
de una asociación ilícita agravada en razón del cargo detentado; en cuarto lugar
incurren en lo que se conoce como usufructo patrimonial del cargo; y en última instancia
en enriquecimiento ilícito.
Estas conductas delictivas alcanzan a los mismos socios del silencio, que son los que
medran compartiendo subsidios y proyectos (conductas tipificadas en los artículos 248,
256, 260, 261 y 210 del Código Penal), por cuanto la obligación del funcionario
académico es otorgar subsidios a los que lo peticionan y no incurrir en
incompatibilidades manifiestas otorgándoselo a sí mismo o a sus socios o amigos. Por
cierto, para que la indagación de la existencia de una asociación ilícita fuera más
plenamente acreditada se debería requerir la información relativa a los parentescos
carnales y políticos, que como cualquier fiscal federal conoce son en el interior del
país -por razones demográficas-una realidad más intensa y palpable que en la capital de
la república.
En cuanto al contralor de la gestión administrativa, tenemos que las Universidades
Nacionales practican distintos criterios para ejecutar la función de auditoria, con muy
diversos grados de rigor y transparencia, pues que se sepa no han descubierto hasta hoy
ningún caso de apoderamiento fraudulento y/o enriquecimiento ilícito. Algunas
Universidades han unificado esta responsabilidad en una Secretaría u organismo
centralizado y otras lo han diversificado en tantas Secretarías como Facultades existen
en sus organigramas. Para el caso, tenemos que la Universidad Nacional de Tucumán tiene
desde hace un tiempo al frente de su Secretaría de Ciencia y Técnica al historiador
Daniel Campi, el mismo a quien la Agencia financió en el 2002 con un subsidio de
$135.938. En la Universidad Nacional de Córdoba, figura a la cabeza de la Secretaría de
Ciencia y Técnica el químico Héctor Rubinstein, el mismo que fue financiado en el
período anterior de 2005 con un subsidio cuyo monto aún sigue indeterminado. En la
Universidad Nacional de Rosario, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Ciencias Exactas Roberto Aquilano se benefició en 2005 con un subsidio de monto
indeterminado. En la misma universidad, el Secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad
de Medicina Oscar Bottasso se benefició en 2004 con un subsidio de $213.125. En la
Universidad Nacional de Córdoba, el Decano de Ciencias Químicas Gerardo Fidelio recibió
en el 2001 la suma de $134.000. Y en la Universidad Nacional del Litoral, la Vice-Decana
de la Facultad de Farmacia Yolanda Bolzón de Lombardo se benefició en 2005 con otro
subsidio de suma indefinida.
En la provincia de Buenos Aires, los desaguisados tampoco escasearon. En la Universidad
Nacional del Sur, el actual Secretario de Ciencia y Técnica Osvaldo Agamennoni recibió
en 2003 la suma de $147.727. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Decano de
Ciencias Exactas Gustavo Daleo y la Secretaria de Investigaciones Virginia Manzini
recibieron en 2005 sendas sumas de monto indeterminado. En la Universidad Nacional de San
Martín, el Director de la Escuela de Política Marcelo Cavarozzi se benefició en 2004
con un subsidio de $204.529; y el Secretario de Investigación Diego Hurtado de Mendoza
fue financiado en 2004 con un subsidio de $71.279. Y en la Universidad Nacional de Quilmes
tenemos el caso de un Consejero Departamental el biólogo Pablo Ghiringhelli, quien obtuvo
en el 2005 un subsidio de la Agencia por un monto indefinido de pesos; y el de un biólogo
Mario R. Ermácora, que fue subsidiado reiteradamente en dos períodos consecutivos, el
del 2004 y el del 2005.
En el caso de la UBA, tenemos que algunos de los integrantes de la media docena de
Comisiones Técnicas Asesoras (CTA) --que tienen como función prestar asesoramiento en
las tareas de evaluación de las distintas actividades de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la UBA-- serían también hipotéticamente parte necesaria de la asociación
ilícita. Entre los beneficiarios de los subsidios por cifras aún no divulgadas,
repartidos por la Agencia en el 2005, se encuentran los siguientes Investigadores: el
miembro de la CTA No.1, de las Ciencias de la Salud Humana Rodolfo Rothlin; el integrante
de la CTA No.3 de Ingeniería, Ciencias Ambientales y Habitat Juan Manuel Borthagaray
(quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $210.000); los miembros de la CTA No.4, de
Ciencias Básicas y Biológicas Alicia Godeas (PICT-2003 de $208.980) y Juan Pablo Rossi
(quien a su vez suma otro subsidio del 2002 de $206.250); los miembros de la CTA No.5, de
Ingeniería, Ciencias del Ambiente y Habitat Guillermo Artana y Jorge Alberto Sarquis; y
los integrantes de la CTA No.6 de Ciencias Agropecuarias y Salud Animal: Ana Pilosof,
Jorge Casal, Alejandro Mentaberry, Angel Chiesa (suma otro subsidio del 2002 de $203.708)
y Alicia Fernández Cirelli, ex Presidenta de UBACYT durante el Menemismo. Por último,
faltaría contrastar las listas de beneficiarios de subsidios con los anteriores
integrantes de estas mismas Comisiones Técnicas Asesoras, que por cierto no están
exhibidos en la web, seguramente dados de baja para no dejar rastros de sus reiterados
ilícitos.
En cuanto a las Secretarías de Ciencia y Técnica de cada Facultad de la UBA, tenemos
que en la Facultad de Odontología, el Secretario de Ciencia y Técnica Enri Santiago
Borda -integrante del CTA No.1-- ganó en el 2005 otro PICT de monto desconocido. En la de
Farmacia y Bioquímica el Secretario de CyT Daniel Turyn ganó en 2004 un subsidio por
$212.925. Y en la de Medicina, en la actual Comisión de Investigación de dicha Facultad
el Dr. Daniel Sordelli ganó en el 2002 un subsidio por $210.000. Asimismo, en la UBA
hemos encontrado entre los beneficiados por la Agencia al Decano de Filosofía y Letras
Héctor Trinchero con $170.000, al Decano de Farmacia Alberto Boveris con $140.000, a la
Vice-Decana de Farmacia Graciela Ferraro con una suma indeterminada, al Vice-Decano de
Medicina Ricardo Gelpi con un subsidio en 2002 de $161.812; y a un ex Decano de Sociales
Fortunato Mallimacci con $362.186 en 2004. Entre el staff de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Nación nos tropezamos con el nunca tan bien recordado Hugo Levato, el
mismo que aseguraba durante el Proceso y desde USA lo bien exonerados que estaban los
Investigadores que más luego "desaparecieron". En efecto, en el 2004 Hugo
Levato levantó en la Agencia un subsidio por la suma de $231.422. Y en el caso de la
CONEAU, dos miembros de su Directorio, el sociólogo y ex funcionario de la Universidad
Nacional de Quilmes Ernesto Villanueva, y el sociólogo Carlos Pedro Krotsch recibieron de
la Agencia en 2002 y 2005 la suma de $155.354 y un monto desconocido respectivamente.
También contamos con los extraños casos de aquellos Investigadores que aparecen
financiados duplicadamente, es decir con subsidios otorgados a la misma persona y/o su
homónima, en dos proyectos correspondientes a unidades académicas distintas. Este ha
sido el caso en la Universidad Nacional del Centro del Investigador Alberto Parma, quien
aparece con un subsidio otorgado en el 2005 en el Área de las Ciencias Médicas, y otro
tanto en el mismo período en el Área de la Tecnología Pecuaria. El del Investigador
Jorge Calvo, de la Universidad La Patagonia, y simultáneamente miembro de la Junta de
Calificaciones del CONICET, quien aparece subsidiado en el mismo período del 2005 en dos
Proyectos distintos, uno en el Área de las Ciencias de la Tierra y el otro en el Área de
las Ciencias Biológicas de Organismos. Y el del Investigador Emilio Malchiodi de la UBA,
quien figura subsidiado en el Área de las Ciencias Biológicas y también en el Área de
las Ciencias Médicas..
Para el caso de la Universidad Nacional de Rosario contamos con el muy particular
ejemplo de un matrimonio cuyos integrantes tuvieron ambos la felicidad de que la ANPCYT
les financiara sendos proyectos, tanto el del marido, el biólogo Ricardo Duffard,
en el 2005; como el de su esposa la tecnóloga del medio ambiente Ana María Evangelista
de Duffard, con un monto de $258.333 devengado en el 2004, que sumados ambos dan en la
unidad familiar más de medio millón de pesos en un par de años.
Por último, la cuarta pata de la mesa sobre la cual está mal servida la ciencia
argentina sería la Secretaría de Políticas Universitarias y la CONEAU, ambas
dependientes del Ministerio de Educación de la Nación, instituciones destinadas a
categorizar a los denominados docentes investigadores y a los programas de las
instituciones de docencia superior. Ambas instituciones se han prestado hasta el presente,
a través de las supuestas categorizaciones y puntajes, a toda suerte de manipulaciones y
conspiraciones, de la cual están privilegiadamente exentos quienes son docentes de
universidades o investigadores correspondientes al ámbito privado. Es decir, los miembros
de instituciones o universidades privadas están excepcionalmente dispensados de tener que
pasar por las horcas caudinas y kafkianas de una inmensa burocracia estatal.
Para completar esta investigación faltaría conseguir la Lista de Subsidios del
corriente año 2006 y cruzar la Lista de Subsidios de la Agencia con las Listas de las
Comisiones Asesoras del CONICET correspondientes a los años 2000/2001, 2002, 2003 y 2004,
y así poder comprender el cuadro de gerenciamiento en la Cadena de la Felicidad de la
ciencia argentina. Asimismo, quedaría por cruzar esta información con las Listas de
Ascensos practicados por la Junta de Calificaciones del CONICET, y con las Listas de los
categorizados para los Incentivos producidas por las diferentes Universidades Nacionales.
Cabe agregar que la metodología del Toma y Daca o Síndrome de la Calesita, que denuncia
el Lic. Carlos Schwartzer en la Lista de Discusión Electrónica Pol-Cien, es la misma que
se inauguró en los Premios Bernardo Houssay, que se repartieron en 1987, y que se
denunciaron en su oportunidad con nombres y apellidos, y donde uno de sus organizadores
integra la actual Junta de Calificaciones del CONICET. En todos estos Listados llaman la
atención más de una docena de repeticiones, como ser las de Eduardo Cánepa, Rodolfo
Sánchez, Juan José Poderoso, Héctor Targovnik, Mario G. Murer, Osvaldo Uchitel, Mario
Albornoz, Víctor Tau Anzoátegui, Carlos M. Previtali, Analía Artabe, María Isabel
Colombo, Beatriz Coira y Amelia Rubiolo, quienes aparecen como beneficiarios en repetidas
Convocatorias. El de Poderoso parece ser el más llamativo pues también registra un
tercer subsidio en el 2005.
Las preguntas que caben formularse son de orden jurídico y moral: ¿los actos
académicos administrados por estos Coordinadores cuentan con validez moral y legal?
¿estamos o no frente a un caso criminal, y en tal eventualidad corresponde o no efectuar
una denuncia judicial? ¿De tratarse de un delito los actos de los imputados deberían ser
reconsiderados y en ese caso deberían o no restituir los dineros recibidos? ¿Qué pasa
con los numerosos proyectos que fueron rechazados y cuyos evaluadores fueron designados
por los Coordinadores aquí denunciados? y ¿qué responsabilidad les cabría en este
entuerto a los Presidentes del ANPCYT y del CONICET Lino Barañao y Eduardo Charreau y a
sus directos superiores Tulio Del Bono y Daniel Filmus?.
Toda esta investigación lleva al viejo enigma socrático sobre si es acaso posible
democratizar una mafia, que impida los abusos de poder y las repeticiones dolosas de las
prebendas racionadas, o por el contrario ello es una tarea imposible. Por lo pronto, se
debería considerar las ventajas y menores riesgos de error de premiar obras consumadas
sobre la de subsidiar obras proyectadas cuyos eventuales beneficiados deben ser
previamente categorizados por una burocracia estatal contaminada.
Finalmente, debemos concluir que la lucha contra la corrupción en el campo de la
ciencia sólo puede tener éxito desde la instancia política, y que ninguna esperanza
puede cifrarse en la judicialización de la misma. Es entonces la política la que --en el
marco de los derechos y garantías democráticos- debe producir el saneamiento moral y el
cambio estructural.
Convocatoria-2000-2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/
foncyt_convocatorias_anteriores_pict.php
Convocatoria-2005
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/
documentosconvocatorias/TIPO_A_Y_B.pdf
Proyectos No Admitidos en 2004
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/
documentosconvocatorias/pict2004_no_admis.pdf
Proyectos No Admitidos en 2003
http://www.agencia.gov.ar/convocatorias/
documentosconvocatorias/pict2003_no_admis.pdf
Buenos Aires, 5 de Diciembre de 2006
En su réplica a la denuncia sobre la Cadena de la Felicidad recientemente descubierta
en el organismo de su dirección, amén del afán por descalificar a su autor con
epítetos acerca del supuesto conspiracionismo nacional e internacional que el mismo
padecería, el Presidente del ANPCYT confiesa que "…el tema, por su complejidad,
amerita una aclaración y una discusión en profundidad."
Para comenzar, llama poderosamente la atención que en todo el transcurso de su larga
gestión administrativa (casi cuatro años) el Dr. Barañao no haya estimado necesario en
ese lapso haber discutido con la comunidad académica temas tan delicados y trascendentes.
Recién ahora, cuando las castañas queman, cuando la comunidad académica ha sido
ninguneada, cuando está harta de tanta injusticia y prepotencia y comienza a despertar
del letargo a la que fue sumida, cuando se han quedado sin política y cautivos de los
lobbies corporativos y profesionalistas de las diferentes disciplinas científicas y
tecnológicas, cuando se ha terminado por privatizar el dominio público mediante
anacrónicas divisiones administrativas (FONCYT-FONTAR), y cuando las propias gestiones
del Ministerio de Educación, la Secretaría de Ciencia y Técnica y el ANPCYT entraron en
crisis y están puestas en tela de juicio, el Dr. Barañao se empeña en demandar
desesperadamente la urgencia de un debate.
En principio, el Dr. Barañao presume de emular a las entidades de financiamiento de
los países desarrollados (CNRS, National Endowment for the Humanities) y cree que basta
con la publicidad de los listados de beneficiarios y la supuesta excelencia académica de
los mismos, para garantizar la moralidad de los actos administrativos. Estos actos pueden
ser publicitados y hasta cuantitativamente medidos por el INDEC, y sus beneficiarios puede
que sean de excelencia, pero igualmente puede ocurrir que los actos administrativos que
les dieron origen adolezcan de vicios de procedimiento de tal inusitada gravedad que los
vuelvan nulos de nulidad insanable, y lo que es aún peor, que su calidad y creatividad
sea soslayada en beneficio de la mera cantidad.
En ese sentido, el Dr. Barañao sostiene que "…nunca se ocultó el
financiamiento a los coordinadores". No obstante, todos los que tratamos desde hace
tiempo por conocer dichos Listados, sabemos de la obstinada y sufrida dificultad en
obtenerlos. La diagramación de la Página de Inicio de la SECYT es un claro exponente de
esas prácticas de ocultamiento destinadas a coartar la libertad de información, las que
deberían ser incriminadas penalmente por violación del derecho al acceso a la
información pública garantizado por la Constitución Nacional. Por otro lado, si no
hubiera sido porque el suscripto desafió al Moderador de la Lista de Discusión Pol-Cien
con un escrito titulado "La Banda de Ladrones"; y si no fuera por la
obsequiosidad de un beneficiario de dichos subsidios cuya identidad no estoy autorizado a
revelar todavía estaríamos como Diógenes con la linterna. Pero lo que no alcanza a
cerrar, por mas que el Dr. Barañao se obstine en ocultarlo, es cómo explicar que
mientras en el transcurso del quinquenio 2001-2005 se otorgaran a más de un centenar de
Coordinadores designados por el Directorio del ANPCYT jugosos subsidios de seis dígitos
cada uno --que suman centenares de millones de pesos que están vinculados con la deuda
externa y el Banco Mundial-- simultáneamente en igual período fueran rechazados
centenares de proyectos con argumentos absurdos, minúsculos y banales (carga horaria
insuficiente, carátula fuera de término, falta de firma legal, etc.).
A renglón seguido, el Dr. Barañao establece como único parámetro para la elección
de la quincena de Coordinadores de Área temática de que sean "científicos en
actividad", caracterización que revela la catadura burocrática, discriminatoria y
agraviante de los funcionarios que idearon esa categoría. Por otro lado, no se le ocurre
al Dr. Barañao que existen en la legislación y jurisprudencia nacional y extranjera una
muy nutrida Biblioteca que especifica numerosos otros requisitos que se refieren a los
impedimentos que generan la ilegal colusión de intereses, los que pueden y deben ser
impugnados por vía de la recusación o de la excusación. A continuación, el Dr.
Barañao incursiona en un rapto de conmiseración digno de mayor encomio cuando sostiene
que "El prohibir la presentación de proyectos a los coordinadores
implicaría…una limitación altamente significativa en la idoneidad de los recursos
humanos involucrados". No señor, no se trata de "prohibir" persona alguna.
De lo que se trata es de establecer claros criterios públicos acerca de cuáles son las
incompatibilidades y cuáles los requisitos imprescindibles para poder ejercer el cargo de
Coordinador, más allá de la inobjetable excelencia académica y moral con que deben
contar los mismos.
Asimismo, el Dr. Barañao abunda acerca de la excelencia de los criterios adoptados por
el Directorio y su Presidencia para la selección de los Coordinadores de Área,
rescatando el prurito exigido de que los mismos "no sean objetados por sus
pares". Más aún, el Dr. Barañao se guarda en aclarar que "si bien podría
argüirse la existencia de algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias
concretas al respecto". Pero, lo que el Dr. Barañao oculta es que la "objeción
de los pares" y las "evidencias concretas de favoritismo" sólo pueden ser
ventiladas en una comunidad académica donde no prevalezca el miedo o el temor a las
represalias. En su escrito de réplica, el Dr. Barañao oculta también cuales fueron los
criterios para que después del 2001 los montos distribuidos subieran de cinco dígitos a
cifras de seis dígitos, y tampoco aclara cuáles han sido los criterios para desagregar
las Áreas temáticas en múltiples nichos de relevancia disciplinar cada vez más
estrecha, hasta caer en sospechosas especializaciones.
Finalmente, el Dr. Barañao muestra por primera vez interés por conocer la opinión
personal de un crítico consecuente para saber cómo resolver la presente crisis provocada
por los errores y corruptelas de su gobierno, y de su propia gestión como Presidente del
ANPCYT. A ello sólo puedo responder que poco importa cual puede ser o no ser mi opinión
personal. Lo que si debería contar y preocupar en el imaginario de la clase política que
nos gobierna y que exceden por cierto a su persona y a su cargo, es de qué manera
construir una comunidad académica democrática; cómo dar lugar a que se expresen y
participen los integrantes de una comunidad académica amedrentada; de que forma oxigenar
un clima de temor y represalias; cómo hacer para convencerla que denuncie la
defraudación sufrida ante la Defensoría del Pueblo de la Nación
(defensoria@defensoria.org.ar); cómo hacer para modificar la legislación (Decreto
1661/94) que norma la elección de sólo cinco miembros del Directorio del CONICET de modo
tal de extender esa elección a la totalidad de los Presidentes del medio centenar de
Comisiones Asesoras que lo componen; cómo hacer para extender la participación
democrática en las Universidades Nacionales actualmente gobernadas por cenáculos
oligárquicos que niegan la modificación de sus estatutos y la elección directa de sus
autoridades; e igualmente cómo hacer para extender la participación democrática al seno
mismo de la Agencia (ANPCYT) que Vd. y su Directorio presiden en forma autocrática,
discrecional y corrupta, de forma tal de poder ofrecer a nuestro pueblo y al Foro
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Empresa y Sociedad (que se ha reunido esta semana
por primera vez en Buenos Aires) un mensaje político que no consista en la mera
repetición ritual de lugares comunes; y sí, por el contrario, un proyecto que brinde al
mundo entero un modelo de comunidad y participación democrática en los ámbitos del
conocimiento, la ciencia y la cultura superador al modelo privatista, economicista y
criminalmente guerrerista que actualmente nos ofrece la metrópoli imperial
Norteamericana.
En suma, creo sinceramente Dr. Barañao que a Vd. sólo le queda un último gesto de
dignidad con el cual paliar los abusos y despropósitos cometidos en su área de
responsabilidad, que es la de ofrecer su renuncia indeclinable al cargo con el que se le
confiara los destinos de la ciencia argentina. Creo asimismo, que sus dolosos errores no
son sólo suyos propios, sino que pertenecen también a todo el arco de gestión
correspondiente a la jurisdicción ministerial que lo enmarca, es decir que incluyen al
Secretario de Ciencia y Técnica Ing. Tulio del Bono y al Ministro de Educación Daniel
Filmus, principal responsable de la política de la cual Vd ha sido --y desearía creer--
un mero e inocente instrumento.
Cordialmente,
Eduardo R. Saguier
Investigador Independiente del CONICET
En una serie de contribuciones recientes el Dr. Eduardo Saguier hace un exhaustivo
análisis del financiamiento otorgado por la Agencia a coordinadores de esta institución
y Directores del CONICET, insinuando la existencia de una falta de ética cuando no lisa y
llanamente de un delito. Más allá de las peculiaridades de estilo en las denuncias del
Dr. Saguier que todos conocemos desde hace décadas, el tema, por su complejidad, amerita
una aclaración y una discusión en profundidad.
Como bien dice el Dr. Saguier, la Agencia fue creada hace 10 años pero no con la
aviesa intención de sustraer fondos al CONICET sino la de instaurar un sistema de
evaluación por pares, similar a la que existe en otras entidades de financiamiento en
países desarrollados, y que tuviese como potenciales beneficiarios a investigadores de
todo el país, independientemente de su pertenencia institucional. Como valor adicional,
la coexistencia de dos fondos, el FONCYT y el FONTAR permite la coordinación del
financiamiento al sector público y al privado contribuyendo a una mayor eficiencia en la
transferencia del conocimiento de uno al sector productivo. La creación de la Agencia
permitió obtener un incremento sustancial en el financiamiento de la investigación
científica y tecnológica. Por otra parte el impacto positivo la Agencia a través de sus
dos fondos, tanto en la producción científica y tecnológica como en la modernización e
innovación en las empresas, ha sido demostrado concluyentemente en evaluaciones y
estudios independientes, el último de los cuales será publicado próximamente en la
página WEB.
El elemento fundamental en el éxito de la Agencia como ente de promoción ha sido y es
un riguroso sistema de evaluación y seguimiento de los proyectos.
En el caso concreto del FONCYT, el sistema de evaluación depende de un grupo de
coordinadores y de un banco de evaluadores externos en el que existe una proporción
significativa de investigadores del exterior. Los coordinadores (y más recientemente los
dos co-coordinadores) de cada área son designados por el Directorio de la Agencia a
propuesta del FONCYT. Un requisito fundamental para los coordinadores es que, no sólo
posean un conocimiento actualizado de su disciplina sino que además no sean objetados por
sus pares. Sobre esta base se estableció como criterio el que los coordinadores debían
ser científicos en actividad.
Ahora bien, esto plantea el siguiente problema: Dado que (lamentablemente) la Agencia
es el único ente de financiamiento sustancial de la investigación científica, ¿Cómo
evitar el potencial conflicto de intereses de los coordinadores y al mismo tiempo no
provocarles un perjuicio derivado de la suspensión de su financiamiento? La primera
alternativa ensayada para solucionar este problema fue el otorgamiento de un subsidio
automático a los coordinadores. No obstante, a posteriori, y debido además a la
incorporación de co-coordinadores, se optó por un sistema mediante el cual los proyectos
presentados eran remitidos a otro coordinador de un área relacionada quien se encargaba
de enviarlos a pares para su evaluación. Si bien podría argüirse la existencia de
algún favoritismo en dicha asignación no hay evidencias concretas al respecto.
Básicamente porque las tasas de financiamiento de los coordinadores no varía
significativamente en relación a su condición de tales. Existen de hecho proyectos de
coordinadores que no han sido financiados. Obviamente esta situación no se ha hecho
pública (más allá de la publicidad efectuada por uno de los coordinadores precisamente
para demostrar la transparencia del proceso), como tampoco se hace pública la nómina de
los proyectos no financiados del resto de los investigadores. Cabe destacar además que el
listado de proyectos financiados siempre se ha hecho público para cada convocatoria y por
lo tanto nunca se ocultó el financiamiento a los coordinadores.
Respecto de la ética de este proceso, cabe recordar que la ética se refiere a la toma
de decisiones en un contexto determinado. La opción actual es la que se ha considerado
más conveniente para optimizar la función fundamental de la Agencia que es asignar
fondos sobre la base de la calidad y pertinencia de los proyectos. El prohibir la
presentación de proyectos a los coordinadores implicaría entonces una limitación
altamente significativa en la idoneidad de los recursos humanos involucrados en el proceso
de evaluación con la considerable pérdida de calidad en dicho proceso. Esto a su vez
implicaría una asignación deficiente de recursos públicos mucho mayores.
En este contexto es que consideramos que la práctica actual es éticamente aceptable,
al menos hasta que se formule una solución más conveniente. En este sentido no me queda
claro cuál es la alternativa que propondría el Dr. Saguier.
El autor mencionado hace además una enumeración detallada de los subsidios recibidos
por investigadores que se ha desempeñado ya sea como coordinadores o como autoridades del
CONICET, dejando entrever una oscura trama de tráfico de influencias. Ahora bien, si el
Dr. Saguier profundizase su estudio probablemente comprobaría que muchos de esos
investigadores han recibido subsidios o premios de otras fuentes, no sólo nacionales sino
internacionales. Llegado este punto habría dos hipótesis: Una, que sería una
ampliación de la teoría conspirativa del Dr. Saguier que llevaría a postular una
conspiración internacional destinada a beneficiar siempre al mismo grupo de elegidos. La
otra sería suponer que esos investigadores son razonablemente buenos y por eso reciben
subsidios y detentan cargos de coordinadores y/o autoridades sin ser objetados por sus
pares. A priori ambas hipótesis son sostenibles. No obstante, una regla básica del
método científico conocida como "La navaja de Occam" nos dice que entre dos
hipótesis debemos quedarnos con la más sencilla o la que implica el menor número de
supuestos. Por este motivo yo he optado por la segunda.
Dr. Lino Barañao. Presidente ANPCYT
