Ante los insistentes rumores de la futura desaparición de la figura del Profesor
Asociado en la universidad española, así como la posible funcionarización del colectivo
de los contratados "en precario", la AACTE nos envía su opinión al respecto
para que reflexionemos sobre el alcance de tales medidas, si llegan a producirse
COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA EN ESPAÑA
La AACTE, Asociación para el Avance de la Ciencia y la Tecnología en España, es una
asociación cuyos objetivos son promover la mejora de la calidad científica y la apertura
universitaria en nuestro país, promover el aumento de inversión pública y privada en
investigación, vigilar el cumplimiento de la legalidad en todos los ámbitos relacionados
con la Universidad y la investigación, y servir de enlace y foro entre investigadores en
España y en el extranjero.
Recientemente se viene hablando mucho del problema de los profesores asociados en las
universidades españolas. Este colectivo reclama como solución a sus problemas la
"idoneización", consistente en la funcionarización de todo este colectivo de
manera casi automática, de forma similar a la funcionarización de los PNNs en la década
de los 70. La AACTE postula entre sus objetivos la calidad investigadora y la igualdad de
oportunidades en el acceso a plazas públicas, por lo que no puede compartir esta
reivindicación. No obstante, a la AACTE (algunos de cuyos miembros son profesores
asociados) le preocupa la situación de este colectivo, en tanto en cuanto sus miembros
contribuyen al desarrollo científico en nuestro país. Esta preocupación se traduce en
las siguientes reflexiones:
- Existe en estos momentos un colectivo de unos 10.000 profesores universitarios
contratados ILEGALMENTE, ya que se ha utilizado la figura del profesor asociado al margen
de lo que dice la ley (LRU: profesionales de reconocido prestigio fuera de la universidad,
etc, etc, y no recién licenciados). La culpa de esto NO ES de los asociados, sino de
quienes les han contratado. En este sentido los asociados son víctimas del sistema.
Además de la contratación ilegal, muchos de estos asociados se encuentran en condiciones
de precariedad, acrecentada por una situación de servilismo hacia quienes les están
"haciendo el favor" de incumplir la ley para "darles de comer". Esta
situación se hace más crítica ante el anuncio de la desaparición de la figura de
profesor asociado. La AACTE debe denunciar esta situación y defender unas condiciones de
trabajo más dignas para el colectivo de asociados.
- El objetivo fundamental de la AACTE es la defensa y promoción de las actividades
relacionadas con la ciencia y la tecnología en España. Un gran peso dentro de estas
actividades lo tienen las universidades, y un gran peso dentro de las universidades recae
sobre profesores contratados en precario (ayudantes y asociados, en adelante PNNs). Esta
precariedad es uno de los síntomas del "servilismo" que ha reinado durante
décadas -posiblemente siglos- en nuestras universidades y que ha generado el
estancamiento y retraso de la capacidad innovadora, científica y tecnológica que
sufrimos actualmente en nuestro país. Esto ha favorecido que durante generaciones enteras
se haya desaprovechado la capacidad innovadora del profesorado más joven. Durante años
se ha producido una "selección" de personal tendente a favorecer la
"fidelidad" (precariedad+servilismo) frente a las capacidades científicas y
docentes.
Estos males endémicos de nuestra universidad se solucionarían en gran medida si se
dan unas condiciones dignas y abiertas de contratación, donde se valore de una forma
imparcial y objetiva la capacidad de los candidatos.
- La propuesta de la AACTE para solucionar el problema de los profesores asociados pasa
por un sistema de contratación estable y digna para este colectivo, mediante la ya
discutida fórmula de contratos de cinco años RENOVABLES según los méritos adquiridos
(en forma de tramos de investigación concedidos, tras evaluación a nivel nacional por el
ANEP u otro organismo similar). Los contratados de esta manera podrían participar e
incluso liderar proyectos de investigación en igualdad de condiciones con el personal
numerario. La convocatoria de este tipo de contratos debe realizarse con carácter de
urgencia, de forma abierta, con la suficiente publicidad y atendiendo exclusivamente a
criterios que valoren la capacidad investigadora del candidato. El número de contratos
debería ser suficientemente grande como para cubrir el número actual de plazas de
profesor asociado.
- La AACTE rechaza de manera categórica la funcionarización de este colectivo sin
ningún control, ni garantías de igualdad de oportunidades, ni contraste de méritos,
etc. A la función pública sólo deben acceder los mejores y debe respetarse
escrupulosamente la igualdad de oportunidades. Tampoco vemos una solución viable convocar
de golpe 20.000 oposiciones a profesor titular. Creemos conveniente la AMPLIACIÓN de
convocatoria de plazas, tanto en la universidad como en otros organismos de
investigación, ya que España sigue estando por debajo de la media europea en número de
investigadores por cada 1000 habitantes. Pero la convocatoria de estas plazas debe ser
gradual y realizarse con las máximas garantías de que serán ganadas por los mejores.
- Finalmente, en la AACTE existe una gran preocupación por las tendencias
nacionalistas e inmovilistas emergentes en la comunidad universitaria de nuestro país.
Esta tendencia se está dando, no ya entre las diferentes comunidades autónomas, sino
incluso entre las diferentes universidades de una misma ciudad o entre departamentos de
una misma universidad. La movilidad entre el profesorado funcionario es prácticamente
inexistente debido a la rigidez que impone la autonomía universitaria. La AACTE entiende
que esto es enormemente grave y negativo para el avance de la ciencia en nuestro país.
Así, mientras profesores e investigadores españoles están siendo bien aceptados en
otros países europeos -de acuerdo con las tendencias y legislación comunitaria- en
nuestro país hemos asistido recientemente a algunas convocatorias para la contratación
de doctores en las que se le exigía al candidato haber cursado estudios en una
determinada Comunidad Autónoma. En este sentido, queremos llamar la atención y
reivindicar no solamente un cumplimiento de la ley (que nos exige la UE), sino un cambio
de mentalidad -REAL- que libere al sistema educativo y científico de nuestro país de
esas posiciones "herméticas y conservadoras" que ahora lo caracterizan.
Los puntos anteriores podrían resumirse en:
Alejandro Gutiérrez
Vocal de la Junta Directiva de la AACTE
Página web de la AACTE: http://members.es.tripod.de/aacte
Recogemos a continuación una serie de artículos de prensa, aparecidos en los últimos
meses, en relación directa con los problemas docentes e investigadores de la universidad
española.
Empezamos con una reseña sobre la evaluación de los graduados en la Universidad de
California (Davis).
ONDAS de la ESCUELA PARA GRADUADOS
FACULTAD DE AGRONOMIA. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AÑO 11 N° 21 - MAYO 1999.
Comité editor: Claudia Sainato, Rolando León y Daniel Calderini
Ing. Agr. Alicia Hirschhorn Directora Administrativa Escuela para Graduados Facultad de
Agronomía-UBA Av. San Martín 4453 (1417) Buenos Aires - Argentina Tel:
(+54)11-4524-8004/8065 e-mail: hirschho@ifeva.edu.ar epg@mail.agro.uba.ar
Editorial:
Debido a la importancia de la evaluación de los estudios de post-grado trataremos de
fomentar su discusión mediante el aporte de información y opiniones referidas a dicho
aspecto. En esta oportunidad le hemos pedido la colaboración al Dr. Kent Bradford para
que nos comente cómo funciona dicho sistema en la Universidad de California (Davis). El
Dr. Bradford es profesor de la Universidad de California (Davis) y Director de su
Departamento de Horticultura. En años recientes nos ha visitado como profesor invitado
del Programa de Producción Vegetal de la EGFA. Queremos expresar nuestro especial
agradecimiento al Dr. Bradford por su gentil y desinteresada colaboración.
EL SISTEMA DE EVALUACION DE ESTUDIOS DE POST-GRADO EN LA
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (DAVIS)
Profesor Dr. Kent Bradford
Estimados lectores, Brevemente trataré de contarles como se evalúan los Programas de
Post-Grado en la Universidad de California en Davis. Nuestros Programas de Graduados son
de alguna manera únicos debido a que son administrados por una División de Graduados y
por Grupos de Graduados (ver NOTA) que pueden
pertenecer a diferentes Departamentos. Por ejemplo, tenemos Grupos de Graduados en
Biología Vegetal, Genética, Bioquímica, Ecología, etc. y un profesor de cualquier
Departamento puede ser miembro de uno o más Grupos de Graduados de acuerdo con su
dedicación en investigación y docencia.
Está planificado que cada Grupo de Graduados sea evaluado cada 7 años. En ese
momento, el coordinador del Grupo es requerido para proveer un detallado compendio de
datos e información sobre el Programa. Esto incluye el contenido del Programa, la
Facultad involucrada, los cursos ofertados, grados otorgados, el número de estudiantes
graduados y los que permanecen en el sistema (en los Programas de M Sc. y Ph.D) junto con
otros datos estadísticos similares. En suma, se envían formularios de evaluación y
encuestas a los estudiantes y graduados del Programa para recoger sus comentarios sobre
los contenidos del mismo en relación a sus intereses particulares. También se realizan
entrevistas con la Facultad, con los estudiantes y con los miembros del "staff"
para identificar las fortalezas y debilidades del Programa.
Todo este material es posteriormente evaluado por el Comité de Revisión del Programa
para Graduados, el cual es designado por el Senado Académico (la organización que
gobierna el contenido académico de nuestros programas). El Comité posteriormente escribe
un informe que puede variar desde un elogio (sí el Programa funciona correctamente) hasta
la recomendación del cierre del mismo. En algunos casos, se identifican deficiencias
especificas y el comité recomienda que el programa sea cerrado a nuevos candidatos hasta
que dichas deficiencias sean corregidas. En todos los casos la revisión provee una
visión al Programa acerca de cómo esta funcionando e identifica sus puntos fuertes y
débiles. Por ejemplo, esta revisión frecuentemente encuentra necesidades especiales a
ser cubiertas por nuevas Facultades o áreas de interés o detecta la necesidad de
equipamiento para mantener un programa de alta calidad. En esos casos, los informes le son
valiosos al Grupo de Graduados para justificar sus requerimientos de recursos adicionales.
Por supuesto que este esquema tiene aspectos positivos y negativos. Si el proceso de
evaluación se desarrolla sin contratiempos estos mecanismos resultan muy positivos.
Alienta a los Grupos de Graduados a mantener la información sobre el ingreso, hacer un
seguimiento de los graduados en sus carreras, actualizar la información de sus programas,
ofrecer programas que sean valiosos para los graduados en sus carreras, etc. También
identifica aquellos programas que tienen pocos alumnos o son de baja calidad y los fuerza
a mejorarlos o a cerrarlos. Un aspecto negativo muy importante es el tiempo que le insume
a los Grupos de Graduados preparar toda la información necesaria, el tiempo requerido de
los administradores de la facultad para obtener todos los datos estadísticos y el envío
de encuestas, escribir los informes, etc. En la practica, el proceso frecuentemente se
demora un año o más para cumplir con todo el proceso de evaluación. No debería ser
así pero muchas veces es difícil que los responsables de los Grupos de Graduados
encuentren el tiempo para escribir los informes, coordinar al comité para evaluarlos, y
escribir el informe final en tiempo y forma. Todo esto se complica entre otras cosas
porque esta tarea no es la mayor prioridad de los miembros involucrados. Recuerdo que
cuando formé parte del Comité de Revisión nos tomó 2 años para cumplir con la tarea.
Tal vez esto fue así porque habíamos instrumentado algunas medidas para agilizar el
proceso de toma de información y hacerlo menos formal, etc. pero la mayor parte de la
información previamente requerida fue realmente necesaria para realizar una evaluación
seria y por ello es que hubo que volver atrás en la toma de parte de la información.
Así es que mientras que el proceso en sí es valioso como marco general, por otra parte
consume mucho tiempo ya que 10 o más programas deben ser evaluados cada año para cumplir
con una evaluación cada 7 años.
Un mecanismo alternativo de evaluación podría ser usado en algunos casos. Para ello,
un panel de autoridades de otras universidades puede ser invitado a evaluar el Programa.
Una cantidad de datos similares sería recogida y provista al Panel de Evaluación y este
comité se alojaría en el Campus para realizar las entrevistas y revisar los contenidos
del Programa. Esto es muy útil cuando el Programa quiere tener una medida en comparación
con otros, sean estos nacionales o internacionales. La calidad de la evaluación depende
mucho del material provisto a los evaluadores y de la calidad y dedicación de estos. En
nuestro sistema, que insisto tiene característica únicas, cualquier Grupo de Graduados
puede requerir de un comité externo si lo cree beneficioso.
NOTA: La denominación Grupo de
Graduados en la Universidad de California (Davis) es utilizada con el sentido de
profesores que tienen a cargo los distintos cursos de Post-Grado.
Este artículo del rector de la Universidad de Barcelona
incide, una vez más, en la idea de si la universidad debe convertirse en un centro de
formación profesional
¿SON LAS UNIVERSIDADES sólo centros de formación de
profesionales?
También investigamos y producimos nuevos conocimientos
Diario "El País". Docencia e investigación 21-06-99
ANTONIO CAPARRÓS BENEDICTO, rector de la Universitat de Barcelona.
Junio es un mes mediático para las universidades. Es un periodo en el que son muchos
los hogares y colectivos cuyos anhelos y ansiedades giran alrededor de la realidad y del
imaginario universitarios. Los créditos académicos necesarios para la permanencia o para
la obtención de la beca, las centésimas decisivas para cursar la carrera deseada y la
nota de corte pueden llegar, y llegan, a fagocitarlo todo. El mensaje mediático
preestival no hace más que reforzar la percepción social, y aun política, de la
universidad únicamente como centro de educación superior y de formación
científico-técnica de profesionales.
A reforzar esta percepción contribuye un rasgo definitorio de la universidad actual:
su gran expansión como respuesta a la demanda universal de educación, y de una
cualificación terciaria como condición necesaria de un trabajo digno. Pero, ¿son las
universidades sólo centros de formación de profesionales? No, en absoluto, responderá
cualquier universitario. También investigamos y producimos nuevos conocimientos,
añadirá. Y es que el nervio de la identidad universitaria es la unidad de investigación
y docencia, unidad que es lo que arraigó la universidad en la modernidad ilustrada y en
las exigencias de la racionalidad científica. Aunque de forma vaga, probablemente
también la ciudadanía incluye en su percepción la función investigadora de la
universidad. Y seguro que los políticos cuando crean un centro universitario dan por
supuesto que si éste imparte una enseñanza de calidad -razón por la que lo crean- ya
hará, como corolario, buena investigación.
Ciertamente, se puede sostener como principio axiomático que enseñanza e
investigación son dos funciones básicas de la universidad pública como institución.
Pero las relaciones entre ambas hoy por hoy ya no son tan simples, armónicas e integradas
si descendemos al análisis de la actividad de cada profesor, departamento o centro
universitario, por muy elevados que sean su dedicación docente, su rigor científico y su
calidad profesional. Ni tienen por qué serlo, en contra de la irresistible tendencia de
cada universitario a considerar que todo lo que hace brota de una armonía intrínseca
entre docencia e investigación. La formación y el rigor científico son consustanciales
a cualquier actividad universitaria. Pero el desarrollo, la programación y la
organización de ésta se harán cada vez más irracionales y conflictivos si se sigue
pretendiendo fundamentarlos en ese modelo armónico de raíces humboldtianas. La
obsolescencia de éste alcanza su máxima expresión en la gran ceremonia académica que
son los concursos de acceso a la función pública universitaria inspirados en él y donde
se pretende la evaluación conjunta de los méritos docentes e investigadores de los
candidatos. No sólo hacen patente la complejidad y diversidad que han adquirido las
relaciones entre ambas funciones universitarias. Es que, además, su diseño imposibilita
la evaluación dignificante de la calidad y el rigor científico de la docencia así como
el análisis de las pautas reales por las que transcurre la auténtica investigación.
¿No nos ha de preocupar que las plazas universitarias se convoquen en general por
necesidades docentes y casi siempre se resuelvan por currículo investigador?
Este problema de las relaciones entre docencia e investigación es grave y nuclear. No
puede tener una solución definitiva y uniforme, pero sin su explicitación reflexiva no
reconciliaremos el acceso universal a la universidad con las exigencias de la mejora de la
calidad docente, ni dignificaremos el esfuerzo científico y profesional que ésta
requiere, ni se hará justicia a muy buenos profesores con una autoestima injustamente
herida por ser escasamente visibles en los rankings de investigación. Pero sin ella
tampoco podremos identificar la auténtica y buena investigación ni asumir las nuevas
exigencias derivadas de hechos como los siguientes: que los agentes de la investigación
sean equipos más que individuos y que sus límites no son las paredes universitarias; que
la complejidad de los problemas que ha de afrontar espera soluciones transversales que
desbordan áreas de conocimiento o departamentos universitarios; que desde la
investigación básica -bien público irrenunciable- hasta la innovación hay un camino
lleno de vericuetos y meandros multidireccionales, etcétera.
Afrontar este problema es también imperativo para la organización racional y la justa
distribución entre los profesores de unas tareas, las docentes y las investigadoras,
igualmente dignas y universitarias, ambas con elevados requisitos científicos y
vocacionales, con relaciones tan evidentes como complejas y que no siempre van a una. Y
para que las administraciones competentes optimicen los recursos públicos mediante una
programación universitaria que, cargada de argumentos, evite la perversión de que todas
las universidades, y dentro de ellas sus centros, quieran hacer lo mismo tanto en
enseñanza como en investigación.
El nuevo marco legal que esperan nuestras universidades ha de crear espacios para que
éstas afronten estos problemas desde su autonomía, atributo constitucional que sólo se
justifica como garantía del ejercicio de esas dos funciones básicas del servicio
público universitario. Hemos de afrontarlos sin enroscarnos endogámicamente en nuestro
pasado como santuarios elitistas sino siendo fieles a nuestra identidad como servicio
público. Es decir, aceptando el reto de la borrosidad creciente entre universidad y
sociedad del conocimiento, con lo que implica de acceso universal como corolario de la
democracia, de valor estratégico del capital humano y de creación permanente de nuevos
conocimientos según criterios de calidad docente e investigadora. Rasgos todos ellos que
, en definitiva, cuestionan aquella pretendida armonía preestablecida.
