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Julio y Agosto 1999 Nº siete |
En esta página pueden encontrar:
Julio Gutiérrez
Departamento de Física
Universidad de Alcalá
¿Creían Uds. que las sorpresas a que nos tiene habituados el presidente del Consejo
de Estudiantes (en adelante CE) habían terminado? Pues nada de eso, que para algo es él
quien tiene el poder en la UAH. Por favor no piensen que me estoy refiriendo al
"Poder" en el sentido físico-matemático-sociológico dado por nuestro
colaborador habitual de las páginas de humor. Nada más lejos de mi intención. Me
refiero al poder en sentido estricto, como el que detenta aquel que manda y manda más.
Los docentes de la universidad española, hartos de tanta tomadura de pelo, decidimos,
por fin, hacer una pequeña demostración de nuestra indignación ante los reiterados
desprecios de la Administración por los problemas acumulados en las contrataciones
precarias e ilegales, así como en los agravios comparativos salariales. Al parecer algo
despistados, pensábamos que, como todo ciudadano español, teníamos derecho a la huelga,
aunque ésta fuera simbólica: No nos llevaríamos los exámenes a casa (práctica
habitual), para corregirlos hasta altas horas de la madrugada, a fin de entregar las notas
lo antes posible. La corrección se haría en las horas y dependencias dedicadas a la
docencia (aunque hay quien piensa que sólo nos dedicamos a eso y que la investigación no
tiene cabida en la Universidad, al menos en la de Alcalá). Eso sí, para evitar
perjuicios irreversibles a los alumnos, se negocia con los rectorados unos servicios
mínimos sui generis para ofrecer a tiempo las notas oficiales a aquellos
estudiantes que las necesiten (becas, puestos de trabajo, etc.).
Ya hemos denunciado, en ocasiones anteriores, que el CE se ha convertido en una especie
de sindicato vertical a la vieja usanza. A las pruebas me remito. El pasado miércoles 9
de junio, el "diario de Alcalá" publicaba una entrevista con el
presidente de dicho grupo, en la que no se limitaba a criticar, más o menos ferozmente la
medida, sino que se atrevía a decir: "Esto es muy grave y de llevarse a cabo
tendríamos que pensar en medidas serias".
¿Nos hemos parado a pensar los miembros de la comunidad universitaria el alcance real
de estas palabras? Sobre todo cuando el rector y demás miembros del equipo de gobierno no
han salido al paso de tales declaraciones poniendo las cosas en su justo lugar. Desde
luego a mí la situación me recuerda aquellos tiempos en que el derecho a la huelga no
estaba reconocido y cada vez que alguien se planteaba la medida llovían las amenazas. O,
quizás, no nos hemos dado cuanta todavía de que el rector de verdad es el señor García
Prieto.
Ya en el número cinco de Vivat Academia, el que esto escribe "osaba" poner
en tela de juicio la legalidad del CE. De la cúpula del reiterado Consejo de Estudiantes
partió una circular a todas las delegaciones de alumnos, pidiéndoles escribieran al
rector y a Vivat Academia protestando por las opiniones vertidas en la revista que, según
dice, "arremetían contra todos los miembros del CE". Se agregaba que deseaban
manifestar "el más profundo rechazo a la utilización de medios de la propia
Universidad para que un particular difunda opiniones personales así como
mentiras..."
Dejemos lo de las mentiras para un poco más adelante. En primer lugar, desde ese
escrito, fechado el 27 de Mayo, no se ha recibido en la redacción de la revista carta de
protesta alguna. En segundo lugar, e incidiendo en lo comentado más arriba, parece que
también está prohibida en nuestra universidad la libertad de opinión. En tercer lugar,
Julio Gutiérrez parece que, por decisión del presidente del CE, ha dejado de pertenecer
a la comunidad universitaria, ya que se le califica de particular. La palabreja usada en
ese contexto, según el RAE significa: "En las comunidades y repúblicas, dícese del
que no tiene título o empleo que lo distinga de los demás". ¡Muy bien!
En cuarto lugar, por mucho que se haya modificado el texto del Reglamento del CE,
opinamos que sigue adoleciendo de los problemas que, en su día, resaltaba la propia
Asesoría Jurídica de la Universidad.
Pero aún hay más. La mencionada circular asegura que el Reglamento había sido
aprobado por Junta de Gobierno en fecha de 24 de noviembre de 1994. De ahí lo de las
mentiras. ¿Cómo se explica entonces que, el año pasado, durante la campaña electoral,
cuando saqué a relucir los puntos antidemocráticos del documento, el mismo Sr. García
me contestará en público que, al fin y al cabo, el Reglamento estaba pendiente de
aprobación? ¿Cómo se explica entonces que, en la memoria del CE del curso académico
1995/96, tras enumerar una serie de logros, se diga textualmente lo contrario? Como no
queremos hacer voluminosa la revista pasando a imagen el documento, recogemos la parte del
escrito que tiene relevancia:
 | "No obstante lo anterior, no hay que engañarse tampoco con sonoros aires
triunfalistas, y conviene señalar que aún quedan importantes retos pendientes por
acometer, y a cuya realización se emplaza en este nuevo curso a los miembros del Consejo.
Entre ellos quisiéramos resaltar dos: |
Uno de carácter estructural: la definitiva aprobación del Reglamento del Consejo
que, aunque vigente, adolece de una provisionalidad ‘molesta’, (las comillas
aparecen así en el texto), que debe resolverse satisfactoriamente lo antes posible,
además de algunos detalles que ahonden en el definitivo reconocimiento institucional del
Consejo de Estudiantes relativos a procedimiento, consultas, protocolo, etc., como
elemento mediático con el cual hacer frente al otro reto..."
¿Quién miente?
En cualquier caso, de acuerdo con el dictamen de la Asesoría Jurídica, mientras el
Consejo de Estudiantes no sea un órgano reconocido estatutariamente, no deja de ser una
asociación de alumnos, como la que pueden formar los amigos del ajedrez universitario,
con perdón de los ajedrecistas.
Ya va siendo hora de que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en el seno de
nuestra universidad. Si el presidente del CE quiere criticar nuestra postura frente a las
reivindicaciones del profesorado, está en su derecho y, desde aquí le brindo las
páginas de Vivat Academia para que lo haga libremente. ¿Que quiere llamarnos vagos e
incompetentes a los docentes? Está en su derecho. Si nos envía un artículo en ese
sentido, puede tener la seguridad de que será publicado. ¿Que dice que la huelga del
personal docente es "vergonzosa" porque somos un "colectivo con amplia
flexibilidad horaria"? Está en su derecho. Aunque como muy alejado de las aulas,
como parece estar, no entienda absolutamente nada de cuáles son nuestras actividades. El
que haya un alumno mal estudiante, no nos da derecho a calificar a todos sus compañeros
de la misma forma. El que haya algún docente que no cumpla puntualmente con sus
obligaciones no le da derecho, Sr. García, a meternos a todos en el mismo saco.
Claro está que de esto no tiene la culpa nadie más que aquel que está consintiendo
estos despropósitos y los que mantienen esta situación en beneficio propio.
¿Cuál será la próxima salida de tono? Porque haberla la habrá, tiempo al tiempo.
COMUNICADO DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES EN LA COMISIÓN
DE FORMACIÓN
A todos los compañeros laborales y funcionarios:
Los representantes de las Secciones Sindicales de la Comisión de
Formación de esta Universidad queremos manifestaros lo siguiente:
1.- Esta Comisión no se reúne desde el 1 de Marzo de 1999.
Curiosamente había sido convocada de forma extraordinaria por la Presidenta de la
Comisión (la Gerenta) para reformar en "profundidad" el Plan de
Formación para 1999, que había sido aprobado el 17 de Diciembre de 1998.
2.- A petición de las Centrales Sindicales, se convocó una reunión
urgente de la Comisión para el 25 de Junio de 1999, a las 9,30 h, con la finalidad de
aclarar algunas irregularidades en la ejecución del Plan de Formación de 1999, y tomar
decisiones al respecto.
Los vocales de la parte social no nos sentamos a la mesa debido a la
ausencia de la Presidenta de la Comisión (hecho que sucede por primera vez desde la
creación de dicha Comisión, aún teniendo constancia de su presencia en el edificio),
que había delegado en una vocal de la Comisión, la cual nos manifiesta que no tenía
capacidad para tomar decisiones.
3.- Irregularidades detectadas en el Plan de Formación que no se
ajustan al Reglamento de Formación:
Observamos que los cursos programados de "Dirección",
"Mandos Intermedios", "Gestión de la Calidad" y "Atención al
Cliente", que en el Plan de Formación están a desarrollar, se vienen impartiendo
sin que la Comisión haya participado en su concreción ya que no se ha pedido por la
Comisión los presupuestos necesarios para seleccionar la mejor oferta de la
empresa que haya de impartirlos.
La Comisión no ha participado en modo alguno en la selección de la
empresa que imparte dichos cursos.
La Comisión no decide la definición de los cursos (contenido,
duración, horario, etc.)
La Comisión no conoce las razones que obligan al desplazamiento de los
trabajadores a Chinchón, Guadalajara y Madrid, con los elevados costes en
tiempo y dinero (viajes, dietas, alojamientos...). Así como no entendemos que la
formación de otros compañeros, se vea restringida al uso obligatorio de transporte
público, búsqueda de restaurante económico, mientras a otros se facilita reserva de
habitaciones y restaurantes en hoteles de cuatro estrellas.
La Comisión se encuentra con agravios en la selección de
ciertos compañeros que sistemáticamente son excluidos de la realización de cursos con
pretextos banales, aunque cumplen los requisitos exigidos. Asimismo, con que a ciertos
compañeros se les ha obligado a asistir a los cursos sin darles la más mínima
explicación de la necesidad de los mismos para su puesto de trabajo.
Incumplimiento del acuerdo reflejado en actas respecto a las 20
plazas que se iban a ofertar para la enseñanza del Inglés, y que comenzarían en Enero
del 1999, tras previa solicitud de los trabajadores, y la ocupación de las vacantes que
se produjesen en cursos anteriores, según el nivel de conocimientos.
Formación "paralela" diseñada únicamente por
la Gerencia, (AGORA, ACADEMIA) que aunque su coste podría no estar a cargo del
presupuesto de formación, sí la selección de empresas que imparten los cursos, la
selección de alumnos, etc., que debe ser regulada por la Comisión Paritaria de
Formación.
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Paritaria, al
menos los representantes sindicales, queremos trabajar positivamente en todo lo
relacionado con la Formación, porque creemos que, de lo contrario los perjudicados son
nuestros compañeros, pero no queremos que se nos tome el pelo, y en el caso de que esto
se repitiera seremos los primeros en denunciar esta situación, ya actualmente amparados
por el Primer Convenio Colectivo, que se publicará en breve, donde se recoge el Acuerdo
de la Mesa Sectorial de Universidades de la C.A.M. en materia de Formación y que es
aplicable a funcionarios y laborales.
Hasta la fecha de hoy, seguimos a la espera de una convocatoria urgente
de la reunión de la Comisión de Formación por parte de la Gerencia, en la que
insistimos, debe estar su Presidenta o persona en quien delegue que tenga capacidad de
decisión.
Alcalá de Henares, 6 de Julio de 1999
C/C. ILMA SRA. GERENTA DE LA U.A.
Por RAFAEL CATALÁ MATEO. P.A.S. Funcionario.
Ex-miembro de la Junta de Personal (PAS funcionario) durante 8 años.
En el momento de sacar esta edición, hemos recibido en la
redacción, del autor de este mismo artículo, una nota de última hora que incluimos a
continuación:
NOTA DE ÚLTIMA HORA:
SEGÚN PARECE, EN LA REUNIÓN CELEBRADA ENTRE LA GERENCIA Y LA JUNTA DE
PERSONAL EN LA TARDE DEL PASADO DÍA 12 DE JULIO DE 1999, SE HA PRODUCIDO ALGÚN AVANCE
QUE PUEDE DESBLOQUEAR, DESPUÉS DE VARIOS MESES, ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS CONFLICTIVOS
DE LA NEGOCIACIÓN. ESPERAMOS QUE PUEDA SER EL PUNTO DE PARTIDA PARA CONSEGUIR UN CONSENSO
QUE SEA ACEPTADO POR TODA LA PLANTILLA.
Rafael Catalá Mateo.
La Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) del Personal de
Administración y Servicios funcionario (en adelante PAS funcionario) identifica y
clasifica todos los puestos de trabajo del mencionado colectivo según una serie de
aspectos como unidades administrativas en que se integran, denominación, nº de plazas,
condiciones generales del puesto, nivel de dedicación, etc.; es por tanto, la columna
vertebral sobre la que recae todo el peso de la gestión administrativa de nuestra
Universidad, lo cual le confiere una cierta entidad dentro de nuestra Institución.
Hasta hace aproximadamente 6 años, fecha en la que se produjo un
cambio en la Gerencia, todas las propuestas de modificación de la RPT, se aprobaban por
los diferentes órganos de la Universidad con el acuerdo entre los órganos de
representación del PAS funcionario y la Gerencia, todo ello con el consiguiente esfuerzo
y acercamiento de posturas por ambas partes en, a veces, largos procesos de negociación.
Sin embargo, desde aquellas fechas no se ha producido ningún acuerdo en una modificación
sustancial de la RPT del personal funcionario, que a estas alturas, resulta ya
imprescindible por el deterioro que ha sufrido esta estructura administrativa a lo largo
de estos últimos años (estancamientos salariales, fomento de comisiones de servicio en
puestos no creados, proliferación de la contratación temporal, funciones y tareas poco
claras, estructuras administrativas obsoletas, etc. ).
En estos momentos, el PAS funcionario se encuentra inmerso, una vez
más, en un proceso de negociación de una nueva RPT, y para no romper con lo que viene
siendo tradicional en los últimos años, el proceso no avanza, por no decir que se
encuentra prácticamente bloqueado.
Pueden existir muchos factores que expliquen esta situación, sin
embargo, desde mi punto de vista, me atrevería a señalar algunos, consciente de que me
dejo aspectos importantes en el tintero:
1.- A pesar de que estatutariamente, la elaboración de la plantilla
orgánica corresponde a la Gerencia, aspecto que nadie cuestiona, supone un error el
hacerlo completamente al margen de los trabajadores, sin tener en cuenta sus necesidades,
inquietudes, problemas o propuestas que puedan plantarse desde aquellos que forman las
unidades y servicios de la Universidad, que en la mayor parte de las ocasiones la primera
noticia que tienen de la propuesta de la Gerencia es la que les facilita la Junta de
Personal como órgano de representación correspondiente. Esto provoca un alejamiento muy
negativo entre quienes dirigen y planifican la gestión administrativa y aquellos que la
tienen que poner en práctica, sobre todo cuando suponen en algunas cuestiones una
"vuelta de tuerca" más en el deterioro de las condiciones de trabajo.
2.- A su vez, resulta muy negativa la actitud de la Gerencia y del
Rector ante el proceso de negociación que, en ningún caso es entendido como un derecho
legítimo de los trabajadores sino como una traba para la consecución de sus fines, de
ahí el reiterado argumento del Rector de que los órganos de gobierno de la Universidad
(Junta de Gobierno, Consejo Social) no tienen que negociar nada, sino que aprueban o no en
función de las votaciones correspondientes; esto último, si bien es cierto, no excluye
que la administración que él dirige debería negociar e intentar conseguir acuerdos para
no trasladar los conflictos a los citados órganos. Son planteamientos como los señalados
los que fomentan actitudes inmovilistas ante las propuestas y contrapropuestas que
sistemáticamente se han venido realizando desde los órganos de representación de los
funcionarios, y que en ningún caso, han logrado modificar las posturas iniciales de la
Gerencia que prefiere, como ha ocurrido en muchas ocasiones, retirar su propuesta y
mantener indefinida una situación que en muchos casos resulta ya insostenible.
3.- Por último, mencionaría una falta de capacidad para la
negociación que, en principio, podría achacarse tanto a la Gerencia como a la Junta de
Personal, sin embargo, este órgano de representación ha cambiado en los últimos años
varias veces, su composición, sus miembros, sus cargos e, incluso, las fuerzas sindicales
que conforman sus mayorías y, no obstante, los resultados de las negociaciones siguen
siendo nulos, puesto que una de las partes no modifica en nada sus propuestas, ni cede lo
más mínimo.
Esta situación, prolongada en los últimos seis años, acarrea una
serie de consecuencias muy negativas de las cuales destacaría dos:
En primer lugar, se ha ido perdiendo, en la plantilla el
"principio de pertenencia", cuya principal consecuencia es no identificar los
objetivos de la Universidad como propios; cada vez para un mayor número de trabajadores
la Universidad se ha convertido en una fábrica donde se trabaja unas horas a cambio de un
salario, sin que exista una relación que vaya más allá de la estrictamente laboral,
exceptuando, como es lógico, los cada vez más abundantes puestos de libre designación o
de confianza y aquellos otros que obtienen, a corto plazo, un interés personal que
anteponen al del resto del colectivo.
Somos cada vez más los trabajadores que añoramos el ambiente de
trabajo de hace algunos años, en donde se cuidaban y fomentaban las relaciones humanas
más allá de los actuales principios de eficacia, eficiencia, reducción de costes, etc.
y que se caracterizaban por un entusiasmo y una disposición inexistentes en la
actualidad. Todo ello ha creado un ambiente de crispación y tensión desconocido en la
Universidad de Alcalá.
En segundo lugar, lo expuesto hasta ahora ha provocado un deterioro en
la gestión administrativa que, aunque de momento no ha afectado a los objetivos básicos
de la Institución, no sería de extrañar que en el futuro se presenten situaciones de
difícil solución, puesto que el cumplimiento de algunos objetivos esenciales no puede
justificar reiteradamente los métodos empleados, en muchos casos porque dichos métodos
son totalmente contrarios a los principios de eficacia y eficiencia que los propios
gestores abanderan.
En estos momentos, sin embargo, la Gerencia y el Rector parecen estar
dispuestos a seguir adelante con la modificación de la RPT, a pesar de no contar con el
apoyo de la inmensa mayoría de la plantilla, trasladando el problema a la Junta de
Gobierno y al Consejo Social, en donde, si la fuerza de los votos lo consigue, podrán
imponerla al PAS funcionario.
No obstante, y para finalizar, si esta hipótesis llegase a producirse,
alguien debería meditar sobre sus consecuencias. Una RPT impuesta por la fuerza de los
votos y no asumida por el PAS funcionario, podrá ser legítima, pero estará, muy
probablemente, abocada al fracaso pues jamás podrá contar con la voluntad, motivación e
implicación mínima de los trabajadores para que funcione, y además, abriría, quizás
de forma irreversible, la brecha existente entre la Gerencia y la plantilla.
Por Julio Gutiérrez
Departamento de Física
Universidad de Alcalá de Henares
¿EL RECTOR NO ES UN DOCENTE?
La verdad es que después de los años que lleva sin dar clase en la Universidad, es
fácil que a quien ha elaborado la lista del personal de la Universidad en la INTRANET le
haya parecido mal considerar al rector Gala como miembro del PDI alcalaíno. Entren en la
red interna, soliciten la lista del Personal Docente e Investigador, realicen la búsqueda
de Gala y no aparecerá. Pero, ¡oh sorpresa!, soliciten la lista del Personal de
Administración y Servicios y ahí si que encontrarán a Manuel Gala Muñoz, con su
número de teléfono al lado, junto con alguno de los vicerrectores. A lo peor es que no
nos enteramos y la Universidad de Alcalá ha cambiado tanto que...
CURSOS DE VERANO A GOGO
Siempre había pensado que los "cursos de verano" eran una cosa muy diferente
a la utilización de los fondos públicos para conseguir que la Universidad le pague a los
organizadores unas vacaciones, en lugares más o menos exóticos de la apetencia de cada
cual. Incluso, hace ya muchos años, escribí algún artículo sobre la importancia de los
mencionados cursos, y sigo manteniendo que lo más destacable de los mismos es su
organización conjunta, lo que permite la comunicación entre diferentes profesionales de
la enseñanza, la ciencia, la política, las artes, etc. Además se identifican
fácilmente los cursos veraniegos de una universidad concreta con la ciudad en que se
desarrollan.
Pensamos, en un principio, que la organización propuesta este año por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria se vincularía a la idea de hacer,en la
provincia de Guadalajara, una "red de hospederías". (No entramos en la
conveniencia de tal proyecto). Pues no, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos
encontramos con cursos organizados en LLanes, San Sebastián, Bayona, Cuenca, Granada,
Gerona, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. Lo que no entendemos es que,
salvo el de Llanes, todos llevan el mismo título; ignoramos si el profesorado es el
mismo. Está bien eso de hacer turismo. El próximo año propondremos un curso sobre
"revistas electrónicas" a celebrar en las Bahamas, (es broma).
EL AJEDREZ ¿JUEGO DE AZAR?
Hemos visto muchas cosas raras en la Universidad de Alcalá, pero nuestra capacidad de
asombro está llegando al límite. ¿Será que no estamos preparados para afrontar el
siglo XXI?. Les sugerimos que lean atentamente el
documento adjunto, emanado del Vicerrectorado de Asuntos Económicos y Estudiantes. Si
alguien lo sabe, le agradeceríamos que contestara a esta pregunta: ¿Cómo se puede
practicar el ajedrez como juego de azar? Imaginamos que consistirá en echar los dados o
mover una ruleta, para decidir qué pieza mover, lo que lo hará más emocionante.
Aparte de que el ajedrez tiene consideración de deporte, a mí, personalmente, me
entusiasmaría ver a los estudiantes por los pasillos, en el bar, o en cualquier rincón
del recinto universitario, enfrascados en tan beneficioso quehacer. Por cierto, la
transcripción del ruso al castellano no la he visto nunca como Gasparov, que me recuerda
más a los Reyes Magos.
INVERNADERO A LA PUERTA DE CASA
Cuando se realiza una obra que puede afectar a la comunidad, por muy de interés
público que sea (autopistas, vías férreas, etc), se abre siempre un periodo de
información y se da la posibilidad de presentar alegaciones en defensa de los intereses
de los afectados. Ese no es el parecer de nuestros gestores, que siguen considerando la
universidad como algo propio, donde los trabajadores y estudiantes somos meras hormiguitas
ignorantes, que mejor es no consultar.
Todo esto viene a colación del invernadero que se está construyendo al este del
edificio de la Facultad de Ciencias. Decidieron los responsables de infraestructura, - RI
en la denominación acuñada por Manuel Gómez -, colocarlo en la terraza del edificio. Se
les avisó, por parte de la Administración-Gerencia, del problema de goteras que
ocasionaría, ya de por si grave. En respuesta, ni cortos ni perezosos, (esta vez, porque
otras...), se pusieron a construirlo quitando luz y vistas a la secretaría del
Departamento de Física, amén de unas cuantas plazas de estacionamiento de vehículos,
bien muy exiguo en esta Facultad. Por cierto, el Decano asegura no saber nada sobre el
particular.
Resulta que ya hay un espacio donde se ubica el invernadero del Departamento de
Biología Celular y Genética. ¿Por qué no se ha puesto en ese mismo lugar, que además
dispone de las acometidas de agua y electricidad adecuadas? Al parecer, el Departamento de
Biología Vegetal, destinatario de la construcción, considera que esa ubicación está
muy alejada de su sede. Curioso: la distancia es de escasos doscientos metros, triplicada
por los genéticos. Estos últimos deben ser más andarines, porque no han reclamado la
ubicación del correspondiente invernadero a puerta de despacho, donde sitio hay de sobra.
A la vista de lo sucedido, no entendemos tampoco el porqué del destino dado a la torre
meteorológica del Departamento de Física, colocada en los invernaderos del jardín
botánico, donde hay que acudir diariamente a grabar los datos en un disquete.
En fin, pensamos que posiblemente se trate de llevarse bien con el equipo de gobierno,
lo que no debe ser nuestro caso, ni el de algún otro.
LA UAH MOTOR CULTURAL MARCHA ATRÁS Y RENQUEANTE
No estamos en contra, por supuesto, de que la Universidad de Alcalá se convierta
en la sede del Claustro Universitario de las Artes, siempre y cuando se otorguen
las distinciones honoríficas a las personas adecuadas, lo que no parece ser que esté
ocurriendo, y no lo decimos precisamente por Claudia Cardinale. Pero hay ciertas cosas que
no entendemos.
No entendemos que el Claustro Universitario de las Artes englobe a: las figuras del
arte, la cultura, el derecho y la defensa de las libertades. Parece de entrada una mezcla
de "churras" y "merinas" que no viene a cuento.
No entendemos, sobre todo, que, según asegura el Diario de Alcalá, la UAH sea
copartícipe de la iniciativa de la mano de Luis Cobos.
Entendemos aún menos que el rector de una prestigiosa universidad, según sus propias
palabras, se avenga a copresidir el acto con el mencionado Luis Cobos, al que no podemos
ubicar en el mundo del arte, de la cultura, del derecho o la defensa de las libertades.
¿Se imaginan Uds. una entrega de premios de pintura con la presidencia de honor de un
personaje que se dedique a emborronar los cuadros del Museo del Prado? Pues nuestro rector
no tiene inconveniente en poner la institución universitaria alcalaína a la altura de
aquel dedicado a masacrar la música más hermosa. Vivir para ver.
En este número recogemos una serie de opiniones, aparecidas en la prensa española de
los últimos meses, que nos proporcionan una reflexión profunda sobre el debate abierto
en referencia con la reforma de la LRU. Conviene que leamos atentamente los textos, ya que
ponen en tela de juicio, en cualquier caso, la propuesta reciente del llamado
"informe Bricall".
REUNIÓN CON JOSEP FERRER
11/ 3/ 99.
APORTACIONES AL DEBATE SOBRE EL PROCESO DE REFORMA DE LA L.R.U.
Ante la información que nos suministró en su visita a Valladolid
Josep Ferrer del llamado "informe Bricall" y la constitución del GATE sobre
política universitaria, y la reconversión de las Universidades en "Holdings
gobernados por la tecnoestructura".
Dámaso-Javier Vicente Blanco
La constatación de que las universidades han comenzado a crear una
nueva estructura interna, al modo de los grupos de sociedades comerciales, no nos ha hecho
responder con la reclamación de que se cierren las Fundaciones Generales y similares,
sino con la exigencia de control y de transparencia. Es un dato que ciertamente no podemos
olvidar, salvo que cerremos los ojos a la realidad. Esa ha sido también la experiencia en
la Universidad de Valladolid. Cuando la sección sindical trató con el candidato a Rector
que venció en las elecciones de hace nueve meses (derrotando al sector tradicional), no
nos planteamos reclamarle el cierre la Fundación General, sino su mantenimiento con un
control transparente por parte de los órganos de la Universidad, y que se utilizase, no
para evitar las trabas de los controles democráticos de la administración pública, ni
para hacer negocios particulares (lo que también ha estado detrás en algún momento en
su creación), sino para la recepción y gestión de recursos que de otro modo no podría
utilizar la Universidad.
Es cierto que las Universidades públicas deben responder a los embates
que se anuncian por las Universidades privadas y que su gestión debería ser para ello
más dinámica. Pero estamos atrapados entre dos fuegos. La "dinamización" de
la Universidad Pública, respondiendo también a nuevas necesidades sociales (v.g. cursos
de postgrado y Masters; incorporación con los recursos universitarios en otro tipo de
formación que se avecina fundamental en el futuro inmediato, como la formación continua,
etc...) no puede ir en detrimento del funcionamiento democrático de la Universidad.
Nuestra experiencia en la Universidad de Valladolid tal vez sea muy
particular. Yo recuerdo la propuesta que a modo de globo sonda se lanzaba por Josep en
Santiago sobre el papel de los estudiantes en el futuro de las Universidades y su posible
trato como usuarios que controlasen el funcionamiento de la institución "desde
fuera". En nuestra experiencia, el "cambio" en la Universidad de
Valladolid, la ruptura (casi imprevista) con un período que amenazaba perpetuar un
determinado anquilosamiento y reparto de poder, fue posible gracias a la participación
muy activa de los estudiantes, no sólo denunciando corruptelas (prevaricación en el caso
Aroca, con las notas de selectividad, que terminó en sentencia condenatoria del Tribunal
Supremo -lo que indudablemente hubieran podido hacer como "usuarios"), sino
también en las elecciones al Claustro y en el Claustro mismo para la elección del
rector. El cambio no ha sido precisamente un "asalto progresista". No se trataba
de eso, sino de dar un giro que airease la Universidad, y permitiera un funcionamiento
más moderno, más dinámico y más plural. Poner la Universidad de Valladolid a la altura
de los tiempos.
Es a mi juicio la práctica democrática en la Universidad la que más
se puede resentir de un funcionamiento que ponga sólo el acento en la eficacia y
agilidad. Por eso estamos en medio de una contradicción difícil de superar. Y en gran
medida "a plazo". Si no damos respuesta al empuje de la Universidad privada,
corremos el riesgo de ir paulatinamente a la decadencia, perdiendo espacio hasta quedar
fuera del escenario educativo (al menos algunas de la Universidades públicas).
Si la eficacia prima sobre la gestión democrática, el interés
público de la Universidad pública puede verse también amenazado. El riesgo siempre
está en lo que dejamos atrás. La democracia empresarial del Código de Comercio no es
democracia política, y aunque el ciudadano (o el miembro de una comunidad universitaria,
o el miembro del Claustro) tenga dificultades para llevar a efecto el control de los
poderes públicos, o de la institución. Las minorías en las sociedades anónimas, la
mayor parte de las veces, sólo tienen como alternativa (cuando no se ha producido una
devaluación de las acciones en su perjuicio) retirar su cuota de capital social y
llevársela a otra sociedad que le respete más y le de beneficios. Eso no puede hacerse
con las Universidades. Cambiar sí, pero preservar en la medida de lo posible que de
valioso y eficaz tenía el modelo anterior de la LRU: la pretensión de que la democracia
llegase a la Universidad. en todo caso, si no ha funcionado bien no es porque haya que
suprimir la democracia, sino porque hay que hacer que tenga mecanismos correctores más
dinámicos.
Enrique Delgado
En relación con la reforma de los órganos de gobierno de las
universidades públicas, se está planteando un falso debate en la medida que se pretende
establecer una referencia con la universidad privada, a la que se atribuyen cualidades de
eficacia y competitividad inalcanzables por la universidad pública debido a sus caducas e
inoperantes estructuras de gobierno.
Se trata de un falso debate porque la realidad indica que las
universidades privadas, a las que se pretende homologar la universidad pública, no son en
este país, salvo excepciones, modelos a los que merezca la pena aspirar. Dicho de otro
modo, no se puede correr tras instituciones raramente prestigiosas, con escasos recursos,
de ninguna manera punteras en investigación, mal dotadas de profesorado, muy poco
transparentes en su gestión, y dudosamente democráticas.
Un debate que se plantea cuando la autonomía y la experiencia
democrática en la universidad pública apenas supera los tres lustros, en instituciones
lastradas por hábitos y modos de proceder ciertamente alejados de los mínimos requisitos
democráticos y de la gestión eficaz de sus recursos.
A pesar de todo, de la limitada experiencia, no cabe la menor duda que
la estructura de gobierno de la universidad prevista en la LRU, y desarrollada de modos
muy distintos en las diferentes universidades del estado, debe ser revisada. Pero la
revisión, cuya finalidad debe perseguir la agilidad en el funcionamiento y la capacidad
de adaptación a las nuevas exigencias, no debe perder en ningún caso de vista lo que
desde la izquierda son conquistas irrenunciables: la autonomía universitaria, el control
democrático en la toma de decisiones, la transparencia en la gestión, y la
consideración de la universidad como un servicio público que garantice la igualdad de
oportunidades y el desarrollo social.
Se está desviando el debate del verdadero centro de interés que no es
otro que la financiación de la universidad. ¿Alguien puede hacernos creer que basta con
poner el gobierno de la universidad en manos de la "tecno-estructura" o de las
Comunidades Autónomas para remediar lo que se deriva de una muy insuficiente
financiación?. Se puede, se debe, mejorar la gestión de los recursos humanos y
materiales en la universidad, pero este objetivo resulta casi un sarcasmo cuando en Europa
se ocupa el penúltimo lugar en cuanto a financiación universitaria se refiere, a una
distancia sideral de las universidades más prestigiosas, eficaces y competitivas a las
que indudablemente debiéramos tender a homologarnos.
Es preciso devolver el debate a los orígenes del problema. ¿Es
posible construir una universidad moderna, eficaz, "rentable" socialmente: con
el porcentaje existente de profesorado con contratos administrativos; con salarios no
homologados a los existentes en la función pública; con paupérrimos medios materiales;
con grupos de ochenta o cien estudiantes; imposibilitado, por la limitada capacidad
docente de los departamentos, para disfrutar de años sabáticos o para trasladarse a
universidades extranjeras; con universidades incapaces de abordar nuevos programas de
inversión y modernización debido a que consumen la mayor parte de sus presupuestos en el
pago de nóminas y en el mantenimiento de sus instalaciones, etc.?. Resolvamos primero
estos problemas asfixiantes y podremos preguntarnos si además lo podemos hacer mejor
organizativamente.
Rocío Anguita
Mi reflexión iba en torno a la idea de que todo el debate se estaba
centrando en los aspectos más "financieros", sobre todo desde la aportación
del gerente de la Politécnica de Cataluña, lo que por otra parte es su papel. Pero lo
más preocupante es que el modelo de universidad pública dependa sólo de cómo se
organizan las diversas gestiones económicas que ahora mismo hay: las subvenciones
nominativas, las fundaciones, los dineros que entran por otros conceptos de diferentes
ámbitos públicos y privados, etc., y qué tiene eso que ver con la gestión democrática
de la Universidad.
Me parece que plantear sólo la gestión en términos económicos (o
economicistas) y olvidar los temas académicos (entendidos en su sentido más amplio como
docencia, investigación, ordenación académica, etc.) es llevar el debate a las aguas
que algunos están deseando pero son la perspectiva que menos nos "interesa".
Por supuesto que el tema de la gestión económica de las Universidades hay que abordarlo,
pero desde la perspectiva global de cómo queremos organizar la universidad en su
conjunto: ¿vamos hacia un modelo donde la dualidad centro–departamento se rompa a
favor de los últimos? ¿Demos reconvertir los claustros en otro tipo de órgano? ¿cómo
se puede hacer preservando y/o mejorando los sistemas de toma de decisiones democráticas?
En mi opinión, no debemos dejar que la nueva tecnocracia lidere el debate y, mucho menos,
lo plantee desde los parámetros que a ellos les interesa prioritariamente y abandonemos
nuestras reivindicaciones históricas y nuestros puntos de vista sobre cómo debe ser una
universidad pública de calidad.
SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Coromines (13-03-99)
Uno de los temas recurrentes en los debates sobre el futuro de la
universidad es el de su organización, que incluye el de la composición de atribuciones
de los órganos de gobierno.
Ahora, la reflexión sobre ésta y sobre otras cuestiones relacionadas
con el futuro de las universidades españolas se extiende e intensifica por el hecho de
que el Consejo de Rectores impulsa la elaboración de un informe y ante el anuncio de una
próxima revisión de la LRU.
Ésta, recordémoslo, está vigente desde hace ya más de quince años,
lo que es un tiempo más que sobrado para que se haya producido la reforma universitaria
que da título a la ley. En la cual, por cierto, hay poca avenencia entre título y
contenido, ya que éste parece haberse concebido con la vocación de que pudiera aplicarse
en un horizonte temporal ilimitado.
Mas, en el marco de la LRU, las universidades han cambiado y el mismo
marco ha sido desbordado. En este proceso de cambio se han producido aciertos y errores,
algunos muy difícilmente reversibles, pero, consideradas globalmente, las universidades
españolas han mejorado muy sensiblemente desde la entrada en vigor de la LRU.
De hecho, mucho responsables de la gestión universitaria se muestran
orgullosos de sus logros aunque a veces, sorprendentemente, de forma más o menos velada,
se lamentan de los obstáculos o trabas que, supuestamente, constituyen los órganos
colectivos como el Claustro o la Junta de Gobierno. Resulta difícil entender que quienes
exhiben su ufanía por lo bien que ejercen su función critiquen a los órganos que han
tenido el gran acierto de elegirlos para el desempeño de la misma.
Las dificultades para estructurar adecuadamente la universidad y sus
órganos de gobierno y de gestión proceden de la variedad y de la complejidad de las
funciones que estas instituciones han ido asumiendo y, en algunos casos, también de su
volumen.
El debate es necesario y puede abordarse con serenidad, a condición de
evitar algunos peligros que, básicamente, consisten en aceptar como verdades
indiscutibles conceptos, ideas o propuestas insuficientemente elaboradas o, simplemente,
equivocadas.
| Un punto de partida en muchos discursos sobre la universidad es que los fondos públicos
asignados a la misma no superarán, en un futuro previsible, los valores actuales y que
los criterios para distribuirlos serán los mismos que hasta ahora. De ahí se deduce la
necesidad de que cada universidad busque, frenéticamente, nuevas fuentes de
financiación, lo que conduce, con la ayuda de otros elementos ambientales (la obsesión
por la calidad total, concebida como la satisfacción del cliente, etc.) a la
mercantilización (es decir, a la aplicación del espíritu mercantil a cosas que no han
de ser objeto de comercio) de la universidad, lo cual incluye la introducción de una
terminología extraída de una cierta literatura sobre la gestión empresarial y, en
particular, la consideración del estudiante como cliente. |
| Al respecto puede añadirse que si tiene alguna justificación que
las universidades contemplen como posible el escenario de financiación pública
congelada, este supuesto no puede asumirse como inamovible en un debate con la
administración, habida cuenta del retraso, notable y notorio, del porcentaje del PIB que
se dedica a la universidad en España con relación a la media del mismo parámetro en la
Unión Europea.
|
| No nos extenderemos aquí sobre las muchas implicaciones (en nuestra opinión,
mayoritariamente negativas o muy negativas para la universidad y para los propios
estudiantes) de esta consideración del estudiante como cliente. Pero una de ellas es que
el acusado descenso de la población en edad de entrar en la universidad se ve, por parte
de un número significativo de rectores, como una pérdida de clientes, lo que lleva a
buscarlos en otros "mercados". Dejando a un lado el hecho de que la disminución
en el número de "clientes tradicionales" de la universidad no superará probablemente el 30%(1)(ni siquiera
en Cataluña, que ostenta récords de baja natalidad), lo más importante es que la
disminución del número de universitarios no debería ser vista como una amenaza sino
como la oportunidad soñada de aumentar significativamente el presupuesto por alumno,
condición claramente necesaria para la tan traída y llevada mejora de la calidad. |
| A veces el afán de buscar nuevos clientes induce a las universidades
a emprender acciones positivas, puesto que estimulan el interés por la universidad de
integrantes de determinados colectivos; por ejemplo, la UPC ha impulsado el programa DONA
cuando se ha dado cuenta, aguijoneada por el inevitable descenso de la población en edad
de acceder a la universidad, de que las mujeres constituían un "mercado" en el
que la cuota de la UPC es muy baja.
|
* La identificación de la sociedad con las empresas (como se ha dicho,
de la sociedad con la sociedad anónima), lo que empobrece lamentablemente el debate sobre
la necesaria mayor apertura y conexión de la universidad con el conjunto de la sociedad.
Deseablemente, el debate sobre la revisión de la LRU debería reunir
algunas de las características que se suponen propias de una actividad universitaria:
ausencia de fundamentalismos, discusión sobre las ideas y no sobre las personas, rigor
terminológico, no substitución del razonamiento por el eslogan.
En lo que respecta a la organización y al gobierno de las
universidades, hemos empezado mal. Se ha tomado el rábano por las hojas de un titular de
una entrevista, publicada en un periódico, en que el entrevistado, partiendo de la
variedad de las actividades que debía llevar a cabo la universidad y de la necesidad de
gestionar cada una de ellas de acuerdo con su especificidad, resumía diciendo, que la
universidad debía gobernarse como un holding. Esto no tiene mayor importancia,
dado el contexto en que se produce, aunque el público generalmente no sabe con exactitud
qué es un holding ni, mucho menos, cómo se gobierna. Lo malo es que este término
aparezca ya como el concepto clave de la nueva organización de la universidad en una
ponencia presentada en "Universitas’99"(2) o que se utilice ampliamente en las informaciones y
comentarios relativos a la creación del denominado "Grupo UB", que en
definitiva resulta ser una comisión, presidida por el rector, que tiene por objeto
controlar las actividades de unidades vinculadas con la UB pero con personalidad jurídica
propia.
Mucho peor es que se diga, sin razonamiento alguno que respalde la
afirmación, que la vertebración del conglomerado de entidades vinculadas con la
universidad corresponde a la "tecnoestructura".
El marco de referencia para el debate comprende:
| la autonomía universitaria, recogida en la constitución |
| el carácter de servicio público de la universidad |
| la democracia interna, mejor o peor plasmada, pero sin duda reconocida en la LRU como un
principio esencial en el gobierno universitario |
| las funciones de la universidad: conservar, desarrollar y transmitir el saber. |
A partir de estos principios, el debate debería abordar, sin
temor a la radicalidad en los planteamientos, cuestiones tales como:
| ¿De qué enseñanzas se debe encargar la universidad? ¿No debería considerarse una
parte de las enseñanzas actualmente incluidas en los primeros ciclos como una extensión
de la enseñanza secundaria no obligatoria? |
| ¿Debe mantenerse eternamente la ficción de que todos los profesores universitarios son
docentes e investigadores? Que en la universidad, como institución, se tiene que enseñar
e investigar nadie puede ponerlo en duda; pero esto no implica que cada uno de sus
profesores tenga que simultanear ambas facetas de la labor académica. |
| Los tipos de unidades estructurales previstos en la ley, sus funciones y las relaciones
entre las mismas. |
| El papel de los estudiantes en los órganos de gobierno, teniendo en cuenta su
diversidad presente y futura y su condición de usuarios del servicio público. No somos
nosotros quienes utilizan esta terminología, pero los que la han adoptado deberían
preguntarse si es muy común que los "clientes" formen parte de la "junta
de accionistas" y del "consejo de administración". |
| La necesidad y la realidad de nuevas unidades y nuevas formas de actuación. |
| La existencia de una "tecnoestructura" que por su potencia y por su posición
en la organización pueda llegar a hacer prevalecer, en la práctica, sus criterios sobre
los del conjunto de la comunidad universitaria. ¿Existe un conflicto de objetivos e
intereses entre unos gestores profesionales vinculados temporalmente a la universidad y
los miembros permanentes de la comunidad universitaria? |
La complejidad y, en muchos casos, la dimensión de la universidad
aleja a sus miembros del núcleo gobernante. Éste se elige democráticamente pero la
participación, incluso de los claustrales, se limita como mucho a votar en la elección
de rector una vez cada cuatro años. Ello es grave, porque sin participación es difícil
la sintonía con los objetivos institucionales y, en definitiva, el buen funcionamiento de
la universidad depende en gran parte del entusiasmo con que sus integrantes llevan a cabo
las tareas que les corresponden.
Este distanciamiento de la institución se acentúa cuando una parte de
las actividades se encomienda a entidades que jurídicamente no son la universidad y sobre
cuyos objetivos y actuación se tiene un conocimiento escaso y un control nulo. Incluso
los equipos de gobierno pueden tener dificultades para el seguimiento de las actividades
de la constelación de entidades que tal vez ellos mismos han creado. La tecnoestructura
puede llegar a ser efectivamente el nexo de unión entre estas entidades; dicho de otro
modo, puede ser que el gerente, amén de cobrar más que el rector, mande también más
que nadie (lo cual, no dejaría de tener alguna coherencia).
La metáfora del holding, pese a sus limitaciones, puede ser
útil, si lo que se quiere es indicar que todo este conjunto de entidades (fundaciones,
sociedades limitadas, etc.) que se han ido creando para atender de la forma que ha
parecido más adecuada las nuevas funciones que la universidad debía desempeñar son
parte de la universidad y deben regirse de conformidad con la ley y con los estatutos. En
un documento de la Universidad de Barcelona se dice que "lo correcto es hablar de una
‘(re)universitarización del grupo y no de una aplicación de criterios de gestión
empresarial al conjunto del grupo (sin detrimento de la necesaria eficacia, subordinada al
sentido de Universidad pública que es la característica definidora de la UB y lo ha de
ser también del grupo UB)".
Las formas de orientar, impulsar y controlar la actividad de estas
entidades creemos que deben dejarse, dentro del marco que la ley establezca, al criterio
de cada universidad, puesto que los instrumentos que cabe considerar son muy variados
(presencia de representantes de los órganos de gobierno de la universidad en los órganos
rectores de las entidades, contratos-programa, etc.).
En cualquier supuesto, parece esencial que el presupuesto de cada
universidad incorpore los de todas las entidades participadas.
Pero, en nuestra opinión la ley debería marcar los límites y
reforzar la s atribuciones de los órganos de gobierno colectivos (Junta de Gobierno y
Consejo Social) en lo que respecta a la creación, control y disolución de las entidades
que, siendo parte de la universidad, tengan personalidad jurídica propia.
(1) A. Cabré, "Algunes
consideracions sobre demografia i universitat", en Preveure el futur, Consell
Social UPC, 1998, 31-42.
(2) Universitas’99. Nuevos retos de la
universidad española. Madrid, 9 y 10 de febrero de 1999.
ENDOGAMIA
UNIVERSITARIA
Los problemas de la Universidad
MIGUEL Á. QUINTANILLA. Diario "El
País"
Las universidades españolas tienen problemas y saben que los tienen.
Lo que no es tan seguro es que todo el mundo sepa exactamente cuáles son esos problemas.
Y, desde luego, las administraciones públicas, en cuyas manos podría estar la solución
de la mayoría de ellos, se han mostrado hasta ahora más interesadas en crear problemas
nuevos que en resolver los que verdaderamente habría que afrontar.
Para empezar, el problema de la Universidad española no es la falta de
calidad científica y académica de sus profesores. Tiemblo al escribir esto, porque uno
de los vicios de nuestra cultura académica es el masoquismo institucional. Conozco a
pocos profesores universitarios de cualquier otro país que hablen mal de su trabajo y de
sus instituciones; pero conozco aún a menos colegas españoles que no critiquen a su
propia universidad en cuanto se tercia la ocasión.
La mayoría de éstos, además, piensan que así cumplen con una
especie de obligación moral de autocrítica. De manera que, al alejarme de tan virtuosa
práctica, corro ciertamente el riesgo de ser tachado de inmoral. Me arriesgaré, a pesar
de todo.
Cualquier indicador que se utilice para valorar la evolución de la
calidad de los científicos españoles arroja resultados espectaculares, como es sabido.
Pues bien, en la mayor parte de la producción científica española de interés
internacional (hasta el 70%) participan las universidades, y el mayor crecimiento de
recursos humanos y materiales dedicados a investigación y desarrollo (I+D) ha ido
asociado, en los últimos años, a la creación de nuevas universidades.
Así que es posible que los sistemas de selección del profesorado sean
"endogámicos" y perversos, como suele decirse. Pero habría entonces que
explicar cómo es que, a pesar de ellos, hemos conseguido superar uno de los hándicaps
históricos de nuestro sistema de enseñanza superior. Se diga lo que se diga, el
prestigio científico de la Universidad española actual es, considerado globalmente, el
más alto que ha tenido en los últimos siglos con diferencia.
Tampoco es cierto que la Universidad actual sea una fábrica de parados
o un contenedor de jóvenes sin empleo. Para empezar, en comparación con los países más
avanzados de nuestro entorno, España todavía tiene un déficit, no un superávit de
universitarios. Esto justifica que debamos mantener una de las tasas más altas de
escolarización en este nivel educativo: necesitamos recuperar el tiempo perdido y se
tarda algunas generaciones en lograrlo.
Además, el mercado lo sabe: los universitarios tienen más
probabilidades de encontrar empleo que los no universitarios y, cuando lo encuentran, sus
ingresos son por lo general bastante más altos que los de la población sin estudios
superiores.
Por último, tampoco es cierto que la autonomía universitaria se haya
convertido en un lujo insostenible, al que hubiera que renunciar para garantizar un uso
más eficiente de los recursos públicos por parte de las universidades. Más bien ocurre
al contrario: las universidades españolas tienen poca autonomía. Sobre el papel, toda,
pero en la práctica, muy escasa.
Un Gobierno regional se puede permitir el lujo de parcelar una
universidad en contra de la opinión del rector, crear o autorizar universidades públicas
y privadas sin las garantías mínimas que la propia legislación y las tradiciones
académicas exigen, condicionar arbitrariamente la programación de cursos y las carreras
presionando a las autoridades académicas con la reducción o el aumento de los
presupuestos, etcétera.
En este clima no es extraño que algún gobernador civil, o
equivalente, haya tenido el despiste de olvidar el respeto casi sagrado que, hasta hace
poco, tenían las fuerzas de orden público ante los recintos universitarios.
Así que ni la endogamia, ni el desmesurado crecimiento, ni los
supuestos excesos de autonomía son los verdaderos problemas de nuestras universidades. En
mi opinión, se trata más bien de seudoproblemas que sólo sirven para distraer la
atención de los problemas verdaderos que, por lo demás, todo el mundo debería conocer
para hacerse una idea cabal de la situación.
En primer lugar -y siento tener que decirlo- está el problema de la
financiación. Se mire por donde se mire, España es uno de los países que menos gasta
por estudiante universitario. En el Informe sobre financiación del sistema universitario,
que tuve el honor de dirigir y redactar como secretario general del Consejo de
Universidades, en el año 1994, se fijó un horizonte de financiación para la educación
superior del 1,5% del producto interior bruto (PIB) para ser alcanzado en 10 años.
Los rectores han mantenido ese nivel de exigencia, pero la mayoría de
los Gobiernos parece que se han olvidado de él, a pesar del consenso que presidió la
elaboración de aquel informe. En él se señalaba además que la mayor parte del
incremento en la financiación debía destinarse a programas vinculados a objetivos de
calidad y, sobre todo, a financiar directamente becas y préstamos a los estudiantes para
facilitar su movilidad y cumplir así un doble objetivo: garantizar una verdadera igualdad
de oportunidades para acceder a la enseñanza universitaria de más calidad, según el
mérito académico de cada estudiante, e incentivar al mismo tiempo la emulación entre
las universidades por captar a los mejores.
Con esto apuntamos al segundo gran problema de las universidades
españolas: se van convirtiendo, sin darse cuenta, en nuevas torres de marfil, pero no
para protegerse de la mala influencia del mundo exterior, como antaño, sino para
blindarse frente a la competencia de la universidad de al lado.
El sistema de distritos universitarios en España fue una solución de
emergencia para racionalizar la oferta de carreras por zonas geográficas. Pero en la
actualidad sólo tiene efectos perversos. Evita la emulación entre las universidades por
atraerse a los mejores estudiantes -y, por lo tanto, también a los mejores profesores-,
impide la diferenciación y la especialización del perfil de cada universidad, genera en
la sociedad la falsa ilusión de que la multiplicación de centros universitarios es la
única manera de colmar la aspiración a recibir una formación superior y hace que los
poderes públicos estén más pendientes de contar cuántas plazas de enseñanza hay
disponibles para los votantes de la circunscripción electoral que de los niveles de
calidad y eficiencia alcanzados por una universidad que se financia en su mayor parte con
los recursos de todos los ciudadanos. El resultado, una especie de cantonalismo
universitario (casi una contradicción en sus propios términos, diría yo), no sólo es
ineficiente y disfuncional, sino además profundamente injusto.
Por último, hay también un grave problema en la propia estructura
interna de las universidades que nadie parece querer afrontar. Los órganos de gobierno
creados por la Ley de Reforma Universitaria de 1983 han cumplido un papel importante en la
democratización de las universidades. Pero en la actualidad han perdido buena parte de su
funcionalidad, por el efecto conjugado de las limitaciones impuestas a los consejos
sociales, los excesos asamblearios consagrados en muchos estatutos universitarios y las
prácticas de clientelismo y de disolución de la responsabilidad, alimentadas por los
sistemas de elección de cargos académicos y de gobierno universitario.
En la actualidad, los mejores rectores y gestores universitarios son
los primeros en reconocer que tienen las manos atadas para adoptar muchas decisiones que
cualquier manual de gestión de organizaciones complejas exigiría adoptar.
Y la propia comunidad académica empieza a estar cansada de tener que
emplear, en cada decisión de cierta importancia para el gobierno y el desarrollo de la
institución, una ingente cantidad de tiempo y de recursos intelectuales y emocionales que
tendrían mayor utilidad si se pudieran dedicar a la docencia y a la investigación.
No es fácil encontrar una solución a esta situación, pero es claro
que se necesita una profunda reforma de los órganos de gobierno universitarios para
dotarles al mismo tiempo de una autonomía más efectiva y de una mayor capacidad de
gestión, pero también para poder exigirles mayor responsabilidad ante la sociedad. ¿Hay
alguien que esté pensando en ello?
Miguel Á. Quintanilla es catedrático de Lógica y
Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca.
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