En esta página, destinada a crear estado de opinión y generar debate en le seno de la comunidad universitaria, tanto alcalaína como externa, pueden encontrar:

Midiendo la calidad: una opinión particular.

Por Horacio Rico.
Catedrático de Medicina
Universidad de Alcalá

Entre el Ministerio y la Universidad, así como entre las distintas Universidades y sus miembros funcionarios docentes (Profesores Numerarios de los Cuerpos Docentes Universitarios), hay una continua querella relativa a la “evaluación” de la calidad investigadora, a la que nos referiremos en este caso; buen ejemplo de ello fueron las tremendas y airadas quejas y enfados derivados de aquellos a los que, inicialmente, se les negó el sexenio de Investigación.

No conocemos muy a fondo el conjunto general de los criterios de la Comisión Nacional Evaluadora, pero nos consta que uno de los primeros es el actualmente generalizado “factor de impacto” o puntuación asignada a una investigación “publicada” en una revista que tiene un determinado “factor de impacto”, mayor o menor según su calidad científica y el prestigio internacional de la misma. Éste, con argumentos controvertidos, es negativamente criticado por aquellos que no tienen un adecuado “factor de impacto” en sus curriculum, mientras que la comunidad científica mundial lo acepta con muy buen grado, dado que día a día se consolida con más eficiencia y seguridad como una medida muy adecuada, transparente y totalmente objetiva, para evaluar la calidad de una determinada investigación y consecuentemente de los que la llevaron a efecto.

En este sentido, es evidente y lógico el que existan diferencias entre las disciplinas de ciencias experimentales y las de letras o humanidades. Pensamos que la solución, para equiparar estas diferencias en el factor de impacto, es sencilla, práctica y fácilmente aplicable. Dependiendo de la disciplina, a la revista con máxima puntuación se le asigna el 100% del valor y el valor aplicable es este porcentaje, a continuación al resto de las revistas, según su factor de impacto, se les aplica dicho porcentaje; un ejemplo lo vemos en la tabla 1, donde se hace dicha suma (total) dependiendo del tipo de revista y de que ésta la consideremos en el índice general, por ciencias (siempre el máximo corresponde a las revistas de ciencias, por lo que sería superponible al índice general), por letras y, dentro de las ciencias, lo que también se puede hacer para las de letras, dependiendo de la especialidad. Así, si la revista de máxima puntuación es de 56 tiene el 100%, si lo es la segunda con un 50,4 tiene un 90% y una intermedia de 3,25 tendrá un 5,8%, la suma de los porcentajes es lo que se debe aplicar y de esta manera, como podemos ver en la tabla 1, independientemente del mayor o menor factor de impacto de la revista, al aplicar el porcentaje, el factor de impacto acumulado se normaliza.

Puede haber casos excepcionales, como por ejemplo, en Medicina, un Cirujano que publique en una revista de Medicina Interna, usualmente de mayor factor de impacto que las quirúrgicas. Creemos que es muy sencillo, se le aplica, en la tabla correspondiente a su especialidad, el valor de dicha revista con lógica satisfacción del autor o autores, lo contrario, obviamente, ocurriría si publica en una revista, de otra especialidad, con menor factor de impacto. Aunque no muy adecuada esta “normalización”, su sencillez y generalización minimizan las diferencias que se puedan derivar de esta aplicación.

No queremos cuestionarnos el lugar que un autor determinado ocupa, entre los firmantes, en el trabajo de investigación publicado. Al menos en Medicina, el autor principal o responsable, suele ir en el primer o último puesto, pero cada día es norma general mayor, por las revistas científicas, de que el trabajo vaya acompañado de una carta con el visto bueno de todos los autores y en la que se exige el que todos hayan contribuido de manera apreciable en el desarrollo de la investigación; por ello, si todos han tenido una contribución apreciable, quiere decirse que su labor fue imprescindible para llevar a efecto la publicación y, consecuentemente, todos tienen el mismo mérito y puntuación, dado que a falta de la contribución de uno de ellos, el trabajo quizá no se hubiese podido realizar y/o finalizar.

Los trabajos publicados en libros, a nuestro modo de ver, no deben ser evaluados, forman parte más del capítulo de Docencia que del de Investigación y la evaluación de los tramos docentes corresponde a las Universidades, previo informe preceptivo de los Departamentos. Son escasas las ocasiones en que una investigación da lugar a la publicación de un libro en un sentido estricto, de ocurrir, formaría parte de un capítulo extraordinario en la evaluación, que obligaría a establecer unos criterios adecuados, que bien pudieran ser el de aplicar al mismo el baremo según el factor de impacto en atención a los trabajos de investigación, publicados, e incluidos en el libro.

No consideramos oportuno y lógico el puntuar o baremar las aportaciones a Congresos o Reuniones, todos sabemos que si se paga la inscripción, en la mayoría de ellos, como es usual en Medicina, aceptan todo lo que se envía; por ello consideramos que no deben ser evaluados; por otro lado si son buenas aportaciones suelen publicarse y, en este sentido, ya son valorados. Si la aportación es mala y no llega a ser publicada, es obvio que no debe ser considerada como investigación puntuable. Lo mismo, a nuestro modo de ver, es aplicable a las Tesis Doctorales, sólo deben valorarse, con criterios de Investigación ya que es lo que deben ser (investigaciones de elevado rango), cuando demuestren la calidad de la misma a través de las publicaciones al respecto que emanen de su desarrollo y conclusiones. Es obvio que es totalmente discriminativo dar la misma puntuación, como norma, a una Tesis que no llega a publicarse (por desgracia todavía hoy en día la mayoría), que a aquella de la que derivan una o más publicaciones científicas nacionales o internacionales al respecto, y que consecuentemente aportan también una mayor difusión cultural y científica, para general conocimiento de la sociedad y comunidad científica.

Otros criterios son también, en lo que a la investigación científica y su valoración se refiere, obligatorios de cuantificar y evaluar y, por desgracia, en la mayor parte de las veces no se hace y de hacerlo no se lleva a efecto, a nuestra manera de ver, de forma adecuada. El nivel de Investigación en un Departamento o en cualquier Centro de Investigación, hoy como hemos visto es objetivamente medible, y debe estar en relación directa con los medios humanos y materiales disponibles, de no ser así hay un desequilibrio que, obviamente, debe analizarse con criterios éticos y objetivos y posteriormente remediar. Para ello una manera sencilla, también objetiva, es que dependiendo de los medios materiales y/o infraestructura y los humanos, y puntuados de forma adecuada, se establezca un mínimo de investigación que se debe exigir y conseguir. De no hacerse esta investigación exigible, debe penalizarse de la manera que se estime más oportuna, pero nunca dejar de hacerlo, dado que el principio básico e ineludible de la Universidad es la Investigación y la Docencia y como universitarios debemos cumplir con aquello que la sociedad nos demanda y para lo que nos paga, mejor o peor, pero que nosotros aceptamos, por lo que consecuentemente estamos obligados y debemos corresponder.

Las concesiones de las ayudas económicas para la investigación, también deben ser consideradas de una manera especial. Hay tipos de ayudas, todos los sabemos, que tienen un porcentaje muy alto del beneficio de la amistad, e incluso de condicionamientos políticos, lo que por desgracia repercute en el bolsillo de todos los ciudadanos y en el deterioro de nuestras Universidades. Por ello y para evitar estos y otros tipos de abusos, al conceder una ayuda económica debe especificarse que de la misma, y dependiendo de su cuantía, se espera el aporte de una determinada investigación de calidad; en ella, obviamente, no sólo influye la ayuda económica, sino también la propia infraestructura humana y material de aquel o aquellos a los que se les concedió la ayuda, así la fórmula de: asignación concedida / medios materiales y humanos disponibles = mínimo de investigación de calidad exigible a conseguir. Ello, aunque la ayuda sea para incorporación de nueva infraestructura o renovación de material obsoleto, de ambos, a corto o medio plazo, es exigible el esperar unos frutos adecuados. De no obtenerlos, nuevamente pensamos que se debe demandar una adecuada explicación, la que, de no ser convincente, hay que penalizar de forma contundente, para acabar con los abusos que siempre se han cometido, y que por desgracia se siguen tolerablemente cometiendo.

La adecuada aplicación y exigencia de estas premisas, es una labor ineludible de toda Universidad; el no tomarlas en consideración y no exigir que se cumplan de forma satisfactoria, no sólo va en perjuicio de la Universidad que no lo hace, sino que genera situaciones totalmente discriminativas e inconstitucionales, por cuanto se beneficia a unos en perjuicio de los demás, lo que obviamente con los criterios de adecuada transparencia debemos evitar, con un único fin, obligado a nuestra condición de universitarios, el que tenemos para contribuir a que nuestra comunidad científica aumente y mejore su calidad día a día.

Es obvio que la opinión aquí vertida pueda chocar con criterios a aplicar en las disciplinas de humanidades, dependientes a su vez de su diversidad y de las tendencias históricas propias, pero consideramos que hoy en día todo es objetivamente medible y cuantificable, y consecuentemente superponible para todo aquello que forme parte de lo que se denomina Ciencia, ya lo sea en el terreno experimental o en el de las humanidades.

Tabla 1. Supuesto factor de impacto (F. I.) en la clasificación de una “determinada revista científica”, ya lo sea en el computo total de las mismas (general y/o ciencias), en el de las de letras y en el de las divididas por especialidades, dependientes, igualmente, de que lo sean de ciencias (experimentales) o letras (humanidades).

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INCONGRUENCIAS

Esta sección ha venido siendo responsabilidad de Julio Gutiérrez, que ha sido simplemente el redactor de las quejas transmitidas por nuestros lectores. No obstante, últimamente estamos recibiendo contribuciones cortas por escrito, denunciando situaciones puntuales, que tienen cabida en un apartado de este tipo y que deben ser atribuidas, en justicia, a sus auténticos autores. Este mes nos felicitamos por la excelente denuncia que ha realizado nuestro compañero de la Universidad de Alcalá, Horacio Rico, en relación con las retenciones ("Impuesto revolucionario") realizadas a los contratos vía artículo 11 LRU.

Discriminativa incongruencia.

Por Horacio Rico, Catedrático de Medicina.

La Universidad de Alcalá, a través de su Vicerrectorado de Investigación, en aquellos acuerdos/contratos que se hacen por uno o un equipo de sus miembros, con Empresas u otras entidades, para llevar a efecto proyectos de investigación según el conocido articulo 11 de la L. R. U., hace una retención del importe total del proyecto, obtenido por uno o un equipo de sus miembros, repito dada su importancia, entre un 7 a un 10%; de éste, a su vez, deriva un 80% de dicha retención a Programas propios de Investigación.

Estos Programas propios de Investigación son convocados anualmente por la Universidad de Alcalá, como Becas de Investigación en las denominadas modalidades A y B, a través del Vicerrectorado de Investigación y en su montante económico figura el dinero obtenido a través del conseguido por ese miembro o equipo de la Universidad que contribuyó, casi siempre con su prestigio, a la firma de ese contrato con una Empresa o entidad privada según el mencionado articulo 11. Pues bien, este miembro o equipo que contribuye, en mayor o menor medida, al dinero que se va a repartir en las Becas modalidad A o B, por el mero hecho de tener un contrato según el artículo 11 y aunque haya contribuido con un dinero “ganado por él”, al que se va a repartir en las Becas, no puede optar a las mismas, facilitándose así que otros miembros de la Universidad se aprovechen de un dinero ganado por aquel al que, como norma, se le deniegan las Becas. ¿Quiere decir esto que esos investigadores no pueden trabajar más?, ¿indica eso que no deben aumentar sus líneas de investigación?, parece que sí, dado que si tienen un contrato de investigación, se les niega la ayuda que su Universidad brinda a los demás.

Esto para nosotros, no sólo es una incongruencia con una clara discriminación hacia él o los miembros de la Universidad que contribuyen económicamente a dichas Becas, si no que nos parece una situación aberrante, largamente mantenida y que se debe remediar rápidamente, con el fin de no perjudicar, al menos, a aquellos que de alguna forma contribuyen, en mayor o menor medida, a aumentar las arcas de nuestra Universidad.

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Más incongruencias alcalaínas y nacionales

Por Julio Gutiérrez, Departamento de Física.

LA ESCOMBRERA: Ya parece que se ha terminado de erigir el "túmulo" o "colina del adiós" que, al final, ha tomado el aspecto de un volcán de no muy lejana actividad. Ahora la cosa va a peor, el lateral del Campus que linda con la Nacional II ha sido convertido en una escombrera. Largas filas de camiones de gran tonelaje recorren diariamente los caminos para depositar todo tipo de residuos provenientes de las construcciones de las nuevas urbanizaciones de Alcalá. Teniendo en cuenta que por tirar escombros los ayuntamientos suelen cobrar grandes cantidades de dinero, nos imaginamos que nuestra universidad estará recibiendo buenas sumas por convertirse en un vertedero. Nos dirán que al fin y al cabo como lo que van a hacer es un montículo, qué importa que sean escombros o tierra donde se pueda cultivar. Nosotros creemos que no da lo mismo. A lo mejor hay alguien que nos lo pueda explicar.

Pero lo peor no acaba ahí. Los camiones cargados se pasean por la zona en que está enterrado el gasoducto, señalizado convenientemente. Nos tememos que no está previsto que por encima circulen vehículos de gran tonelaje pues, como es natural, ese terreno no está compactado. Esperamos que no se rompan las tuberías subterráneas y tengamos que lamentarlo. No digan que no les avisamos.

AUMENTOS DE SUELDO PARA GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD: Los jueces españoles están en pie de guerra porque han perdido poder adquisitivo y quieren un aumento de sueldo. Hasta aquí nada que objetar, porque eso mismo nos ha ocurrido a todos los funcionarios desde que el PSOE ganó sus primeras elecciones, fenómeno perpetuado por el gobierno del PP. Lo que si nos causa risa, cuando no sorpresa, es que el argumento utilizado sea el de garantizar su imparcialidad. Encima algún periódico "ayuda" escribiendo que "la imparcialidad de los jueces no tiene precio". Nosotros nos preguntamos ¿la imparcialidad depende del sueldo? ¿Significa eso que la honradez es directamente proporcional a la nómina? ¡Apañados estamos! Ahora nos debería tocar a los profesores y ya saben, "o estudian o pagan para aprobar". Claro que también lleva razón uno de nuestros compañeros, cuando al comentar la noticia afirmó: "Que más nos da, si al gobierno, a éste y a cualquier otro, le trae sin cuidado si aprobamos a los estudiantes y les damos su correspondiente título aunque no sepan nada, ni siquiera escribir en su propia lengua materna: La universidad pública ya es oficialmente una guardería, y los rectores se encargan todos los días de hacerla más rentable".

EL POLITÉTRICO EN OBRAS: Hace algunos números Vivat Academia, en su sección de humor, calificó de "Politétrico" al nuevo edificio insignia de la Universidad de Alcalá. Pero lo que no nos imaginábamos es que, después de tanto esfuerzo, tan alto presupuesto y tan grande endeudamiento, el edificio resultara con deficiencias graves, hasta el punto de requerir la asistencia casi continua del Servicio de Mantenimiento de la U.A. Se ha llegado hasta el extremo de cerrar la biblioteca por obras. A este respecto, un alumno escribía indignado, en el diario "El País" del pasado 13 de julio, sección "OPINIÓN", el siguiente comentario:

"Que me lo expliquen"
¿Puede explicarme alguien (rector de la Universidad de Alcalá de Henares, alcalde de dicha ciudad o el presidente de la Comunidad de Madrid, que inauguró el edificio) cómo es posible que la flamante biblioteca del nuevo edificio politécnico de la Universidad de Alcalá de Henares cierre los meses de julio y agosto (¡¡atención, esta usted leyendo bien!!) por obras cuando el edificio ha sido inaugurado en el curso 1998-1999 con un coste de varios miles de millones de pesetas?- José Ignacio Izquierdo Pérez. Madrid

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RECORTES DE PRENSA

Ciencia y elecciones universitarias

Por ANA CRESPO. Diario "El País" (25-05-99)

En un reciente reportaje (EL PAÍS, 4-5-99 ) se analizaba la calidad de las grandes universidades británicas a través de la crítica realizada por un eminente profesor.

Críticas y comparaciones pivotaban alrededor de la investigación y de la productividad científica de los profesores porque, mientras no cambien las cosas, la investigación es el más evidente marchamo de calidad universitaria. Con frecuencia se asocia la Universidad exclusivamente a los estudiantes, a los títulos y las profesiones, por lo que de vez en cuando también conviene poner el centro de gravedad en el espacio científico.

Lo fundamental de esta institución es que se encuadra en la vanguardia del conocimiento; por esa razón fabrica y transmite actitudes creativas y de renovación. Esta definición es válida no sólo para un escaso número de universidades extranjeras de las consideradas de élite, sino para todas, incluidas las nuestras. Aunque en las universidades españolas muchísimos grupos y departamentos están a la altura y realizan la misma función que sus mejores colegas de fuera, también tenemos universidades, que parecen estar envejeciendo, movidas más por inercias corporativas que por un diseño estratégico. Afortunadamente, las tendencias corporativas de los grupos científicos de la Universidad no conducen a un resultado aberrante porque, se quiera o no, están siendo moduladas por las fuerzas que operan en la comunidad científica internacional, pero es un despilfarro (y una frustración para los mejores profesores) que sea la inercia el único impulso.

La investigación requiere, además de esfuerzo y talento (buen equipaje en cualquier oficio), capacidad creativa y rigor metodológico. Necesita un proceso educativo largo que implica conocer diferentes centros y someterse a la crítica de colegas que a veces son evaluadores y otras evaluados. También hay que convencer de que lo que se hace tiene interés, porque hay que ganarse la financiación. Todo esto requiere tener tiempo. Un programa de política universitaria ha de ser consciente de ello y abordarlo como una variable estratégica.

Para que se puedan vertebrar equipos de investigación, es precisa cierta estructura de personal científico en la que son tan importantes los muy expertos como los muy noveles. Esto demanda pirámides generacionales adecuadas y relevos oportunos. También el personal técnico de apoyo tiene una insustituible función. Las políticas universitarias deben configurar diseños de plantillas sensibles a estas necesidades de la función investigadora.

Las buenas universidades disponen de apoyo en centros generales donde se concentran medios e instrumentos singulares costosos. Estos centros no sólo están al servicio de la investigación interna, sino también al de usuarios externos, lo que supone un valor añadido a la presencia local de una buena universidad. Estos centros han de potenciarse y su funcionamiento debe ser periódicamente evaluado.

Incluso económicamente, a una universidad le interesa que sus profesores realicen investigaciones de calidad. Este parámetro es ponderable con facilidad, lo que permite que la autoridad académica articule estrategias discriminativas que estimulen y reconozcan los logros. Esta política sería muy convincente, sobre todo si se presentasen periódicamente resultados de forma comprensible y sintética.

Es perfectamente viable actuar sobre los aspectos señalados para progresar en un modelo de universidad donde la componente científica ocupe un papel importante. No sólo es viable, sino que algunas universidades ya lo están haciendo. Aunque todo candidato a rector está retóricamente de acuerdo sobre la componente científica, los programas electorales deben pronunciarse al respecto con propuestas concretas y evaluables. Y así se podrá analizar, al cabo del tiempo de mandato, la derivada de su actuación.

Ana Crespo es catedrática de Biología Vegetal de la Complutense.

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Ciencia y Universidad: una asignatura pendiente

Por JOSÉ A. DE AZCÁRRAGA. Diario "El País" 15/07/99

No se descubre nada si se afirma que, pese a los enormes avances realizados, la ciencia tiene en España un atractivo y un apoyo social insuficientes. ¿Cómo mejorar el nivel científico del país? El problema, aunque complejo, presenta algunos aspectos fáciles de identificar y corregir, así como alguna trampa que debe evitarse. La más obvia es que el avance de las ciencias no debe hacerse a costa de las humanidades. Pues, como decía Pío Baroja, "al lado de los filósofos han surgido los inventores, y unos y otros son el orgullo de la humanidad". Aunque advertía: "Unamuno desdeña a los inventores. Allá él". Es una realidad, sin embargo, que el número relativo de universitarios de ciencias en nuestro país es aún bajo (tenemos facultades de Derecho con más alumnos que toda la Universidad de Cambridge).

Este hecho permite anticipar la insuficiente capacidad de innovación tecnológica de nuestra sociedad y predecir que nuestro país seguirá teniendo una baja producción de bienes de elevado valor añadido, que son los que caracterizan a los países industriales más avanzados. Por ello, el progreso científico en España requiere, en primer lugar, la mejora de la enseñanza de las ciencias en todo el ámbito pre-universitario, cuya calidad y medios no son, aún, los que nuestra sociedad necesita. Nada es más rentable que la educación: su coste es despreciable frente al de la ignorancia. Y más en la economía global del mundo de hoy, en el que un país puede competir muy poco si su nivel educativo no es suficientemente elevado.

En segundo lugar, es necesario potenciar la investigación, incluyendo la investigación pura, no sólo por lo que ésta implica para el avance del conocimiento, sino por su importancia práctica. "¿Habrá alguno tan menguado de sindéresis", decía Ramón y Cajal, "que no repare que allí donde los principios o los hechos son descubiertos brotan también, por modo inmediato, las aplicaciones?". Pero, aunque Ramón y Cajal pudo costearse personalmente el modesto instrumental que utilizó para ganar el Nobel, esos tiempos quedaron atrás: la ciencia, hoy, es una cuestión de Estado. Por ello, y ante todo, compete al Estado incrementar los fondos de I+D (un escaso 0,9% del PNB), aún muy lejos de la media europea (1,9%). Tal incremento, continuado y planificado a largo plazo, es también imprescindible para evitar la pérdida de muchos investigadores jóvenes, lujo que España no puede permitirse.

Una tercera medida es potenciar la calidad de las universidades españolas. Lo importante, hoy, es la calidad, no el número, excesivo desde hace años (España tiene, además, una bajísima y preocupante tasa de natalidad, y la población universitaria, ya en descenso, se reducirá drásticamente en pocos años). Resulta sorprendente el escaso interés social que existe por tener una buena enseñanza superior. Lo que más parece preocupar a muchos universitarios españoles es que la Facultad o la Escuela estén a la puerta de su casa, no la creación de becas suficientes que permitan realmente su movilidad y estimulen la competencia, pese a que lo importante es qué, cómo y con quién se estudia, no dónde se estudia. De esta forma renuncian de antemano a ampliar sus horizontes, faceta ésta que muchos de sus homólogos europeos y americanos consideran parte irrenunciable de su experiencia universitaria.

Desaparecido en la práctica el distrito único y, por tanto, la movilidad estudiantil, se llega a la situación actual, mucho menos provechosa para el país tanto académica como social y económicamente, y que contribuye no poco, dicho sea de paso, al rampante provincianismo de hoy. Carente de la información que sus propias instituciones académicas deberían proporcionarle, la sociedad española establece erróneamente unas exigencias ("mi facultad en mi ciudad") que los gobernantes de todo signo se apresuran a satisfacer, aunque la dispersión de medios perjudique la calidad de la enseñanza superior. La paradoja extrema se presenta cuando la búsqueda de esa calidad se considera antidemocrática. Se acepta sin dificultad la selección de atletas de élite para unas olimpiadas, o la existencia de equipos de fútbol de distintas divisiones, pero se posterga la excelencia en otros ámbitos, mucho más importantes para el futuro de un país que conseguir trofeos deportivos.

En cuarto lugar, es necesario un cambio de actitud de las instituciones públicas docentes, que deberían estar, como su nombre indica, al servicio del público, es decir, de la sociedad en general y de sus estudiantes muy en particular, y no, como frecuentemente sucede, de los estamentos administrativo y docente de esas mismas instituciones.

Un primer ejemplo es la insostenible endogamia universitaria, criticada incluso desde el extranjero, pero indirectamente fomentada desde las propias juntas de gobierno, ya sea promoviendo una terminología contraria a la ley "(mi" plaza, etcétera) o penalizando a los departamentos cuyo candidato oficial no obtiene la plaza concedida. No menos evidentes son los intereses corporativos que contaminaron la reforma de los planes de estudio universitarios hace media docena de años.

¿Acaso no era previsible el fracaso de planes con un número disparatado de módulos y exámenes por curso? Cabría legítimamente excluir de la actual contrarreforma a quienes diseñaron algunos de los curricula que hoy sufren nuestros estudiantes, incluidos los responsables de llamar módulos a lo que eran, y son, asignaturas.

Finalmente, la sociedad debe tener la información necesaria para poder juzgar la calidad de sus universidades y centros de enseñanza. La búsqueda de esa calidad requiere que se efectúen evaluaciones periódicas y públicas por organismos independientes de la institución examinada. Sólo así sus juntas de gobierno sentirán verdaderamente el peso de su responsabilidad, no sólo ante sus claustros, sino ante la sociedad. La cultura de la torre de marfil es siempre perniciosa, pero es peor si no defiende suficientemente la excelencia académica. La existencia de una sanción externa es, hoy, imprescindible para emprender una buena política universitaria. Y no cabe excusarse con que tal evaluación resultaría imperfecta: si el controvertido intento de 1991 hubiera proseguido, perfeccionándose año tras año, hoy existiría una información razonable sobre nuestras universidades, que éstas -y sus rectores- tendrían que aceptar, cuestionar o justificar públicamente. La reciente autoevaluación experimental de unas pocas facultades, dentro del obsoleto y mal llamado Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, no es una evaluación externa, por lo que sólo ha servido para sustraer energías a las tareas docentes y de investigación.

Durante años, la reforma universitaria estuvo centrada en el logro de la autonomía universitaria. Se creía -o se pretendía- que con ella se resolvería casi todo. Pero quien es autónomo es también responsable y, pese a las severas limitaciones que imponen los escasos presupuestos, la autonomía alcanzada exige ya juzgar si las universidades han mejorado en la misma proporción que los crecientes recursos que la sociedad les ha confiado. Planteada así la cuestión, la respuesta es negativa, y la responsabilidad recae, en buena parte, sobre las propias universidades y sus órganos rectores. Pues, salvando las debidas excepciones, que las hay, las universidades han desvirtuado la Ley de Reforma Universitaria con la complicidad de los sucesivos ministerios de Educación, han convertido a los profesores asociados en nuevos penenes, han promovido el localismo y elevado el lugar de nacimiento a mérito científico, y han resultado incapaces de elaborar unos buenos planes de estudio pensando en sus estudiantes. Claro está que tampoco supieron dotarse de órganos de gobierno eficaces. La situación, sin embargo, no es nueva. Decía hace cien años Ramón y Cajal: "Hoy nos preocupamos de la autonomía universitaria. Está bien. Mas si cada profesor no mejora su aptitud técnica y su disciplina mental si los centros docentes carecen del heroísmo necesario para resistir las opresoras garras del caciquismo y favoritismo extra e intrauniversitario; si cada maestro considera a sus hijos intelectuales como insuperables arquetipos del talento y de la idoneidad, la flamante autonomía rendirá, poco más o menos, los mismos frutos que el régimen actual. ¿De qué serviría emancipar a los profesores de la tutela del Estado si éstos no tratan de emanciparse a sí mismos, es decir, de sobreponerse a sus miserias éticas y culturales? El problema principal de nuestra Universidad no es la independencia, sino la transformación radical y definitiva de la aptitud y del ideario de la comunidad docente. Y hay pocos hombres que puedan ser cirujanos de sí mismos. El bisturí salvador debe ser manejado por otros".

Por eso es conveniente que se arbitren los medios necesarios para juzgar externamente, como en otros países, la calidad científica de las universidades. Tal evaluación no es la solución, pero sí parte de ella. Y sería, sin duda, un buen incentivo para corregir alguno de los problemas mencionados y prepararse para un futuro verdaderamente europeo.

José A. de Azcárraga es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia.

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