Como le sucede a España, y a los países europeos en general, Italia necesita mejorar su competitividad y productividad si quiere lograr un cierto crecimiento a largo y medio plazo –no creció nada en 2005–, para lo que se hace preciso disminuir la carga o presión fiscal, liberalizar el mercado de trabajo y modificar su excesivamente generoso sistema de pensiones.

Se trata de las tantas veces citadas reformas estructurales, a las que, naturalmente, se oponen los sindicatos y los perceptores de pensiones. Desde 1993, los gobiernos italianos han llevado a cabo un importante programa de privatizaciones y, en la última década, han tenido que practicar una política fiscal restrictiva para formar parte de la UEM.

Italia se ha beneficiado desde la introducción del euro de bajos tipos de interés y de una moderada inflación. Nadie duda de que con tipos más altos habría sido imposible para el Gobierno italiano –con una deuda del 106% de su PIB en 2005– atender cumplidamente el servicio de su deuda, situando al país en una peligrosísima situación fiscal, que le obligaría a acometer reformas y a sortear muchas crisis políticas, que muy bien podrían dar al traste con el euro. Tampoco se discute que la inflación no sería tan moderada si incluyésemos en su cómputo el precio de las acciones –múltiplo elevado del valor en libros de las empresas– y el de los inmuebles, que esconde una muy abundante financiación crediticia y deducciones fiscales capitalizadas.

Como sucede en casi todas partes, los bajos tipos de interés y el gasto público corriente (transferencias) que buscan un mayor crecimiento económico pueden muy bien acabar traduciéndose en tipos de interés reales negativos, y en superiores niveles de endeudamiento y de crecimiento de los precios, sobre todo de algunos de ellos. (Esta es sin duda una de las razones por las cuales el BCE ha ido elevando los tipos en los últimos trimestres.) Pero consiguen, en parte, mantener los niveles de empleo y evitar la justamente temida deflación, aunque sea a costa de ahogar la tasa de crecimiento de la producción.

Todo esto denota sencillamente que las posibilidades de invertir con rentabilidad (las oportunidades rentables de inversión) en Europa son escasas –la liquidez muy abundante, repiten con frecuencia los analistas financieros–, dados los elevados costes laborales, que lo son por hallarse desvinculados de la productividad individual y por tratarse de gastos consolidados.

La fijación de salarios según convenios colectivos y no según la productividad individual de cada trabajador es un mecanismo político para resolver un problema económico. El resultado elemental es que se evita una crisis sindical o política –que no social– y se distribuye la renta a costa de una mayor inflación y menor nivel de empleo y ahorro, pues la tasa de inflación tiende a situarse por encima de la remuneración del ahorro. Este último rasgo es, junto con la más igualitaria distribución de la renta, la imagen de marca europea, desde luego la española, que nos diferencia del tan denostado como desconocido "modelo americano", en el que la tasa de inflación tiende a ser inferior a los tipos de interés, el nivel de empleo muy superior al europeo, y en el que se considera que la "mala" distribución de la renta es un acicate constante que estimula la innovación y la asunción de riesgos empresariales.

Tasas de inflación inmobiliaria más elevadas que el coste del dinero disparan las cotas de endeudamiento y merman el caudal del ahorrador. Ello importa poco cuando el sistema estatal de financiación de las pensiones es de reparto y no de capitalización, pero puede ser fatal cuando, por razones demográficas, dicho sistema de reparto deja de ser un mecanismo eficaz de financiación de las pensiones. Este es uno de los retos fundamentales a los que se enfrenta la economía de la UE en un futuro muy próximo.

La escasez de oportunidades rentables de inversión es una de las tres restricciones fundamentales de cualquier economía, siendo las otras dos la restricción financiera y la de demanda. La restricción financiera consiste en no poder disponer de financiación para un proyecto rentable, capaz de contribuir al crecimiento económico (entendido como mayor o mejor producción de bienes y servicios, no como mero aumento del nivel de empleo). La restricción de demanda consiste en la imposibilidad de saber con certeza cuál será el nivel de demanda futuro, con lo que resulta imposible saber si un proyecto supuestamente rentable lo acabará siendo realmente. Y, por lo tanto, no se puede saber a ciencia cierta si conviene o no relajar la restricción financiera que atenaza un proyecto empresarial. Una decisión política acaba resolviendo este problema irresoluble, y convierte a los responsables políticos en agentes económicos. De ahí la importancia de la banca de inversión y de las finanzas. Baste, en este sentido, recordar cómo Wall Street apoyó ampliamente al Presidente Bush en 2000 y 2004.

El débil crecimiento económico de 2001-05 ha supuesto un serio deterioro de las cuentas públicas italianas. Un rasgo compartido con Francia y Alemania. Y, ahora que el BCE ha vuelto a elevar los tipos de interés, el Gobierno español ha manifestado su intención de fijar por ley el precio de las hipotecas, al igual que hace con la energía eléctrica o con las tasas académicas. Una pincelada más de estatificación, que nos acerca al centro político, ese lugar en el que se vive sin demasiada pena y sin demasiada gloria también, y que, en nuestra opinión, es otro primer jalón para que el euro continúe siendo lo que siempre ha sido: una patata europea. Eso sí, una patata muy rica y valiosa que ha costado mucho conseguir y que conviene cuidar.

Vayamos ahora con la tercera de las cuatro grandes economías de la Unión.

Según los datos de Comisión Europea, la economía francesa es la segunda más importante de Europa occidental, con un peso equivalente a tres cuartas partes del correspondiente a la economía alemana, que es la principal. Y muy poco por encima de la británica. En cambio, según los datos de la CIA, en dólares, la economía francesa es casi 150.000 millones de euros (aproximadamente el PIB de Portugal o Irlanda) menos importante que la británica. Podría pensarse que este hecho estadístico se debe a la utilización de un tipo de cambio que sobrevalora la libra esterlina. Sin embargo, lo mismo sucede respecto de la economía alemana: hay una disparidad de 200.000 millones de euros, que no cabe atribuir al tipo de cambio oficial aplicado, pues tal disparidad no existe en el caso de Francia ni en el de Italia. Cuando se trata de datos de PIB según la paridad del poder adquisitivo –que trata de recoger el hecho de que 100 euros en Madrid duren menos que 100 euros en Tallin y más que 100 euros en Frankfurt– las disparidades son exageradas.

La economía francesa destaca por su diversificación. Al igual que hiciera el Reino Unido, Francia apostó tras la segunda guerra mundial por un modelo económico en el que se pensaba que "las cosas irían mejor en la medida en que la Administración, vía impuestos y nacionalizaciones, controlase porcentajes crecientes de la riqueza nacional, que en ningún caso debían quedar por debajo del cincuenta por ciento de la misma" (Muñoz-Alonso, 2005, p. 306). Así que los monopolios estatales –el transporte ferroviario, la energía, las telecomunicaciones…–, tan cuestionados y debatidos hoy, son un rasgo distintivo de la economía francesa. Su sistema de pensiones y su elevado gasto sanitario se consideran del todo insostenibles, dado el envejecimiento de su población. Su mercado de trabajo es un ejemplo para el mundo de diseño económico patológico. Su agricultura absorbe la mayor parte de la partida más importante del presupuesto de la Unión, con pagos directos a sus agricultores cuantificados en torno a los 10.000 millones de euros al año, que se reparten entre el 20% de los agricultores, grandes terratenientes. Francia es el cuarto mayor exportador mundial de bienes, y el tercero si nos ceñimos a los servicios. Aun así, su saldo por cuenta corriente de 2005 fue negativo y cercano a los 30.000 millones de euros, aproximadamente el 2% de su PIB. En los últimos años, ha venido registrando superávit en su balanza de servicios y de rentas, y déficit en su balanza comercial.

Tras un periodo de paz y neutralidad bélica durante todo el siglo XX, la economía sueca disfruta de un envidiable nivel de vida. Su sistema económico es una combinación de capitalismo de alta tecnología y de generalizados beneficios sociales. Es, en este sentido, muy parecido al sistema belga y al danés. Cuenta con un moderno sistema de distribución, excelentes comunicaciones interiores y exteriores y una fuerza de trabajo muy bien preparada. Las empresas privadas son las responsables del 90% de la producción industrial, en la que la ingeniería supone la mitad de la producción y de las exportaciones. La madera, la energía hidráulica y la metalurgia del hierro constituyen la base de una economía muy orientada hacia el sector exterior, como indica su importante superávit por cuenta corriente, el más cuantioso de toda la Unión, sólo por detrás de Alemania y de los Países Bajos. Lo cual ayuda sin duda a entender las razones por las que Suecia mantiene su moneda y su soberanía monetaria. El objetivo principal del Riksbank es la estabilidad de precios, que trata de conseguir fijándose una tasa de inflación del 2%. (Nótese que la tasa de inflación sueca es la más baja de toda la Unión, sólo igualada por Finlandia.) Su generoso sistema de pensiones está causando a los suecos serios problemas de incentivos, pues demasiada gente decide acogerse a las prestaciones por enfermedad, resintiéndose gravemente la actividad productiva.

La economía británica forma parte del tradicional cuarteto de economías de más de un billón de dólares de Europa occidental que España acaba de convertir en quinteto. En las dos últimas décadas el Gobierno británico ha reducido mucho la propiedad pública y ha contenido la expansión de los programas de bienestar social. No obstante lo cual, David Smith nos recuerda en The Sunday Times del 4 de febrero de 2007 que «el déficit presupuestario "estructural" es el quinto más grande de la OCDE». Ya escribía Ortega en su admirable y palpitante capítulo XIII de uno de sus libros más célebres que "el inglés quiere que el Estado tenga límites". Posición de plena actualidad, cuando se discute en Bruselas y en todo el mundo la estructura futura del Presupuesto de la Unión.

El Reino Unido es un centro financiero de primer orden. La banca, los seguros y los servicios profesionales generan la mayor parte del PIB británico. Su agricultura, muy mecanizada e intensiva, es muy eficiente. Produce el 60% de los alimentos que demanda el país empleando a menos del 2% de la población activa.

Tiene importantes reservas de carbón, gas natural y petróleo.

Su industria ha perdido peso específico en las últimas décadas. Los ingleses son conscientes de que una gran compañía industrial situada en Europa occidental es inviable a largo plazo, debido a los elevados costes de producción a los que se enfrenta. La solución consiste en entrar en mercados de bajo coste y altas expectativas de crecimiento: Rusia, China, la India y Brasil (los famosos BRICs). Por ello, la propiedad de la base industrial británica se halla cada vez más en manos extranjeras. Importa, no obstante, señalar que toda empresa extranjera suele contar entre sus propietarios con súbditos británicos.

España es considerada como una de las economías más dinámicas de Europa. Su PIB acaba de rebasar el billón de dólares.

Contamos, además, con los dos mayores clubes de carretera de Europa: el Dallas y el Madam’s.

Aunque aparentemente su estructura económica es bastante parecida a la de los grandes países europeos, se trata de una economía semicapitalista, con un sector agrícola abultado y un peso muy importante del sector turístico. Subsisten en la economía española abundantes ineficiencias y regulaciones excesivas, que se traducen en falta de competitividad, como pone de manifiesto su preocupante déficit por cuenta corriente, una tasa de inflación muy elevada y una considerable tasa de desempleo. Por no hablar de nuestra escasísima productividad.

España tiene problemas de suministro energético y escasez de agua, pero cierra centrales nucleares. Se enfrenta a riesgos relacionados con un eventual colapso del mercado inmobiliario, y su notable tasa de crecimiento está bastante relacionada con los fondos estructurales y de cohesión que hasta ahora ha recibido de la Unión Europea y con los que no podrá contar en el futuro.

El prestigioso economista escocés John Kay, siguiendo sólo en parte la tradición positivista y empirista británica que cabe sintetizar en la famosa afirmación de Lord Kelvin "no hay ciencia sin medida", que es desde su creación en 1932 el lema de la Comisión Cowles –"Science is Measurement"–, concluye en una de sus investigaciones que "lo característico de la actividad fiscal hoy es elevar los impuestos de algunos productos para subvencionar otros, o gravar a ciertos individuos para otorgar a otros concesiones" (Kay, J. A., 1990). He aquí por qué muchos cuestionamos, con Frank Knight y James Buchanan, la teoría de los bienes públicos y la indiscutible conveniencia de una sanidad y una educación pública y obligatoria, en detrimento de la iniciativa privada en estos dos ámbitos fundamentales. Creemos que Alemania, que acaba de elevar su tipo general de IVA tres puntos, del 16% al 19%, ha hecho una apuesta clarísima sobre qué tipo de financiación conviene más a la eficiencia económica.

Hasta qué punto la actividad financiera británica off shore es más importante que la capitaneada por la Ciudad del Vaticano, siendo un dato fundamental para estudiar la economía y la política exterior de la Unión, no es cuestión fácil de dilucidar, y requiere un estudio en profundidad de Mónaco, Andorra, Liechestein, San Marino y las islas del Canal (Jersey, Guernsey y Alderney), entre otros; y no sólo de Gibraltar, ¡español!

Al igual que en el caso de España, desde que en 1986 pasase a formar parte de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), la economía portuguesa se ha desarrollado enormemente, diversificándose y aumentando el tamaño de su sector servicios. También al igual que en el caso español o inglés, en la última década, los distintos gobiernos han procedido a liberalizar sectores económicos fundamentales, que Francia, por ejemplo, se resiste a liberalizar, tales como las telecomunicaciones, la energía y el sector financiero. Tal proceso privatizador y el consiguiente adelgazamiento del déficit público supuso en su momento elevadas tasas de crecimiento animadas por una considerable inversión directa extranjera (IDE).

La renta per cápita portuguesa equivale a dos tercios de la de las cuatro grandes economías de la Unión: Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Su poco desarrollado sistema educativo ha supuesto una traba para un mayor crecimiento de la productividad. Su ventaja competitiva se ve amenazada por los menores costes laborales y fiscales de Europa oriental y de Asia, que hacen de estas regiones polos de atracción para la IDE. Es este, indudablemente, un rasgo común a toda la UE, pero que afecta más directamente a aquellos países con un sector industrial menos desarrollado. El crecimiento de la población y su grado de especialización productiva marcarán en el porvenir –obvio es decirlo– el ritmo de crecimiento del PIB de cada país, y pondrán de manifiesto hasta qué punto el modelo económico europeo supone un acierto o un fraude.

En otro orden de cosas, a fecha de hoy, resulta obvio que la dependencia defensiva de Europa con respecto a los EEUU es casi total, lo que en muy buena medida explica la actitud antibelicista de la Europa actual, como tan acertadamente ha explicado Robert Kagan.

Algo muy parecido puede decirse con respecto a los mercados financieros, sobre todo si nos referimos a los mercados de productos derivados y a la banca de inversión. Dejando a un lado a Deutsche Bank –Alemania es la economía industrial de la Unión– y al banco suizo UBS, ningún banco europeo continental desempeña papel imprescindible alguno en el sistema financiero mundial. Para desempeñarlo, tendría que estar presente en China y en los Estados Unidos, y tener un mercado de derivados muy desarrollado. Ésta fue una de las razones por las que Santander inició en 1988 su alianza estratégica con The Royal Bank of Scotland, y por las que hoy, tras haber realizado la mayor inversión en metálico de la historia de una empresa española en los en Estados Unidos (2.265 millones de euros), pelea por sus derechos de voto en Sovereign.

La entrada en el mercado chino era imposible desde España, un país de escasa relevancia política, económica y militar.

No estamos hablando aquí de exportación de bienes de consumo, como nuestros –ahora italianos– famosos Chupa Chups, sino de un sector estratégico en el que ninguna empresa se instala sin el beneplácito, y hasta la connivencia, de las autoridades políticas.

El ámbito natural de expansión de un banco español, parecieran pensar los máximos responsables financieros del mundo, está en Iberoamérica y en el sector de banca de consumo. La banca industrial, la banca de inversión son negocios de concepción y ejecución mundial o planetaria, una de las tres púas del tridente del Presidente del Imperio de Occidente. Dinero, diplomacia y poderío militar son tres ases del Poseidón ^{NOTA 7} americano. El cuarto as lo encontramos en la que es desde 1956 la divisa de su moneda: In God We Trust.