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La LOU: una modificación legislativa cumplida pero insuficiente

CC.OO Informa (30 de Marzo de 2007)

El pasado 29 de marzo se ha aprobado finalmente la modificación de la LOU en el pleno del Congreso, por 183 votos favorables del PSOE y los de CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC y Grupo Mixto, frente a los 119 del PP.

Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. es satisfactoria la aceptación de algunas de nuestras propuestas de reforma de la LOU, hechas públicas hace tres años, bien en el propio anteproyecto o introducidas a través de enmiendas, aprobadas en el trámite del Congreso y del Senado y que han supuesto una considerable mejora del texto del MEC.

Hay que subrayar aspectos importantes de algunas mejoras introducidas como: la sustitución de la habilitación por un proceso de acreditación, la mayor equiparación del profesorado laboral y funcionario, el acceso de los estudiantes por una prueba única, el carácter indefinido de los Contratados Doctores y la no exigencia de tres años de experiencia posdoctoral, las enmiendas introducidas sobre concursos para TEUs, la mayor competencia sobre retribuciones de las CC.AA., la reducción paulatina de la actividad desde los 60 años y la jubilación voluntaria del personal de las universidades, no exclusión de doctores para ser contratados como ayudantes y supresión del requisito de desvinculación para ser ayudante doctor, limitación de contratos por obra y servicio solo a personal investigador, técnico u otro personal, excluyendo esos contratos para docencia, la prórroga de los Asociados y Ayudantes LRU, programas de incentivos movilidad o formación para el PAS, el carácter público de la ANECA y la cooperación y reconocimiento mutuo de las agencias de evaluación.

A pesar de esas mejoras en lo referente a personal, y sin olvidar que se deja a extinguir, por política de imagen,  a los profesores titulares de escuela universitaria y los profesores colaboradores, se mantienen notorios déficits democráticos en cuanto a los órganos de gobierno y una jerarquización injustificada de cuerpos docentes.

Así mismo y aunque se ha recogido en una disposición adicional "la elaboración de un modelo referencial de costes que facilite... el establecimiento de una financiación adecuada de las universidades públicas..." no es una garantía suficiente de financiación.

Lamentablemente, el gobierno ha dejado pasar la oportunidad de modificar a fondo el sistema clasista y antidemocrático del PP; de diferenciar entre categoría administrativa y cargo académico, de caminar hacía una universidad menos jerarquizada, de introducir el derecho a la promoción interna o a los traslados, además de profundizar más en el modelo privatizador caracterizado por la creación de empresas de base tecnológica .

CC.OO. espera que el MEC cambie la actitud que ha mantenido en este proceso y que los decretos de acreditación y el del Estatuto del personal, sean realmente negociados con los sindicatos, con objeto de introducir en ellos la mayor parte de las reivindicaciones pendientes.

Pulsando este enlace obtendrá el texto completo de la ley reformada en formato PDF.

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Sugerencias para llevar a cabo la Universidad privada concertada

CC.OO. informa (18 de Abril de 2007)

Un informe del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid recomienda que los universitarios reciban un cheque para financiar sus estudios superiores.

Se reclama que "la financiación pública de la enseñanza vaya directamente a los estudiantes y no a los centros de enseñanza" y propone que el Gobierno regional reduzca las subvenciones a la Universidad pública en 2.000 euros por estudiante. También sugiere que se den 2.000 euros anuales a los alumnos para que decidan en qué universidad, pública o privada, quieren cursar su postgrado.

Las recomendaciones que hace el CES de Madrid son antiguas y bien conocidas en el sistema educativo por la defensa que de ellas han hecho siempre los sectores conservadores o liberales. El director del estudio, Pedro Schwartz, catedrático de Análisis Económico en la universidad privada CEU San Pablo, manifiesta que "la elección de la universidad debe estar en manos del estudiante o de sus familias".

El informe del CES propone que la universidad pública "incremente paulatinamente los precios que se cobran a sus alumnos por la matrícula para ajustarlos al coste real", y se conceda un cheque de dinero público por valor de 2.000 euros anuales para que el estudiante pueda con ello acceder a una universidad privada para cursar el postgrado, una vez acabada la carrera.

El Ministerio de Educación ya ha anunciado en varias ocasiones que los cursos de postgrado tendrán precios públicos y que habrá becas para los alumnos de situación económica menos favorecida. También se concederán préstamos renta, con condiciones ventajosas, para estos estudios. El Consejo de Coordinación Universitaria, difundirá la próxima semana su informe sobre financiación de la universidad española, con nuevos criterios vinculados a la calidad y los resultados.

El informe sugiere al Gobierno regional de Madrid un sistema semejante para los niveles infantiles y las enseñanzas medias, una política que Esperanza Aguirre ya defendía cuando era ministra de Educación. Se trata de dar dinero directamente a las familias para que elijan el centro donde estudiar. CC OO y UGT, miembros del CES, no aprobaron la redacción de este informe.

El 3 de mayo entrará en vigor la modificación de la LOU.

La LOMLOU entra en vigor 20 días después de su publicación en el BOE, ya que al no recogerse en la ley la entrada en vigor, es de aplicación el artículo 2 del Código Civil, que establece:

1) Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.

2) Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.

3) Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.

También ha sido publicada en el BOE de 13 de abril, la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público que afecta a todo el personal de las Administraciones públicas.

http://www.boe.es/boe/dias/
2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf

El EBEP entrará en vigor, un mes después de su publicación en BOE, según recoge su disposición final cuarta: "1. El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado".

Las modificaciones hechas en la LOU se pueden observar en la siguiente tabla comparativa a través del enlace

http://www.fe.ccoo.es/universidad/76_comp_lou.pdf

Así mismo, en el enlace

http://www.fe.ccoo.es/universidad/75_enm_ccoo_rec_lou.pdf

pueden examinarse las enmiendas de CC.OO. incorporadas en la nueva ley.

Pulsando este enlace obtendrá el texto completo de la ley reformada en formato PDF.

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La ministra de Educación presentará en el próximo Consejo de Coordinación Universitaria el informe "Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos"

CC.OO. informa (25 de Abril de 2007)

El próximo martes 24 de abril anunciará la disolución del Consejo de Coordinación Universitaria, para adaptarlo a la nueva estructura diseñada en la modificación de la LOU y presentará el  informe elaborado (http://wwwn.mec.es/educa/ccuniv/) por la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, compuesta por 14 expertos y creada el 24 de julio de 2004.

El informe considera que el esfuerzo fiscal que requiere la efectividad de dicha propuesta es "viable y compatible" con el actual contexto económico español y el de las finanzas públicas de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. Propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, que se conseguiría a través de un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 80 % (2.186 millones) y un 20 % (547 millones), respectivamente.

Esto supone pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. También se aumentarían los recursos de las universidades destinados a investigación y desarrollo, llegando al 0,5% (hoy es el 0,32%). Los resultados de la investigación de la universidad española están bastante lejos del primer nivel: las publicaciones científicas son la mitad que en los países punteros de Europa y la cantidad de patentes que salen de las universidades es ínfima. El informe considera que la implantación del nuevo modelo de enseñanza para adaptarlo a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requerirá una esfuerzo económico adicional de entre el 0,10 y el 0,12 por ciento del PIB.

Del total de la ampliación de recursos económicos sugerida, 800,5 millones serían aportados por la autonomías con destino a la mejora de la calidad educativa y al equilibrio de la capacidad de I+D+i de las universidades. La Administración del Estado asumiría también la ampliación de las becas (244 millones). El crecimiento de las becas y ayudas lo justifican en que garantizare la igualdad de oportunidades, ya que la dimensión de los recursos destinados a este fin es la mitad de la de los países de la OCDE. Se diferenciarían los precios públicos por niveles académicos y de acuerdo con el grado de experimentalidad de cada plan de estudios.

El sector universitario, dice el informe, necesita una revisión en profundidad de sus complementos de productividad docente e investigadora, y propone la creación de otros diferentes a los ahora existentes. Los profesores se someterán voluntariamente a la evaluación de una agencia estatal, que será competente para aprobar la concesión o la denegación de los mismos. La productividad del complemento por gestión se evaluará tras cumplir un mandato en el cargo.

También se propone la creación de un fondo estatal (con dotación de la Administración General del Estado y abierto a la participación de las comunidades, fundaciones, corporaciones y empresas) para premiar con más fondos a las universidades que más patentes y publicaciones acrediten. Sin dejar de lado la investigación básica, se pide empezar a tener en cuenta su posible aplicación práctica a la hora de financiarlos y se propone que uno de los criterios para conceder recursos sea la cantidad real destinada a investigación el año anterior.

El informe defiende que la determinación por parte de las CCAA de la subvención anual a las universidades públicas para servicios educativos oficiales, se realice según un modelo de costes de referencia que diferencie expresamente el componente destinado a la capacidad investigadora, asociada a su personal docente e investigador y recomienda que el cálculo de las subvenciones anuales se formule según la variable básica de la demanda realizada directamente por los estudiantes y, específicamente, que se utilice la de los de nuevo ingreso anual ponderada con la tasa de objetivo de permanencia.

Finalmente defienden pautas de transparencia informativa y rigor de ejecución en las políticas y modelos de financiación, que tendrían vigencia plurianual atendiendo a variables objetivas de actividad y resultados, penalizando las prácticas ineficientes, intervencionistas o proteccionistas. Un 15 por ciento de la financiación se haría por resultados, suponiendo un incentivo y cierto nivel de riesgo si el cumplimiento es bajo.

Sin entrar en valoraciones previas, para CC.OO. este informe debería ser un punto de partida y nunca un documento definitivo, para un profundo y sereno debate en el seno de las universidades, de la sociedad en su conjunto y del Parlamento con objeto de alcanzar un consenso político y social amplio y sólido sobre la política de financiación de las Universidades que España necesita para los próximos años.

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