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Comienzan las movilizaciones contra el proyecto de LOU

CC.OO. INFORMA: MOVILIZACIONES Y NOTICIAS SOBRE LA LOU

El Sindicato de Estudiantes convocó huelga en la enseñanza secundaria el pasado día 25, con Manifestaciones en las rincipales ciudades que contaron con un gran respaldo.

Las próximas convocatorias previstas son:

Día 31-OCTUBRE: Coincidiendo con la votación del Proyecto de Ley en el Parlamento: ccncentraciones en diversas ciudades. En Madrid será ante el MECD a las 12h.

Día 7-NOVIEMBRE: Huelga General en las Universidades con Manifestaciones en las principales ciudades.

Día 14-NOVIEMBRE: Huelga de estudiantes con apoyo de los Sindicatos (en algunas Comunidades Autónomas, será el día 13-XI)

OCURRIÓ LO IMPOSIBLE

Aunque parecía imposible, el Grupo Parlamentario del PP ha conseguido empeorar el Proyecto de LOU tras su fugaz paso por el Congreso. Así, por ejemplo, con algunas de las enmiendas del PP y CiU se paralizará la convocatoria de plazas durante al menos dos años con lo que se pone en peligro el Plan de Estabilización y Promoción que fue firmado por el Gobierno en enero de 2000 (y que se está desarrollando en la mayoría de Universidades), y se ha dado un paso más en el apoyo a las Universidades Privadas (se eliminan requisitos que sí se les exige a las Universidades Públicas, como la Habilitación de Profesores).

LA LOU SIGNIFICA LA EXPULSIÓN MASIVA DEL PERSONAL EN FORMACIÓN

La aprobación de la Ley en sus actuales términos conllevará que quienes finalicen sus contratos de Ayudante o sus Becas no podrán integrarse en ninguna de las figuras contractuales existentes durante al menos 2 años, durante los cuales tendrán que desempeñar tareas de docencia y/o investigación en otros Centros. Sin embargo, esto será imposible ya que no existe ninguna figura en la que puedan hacerlo por lo que en la práctica significará su expulsión del sistema universitario.

En algunas Universidades ya han comenzado las protestas por este tema en concreto, como por ejemplo en la Universidad de Castilla la Mancha en la que los Profesores contratados han decidido encerrarse el próximo día 30 de octubre.

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Por una universidad pública, crítica científica y de calidad.

FETE-UGT Octubre 2001

Nuestro sindicato ha establecido de modo general su posición ante el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades, valorándolo negativamente, en la medida que no ofrece un modelo global de universidad capaz de mejorar el vigente y, por el contrario, introduce graves factores de distorsión en la autonomía universitaria, en la democracia y representación en los órganos de gobierno, en los mecanismos de formación, acceso y promoción del profesorado, en la estructuración de las plantillas del personal de administración y servicios y en la coordinación del sistema universitario. Por ello FETE-UGT rechaza el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades y exige la elaboración de otro no reglamentista que dote al Sistema Universitario de bases coherentes compatibles con el ejercicio de la Autonomía Universitaria.

FETE-UGT considera:

1. Dada la trascendencia que va a tener la Ley para garantizar un servicio público de la Enseñanza Superior científico, crítico y de calidad, esta norma debe ser fruto del consenso con la comunidad universitaria, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios y los agentes sociales.

2. Nuestro sindicato considera que la incorporación de miembros no académicos del Consejo Social en el Consejo de Gobierno atenta contra la autonomía universitaria y facilitará la ingerencia política en las universidades.

3. Consideramos que debe mantenerse la elección del Rector por el Claustro, así como las actuales competencias de la Junta de Gobierno. La composición del Claustro y Junta de Gobierno debe incluir representantes tanto del PDI como del PAS, alumnos y Sindicatos.

4. Rechazamos la reducción de representatividad del PAS y alumnos en Claustros y Juntas de Escuela y Facultad, así como la desaparición de su representación en Consejo de Departamento.

5. Es preciso elaborar una Ley de Financiación del Sistema Universitario de modo que se alcance el 1,5% del PIB, considerando la financiación pública complementaria de las administraciones central, autonómica y local.

6. Rechazamos el modelo de Habilitación Estatal que supone en buena medida el retroceso a un sistema de oposición anterior a la LRU. Apostamos por el contrario por un sistema de Acreditación que garantice tanto una calidad homogénea a nivel de estado como el derecho de las universidades a escoger su profesorado entre los acreditados. La acreditación se debe establecer en función de un programa de formación para la docencia e investigación universitaria homologado a nivel de estado, así como del rendimiento investigador durante el período de Ayudante y Ayudante-Doctor. FETE-UGT reclama el derecho sindical a formar parte de la Comisión Estatal de Acreditación como observador que garantice la objetividad y homogeneidad de criterios.

7. Rechazamos el establecimiento de una segunda carrera no funcionarial del personal docente e investigador. La proporción de personal contratado no debe superar el 20% de las plantillas y los contratos que se prolonguen más allá de tres años deben ser transformados en plazas de Titular de Universidad.

8. Se debe establecer un único Cuerpo de Profesores de Universidad, con niveles de promoción por méritos, sin nuevas oposiciones.

9. Pedimos el establecimiento de un cuerpo único de Personal de Administración y Servicios, permitiendo la equiparación salarial y de condiciones laborales así como el establecimiento de una carrera profesional basada en cursos de formación y cualificación. Las plantillas aumentarán para llegar a la ratio PDI/PAS 1/1.

10. Nos oponemos a que los servicios de la universidad sean prestados por personal ajeno. Debe establecerse un control de las tareas que realizan colectivos como becarios y doctorandos, que no deben ser nunca tareas propias del PAS. La figura del Gerente debe ser asumida por un miembro de la comunidad universitaria, preferentemente PAS.

11. Detectamos una problemática creciente por la falta de control de las enseñanzas no regladas (masters, cursos. titulaciones propias, etc...) por lo que se exige su regulación, de modo que los beneficios derivados recaigan sobre el conjunto de la universidad.

12. Consideramos que la remodelación del Consejo de Universidades debe asegurar el establecimiento de un Mapa Estatal de titulaciones, mecanismos homologables de selección y movilidad de profesorado, PAS y estudiantes, así como críterios comunes de evaluación de calidad. Los sindicatos deben formar parte del Consejo de Coordinación Universitaria. La presencia de Rectores de Universidades Privadas en dicho Consejo debe ser limitada a los temas que les afecten directamente.Los acuerdos con la Iglesia Católica deben ser revisados para equiparar el status de sus Universidades con el resto de las Universidades Privadas.

13. Nuestro sistema universitario debe buscar el referente europeo, estableciendo mecanismos homologables de acreditación y evaluación a través de una red europea de agencias, que integren a los organismos competentes a escala de estado y CC.AA.

14. El sistema de I+D+I de las Universidades deberá disponer de mecanismos propios de coordinación y planificación, así como de conexión con el conjunto de sistemas de I+D+I, y especialmente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Debido al adelanto de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Universidades (30-31 de octubre) la huelga general en la Universidad pública está convocada para el día 7 de noviembre.

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Comunicado de prensa de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)

En el día de hoy se ha celebrado una reunión entre representantes de CSI-CSIF y la Ministra de Educación, en la que se ha debatido ampliamente el proyecto de la Ley Orgánica Universitaria (LOU).

CSI-CSIF a través de su Presidente Nacional, Domingo Fernández Veiguela, y el del Sector de Universidades, Antonio Villarino Marín, han expuesto la opinión de este sindicato que se puede resumir en lo siguiente:

CSI-CSIF no puede ocultar su sorpresa por la reacción de quienes, desde ámbitos universitarios, representan a colectivos minoritarios o las de aquellos que, desde fuera de estos ámbitos, parecen no haber leído el texto del proyecto antes de manifestarse sobre él. Tanto mayor es nuestra extra eza, cuanto que las argumentaciones contrarias se refieren a descalificaciones genéricas sin concretar, texto del proyecto legal en mano, las deficiencias, según algunos, que produciría su aplicación. Da la impresión de que se ha repetido, con insistencia excesiva, las mismas frases tópicas sin que se haya ahondado en la noticia para buscar las causas.

Esta central sindical (CSI-CSIF) ha estudiado detenidamente el borrador definitivo del proyecto que debate el Parlamento. No se nos oculta que es mejorable, pero ello no quita que veamos aspectos positivos en él. Para referirse a estos aspectos se quiere recordar aquí que la finalidad de CSI-CSIF es la defensa de los intereses profesionales de amplios colectivos funcionariales y laborales con independencia de todo posicionamiento político o ideológico. Por la fuerza que le da esa independencia se puedes y se debe disentir de las descalificaciones vertidas y exponer objetivamente lo que se hay de positivo para los diversos colectivos en el proyecto de la LOU.

La LOU contempla la posibilidad de una carrera profesional frente al estancamiento e inmovilismo actual, producido con el desarrollo y aplicación de la LRU. Esta posibilidad es consecuencia de una mayor objetivación de las pruebas de acceso a los puestos de trabajo y de la introducción de mecanismos legales que facilitan la movilidad entre las distintas universidades y, en su caso, entre las distintas administraciones públicas. Esto es algo que reclamaban desde hace mucho tiempo el personal docente universitario (PDI) y el personal de administración y servicios (PAS) y que nuestro sindicato viene defendiendo ante las Autoridades Ministeriales desde que se iniciaron los intentos de modificar la LRU.

Además, la LOU contribuye a eliminar dos males que se han enquistado en la vida universitaria, la endogamia y el clientelismo, que han degradando a la propia institución y propician, a medio plazo, el descrédito global de sus miembros. La desaparición de ambos males ha sido reclamada insistentemente por toda la comunidad universitaria y este deseo ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación.

Aunque la valoración global de CSI-CSIF sea positiva, hay críticas puntuales justificadas que compartimos. Esta Central debe hacerse eco, aquí, de las críticas originadas por el adelanto de seis meses en la aplicación de las pruebas de habilitación.

El proyecto de ley daba un plazo de medio a o para que continuase realizándose los concursos a plaza sin el requisito de la habilitación. Mediante una enmienda parlamentaria ese plazo desaparece y, desde la promulgación de la Ley, es obligatorio cumplir el citado requisito. Como sindicato CSI-CSIF quiere manifestar su desacuerdo con esta iniciativa que va en contra de lo asegurado por la Administración, en su día, en las mesas de negociación con los sindicatos. No queremos que se nos malinterpreten.

No dudamos de la capacidad de los Asociados Doctores, con preparación mas que suficiente para superar las pruebas de uno u otro tipo, pero reconocemos que el cambio de escenario les obliga a nuevos esfuerzos e introduce dilaciones en la ejecución de lo acordado en el plan de estabilización y promoción del profesorado. No es justificable esta medida aún admitiendo que su finalidad pudiera ser evitar desviaciones al citado plan de estabilización, en el sentido de incluir como propias de él algunas que no lo sean realmente. Seria, en esta hipótesis, más razonable respetar el plazo y extremar los mecanismos de control.

Madrid, 29 de octubre de 2001

CSI-CSIF

Entre nuestros documentos hemos incluido el correspondiente a esta central sindical titulado: "15 cuestiones sobre el proyecto de Ley de Universidades"

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ENCERRADOS EN EL RECTORADO DE ESTA UNIVERSIDAD,

los miembros de la Comunidad Universitaria (profesores, personal de Administración y Servicios, y estudiantes) de la UPCT, reunidos en Asamblea el día 7 de Noviembre, han acordado apoyar las movilizaciones que, a nivel nacional, se están llevando en el resto de universidades españolas.

Valoramos muy positivamente el seguimiento excepcional que la huelga ha tenido en todas las universidades públicas, en general y, en la Politécnica de Cartagena en particular.

En la UPCT al término de una manifestación, que ha contado con una importante particpación de todos los colectivos universitarios, se ha acordado en asamblea:

1.Huelga de estudiantes convocada para los días 8 y 9 de noviembre.

2.Encierro en la sede del Rectorado de la UPCT.

3.Realización de una nueva Asamblea para el proximo día 12 de noviembre, donde se valorará las respuestas del gobierno a estas movilizaciones y se propondrán nuevas acciones entre las que se contempla la posibilidad de una huelga indefinida.

Emplazamos al Ministerio de Educación a que retire el Proyecto de Ley y abra, inmediatamente, negociaciones con todos los sectores implicados para corregir los graves defectos que contienen entre los que destacan:

Cartagena, 7 de noviembre de 2001

JUNTA PDI UPCT

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RECORTES

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Dos manifiestos firmados por 5.000 docentes piden la retirada de la ley universitaria

Los profesores dicen que la aprobación acelerada de la norma generará un ‘conflicto general’

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Madrid. Diario "El País", Martes, 16 de octubre de 2001

Unos 5.000 profesores universitarios han suscrito dos manifiestos que piden la retirada del Proyecto de la Ley Orgánica Universitaria (LOU), elaborado por el Ministerio de Educación y que ahora se debate en el Parlamento. Los firmantes piden que se recupere el consenso y que se retrase su aprobación, prevista para antes de que acabe el año. Alegan que, de no ser así, podría provocarse un ‘conflicto general’. Cinco catedráticos, encabezados por el titular de Historia Contemporánea en la UNED, Javier Tusell, presentaron ayer los manifiestos en una rueda de prensa.

Uno de los manifiestos ha sido promovido por la Universidad de Valencia y está colgado desde junio en Internet (www.uv.es/contralalou). A él se han adherido hasta el momento 3.300 profesores a través de firma electrónica. El segundo manifiesto, en la red desde septiembre (manifiesto@universia.net), está suscrito por 1.400 docentes. Lo encabezan el catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, Javier Tussell; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Aparicio, y el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad Complutense, José González Calbet.

Tusell explicó que esta oposición a la LOU se basa en que, a pesar del consenso existente por parte de todo el colectivo universitario sobre la necesidad de una reforma, ‘no se ha tenido en cuenta su opinión’ y se ha pretendido aprobar la ley ‘con una rapidez y una falta de consulta preocupante’.

El PP decidió la semana pasada acelerar el trámite parlamentario de la ley y vetó todas las comparecencias solicitadas por los grupos. Marcó un calendario de dos semanas a la ponencia encargada de analizar el proyecto y las más de 800 enmiendas parciales presentadas por los grupos. ‘Sabemos que la única solución sólo puede encontrarse ahora en el Parlamento. Por eso queremos que los partidos nos oigan y que la ley se discuta antes de aprobarse’, explicó Tusell, en cuyo manifiesto se pide la retirada del proyecto en caso de no se enmendado.

El catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Valencia, Antoni Martínez Andreu, recalcó que el proyecto de ley ‘es perjudicial’ porque no detecta los principales errores de la Universidad. La pérdida de autonomía y la jerarquización del gobierno universitario son, según los manifiestos, los aspectos más preocupantes de este proyecto.

Según el texto de la Universidad de Valencia, la reforma que intenta la ley ‘resta mucha capacidad de autogobierno a las universidades, pero la que deja en ellas la concentra en los profesores doctores permanentes’. Configura un sistema de gobierno ‘más externo pero también más tecnocrático y más gerontocrático, en la que grupos de presión transuniversitarios ganan poder’, añade. La mayor parte de los profesores que han firmado este manifiesto provienen de la Universidad de Valencia (520), de la Politécnica de Valencia (325) y de la del País Vasco (176).

Las respuestas no se han hecho esperar. El profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los promotores de un maniesto anterior que apoyaba la LOU, Gabriel Tortella, aseguró ayer que el proyecto de ley supone un ‘paso, adelante’. ‘Prueba de ello es lo furioso que están los rectores y un cacique como Javier Tusell’, añadió, informa Servimedia. Según Tortella, ‘Tusell se comporta con horca y cuchillo en su departamento y teme que la ley recorte su poder omnímodo. Por eso ataca la reforma’. El manifiesto de Tortella se hizo público el pasado junio y lo suscribieron cerca de 500 docentes.

Martínez Andreu señaló que las declaraciones de Tortella son ‘sólo opiniones’, que ellos no comparten pero que, en cambio, ‘sí’ respetan. Y añadió: ‘El respeto debiera caracterizar el comportamiento de toda la Universidad por eso le exigimos a Tortella que hable de esta manera cuando se refiera a nuestros manifiestos’.

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La Junta de la Universidad Carlos III se opone a la disolución de los claustros

La ministra Del Castillo tilda de ‘irresponsabilidad’ alentar que se boicotee la nueva ley

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Viernes, 19 de octubre de 2001

La Junta de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid manifestó ayer su ‘oposición a la disolución de los claustros prevista en el proyecto de Ley Orgánica de Universidades’ del Gobierno, aunque no señala que, de aprobarse la ley, se vaya a violar esta medida. La Carlos III hizo esta declaración un día después de que su rector, Gregorio Peces-Barba, señalara que ‘no sería extraño que algunas universidades desobedecieran’ el mandato de disolución de los actuales claustros. El centro también anunció que apoyará las movilizaciones convocadas contra el texto del Gobierno. Otros rectores aseguraron que sus centros se unirán a la huelga y a las manifestaciones.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, calificó ayer como ‘una irresponsabilidad’ que Peces-Barba haya ‘alentado a que no se disuelvan los claustros’ y a que las universidades ‘no acaten la ley una vez aprobada’, informa Efe.

Las juntas de gobierno están formadas por el rector, los vicerrectores, el gerente, el secretario general y una representación de los decanos, directores de centro y departamento, profesorado, estudiantes y personal administrativo. Este órgano de la Carlos III explica en un comunicado que se han opuesto a la disolución de los claustros ‘por entender que, en cuanto máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, constituye el sustento de la legitimidad del Gobierno de las Universidades y, por ello, idóneo desde su actual composición para llevar adelante los mandatos de la futura ley’.

Esa junta también expresó su apoyo a la petición de la Conferencia de Rectores de que la tramitación parlamentaria del proyecto sea menos apresurada, así como a las ‘convocatorias que puedan producirse como contestación a la aprobación del proyecto’.

También decidió constituir ‘un grupo de trabajo para el estudio de alternativas de actuación cualquiera que sea el escenario resultante de la tramitación parlamentaria’.

Apoyo de rectoresLos rectores de otras universidades manifestaron ayer su apoyo a la declaración de la Carlos III. ‘Si no hay una modificación importante de los aspectos más cuestionados, como la disolución de los claustros, habrá que hacer una protesta contundente, y la van a apoyar muchas universidades’. Esta declaración del rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz, resume las opiniones de buena parte de sus homólogos.

Según Ruiz, ‘es absurdo quitar la legitimidad a los claustros para elaborar los nuevos estatutos de las universidades y dársela a las juntas de gobierno, que son menos representativas, para elegir el claustro que los elaborará’.

El rector de la Autónoma de Madrid, Raúl Villar, explicó el sentir general expresado por los rectores en la reunión que mantuvieron el miércoles: ‘La universidad no se cambia modificando unas normas a sus espaldas. De esta forma lo único que se crea es conflicto’.

Este centro tiene que renovar su claustro dentro de un mes. Luego, si sale la ley tal y como está, se tendrá que disolver de nuevo tras aprobarse la norma. ‘Si el PP no permite ni siquiera un debate con comparencias en el Congreso y en Senado, las universidades van a apoyar las movilizaciones, y yo también voy a participar’.

En una situación parecida a la de la Autónoma de Madrid se encuentra la Universidad de Barcelona. Tiene que renovar su claustro en diciembre. Su rector, Joan Tugores, señala:

‘Cuando se aplique la ley habrá que ver con qué legitimidad se quita un claustro que acaba de ser elegido’. En cuanto a las movilizaciones, señala que ya se ha comprometido con su Junta de Gobierno a informar y pedir apoyo para las protestas entre la comunidad universitaria.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca manifestará en su reunión del próximo jueves su postura tanto respecto a la disolución de los claustros como al apoyo de las convocatorias de movilizaciones y huelgas, previstas para el 7 y el 14 de noviembre, según señaló su rector, Ignacio Berdugo. También la Universidad de Oviedo se mantiene a la expectativa ante los últimos acontecimientos para tomar una decisión, según dijo su rector, Juan A. Vázquez.

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¿Cuándo dices que es la huelga?

Los estudiantes viven con indiferencia una reforma que reduce su representatividad en los órganos de gobierno y suprime la selectividad

ANA L. ESCUDERO, Diario "El País", Madrid, Domingo, 21 de octubre de 2001

Los estudiantes saben que el Gobierno va a meter un buen revolcón a la Universidad. Y algo les huele mal, aunque no saben qué. ‘Hay que hacer algo ahora, porque si no cuando te quieras dar cuenta ya estará hecho todo’, dice Mario Gómez, un estudiante de Sociología en la Complutense, ansioso por movilizarse sin saber formular por qué. Mario no es una excepción: la convocatoria de huelga de sindicatos y asociaciones estudiantiles, decidida hace sólo una semana, para los próximos 7 y 14 de noviembre no ha dado el salto de los medios de comunicación a las aulas de la Universidad.

‘¿Cuándo dices que es la huelga?’, pregunta incrédula Teresa, una estudiante de Biología de esta misma universidad. ‘Pues la verdad, me da vergüenza decirlo, pero vivo en una burbuja. No veo la tele, ni leo el periódico, ni escucho la radio’. No es raro: los actos informativos de la Campaña Estatal contra la LOU no comenzarán hasta la próxima semana, por lo que en las facultades hay aún más carteles que invitan a irse al campo que a protestar.

Por eso no basta con darse un paseo por el campus para desentrañar qué pretende cambiar de la Universidad la ministra de Educación, Pilar del Castillo. Es necesario acudir a universitarios versados en la materia que, por su participación en los órganos de gobierno, tengan acceso directo a la información y una mayor implicación en el rumbo de la Universidad.

¿Por qué la LOU levanta las iras de los estudiantes que la conocen? Una de las razones que esgrimen es que van a tener menos representación en los órganos de gobierno. ‘Con esta ley da la sensación de que si no existieran los estudiantes las cosas funcionarían mejor, pero nuestra representación es tremendamente útil porque somos nosotros los que exigimos más calidad como usuarios del servicio’, explica Óscar Aguado, estudiante de Minas en la Politécnica de Madrid.

Los alumnos también van a poder votar directamente a su rector por sufragio universal ponderado. Pero no acaba de gustar. ‘Al final las elecciones se van a convertir en un circo: tres tíos que llenan las farolas de la Universidad con fotografías suyas y que prometen cosas insustanciales en un auditorio lleno de globos de colores’, asegura Raúl Ortega, estudiante de Ingeniería en la Carlos III de Madrid.

Para acceder a la Universidad desaparecerá la selectividad y cada centro o facultad podrá poner su prueba de acceso. O no poner ningún tipo de restricción. ‘Esto va a acabar como la Universidad americana, en la que los estudiantes tienen que ir de centro en centro hasta que alguno les acabe cogiendo, pero aquí es pública’, explica Eva Inglés, estudiante de Pedagogía en la Universidad de Barcelona. Y añade: ‘La selectividad, al menos, garantizaba la igualdad de oportunidades porque todos eran evaluados por los mismos criterios’.

Sin embargo, los profesores están convencidos de que la huelga acabará por calar entre los estudiantes. ‘Después de muchos años de desapego del alumno en el rumbo de la Universidad, el estudiante empieza a despertar y se está dando cuenta de que debe implicarse’, explica Antonio Rodríguez de las Heras, decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Carlos III. Un poco más pesimista es Javier Sanz Feito, catedrático de ingeniería eléctrica de la Carlos III, que opina que las huelgas universitarias ‘nunca tienen demasiado efecto sobre el Gobierno, porque la presión es nula’. ‘No es como cuando los conductores de autobuses deciden paralizar el país. Y tampoco es ese el estilo de los docentes. Pero tenemos que empezar a hacernos escuchar’, explica. En su opinión, la ley contiene muchos puntos que también les va a afectar a ellos: la falta de financiación de la reforma, la forma de acceder a una plaza (la habilitación) o ‘la falta de definición a la hora de establecer la carrera docente, que no erradica la precariedad laboral’.

‘La Universidad debe ser el único sitio donde en el siglo XXI todavía existe un régimen feudal y caciquil, que prima la fidelidad a las cátedras sobre la calidad. La ley, con buena voluntad, pretende solucionar el problema clásico de la endogamia con la habilitación, pero estas prácticas seguirán existiendo’, augura Iñaki Piñuel, profesor titular de Economía y dirección de Empresas en Alcalá de Henares (Madrid).

El vicerrector de investigación de la Carlos III también está preocupado porque la ley ‘no arregla los problemas fundamentales de los investigadores, como es su precariedad laboral’. Y también porque la movilidad del profesorado para que se forme en más de una universidad ‘quiere definirse de forma categórica’, cuando los centros ya estaban buscando vías para promoverla.

El personal no docente, curiosamente, está más informado que los estudiantes. Quizás por su mayor afiliación sindical. Ángel Luis López escucha música de Radio Olé en la conserjería de la Facultad de Biología de la Complutense: ‘La verdad es que va a significar un deterioro del personal de administración y servicios. Nuestra representatividad en el claustro se va a reducir y un voto allí es como un lingote de oro’, dice. Y añade: ‘Yo sí que estoy enterado porque estoy en el claustro y los sindicatos nos tienen informados’.

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Los dos bandos de la guerra universitaria

El Ministerio defiende una ley que ha desatado las protestas de la mayoría de profesores, estudiantes y personal no docente

SOLEDAD ALCAIDE. Diario "El País". Madrid, Domingo, 21 de octubre de 2001

El proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha llegado al Congreso. En una sola reunión, los grupos parlamentarios han visto esta semana gran parte de las 800 enmiendas. Pero este ajetreo se ve con recelo en los campus.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT; una parte muy representativa de asociaciones de estudiantes, unidas en la denominada Campaña Estatal contra la LOU; y también los rectores y miles de profesores se quejan de esta ley, aunque no de que se reforme el sistema universitario. Entre otras cosas, porque creen que con ella la Universidad perderá independencia y flexibilidad para adaptarse a nuevos tiempos. Su descontento tiene fechas de expresión: los sindicatos han convocado huelga general en la Universidad para el próximo 7 de noviembre. Y los estudiantes, el jueves siguiente, el 14. Antes, todos movilizarán concentraciones ante el Congreso el próximo 31 de octubre, cuando se debata la LOU en el pleno.

Del otro lado, el Ministerio de Educación defiende su proyecto, sólo públicamente apoyado por un manifiesto encabezado por el catedrático Gabriel Tortella y respaldado por unos 500 profesores. En palabras del secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, esta ley supera la ‘prueba del algodón’ frente a la anterior y permitirá ‘un nuevo salto en la calidad del sistema’. Éstos son los argumentos de ambas partes:

Falta de debate

‘La ministra no viene aquí, ni habla con nosotros’, plantea José Miguel Pérez. ‘Ella tiene a un grupo de expertos, entre comillas, que deciden lo que hacer sin pedir opinión a nadie’. Este estudiante de Filosofía de 22 años apunta un sentimiento muy común: que el proyecto de reforma de la Universidad se ha hecho casi a espaldas de quienes deberán regirse por él. Y la LOU va a afectarles en cosas concretas: como, por ejemplo, en si los estudiantes participan en la decisión de las fechas de los exámenes o en si se acaba con la endogamia.

‘Se ha dado poco margen a la recogida de sugerencias’, sostiene también Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritaria en representación sindical y con más presencia en cuanto a afiliación entre el personal no docente que entre el profesorado. ‘Luego el ministerio ha sido incapaz de asumir las críticas’, continúa, ‘se han interpretado como una zancadilla. Y aunque han recogido algunas de nuestras observaciones en las enmiendas, lo cierto es que eran de sentido común u omisiones graves como la del acceso de los mayores de 25 años’.

La visión del secretario de Estado de Universidades es completamente opuesta. Iglesias de Ussel asegura que en el procedimiento de discusión de los borradores de la ley ha habido muchos encuentros informales con profesores, representantes de los estudiantes y sindicatos. Pero además se ha seguido el procedimiento formal, a través del Consejo de Universidades. ‘Y no hay que olvidar que el procedimiento de discusión establecido para el Consejo se hizo por unanimidad de los rectores’, señala. ‘Ha habido decenas de horas de debate del borrador en sus aspectos sustanciales’.

Otra de las grandes diferencias está en el dinero con el que se abordará el nuevo sistema. ‘Si quieren una ley nueva, que saquen un documento de financiación’, apunta Roberto González, de 21 años y estudiante de Derecho. Cierto es que la LOU pasa de puntillas por la cuestión, aunque el Ministerio se escuda en que la financiación es competencia autonómica. ‘A las comunidades les corresponden los recursos, pero hay una política de igualdad de oportunidades que pertenece a la Administración’, matiza un portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que reúne a 66.

Iglesias pide tiempo. Argumenta que se ha incluido en el proyecto que el Consejo de Universidades elabore un modelo de financiación, que marque criterios básicos a las autonomías. ‘Es conveniente que se nos dé un tiempo mínimo’.

Un modelo no es un plan de financiación. Y en la opinión de muchos de los consultados, la Universidad requiere de inversiones concretas para que la reforma se lleve a cabo. ‘No se consigue más calidad en la enseñanza, sin poner un duro más’, añade el portavoz de los rectores.

Un ejemplo son las becas y ayudas al estudio. Toda la comunidad universitaria coincide en que son insuficientes. Incluido el ministerio:

‘Nunca diré que es un sistema óptimo’, dice Iglesias. ‘Pero hay un compromiso real de mejorar’. Y aporta datos: ‘Entre el 2000 y el 2001 creció en un 12% el porcentaje en becas. Y entre el 2001 y el 2002 el presupuesto aumenta un 7,4%. Además, en años de descenso del número de estudiantes’.

Cifras poco tangibles para los principales afectados, los estudiantes. ‘Es hipócrita que se tomen medidas como el distrito único [el libre acceso a todas las universidades] sin una política de becas. ¿Cuántos se pueden permitir estudiar fuera de su ciudad?’, se pregunta Miguel Jiménez, del Sindicato de Estudiantes.

Entre los cambios específicos que propone la ley preocupa la supresión de la selectividad. El ministerio ha pasado de anunciar a los cuatro vientos que ésta desaparecerá a cambio de que se establezca un examen por Universidad, a afirmar que sólo se ha querido crear un marco jurídico para los exámenes específicos que ya existían -los de ingreso a carreras como Bellas Artes o INEF-. ‘La Universidad tomará la decisión de establecer una prueba en los casos específicos en los que crea que es necesaria’, explica el secretario de Estado. Pero el ministerio no ha aclarado si definitivamente se establecerá una prueba de reválida al final del Bachillerato.

‘El modelo tiene trampas’, sostiene Nerea Fernández, estudiante de Biológicas de 21 años. ‘Crea universidades de primera con pruebas de difícil acceso y otras de segunda, que para atraerse estudiantes dejan el libre acceso’.

Otros alumnos se quejan de que el sistema favorece el nepotismo (‘¿Cómo se controla que no haya enchufe? Ahora la nota de corte es meridiana, pero ¿cuáles serán los criterios para valorar los conocimientos?’); es irrealizable en la práctica (‘Si ya cuesta que no coincidan exámenes de dos cursos, ¿cómo se va a evitar que todos tengan al menos la posibilidad de presentarse a los exámenes de las universidades de toda España?) y favorece un modelo elitista (‘Las universidades jugarán a ser Harvard en un sistema público’).

El ministerio no esconde que la LOU favorece la competencia entre universidades. De hecho introduce una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que servirá para medir la oferta universitaria: permitirá establecer un ranking de facultades.

Un sistema que no gusta a muchos por el carácter público de la enseñanza superior española. ‘Eso fomenta una minoría con título de calidad y vulnera el la igualdad de oportunidades’, dice un representante de los estudiantes en el Foro Estatal de Representantes de Universidades Públicas. En su opinión, el proyecto de ley se conforma con crear una élite para determinados sectores. ‘No les interesa una formación universitaria para la sociedad, que ésta tenga capacidad de análisis, capacidad de debate o espíritu democrático’.

Pero la evaluación de universidades sí le parece bien a los rectores, como ha manifestado su presidente, Saturnino de la Plaza.

Lo que es polémica es la remodelación de los órganos de gobierno. Como el método de elección del rector, por sufragio universal ponderado. Los propios rectores se quejan de que el debate se ha presentado como si se resistieran a nuevas fórmulas. Y lo que piden es que la LOU abarque proyectos eficientes, pero diferentes. Es decir, se dé más libertad a cada universidad para elegir su modelo de gobierno en sus estatutos, sin imponer uno solo desde arriba.

Como argumento, el hecho de que las universidades son muy diferentes: no es lo mismo un campus repartido por diversas ciudades de toda una comunidad autónoma, como la Universidad de Castilla-La Mancha, que uno donde todas las facultades están en edificios próximos, como el de la Carlos III de Getafe (Madrid).

‘Parece más democrático poder elegir directamente al rector’, sostiene Santos Bolado, bibliotecario en la Universidad Complutense de Madrid. ‘Pero el sistema anterior lo era más, porque había control del trabajo de cada representante. Éste tenía que dar explicaciones directas a los trabajadores. Ahora no hay posibilidad de pedir cuentas, porque muchas veces ni siquiera conoces al rector’. En una universidad pequeña al rector se le ve en la cafetería; en una grande puede ser un desconocido.

También preocupa que las campañas de los rectores atraigan intereses externos. Iglesias barre de un plumazo estos argumentos:

‘Incluso en el actual sistema no hay ningún candidato a rector que no haga campaña en todos los sectores y centros’. Pero, además, rechaza injerencias externas: ‘El sistema actual posibilita que esas injerencias queden clandestinas. Ahora cualquier intervención va a tener que ser manifiesta. Y se pagarán las consecuencias porque se apostará por otras candidaturas’.

Estudiantes y personal no docente también se quejan de que pierden presencia en los órganos de gobierno y que algunos de éstos tienen menos competencias. ‘Por ejemplo, ahora la Junta de facultad pasa a ser consultiva’, apunta un estudiante de Económicas. Esto supone que decisiones del día a día, como las fechas de exámenes, la apertura de las bibliotecas o la reforma de los planes de estudio ya no se deciden en estos órganos. No imponen su criterio, que queda en manos del decano. ‘Pero es que además en la nueva ley se da la posibilidad de que éste sea designado por el rector’, añade el portavoz de la CRUE.

Una de las novedades que más defiende el secretario de Estado es el sistema de ingreso de los docentes contratados. ‘Ahora el profesor joven, para su promoción, depende de quien tiene al lado al 100%. La ley lo que le garantiza es que si no tiene armonía con su superior, su trabajo y su prestigio y su esfuerzo le lleven a los niveles que espera’, argumenta. Se hará a través de un sistema de habilitación igual para todo el Estado que, según Iglesias, es como el que siguen el resto de funcionarios.

Pero no está claro que el sistema ayude a reducir la endogamia. ‘La habilitación conlleva la trampa de que ni siquiera garantiza una plaza, porque tienes que volver a pasar una prueba en la Universidad donde quieras trabajar’, afirma Jesús Esquinas, profesor de Matemáticas de la Complutense.

Será difícil que estas dos posturas lleguen a un acuerdo, aunque el Ministerio tiene las de ganar, porque su ley contará con el apoyo de la mayoría del PP en el Congreso. Los detractores de la ley consideran que, al menos, dejan constancia de que la LOU no les gusta.El proyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) ha llegado al Congreso. En una sola reunión, los grupos parlamentarios han visto esta semana gran parte de las 800 enmiendas. Pero este ajetreo se ve con recelo en los campus.

Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT; una parte muy representativa de asociaciones de estudiantes, unidas en la denominada Campaña Estatal contra la LOU; y también los rectores y miles de profesores se quejan de esta ley, aunque no de que se reforme el sistema universitario. Entre otras cosas, porque creen que con ella la Universidad perderá independencia y flexibilidad para adaptarse a nuevos tiempos. Su descontento tiene fechas de expresión: los sindicatos han convocado huelga general en la Universidad para el próximo 7 de noviembre. Y los estudiantes, el jueves siguiente, el 14. Antes, todos movilizarán concentraciones ante el Congreso el próximo 31 de octubre, cuando se debata la LOU en el pleno.

Del otro lado, el Ministerio de Educación defiende su proyecto, sólo públicamente apoyado por un manifiesto encabezado por el catedrático Gabriel Tortella y respaldado por unos 500 profesores. En palabras del secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, esta ley supera la ‘prueba del algodón’ frente a la anterior y permitirá ‘un nuevo salto en la calidad del sistema’. Éstos son los argumentos de ambas partes:

Falta de debate’La ministra no viene aquí, ni habla con nosotros’, plantea José Miguel Pérez. ‘Ella tiene a un grupo de expertos, entre comillas, que deciden lo que hacer sin pedir opinión a nadie’. Este estudiante de Filosofía de 22 años apunta un sentimiento muy común: que el proyecto de reforma de la Universidad se ha hecho casi a espaldas de quienes deberán regirse por él. Y la LOU va a afectarles en cosas concretas: como, por ejemplo, en si los estudiantes participan en la decisión de las fechas de los exámenes o en si se acaba con la endogamia.

‘Se ha dado poco margen a la recogida de sugerencias’, sostiene también Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritaria en representación sindical y con más presencia en cuanto a afiliación entre el personal no docente que entre el profesorado. ‘Luego el ministerio ha sido incapaz de asumir las críticas’, continúa, ‘se han interpretado como una zancadilla. Y aunque han recogido algunas de nuestras observaciones en las enmiendas, lo cierto es que eran de sentido común u omisiones graves como la del acceso de los mayores de 25 años’.

La visión del secretario de Estado de Universidades es completamente opuesta.

Iglesias de Ussel asegura que en el procedimiento de discusión de los borradores de la ley ha habido muchos encuentros informales con profesores, representantes de los estudiantes y sindicatos. Pero además se ha seguido el procedimiento formal, a través del Consejo de Universidades. ‘Y no hay que olvidar que el procedimiento de discusión establecido para el Consejo se hizo por unanimidad de los rectores’, señala. ‘Ha habido decenas de horas de debate del borrador en sus aspectos sustanciales’.

Otra de las grandes diferencias está en el dinero con el que se abordará el nuevo sistema. ‘Si quieren una ley nueva, que saquen un documento de financiación’, apunta Roberto González, de 21 años y estudiante de Derecho. Cierto es que la LOU pasa de puntillas por la cuestión, aunque el Ministerio se escuda en que la financiación es competencia autonómica. ‘A las comunidades les corresponden los recursos, pero hay una política de igualdad de oportunidades que pertenece a la Administración’, matiza un portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que reúne a 66.

Iglesias pide tiempo. Argumenta que se ha incluido en el proyecto que el Consejo de Universidades elabore un modelo de financiación, que marque criterios básicos a las autonomías. ‘Es conveniente que se nos dé un tiempo mínimo’.

Un modelo no es un plan de financiación. Y en la opinión de muchos de los consultados, la Universidad requiere de inversiones concretas para que la reforma se lleve a cabo. ‘No se consigue más calidad en la enseñanza, sin poner un duro más’, añade el portavoz de los rectores.

Un ejemplo son las becas y ayudas al estudio. Toda la comunidad universitaria coincide en que son insuficientes. Incluido el ministerio:

‘Nunca diré que es un sistema óptimo’, dice Iglesias. ‘Pero hay un compromiso real de mejorar’. Y aporta datos: ‘Entre el 2000 y el 2001 creció en un 12% el porcentaje en becas. Y entre el 2001 y el 2002 el presupuesto aumenta un 7,4%. Además, en años de descenso del número de estudiantes’.

Cifras poco tangibles para los principales afectados, los estudiantes. ‘Es hipócrita que se tomen medidas como el distrito único [el libre acceso a todas las universidades] sin una política de becas. ¿Cuántos se pueden permitir estudiar fuera de su ciudad?’, se pregunta Miguel Jiménez, del Sindicato de Estudiantes.

Entre los cambios específicos que propone la ley preocupa la supresión de la selectividad. El ministerio ha pasado de anunciar a los cuatro vientos que ésta desaparecerá a cambio de que se establezca un examen por Universidad, a afirmar que sólo se ha querido crear un marco jurídico para los exámenes específicos que ya existían -los de ingreso a carreras como Bellas Artes o INEF-. ‘La Universidad tomará la decisión de establecer una prueba en los casos específicos en los que crea que es necesaria’, explica el secretario de Estado. Pero el ministerio no ha aclarado si definitivamente se establecerá una prueba de reválida al final del Bachillerato.

‘El modelo tiene trampas’, sostiene Nerea Fernández, estudiante de Biológicas de 21 años. ‘Crea universidades de primera con pruebas de difícil acceso y otras de segunda, que para atraerse estudiantes dejan el libre acceso’.

Otros alumnos se quejan de que el sistema favorece el nepotismo (‘¿Cómo se controla que no haya enchufe? Ahora la nota de corte es meridiana, pero ¿cuáles serán los criterios para valorar los conocimientos?’); es irrealizable en la práctica (‘Si ya cuesta que no coincidan exámenes de dos cursos, ¿cómo se va a evitar que todos tengan al menos la posibilidad de presentarse a los exámenes de las universidades de toda España?) y favorece un modelo elitista (‘Las universidades jugarán a ser Harvard en un sistema público’).

El ministerio no esconde que la LOU favorece la competencia entre universidades. De hecho introduce una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que servirá para medir la oferta universitaria: permitirá establecer un ranking de facultades.

Un sistema que no gusta a muchos por el carácter público de la enseñanza superior española. ‘Eso fomenta una minoría con título de calidad y vulnera el la igualdad de oportunidades’, dice un representante de los estudiantes en el Foro Estatal de Representantes de Universidades Públicas. En su opinión, el proyecto de ley se conforma con crear una élite para determinados sectores. ‘No les interesa una formación universitaria para la sociedad, que ésta tenga capacidad de análisis, capacidad de debate o espíritu democrático’.

Pero la evaluación de universidades sí le parece bien a los rectores, como ha manifestado su presidente, Saturnino de la Plaza.

Lo que es polémica es la remodelación de los órganos de gobierno. Como el método de elección del rector, por sufragio universal ponderado. Los propios rectores se quejan de que el debate se ha presentado como si se resistieran a nuevas fórmulas. Y lo que piden es que la LOU abarque proyectos eficientes, pero diferentes. Es decir, se dé más libertad a cada universidad para elegir su modelo de gobierno en sus estatutos, sin imponer uno solo desde arriba.

Como argumento, el hecho de que las universidades son muy diferentes: no es lo mismo un campus repartido por diversas ciudades de toda una comunidad autónoma, como la Universidad de Castilla-La Mancha, que uno donde todas las facultades están en edificios próximos, como el de la Carlos III de Getafe (Madrid).

‘Parece más democrático poder elegir directamente al rector’, sostiene Santos Bolado, bibliotecario en la Universidad Complutense de Madrid. ‘Pero el sistema anterior lo era más, porque había control del trabajo de cada representante. Éste tenía que dar explicaciones directas a los trabajadores. Ahora no hay posibilidad de pedir cuentas, porque muchas veces ni siquiera conoces al rector’. En una universidad pequeña al rector se le ve en la cafetería; en una grande puede ser un desconocido.

También preocupa que las campañas de los rectores atraigan intereses externos. Iglesias barre de un plumazo estos argumentos:

‘Incluso en el actual sistema no hay ningún candidato a rector que no haga campaña en todos los sectores y centros’. Pero, además, rechaza injerencias externas: ‘El sistema actual posibilita que esas injerencias queden clandestinas. Ahora cualquier intervención va a tener que ser manifiesta. Y se pagarán las consecuencias porque se apostará por otras candidaturas’.

Estudiantes y personal no docente también se quejan de que pierden presencia en los órganos de gobierno y que algunos de éstos tienen menos competencias. ‘Por ejemplo, ahora la Junta de facultad pasa a ser consultiva’, apunta un estudiante de Económicas. Esto supone que decisiones del día a día, como las fechas de exámenes, la apertura de las bibliotecas o la reforma de los planes de estudio ya no se deciden en estos órganos. No imponen su criterio, que queda en manos del decano. ‘Pero es que además en la nueva ley se da la posibilidad de que éste sea designado por el rector’, añade el portavoz de la CRUE.

Una de las novedades que más defiende el secretario de Estado es el sistema de ingreso de los docentes contratados. ‘Ahora el profesor joven, para su promoción, depende de quien tiene al lado al 100%. La ley lo que le garantiza es que si no tiene armonía con su superior, su trabajo y su prestigio y su esfuerzo le lleven a los niveles que espera’, argumenta. Se hará a través de un sistema de habilitación igual para todo el Estado que, según Iglesias, es como el que siguen el resto de funcionarios.

Pero no está claro que el sistema ayude a reducir la endogamia. ‘La habilitación conlleva la trampa de que ni siquiera garantiza una plaza, porque tienes que volver a pasar una prueba en la Universidad donde quieras trabajar’, afirma Jesús Esquinas, profesor de Matemáticas de la Complutense.

Será difícil que estas dos posturas lleguen a un acuerdo, aunque el Ministerio tiene las de ganar, porque su ley contará con el apoyo de la mayoría del PP en el Congreso. Los detractores de la ley consideran que, al menos, dejan constancia de que la LOU no les gusta.

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El PP arremete contra la Universidad y acusa a los rectores de comprar votos

El grupo popular cambia la ley y da voto a representantes políticos en el órgano de gobierno

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid, Martes, 23 de octubre de 2001

El portavoz de justicia del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y miembro de la Comisión de Educación, Andrés Ollero, arremetió ayer contra la situación de la Universidad, dijo que la Ley de Universidades va ser ‘un alivio’ y criticó la excesiva permanencia de muchos alumnos en esta institución. Ollero acusó además a los rectores de comprar el voto de los claustros para ser elegidos. La sesión de la Comisión de Educación para debatir las más de 800 enmiendas a la ley empezó con una protesta del PSOE, CiU, IU, el PNV y el Grupo Mixto por la celeridad del debate en el Congreso. El PP aprobó una enmienda con la que da voto a los representantes del consejo social en el gobierno de la Universidad.

El portavoz de Justicia de los populares no escatimó ayer en comentarios despreciativos sobre la actual Universidad española Ollero no se tuvo reparos en expresar públicamente algunas opiniones críticas hacia los alumnos y estas instituciones que suelen difundir sólo en privado otros miembros de su partido: ‘Sería interesante ver cuántas universidades españolas cumplen las normas sobre el límite de permanencia por parte de los estudiantes, aparte de la Carlos III o la Politécnica, a mí no me suena ninguna otra. Quizás algo tenga que ver con cómo es elegido el rector. Incluso un rector, que ya no lo es, me confesaba el otro día que la primera vez que se presentó no salió porque el otro candidato había hecho una oferta económica al Personal de Administración y Servicios (PAS) realmente tentadora. Son hechos que forman parte del corporativismo cotidiano’.

Para justificar la elección del rector por sufragio universal ponderado que recoge la nueva ley, afirmó que hay ‘organigramas tropicales en la universidad porque, como el rector necesita ser votado por el claustro, tiene que inventarse cargos para poder satisfacer a los que le han votado’.

Andrés Ollero dijo además que ‘no le gusta’ la Universidad y que es ‘un alivio librarse’ de la ley vigente (la Ley de Reforma Universitaria, de 1983, elaborada por el PSOE) porque ‘ha machacado a la Universidad española’ y ha provocado el ‘corporativismo y la endogamia’. Y añadió que, por todo ello, la ley del PP supone ‘un alivio’.

Pocas enmiendas fueron aprobadas ayer a lo largo del día. Una de ellas fue la que recupera la idea inicial del Gobierno de que haya representantes del Consejo Social (entre los que puede haber políticos) con voto en el Consejo de Gobierno, algo a lo que se negaron rotundamente hace meses los rectores. A cambio, se han introducido con voto en el consejo social un alumno, un profesor y un miembro del PAS y se da voto en este órgano al rector, el secretario general y el gerente.

La Comisión de Educación, que transcurrió ayer en un tono muy crispado, pretendía dejar ayer listo el texto definitivo. Al cierre de esta edición, los parlamentarios llevaban más de 10 horas reunidos. Si el texto queda listo para hoy, se votará en el Pleno del Parlamento del próximo día 31. Unos días después será enviado al Senado, tras incorporar las enmiendas aprobadas. El Senado tendrá un plazo máximo de dos meses para vetar o enmendar el proyecto, que se reduciría a 20 días, si el Gobierno lo envía por la vía de urgencia, según establece el artículo 89 de la Constitución. Por lo tanto, se calcula que el proyecto estará definitivamente aprobado antes de enero. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, lo presentó al Congreso el 27 de septiembre.

Las más de 800 enmiendas a la ley han tenido que ser debatidas por la comisión en sólo dos maratonianas sesiones, una la semana pasada y la otra ayer.

Los portavoces de todos los grupos, menos el PP y sus socios de Coalición Canaria, protestaron en la reunión de ayer por la ‘prisa con la que se está tramitando este ley’. El portavoz de CiU, Ignacio Guardans, señaló que si el PP no evita que la tramitación de esta ley se liquide en sólo una semana, ‘será difícil que CiU cambie su estado de suspensión, su estado de abstención’. Este grupo rechazó ayer todas las enmiendas presentadas por el PSOE y se abstuvo en casi todas las del PP.

Los portavoces socialistas Carme Chacón y Jaime Lissavetzky insistieron en que que la ley recorta la autonomía universitaria a lo largo de todo el texto. El portavoz del PNV, Xosé Juan González de Txabarri, criticó el ‘excesivo grado de reglamentarismo de la ley’ y la ‘interpretación lo más restrictiva posible’ con las comunidades que ha hecho el PP de la legislación. Este portavoz señaló que es retrógrada en lo social, decimonónica en lo académico y napoleónica en lo organizativo’.

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El PP paraliza con una enmienda a la ley universitaria la convocatoria de plazas docentes

Los rectores denuncian que la medida retrasará dos años la entrada de nuevos profesores

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "el País". Madrid, Miércoles, 24 de octubre de 2001

El PP en el Congreso modificó en la madrugada de ayer el proyecto de Ley Orgánica de Universidades para eliminar el periodo transitorio de seis meses que recogía el texto para la convocatoria de plazas pendientes de profesor funcionario. El cambio legislativo implica que a partir de la aprobación de la ley, prevista para antes de enero, no se podrán convocar plazas hasta que no esté desarrollado el nuevo sistema de habilitación (un examen de ámbito nacional), cuya puesta en marcha, según los rectores, puede tardar un mínimo de dos años.

Los profesores que quieran acceder a una plaza de titular universitario o de catedrático tendrán que esperar a que el Gobierno organice las pruebas de habilitación nacional que se introducen con la ley como nueva forma de seleccionar al profesorado. Tras esta autorización estatal, cada universidad podrá elegir a sus profesores mediante el sistema que prefiera (examen, currículo o entrevista) entre los habilitados.

Los rectores denuncian que esta medida ‘paralizará la contratación de profesores funcionarios porque la habilitación tardará entre uno y dos años en ponerse en marcha’, señala el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza.

En ese plazo, el Gobierno tiene que elaborar los reales decretos que señalen cómo se regulan las pruebas de habilitación, y las universidades tienen que crear los claustros provisionales que elaboren los nuevos estatutos, según las indicaciones de la ley. Habrá que esperar a que esos estatutos se aprueben en cada centro para saber cómo va a ser su sistema de acceso del profesorado habilitado a cada plaza vacante.

Los rectores recuerdan además que está en marcha el plan de estabilidad del profesorado a aplicar en tres años (2000, 2001 y 2002), promovido por el anterior ministro de Educación, Mariano Rajoy, para otorgar seguridad laboral a un número determinado de docentes. ‘Eliminar el periodo de seis meses para la puesta en marcha de los concursos pendientes colisiona con el plan de promoción que aprobó el Gobierno y lo cercena’, señala De la Plaza. El presidente de los rectores no se explica la conducta del Gobierno en este tema:

‘Este acuerdo se debatió mucho en el Consejo de Universidad y el propio Estado acordó un credito de 21.000 millones en tres años para ejecutarlo. El Estado aportaba 7.000 millones anuales y las comunidades unos 7.500 millones más a lo largo de los tres años’.

El Gobierno ha sugerido que se están convocando ‘demasiadas’ plazas. Pero el presidente de los rectores asegura que ‘están saliendo a concurso y publicándose en el BOE plazas del plan que promovió Rajoy, nada más’.

Fuentes de Educación negaron ayer que se vaya a incumplir el plan de estabilidad y aseguraron que ‘seguirá en los mismos términos en cuanto a inversión y plazos de ejecución’.

El profesorado contratado (no funcionario) representa el 45% de los docentes universitarios, lo que incumple la legislación vigente, ya que la Ley de Reforma Universitaria señala que debe haber como máximo un 20% de contratados, no funcionarios, en las universidades no politécnicas, y un 30% en las politécnicas.

El plan promovido por Rajoy hacía posible dar una plaza estable a alrededor de 10.000 profesores entre los que están en precario. Se calcula que unos 35.000 están con contrato temporal en las universidades.

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Los rectores colocan en masa a sus docentes antes de la nueva ley

Las universidades sacan un 43% más de puestos de profesores funcionarios que en 2000 para evitar las pruebas de acceso de la LOU

MADRID. Diario "El Mundo", PEDRO SIMON, 23 de Octubre de 2001.

Del Gaudeamus Igitur al Sálvese quien pueda sólo ha habido un paso: el anuncio de que vendría una nueva ley que trae por bandera la lucha contra la endogamia y el limpiar de enchufismo nuestros campus.

Se consiga o no, fue decirlo así el Gobierno y detrás llegar la estampida como el trueno que sigue al rayo. En el año 2001, las universidades españolas han convocado un 43% más de plazas a profesorado funcionario que en 2000, dicho sea de paso, para intentar colocar a todo bicho viviente que todavía no lo es.

El ejercicio de supervivencia se está repitiendo desde hace meses en los centros de enseñanza superior de España, tanto públicos como privados, de una comunidad o de otra.

La consigna es la misma en todos los departamentos, y el discurso suena más o menos así: hay que sacar la plaza para meter a este compañero antes de que venga la ley. Barra libre para los nuestros.

Las cotizadas plazas a profesor titular se suelen convocar en los meses de septiembre y octubre mediante una solicitud al Consejo de Universidades, cuya tramitación abarca en torno a un año de duración.

Según datos oficiales de la Secretaría de Estado de Universidades, en septiembre de 2000 se solicitaron 330 plazas y en octubre, 212. Sumando, 542 plazas. Un año después, en septiembre de 2001 se requirió la aprobación de 443 puestos nuevos; 336 en octubre.Sumando, 779 plazas de funcionariado. O sea, un 43% más en 2001 que en el mismo periodo del año anterior.

¿Qué ha pasado para que se desate semejante frenesí de convocar y convocar plazas a profesorado funcionario? ¿Por qué esta suerte de jornada de puertas abiertas en los departamentos (entre y sírvase)?

Cambio de tribunales

Para empezar a responder hay que irse a marzo de 2001, fecha en que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, dio el pistoletazo de salida y anunció que vendría una ley, que esa ley cambiaría la universidad y que la norma bregaría más que ninguna otra contra la endogamia. El grifo actual lo cerrará pues la Ley Orgánica de Universidades (LOU), cuya revolucionaria composición de los tribunales complica la existencia al candidato apadrinado, al enchufado sin más.

Con la aún vigente Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, todo el que quiera acceder a una plaza de profesorado universitario debe enfrentarse a un equipo de cinco examinadores (dos de la casa y tres de fuera). Con la futura LOU, los tribunales serán de siete miembros, todos elegidos por sorteo en otros campus ajenos al que convoca la plaza.

Fuentes del Ministerio de Educación consultadas ayer calificaron de «alarmante» y de «desmedida» la crecida en la convocatoria de plazas a profesor titular, aunque destacaron que es «absolutamente legal» el hacerlo. Además, certificaron, la práctica se está extendiendo tanto entre los centros públicos como en los privados.

Según ha podido saber este periódico, decenas de universidades insumisas a la LOU han convocado esta semana reuniones departamentales para sacar adelante de un empujón todas las plazas posibles.Algunos candidatos que llevaban tres o cuatro años esperando un hueco verán cumplidos sus deseos en estos días. En ocasiones, incluso, se está haciendo la vista gorda suprimiendo requisitos temporales para optar a una plaza. Todo por obra y gracia de la trifulca rectores-Ministerio.

Buena medida del ritmo que lleva la locomotora de peticiones reside en las estadísticas provisionales del noviembre venidero.Poniendo la lupa encima, vemos que el año pasado se solicitaron 383 plazas para este mes. Para el noviembre del año 2001, y sólo por adelantado, ya se han recogido 341.

En las barricadas andan los rectores desde hace tiempo disparando desde la CRUE. Y la medida de ahora parece encuadrada dentro de una estrategia global de torpedeo a la LOU.

LLamando a «desobedecer» la norma salió a hablar la semana pasada Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III de Madrid y uno de los padres de la Constitución Española. Dijo el que fuera presidente del Congreso que la LOU podría ser no acatada, y desató la caja de los truenos.

Enmienda del PP

A contrarreloj están funcionando los diferentes departamentos universitarios contra la norma en ciernes, dispuesta a cambiar repite machaconamente el Ministerio de Educación ciertos tics que han incubado 18 años de LRU.

Por ejemplo, a la práctica totalidad de las plazas que salen a concurso sólo se presenta un candidato. Por ejemplo, los rectores suelen informarse de quién es el profesor elegido y de su pedigrí antes de sacar el cotizado puesto. Por ejemplo, se suele marginar al docente que osa presentar un candidato que no es de la casa.

También a contrarreloj el Gobierno se ha sacado su conejo de la chistera para remediar el asunto. Tal y como informó La Razón hace días, una enmienda del Partido Popular a la Ley Orgánica de Universidades, actualmente en trámite parlamentario, cambiará la disposición transitoria en la que se dan seis meses de plazo para satisfacer necesidades contractuales docentes antes de poner en marcha la habilitación del profesorado funcionario.

El que quiera una plaza en propiedad deberá pasar por el aro de un examen filtro, esa es la intención del Gobierno. Habrá requisitos más duros y deberán cumplirse... Todo es posible, paradojas de la autonomía universitaria, si el fragor insumiso de algunos rectores lo acaba permitiendo.

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El PP frena con una enmienda la avalancha de convocatorias de plazas universitarias

PSOE y CCOO dicen que el Gobierno incumple el plan de estabilidad docente de Rajoy

PEDRO SIMON . Madrid, Diario "El Mundo". 24 de Octubre de 2001.

Con nocturnidad (era ya madrugada del martes en la Comisión de Educación del Congreso) y la solvencia de una mayoría absoluta, el Partido Popular aprobó ayer una enmienda a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que es todo un aviso a los rectores, quienes no podrán contratar profesores titulares con el sistema actual ni en los seis meses después de la puesta en marcha de la nueva norma.

Los populares, con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, suprimieron de un plumazo este plazo inicial de transición, incluido en el texto del Gobierno. Así las cosas, desde el primer día en que comience la LOU tendrán que contratar las universidades a sus funcionarios pasando por el aro de las novedosas pruebas de habilitación.

Según adelantó ayer EL MUNDO, la convocatoria de plazas de estos profesores sacadas a concurso por las universidades ha aumentado su cuantía en un 43% en septiembre y octubre de 2001 con respecto al mismo periodo del año anterior.

El inusual incremento coincide con el anuncio realizado por el Gobierno, en el sentido de que una nueva ley universitaria endurecería el acceso a los cuerpos de docentes funcionarios para combatir la endogamia.

El cambio apuntado en el proyecto de ley, una respuesta encubierta al llamativo aumento de oferta de plazas, fue uno de los pocos cambios significativos que pudo introducirse en la Comisión de Educación del Congreso. Sólo 11 de las 600 enmiendas presentadas lograron incluirse para modificar el texto del Ejecutivo.

«Cumplir con lo pactado»

Carme Chacón, portavoz del PSOE en materia educativa, defendió ayer el espectacular aumento de convocatorias a profesorado universitario funcionario. «Me parece lógico que se estén estabilizando plazas docentes. Las universidades están cumpliendo con un convenio que suscribió el PP», declaró según informa Servimedia.

El convenio al que se refieren los socialistas se denomina Acuerdo de promoción y estabilidad del profesorado universitario. Firmado por Mariano Rajoy, a la sazón ministro del ramo, y las comunidades autónomas en enero de 2003, el texto fue suscrito por Pilar del Castillo, actual titular de Educación.

El documento establece un programa trianual que tiene por finalidad manifiesta la de «aumentar el número de docentes y dotarlos de mayor estabilidad». Para ello, la Administración central ha puesto sobre la mesa 21.000 millones de pesetas; las comunidades autónomas, 7.700. Los destinatarios finales, alrededor de 20.000 docentes que están en precario.

«Es absolutamente incierto que el programa se vaya a incumplir», indicaban ayer a este periódico fuentes oficiales. «Para el actual Ministerio de Educación el programa firmado por Rajoy continúa exactamente igual. Lo único que cambia es el procedimiento. En lugar de elegirse por un tribunal de cinco miembros (con dos de ellos de la casa) serán elegidos por un tribunal de siete (todos de fuera)».

El argumento no acabó de convencer ayer. La Federación de Enseñanza de CCOO hizo público un comunicado en el que la organización vaticina que la «citada enmienda, aparte de dejar en papel mojado el acuerdo firmado por el Gobierno del PP, impedirá, en gran medida, la estabilización de gran parte del profesorado con contratos precarios de la universidad:becarios, ayudante y asociados».

Al hilo del aumento en sólo un año de un 43% en la convocatoria de plazas a profesorado universitario funcionario ante la llegada de la nueva ley, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas declinó hablar con este periódico.

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Unos 6.500 profesores contrarios a la LOU

MADRID. Diario "El Mundo". 25 de octubre de 2001-10-26

Los promotores de los dos manifiestos de profesores contrarios al proyecto de ley de universidades entregarán la próxima semana al Parlamento las firmas de apoyo que han recogido.En un comunicado recogido por Servimedia, estos docentes manifestaron ayer su propósito de hacer llegar a las Cortes las muestras de apoyo que han obtenido, dada «la preocupante carencia de voluntad de diálogo» expresada por el Ministerio de Educación. Será entonces cuando hagan públicos los nombres de algunos de los profesores que apoyan los escritos, «como prueba irrefutable de que no son ciertamente ni desconocidos ni carentes de prestigio», agregó la nota. Los manifiestos critican la reforma impulsada por el Ejecutivo porque «atenta contra la autonomía» y ha evitado partir del consenso que, a su juicio, existente en la comunidad universitaria.

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, Amparo Valcarce, calificó de «absolutamente imprescindible» un pacto político en torno a la futura ley de universidades, con el fin de que la institución académica «no esté sometida a los vaivenes electorales». Pidió al Ejecutivo la retirada del texto actual, que se debatirá el día 31 en el Congreso.

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En Madrid, enfrentamientos entre policías y grupos anarquistas se saldan con seis heridos

Decenas de miles de alumnos reclaman al Gobierno que retire su ley universitaria

Un millón de estudiantes secundó la huelga y no fue a los institutos, según datos oficiales

PEDRO SIMON. Madrid, Diario "El Mundo", 26 de octubre de 2001.

La norma cocinada en los fogones del Ministerio de Educación fue aderezada ayer por los alumnos ahí donde pudieron, en el asfalto urbano y reivindicativo. Los estudiantes se pronunciaron en torno a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y dijeron que no para agriarle el plato al Gobierno.

«El dinero del banquero para el instituto obrero». «Si no hay solución, a la revolución». «Qué casualidad que el hijo del obrero no pueda estudiar». «Del Castillo es hija del caudillo»... La proclamas más o menos repetidas volvieron a sonar frente a las puertas de la sede ministerial como denuncia coral contra la reforma educativa del Ejecutivo.

Decenas de miles de alumnos de todo el Estado español (unos 7.000 sólo en Madrid) respondieron a la llamada del Sindicato de Estudiantes, que cifró el contingente callejero global en 120.000 manifestantes.Chavales de institutos casi todos, centenares de universitarios, algunos profesores y padres...

Desde el norte hasta el sur, hubo protestas multitudinarias en Barcelona, Sevilla, Valencia o Zaragoza. Un total de 40 manifestaciones recorrieron el país dándole la lata al Gobierno, según el sindicato convocante, y pidiéndole que rectifique. Rezaban las pancartas: «No a la contrarreforma educativa del PP. Por la educación pública de calidad». «No a la LOU».

«Todos los jóvenes estamos hoy contra sus leyes reaccionarias.Este es un ataque muy gordo a la enseñanza pública con tres leyes orgánicas: la de universidades, la Ley de Calidad y la de FP», gritaba megáfono en mano Miriam Municio, secretaria general del SE. «Su mayoría absoluta no se corresponde con la mayoría de la opinión de los jóvenes y trabajadores».

Motivos de la protesta

Tirando de tabla reivindicativa, el abanico de puntos a echarle en cara al Ministerio toca todos los palos.

Se quejan los alumnos que conocen el contenido de las reformas de que el fortalecimiento de los Consejos Sociales en los órganos de Gobierno abrirá las puertas de la Universidad a la empresa; critican la vuelta de la reválida que, junto a las pruebas de acceso propias de cada facultad, desembocará en una doble selectividad; denostan los itinerarios formativos a partir de los 14 años, una suerte de bifurcación, dicen, que segregará a listos y menos listos.

«Están privatizando todo, esto no mola», nos cuenta a la carrera Pepe, 17 años, alumno de un módulo de Informática en el Instituto Vallecas I. «¿Lo que menos me gusta de las reformas? Pregunta por ahí, todo el mundo te va a decir lo mismo».

Por la manifestación de ayer en Madrid se dejaron caer el histórico dirigente sindical Marcelino Camacho y Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Y pocas caras conocidas más. Ni rastro de los líderes de CCOO y UGT.

Al final, el día del desfogue acabó en parte de guerra frente al MEC: lanzamiento de piedras por grupúsculos anarquistas; cargas policiales de despedida; seis manifestantes detenidos; cuatro personas heridas leves (tres de ellas policías).

Según los datos del propio Ministerio de Educación la huelga fue secundada en todo el país por un 32,46% del alumnado. O lo que es lo mismo, un millón de estudiantes de enseñanza secundaria (hay algo más de tres millones en España) no acudió a su cita con el instituto.

Curándose en salud, ni la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, ni el número dos del gabinete, Julio Iglesias de Ussel, salieron ayer a hablar públicamente para valorar la respuesta estudiantil dada en la calle. Sí lo hizo Juan Angel España, director general de Cooperación Territorial y Alta Inspección. Indicó éste que el gabinete ministerial está en diálogo «permanente y abierto» con todos los alumnos y con otros colectivos de la comunidad educativa. Unos y otros, dijo, «han sido recibidos de forma modélica y en número elevadísimo».

«A estos de aquí me los ‘embolsas’»

«A éstos de aquí me los embolsas». Dicho y hecho, la orden de uno de los superiores del operativo antidisturbios fue cumplida al instante. Los embolsados, un centenar de jóvenes encapuchados que iba tras una pancarta de la CNT, fueron rodeados de inmediato y al instante comenzaron los disturbios. LLuvias de piedras, de huevos, de barras de hierro... Al final, recibió todo el que pasaba por allí. Embolsados y no embolsados. «Denunciamos la carga policial contra muchos de los manifestantes de Madrid que una vez desconvocada la manifestación se dirigían tranquilamente hacia la Puerta del Sol», denunció el Sindicato de Estudiantes (SE) en un comunicado. «Una vez más la Delegación de Gobierno en Madrid ha mantenido una actitud provocadora con el único objetivo de conseguir incidentes para dar una imagen distorsionada y falsa de nuestra lucha». La lucha, como dice el SE, no hizo ayer más que comenzar. El calendario reivindicativo venidero contra la política educativa del PP consiste en una concentración frente al Congreso el día que se apruebe la Ley Orgánica de Universidades, previsiblemente el 31 de octubre; una huelga universitaria de profesores y Personal de Administración y Servicios (PAS) para el día 7 de noviembre a la que se ha sumado el Sindicato de Estudiantes; y una manifestación de alumnos universitarios para el 14-N.

Según anunció ayer a este periódico el SE, esta organización de alumnos tenderá la mano al resto de la comunidad educativa para intentar «dar continuidad» al calendario de movilizaciones.Para ello, promoverán una jornada estatal de huelga de toda la comunidad educativa (junto a padres y profesores) para antes de que concluya el año.

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Carmen Chacón responsable de Educación de la ejecutiva socialista: ‘Zapatero cambiará la ley universitaria del PP, pero con diálogo’

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Madrid, Diario "El País", Domingo, 28 de octubre de 2001

Forma parte de la cúpula actual del principal partido de la oposición, como responsable de Educación. Con 30 años pero con una trayectoria política de 14 años a sus espaldas, Carme Chacón (Esplugues de Llobregat, 1971) es una de las válvulas que impulsan con más energía la oposición ‘no agresiva pero firme’, según afirma, del equipo del líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

Pregunta. Se comenta en el Ministerio de Educación que los socialistas están últimamente mucho más cañeros. ¿Ha tenido usted algo que ver con ese cambio?

Respuesta. Ha sido todo muy coincidente: la nueva legislatura, la nueva etapa de mayoría absoluta del PP y la nueva etapa del partido socialista. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero habla de una oposición útil y de que prefiere dar ejemplo que dar caña, todos en la dirección actual del PSOE estamos de acuerdo. Pero ha sido la ola de conservadurismo y propuestas retrógradas y centralistas que ha traído la ministra Pilar del Castillo lo que tiene que ver con el rechazo frontal en educación del PSOE.

P. Ustedes han ofrecido a la ministra un acuerdo a cambio de que acceda a parar el acelerado proceso de aprobación de la ley. ¿Han obtenido respuesta?

R. Hasta el momento, no. El trámite parlamentario apresurado de la ley está siendo vergonzoso. Le hemos ofrecido a la ministra dialogar si para este proceso y accede a que la ley se debata con calma.

P. En los últimos años, líderes políticos como Tony Blair o George Bush han empezado a incorporar la educación en sus programas electorales. Zapatero también ha comenzado a sacar estos temas en sus discursos. ¿Refleja esto un preocupación real?

R. Desde luego. Por primera vez un líder de la oposición está haciendo preguntas al presidente del Gobierno sobre educación. Esto refleja una clara apuesta.

P. Dígame alguna cuestión que le preocupe en especial a Zapatero.

R. La atención educativa al alumnado inmigrante. Zapatero siempre pregunta por los datos, por la legislación comparada con la UE, por cómo se está abordando en otros países cada reto educativo.

P. ¿Cree usted que sin la mayoría del PP saldría adelante su Ley de Univerdidades?

R. Si el PP no hubiera tenido esa mayoría hubiera sido incapaz de hacer nada en la estrictísima soledad en la que Pilar del Castillo ha llevado este proceso: se han presentado nueve enmiendas a la totalidad del proyecto y están en contra sindicatos, estudiantes y toda la comunidad universitaria.

P. ¿Por qué la ministra no ha conseguido más apoyo social?

R. Porque ahora esá saliendo la verdadera cara del PP. En un momento en el que había que mirar hacia el futuro, esta ley se cierra a retos como la necesidad de autonomía y flexibilidad de las estructuras y órganos universitarios, la apertura del acceso a la universidad y la garantía de que ningún alumno deje de ir a la Universidad porque no tienen dinero suficiente o porque la beca no le da para vivir. Tampoco soluciona problemas como el gobierno de la universidad, la financiación y la selección del profesorado. Parece mentira el descuido con el que se ha elaborado esta ley, que hasta se les había olvidado meter el acceso de los mayores de 25 años y el de los titulados de la FP superior. La ministra sólo se ha preocupado por quién manda en la universidad y por hacer una depuración de lo que hoy existe.

P. Del Castillo afirma que sus leyes mejorarán la calidad de la educación.

R. No es creíble hablar de calidad sin poner un euro sobre la mesa. Esto es irrebatible, sobre todo en educación.

P. ¿Cree que va a tener un coste político para el PP la falta de apoyo social a esta ley?

R. Desde luego, para el PP y para CiU. Las decisiones sociales injustas tienen cada vez un mayor coste político y el PP pagará por sacar adelante una ley de universidades sin apoyo social. Y lo tendrá para Jordi Pujol por gobernar contra Cataluña y contra la opinión de sus colectivos universitarios.

P. Va a apoyar el PSOE las movilizaciones convocadas para el 7 y 14 de noviembre por sindicatos y estudiantes contra esta ley?

R. Sí. El PSOE apoyará a los que han tenido que optar por la movilización ante la imposibilidad de ser escuchados.

P. Hay una gran preocupación en los institutos de secundaria sobre la indisciplina y la falta de motivación de muchos estudiantes, sobre todo entre los que tienen de 14 a 16 años. ¿Cree usted que la solución es separar a los alumnos según su rendimiento, como hará el PP en la futura Ley de Calidad?

R. Es la fórmula más fácil pero en absoluto la más adecuada. Hay que reflexionar más sobre lo que se puede hacer con la secundaria. Un buen sistema educativo es aquél que concentra sus mejores esfuerzos con el alumnado más difícil y la segregación temprana de los alumnos es contraria a este principio. Hay además que analizar las razones de las quejas de los profesores.

P. Si el PP aprueba su ley universitaria y después gana el PSOE. ¿Volverán a modificarlo todo?

R. Somos conscientes de que no se puede tener al sistema educativo al pairo de los vaivenes electorales. Por eso hemos ofrecido el diálogo. Pero esta ley no es la de la sociedad española. Si sale como está, Zapatero cambiará esta ley cuando llegue al poder, pero con diálogo y con la sociedad a favor, no como va a hacer la ministra.

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Del Castillo dice que la huelga universitaria no tiene fundamento

AGENCIAS. Diario "EL País", Madrid Martes, 30 de octubre de 2001

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó ayer que las manifestaciones y la huelga convocadas para el próximo 7 de noviembre, para protestar contra el proyecto de Ley Orgánica de Universidades, ‘están fundamentadas en el vacío’, porque lo que se ha dicho sobre la ley no se corresponde con lo que dice el texto. Esta huelga, a la que están llamados los profesores y el personal de administración y servicios, ha sido convocada por las centrales CC OO y UGT y el Sindicato de Estudiantes, y cuenta con el apoyo del resto de las organizaciones estudiantiles, que han convocado a los alumnos para una huelga el 14 de noviembre. El Gobierno prevé que la ley entre en vigor antes de enero.

Del Castillo mantuvo ayer una reunión, a petición propia, con el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y con el responsable de educación de este sindicato, Jesús Ramón Copa, para tratar las reformas educativas anunciadas por su departamento, que incluyen, además de la Ley de Universidades, la de Calidad y la de Formación Profesional. La ministra, que también se reunió con los responsables del sindicato CSI-CSIF, que apoya la reforma, insistió en que la futura ley ni recorta la autonomía de las universidades ni las competencias autonómicas, ni tampoco supondrá ‘ninguna demora’ en la convocatoria y concesión de plazas de profesores. Éstas son las principales críticas esgrimidas por los convocantes de las movilizaciones.

La semana pasada, el PP en el Congreso modificó el proyecto de la Ley de Universidades para eliminar el periodo transitorio de seis meses que recogía el texto para la convocatoria de plazas pendientes de profesor funcionario. Esto supone que a partir de la aprobación de la ley no se podrán convocar plazas hasta que no esté desarrollado el nuevo sistema de habilitación previsto (un examen de ámbito nacional), cuya puesta en marcha calculan los rectores que tardará dos años.

‘Diferencias muy serias’

Al término de la reunión con la ministra, el dirigente de UGT señaló que había servido para constatar las ‘diferencias muy serias’ que existen entre ambas partes sobre el contenido de la ley, el método seguido para su tramitación y el ‘talante’ del Gobierno para sacarlo adelante.

El portavoz de educación del Grupo Popular en el Senado, José María Barahona, sugirió ayer a los sectores de la comunidad universitaria que mantienen discrepancias con la Ley de Universidades que se remitan a los grupos parlamentarios de la Cámara alta para hacer llegar sus sugerencias. ‘Muchos sectores que están clamando al cielo podrían sustanciar sus discrepancias a través de sugerencias’, añadió.

Por otra parte, el Gobierno definirá en un plazo de dos meses el nuevo sistema de acceso a la Universidad, anunció ayer el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel.

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La reforma de la universidad: El PP aprueba la Ley de Universidades con el apoyo de los nacionalistas catalanes y canarios

PSOE e IU presentarán enmiendas en el Senado y pedirán que se escuche a representantes sociales

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País". Madrid Jueves, 1 de noviembre de 2001

El Parlamento dio ayer el visto bueno a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) elaborada por el equipo de Pilar del Castillo. Desde que la ministra presentó las primeras líneas del proyecto, el pasado 19 de abril, en el Consejo de Universidades no han parado de llover las críticas al texto, que ha sufrido retoques hasta el último momento. El resultado: ocho enmiendas a la totalidad y dos paros de las universidades convocados para el 7 y el 14 de noviembre por sindicatos y alumnos. Con la nueva ley, cambia el sistema de acceso a la Universidad, los profesores pasarán un examen nacional, y las universidades, evaluaciones periódicas. Los críticos califican el texto de ‘centralista’, ‘reglamentarista’ y ‘contrario a la autonomía universitaria’.

Tras seis meses y medio de polémica dentro y fuera del Parlamento, y con los estudiantes y sindicatos protestando en la puerta del Ministerio de Educación, el Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley Orgánica de Universidades (LOU) con los votos del PP, CiU y Coalición Canaria. Los nacionalistas catalanes justificaron su apoyo al PP asegurando que ‘permitirá la elaboración de una ley universitaria propia’, mientras saltaban las críticas de algunos rectores catalanes a la actitud de este grupo y todas las universidades de esta comunidad paraban ayer cinco minutos para protestar por esta nueva norma.

El último debate de la ley universitaria en el Congreso estuvo cargado de reproches: CiU arremetió contra todos los colectivos que se han opuesto al proyecto (rectores, estudiantes, sindicatos y partidos de la oposición); el PSOE destacó la intervención política que introduce esta ley en las universidades y, al igual que IU, anunció que volverá a presentar enmiendas al texto en el Senado. Estos dos grupos pedirán además a la Cámara alta que escuche a los representantes sociales, algo que no ha podido hacer el Congreso por oposición del PP a esta petición.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, llegó casi una hora tarde a la sesión parlamentaria de ayer, cuando el portavoz del PNV estaba finalizando su intervención. Sólo escuchó enteramente a los representantes de CiU, el PSOE y de su propio grupo. La ministra no quiso intervenir en el hemiciclo para hacer una última defensa de su proyecto, pero sí hizo posteriormente declaraciones fuera de él. Criticó que el líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, haya dicho que ‘una nueva mayoría derogará esta ley’ cuando llegue al poder, y se mostró convencida de que ‘los universitarios entienden cuáles son las normas del juego democrático y de que las leyes que emanan del Parlamento tienen que ser desarrolladas y aplicadas’.

Zapatero preguntó ayer a José María Aznar en la sesión de control al Gobierno, por qué su partido saca adelante esta ley ‘con nocturnidad y alevosía’. El presidente del Gobierno le respondió que no se trataba de modificaciones improvisadas y aseguró que estaba convencido de que los ciudadanos respaldan su ley.

Por la mañana, en la primera hora de debate del texto en el Pleno del Congreso apenas se podían ver diputados en la Cámara. Había siete del PP, entre los que no estaban la ministra ni el presidente de la Comisión de Educación, Eugenio Nasarre, y el doble del PSOE.

Convergència i Unió ha criticado frontalmente sólo dos cuestiones, que no están relacionadas con el contenido de la ley. ‘El lamentable proceso de tramitación parlamentaria, que ha coartado los derechos de los grupos políticos’, según dijo ayer su portavoz de educación, Ignasi Guardans, y que el PP no haya permitido la comparecencia de representantes sociales en la Comisión de Educación del Congreso para aportar sus puntos de vista.Convergència i Unió, que no ha presentado un texto alternativo propio, empezó su explicación arremetiendo duramente contra todos los que se han opuesto al proyecto del PP, y les recriminó no tener una alternativa al proyecto del PP. Guardans descalificó además el texto elaborado por el PSOE (el único grupo que ha presentado uno) y aseguró que ‘podría recibir las mismas críticas que el del PP’. Guardans se enzarzó así en un rifirrafe de reproches al PSOE, del que llegó a decir que ‘critica sin hacer una sola propuesta positiva’ y que ‘ha usado la Ley Universitaria para hacer política catalana desde Madrid’.

El PSOE respondió a las críticas de CiU con contundencia: ‘Su apoyo obedece sólo a su debilidad política en Cataluña, y no a ninguna cuestión relacionada con la Universidad’, dijo la diputada Carme Chacón. ‘Es una barbaridad reformar la Universidad desde fuera de las aulas, de espaldas a quienes deben desarrollar y aplicar la nueva normativa: las comunidades autónomas y las universidades’, añadió Chacón.

Pese a las discrepancias

El portavoz de los nacionalistas catalanes hizo ayer un esfuerzo por justificar su apoyo al proyecto de los populares, a pesar de que éste contiene medidas con las que este grupo parlamentario discrepa, como reconoció Guardans, entre las que destacó el nuevo sistema de habilitación nacional del profesorado. La razón de su apoyo a la ley del PP es, según CiU, que introduce medidas ‘muy positivas’. Entre éstas mencionó que la actual ley tiene que ser modificada y que la del PP ‘clarifica y perfecciona el marco autonómico más allá de la norma vigente’, ‘es una normativa básica’, ‘clarifica un marco válido de desarrollo competencial en el ámbito de las becas universitarias’ y ‘fija un marco jurídico para la enseñanza virtual’.

El portavoz del PNV, Juan Xosé González de Txabarri, reiteró su crítica a que la ley no tenga en cuenta ‘el alto porcentaje de personas bilingües y el 8% de trilingües’ que hay en España. Este portavoz explicó que las enmiendas de su grupo intentaban acercar la ley más al modelo anglosajón, porque la Universidad necesita ‘mayor diversidad, pluralidad y modernidad de la que refleja la ley del PP’.

La diputada de IU Marisa Castro señaló que lo que ha hecho el PP en el Congreso con la ley es aprobar algunas enmiendas de CiU y pasar ‘el rodillo’ por las demás, y señaló que tiene ‘la esperanza de que el Senado escuche las voces de la sociedad sobre esta normativa, cosa que no ha hecho el Congreso’. Castro aseguró que su grupo apoyará todas las movilizaciones contra el proyecto del PP.

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La reforma de la universidad: Así cambiará la Universidad

Con la ley, el sistema de acceso lo decidirá cada universidad, los profesores pasarán un examen nacional y los centros serán evaluados

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Jueves, 1 de noviembre de 2001

La nueva Ley de Universidades, aprobada ayer en el Congreso, introduce cambios de calado en el esqueleto de los centros, otros que afectarán a la acceso de los alumnos y otros solicitados desde hace años. Éstos son los aspectos en los que variará la Universidad, tras los retoques realizados en el Parlamento en las pasadas semanas mediante enmiendas parciales del PP, CiU y el PSOE:

Acceso a la Universidad. Los estudiantes deberán superar las pruebas que determine cada universidad para acceder a sus titulaciones. La ley deja abierta la posibilidad de que cada una lo haga como quiera, que puede ser bien un examen general para todos, para las carreras de cada área de conocimiento, para cada titulación concreta, una selección de otro tipo (por entrevista o currículo del bachillerato, por ejemplo) o bien ninguna. El texto de la ley no dice que se vaya a eliminar la prueba de selectividad, aunque el Gobierno lo haya anunciado. Esto se debe desarrollar posteriormente modificando o derogando el real decreto que regula esta prueba.

Elección de los claustros. Las claustros son destituidos al entrar en vigor la ley. Las actuales Juntas de Gobierno (formadas por el equipo rectoral y representantes universitarios) deberán constituir un claustro provisional antes de seis meses con los criterios que marca esta ley. Lo más relevante es que no deben tener más de 300 miembros y que el 51% deben ser funcionarios docentes doctores.

Los rectores actuales se mantendrán y no deberán dimitir con sus clautros, como decía el proyecto elaborado por Pilar del Castillo. El propio PP ha enmendado este aspecto. Los claustros provisionales tendrán nueve meses para elaborar los nuevos estatutos. Tras ese plazo, el Gobierno de la comunidad autónoma tendrá tres meses para su control de legalidad y aprobación. Este proceso durará 18 meses. Después se convocarán elecciones a claustro. Los estatutos de cada universidad establecerán si se convocan también en ese momento elecciones a rector o se esperará a que concluya su mandato.

Órganos de gobierno. Los órganos son el consejo de gobierno (que sustituye a la actual junta de gobierno), el consejo de dirección (que es nuevo, está compuesto por los vicerrectores, el secretario general y el gerente y tendrá la función de asistir al rector), el consejo social, la junta consultiva (también nueva y está formada ‘por profesores e investigadores de reconocido prestigio) y el claustro.

El PP ha cambiado con una enmienda la composición del consejo de gobierno y, aparte de los miembros de la comunidad universitaria que componen este órgano, ha dado voto a los tres miembros procedentes del consejo social que ya introdujo en él Del Castillo. La ministra les había dado voto inicialmente (en la primavera pasada) pero accedió a quitarlo a petición de los rectores y ante las dudas sobre su constitucionalidad.

En el consejo social, también gracias a una enmienda del PP, habrá seis representantes del consejo de gobierno con voto: el rector, el gerente, el secretario general y un representante de los estudiantes, otro de los profesores y otro del personal no docente.

Elección del rector. Es elegido por sufragio universal directo ponderado. Los candidatos organizarán una campaña electoral similar a las políticas. Los alumnos, profesores y el personal no docente votarán directamente a su favorito. La ponderación de los votos la fijarán los estatutos de cada universidad pero los votos de los funcionarios docentes doctores siempre deben tener al menos un peso del 51%.

Habilitación del profesorado. Es el nuevo sistema de selección del profesorado funcionario. Desde que se apruebe el texto, entra en vigor este sistema. Tendrá validez indefinida, será realizada por un tribunal de siete miembros de un área de conocimiento, elegidos por sorteo, y cada examen se realizará en la universidad a la que pertenezca el presidente del tribunal. Este último aspecto ha sido introducidocon una enmienda de CiU. Una vez que los profesores superen esta prueba, las universidades tendrán que elegir a habilitados para cubrir sus plazas vacantes o escogerlos entre docentes en ejercicio.

Profesorado contratado. Las universidades pueden tener hasta un 49% de profesores contratados, no funcionarios. Actualmente no pueden ser más del 30% en las politécnicas y el 20% en las no politécnicas y hay de tres tipos: asociados, ayudantes y visitantes. Los ayudantes podrán tener un contrato de cuatro años (ahora es de cinco como máximo) y se crea el ayudante doctor (con un contrato de cuatro años). Para acceder a este puesto en una universidad, los candidatos no pueden haber trabajado en ella durante dos años, que no tienen porqué ser los anteriores.

Aparte de estas figuras, las universidades podrán contratar profesores con la categoría de contratados doctores y colaboradores. El sueldo y las condiciones lo decidirá cada comunidad autónoma.

Evaluación de las universidades. Se creará la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Ésta debería realizar evaluaciones periódicas de las universidades. Pero la ley equipara estas agencias con las de las comunidades, por una enmienda introducida por CiU. Cataluña y Andalucía tienen ya agencias de este tipo. Esta novedad pone en duda la función de la agencia nacional y plantea el problema de cómo se podrán compatibilizar las funciones (prácticamente las mismas) de ambos tipos de agencias (nacional y autonómicas) sin que afloren problemas competenciales.

Adaptación a la UE. A este aspecto se refiere la única novedad relevante que ha decidido introducir el PP a petición de los socialistas. Las universidades deberán adaptarse en el futuro al sistema de crédito europeo (horas lectivas más trabajo personal) y dar un suplemento al título con toda la información sobre la carrera cursada.

Enseñanzas no presenciales. La ley abre la posibilidad a todas las universidades de organizar enseñanzas no presenciales ‘de manera exclusiva o parcial’, gracias a enmienda del PSOE y de CiU.

Universidades privadas. Los requisitos para reconocer una universidad privada dependerán ahora en buena parte de las comunidades autónomas, ya que la ley dice que el Estado sólo establecerá ‘las bases’ para su reconocimiento. No queda claro si esto permitirá crear universidades temáticas o favorecerá la creación de las que ofrezca un paquete de titulaciones económicamente muy rentables.

Sus rectores deberán ser doctores (ahora no se les pide ningún requisito). Ningún profesor tendrá que pasar la habilitación nacional, sólo una acreditación de su currículo por parte de la nueva Agencia Nacional de Evaluación o de las agencias autonómicas. Este aspecto ha sido modificado con una enmienda del PP. El texto de la ministra decía que debían tener un 25% de docentes habilitados.

Gestión de las becas. La ley no deja claro hasta qué punto el Gobierno central establecerá aspectos como los umbrales de renta para las becas y otras condiciones económicas y académicas para obtenerlas. Actualmente, estos criterios los marca el Estado y son iguales para todos los alumnos españoles. El texto sólo dice que el Estado establecerá ‘las bases de un sistema general de becas’. Además transfiere la gestión de éstas a las comunidades. Estos cambios se han introducido gracias a una transaccional promovida por CiU.

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Una Ley para modernizar La Universidad

Editorial. Diario "El Mundo". 1 de noviembre de 2001.

l hecho de que la Ley de Universidades, que comenzó su andadura parlamentaria en verano, se aprobara ayer, gracias al trámite de urgencia, ha dado pie a la oposición a acusar al Gobierno de aplicar el rodillo parlamentario. Cualquiera que se detenga en el resultado de la votación, se dará cuenta de que el pretendido rodillo no ha sido tal: la ley salió adelante ayer con los votos del PP, Coalición Canaria y CiU, que incidió, además, en las mejoras añadidas durante la tramitación, que permitirán un amplio margen a las Comunidades Autónomas. Curiosamente, el Gobierno vasco anunció que elaborará una ley alternativa, que contrarreste a ésta, lo cual sería un acto de insumisión porque excedería claramente su marco competencial. El PSOE, más interesado, como es lógico en hacer oposición a la forma que al fondo de la ley, anunció que la derogará cuando gobierne, pero tal vez para entonces, una nueva generación de universitarios formados bajo esta ley le haga cambiar de opinión.

Al margen de las críticas políticas, a la ley no le han faltado detractores en los campus. Algunas reclamaciones de los rectores se han atendido, como suprimir su obligación de cesar en el cargo cuando la ley entrara en vigor. Sin embargo, resulta bastante triste comprobar que profesores y rectores se hayan mostrado más interesados en evidenciar su desacuerdo con los aspectos que regulan el ejercicio del poder en las universidades a través de claustros y rectorados que en intentar mejorar lo referente a la calidad de la enseñanza.

Porque de lo que trata esta ley, como señala la ministra Pilar del Castillo hoy en nuestras páginas, es de «impulsar la calidad de nuestro sistema universitario». Para ello se han arbitrado medidas destinadas, en primer lugar, a poner coto al peor lastre que ha padecido secularmente la Universidad española: la endogamia.Fomentar la contratación de profesores que en vez de hacer carrera política en los despachos de una facultad, hayan acumulado méritos docentes en el extranjero o en un centro distinto a aquel en el que quieren trabajar, estimulará la competitividad y la investigación.

Suprimir la Selectividad para instaurar pruebas específicas en cada universidad adecuará la oferta y la demanda de plazas, aunque el Gobierno deberá velar por que no se creen facultades de primera y de segunda clase, así como de asegurar el nivel cultural de todos los alumnos mediante un examen similar a lo que era la reválida en el bachillerato.

Pero posiblemente la oposición que más preocupa al Gobierno en este momento es la estudiantil. No tanto por la solidez de sus críticas, como por su disposición a la movilización. En los próximos días están convocadas diversas manifestaciones que pueden aumentar la tensión social si tienen más peso en los alumnos quienes quieren manipularlos con fines políticos que quienes, a través del diálogo, puedan explicarles los beneficios que les deparará esta reforma.

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Una actitud «contradictoria»

TARRAGONA. Diario "El Mundo". Jueves 1 de noviembre de 2001.

El rector de la Universidad Rovira i Virgili, Lluís Arola, ha calificado de «contradictoria» la actitud de CiU de votar a favor de la nueva Ley Orgánica de Universidades y ha criticado que esta formación la apoye cuando todas las universidades catalanas están en contra. Arola subrayó que esta ley es «desastrosa», durante una mesa redonda, organizada por CCOO, que ha tratado sobre la misma. El rector ha apuntado que ahora sólo se puede esperar que el Senado introduzca algunas modificaciones en la normativa. La Universidad Rovira i Virgili se ha sumado a la huelga convocada en contra de esta ley.

Por otra parte, el senador de la Entesa Catalana de Progrés, Carles Bonet, anunció ayer que su grupo presentará en el Senado un veto a la ley al considerar que no tiene en cuenta las comunidades autónomas. Bonet ha indicado que pedirán el retorno de la ley al Gobierno porque «parece hecha por un gobierno de Carrero Blanco porque no están presentes las autonomías y parte de una concepción preconstitucional». A su juicio, «intenta aniquilar el sistema universitario catalán, hay sólo una concepción un único sistema universitario español».

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Seis interrogantes en torno a la nueva normativa

En contra de lo que critican los rectores, las universidades podrán convocar nuevas plazas docentes antes de que se aprueben sus estatutos

MADRID. PEDRO SIMON. Diario "El Mundo!. Jueves 1 de noviembre de 2001.

La Ley Orgánica de Universidades (LOU) cambiará sustancialmente la Ley de Reforma Universitaria (LRU), vigente en nuestro sistema educativo desde que el Gobierno socialista la pusiera en marcha allá por 1983. ¿Qué pasará a partir de ahora? Estas son algunas de las respuestas.

¿Cuándo comenzará la LOU a ser aplicada? La ley entrará en vigor tras ser votada en el Congreso después de su paso por el Senado, en diciembre. La selectividad no se suprimirá hasta 2003.La nueva prueba de habilitación por la que deberán pasar los que quieran ser profesores funcionarios comenzará a regir nada más ser aprobada.

¿Cómo serán las pruebas por las que pasarán los docentes funcionarios? En vez de cinco miembros (dos de ellos de la universidad que convoca la plaza), el tribunal constará de siete, todos elegidos por sorteo.

¿Podrán convocarse plazas antes de dos años? Sí. Para convocar las nuevas plazas, las universidades no tienen que esperar a la modificación de sus estatutos: el proyecto de ley faculta a las actuales Juntas de Gobierno a adoptar medidas necesarias para convocar los concursos de acceso hasta que se aprueben los mismos, eso sí, siempre deberán pasar por el sistema de habilitación.

¿Cómo se elegirán los rectores? A diferencia de lo que ocurre hoy (la comunidad universitaria elige un claustro y es éste quien nombra al rector), alumnos, profesores y Personal de Administración y Servicios elegirán por sufragio universal ponderado al mandatario.

¿Cómo queda la representación de los estudiantes? En el Consejo de Gobierno podrán participar en el 40% que designa el claustro y en el 30% que designa el rector. A diferencia de la legislación actual, la LOU prevé representación de estudiantes en el Consejo Social.

¿Qué pasará con los profesores ayudantes y asociados? Podrán seguir siéndolo hasta que expire su contrato y pedir una prórroga de tres años.

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La última oportunidad

RAFAEL PUYOL. Diario "El Mundo". Jueves 1 de noviembre de 2001.
La LOU ya ha sido aprobada en el Congreso. No insistiré en la idea de que necesitábamos una nueva ley y que no todos los contenidos de la que se propone son rechazables. Muy al contrario, algunos me parecen acertados y útiles y por ello no me he alineado con quienes han propuesto una contestación absoluta. El sistema parlamentario español da ocasión a los senadores de sanear lo que votó el Congreso y en la Cámara Alta deposito mi esperanza de que el articulado salga de allí como salen los coches del taller: más aptos para recorrer sin incidentes un buen trecho del camino. Porque es el caso que las fuertes tradiciones de la Universidad, su organización matricial, la complejidad de sus tareas y la necesaria implicación del profesorado en el gobierno, hacen conveniente contar con los agentes de la educación superior a la hora de redactar una ley de universidades. Tanto más cuanto que pese a sus limitaciones y disfunciones la Universidad española si no es hoy más respetada, sí es más respetable porque tiene más libertad y está mejor equipada que nunca en su historia.

Si tanto la sociedad como el poder político y la propia comunidad se sienten insatisfechos, ese fenómeno tendría más que ver con la envergadura de las nuevas exigencias que con la comparación con otras épocas. El grado de satisfacción de las comunidades no se funda tanto en sus avances objetivos como en relación con la distancia que media entre los logros y las expectativas suscitadas.Cuanto más se espera, menor es la remuneración psicológica por lo conseguido. Así las cosas, es justo ser algo complaciente con la Universidad española. Pero muchos rectores han percibido en el proyecto de ley una desconfianza cuya expresión más clara se trasluce en el procedimiento previsto por el Ministerio para que las universidades se adapten a la nueva Ley. Los rectores han hecho saber que los estatutos de las universidades son expresión de su autonomía y en todos ellos se recoge el procedimiento por el que puede acordarse su reforma por los claustros. Si todos ellos prevén su adaptación a los eventuales cambios legislativos, ¿cómo interpretar el cese por ley de los claustrales?. Es una previsión a la que no encuentro ningún efecto positivo. No solo porque no tiene nada que ver con los principios inspiradores de la ley, sino porque además alimenta su rechazo y proyecta suspicacias sobre otras proposiciones razonables.

Hay otras objeciones de fuste que aún es tiempo de enmendar en el Senado. El sistema propuesto para la habilitación del profesorado es una fórmula mejorable sin que ello signifique dejar de reconocer su pretensión de mejorar la calidad del sistema de reclutamiento.Sin embargo, resta margen de maniobra a las universidades para configurar sus plantillas según sus necesidades específicas.Bueno es establecer mecanismos e incentivos que favorezcan la movilidad, pero no que la exijan obligatoriamente.

Valoro que el proyecto no sólo incida en la competencia (Agencia de Acreditación y Evaluación) sino también en la colaboración a través del Consejo de Coordinación Universitaria. La competencia estimula, pero el sistema universitario tiene también responsabilidades.Cada una de las universidades ni puede ni debe hacerlo todo por sí misma. El sistema debe distribuir tareas para aprovechar al máximo todas sus posibilidades. Hay que incentivar, pues, la diversidad y permitir que cada universidad se especialice en las funciones para las que está mejor preparada.

Sin embargo, el proyecto dibuja una estructura demasiado uniforme.No ayuda a la calidad el excesivo reglamentismo del Título III.No es lógico ni útil prefigurar el mismo número de miembros del Consejo de Gobierno para universidades muy diferentes en tamaño.Respetando las proporciones propuestas deberían ser los estatutos los que fijasen el tamaño de este órgano colegiado. En cuanto a la elección del rector por sufragio universal, valoro la intención, pero me asiste el fundado temor de que el procedimiento no sólo favorecerá las injerencias externas, sino que reducirá la capacidad del rector electo por la enorme dispersión el voto.

Rafael Puyol es rector de la Universidad Complutense de Madrid.

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Sindicatos contra la LOU

CARLOS MIRALLES . Diario "El Mundo". Jueves 1 de noviembre de 2001.

Más de 200 personas, entre profesores y estudiantes, se concentraron ayer en al Ministerio de Educación por la aprobación del proyecto de Ley de Universidades. La protesta forma parte del calendario de movilizaciones que han acordado CCOO y UGT, varios colectivos estudiantiles y las juventudes de PSOE e IU. Los días 7 y 14 de noviembre habrá huelga de personal universitario y estudiantes, respectivamente.

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El PP aprueba su ley universitaria con el apoyo de CiU

MADRID. PEDRO SIMON, Diario "El Mundo". Jueves 1 de noviembre de 2001.

«Con la LOU», dice Trias, «Cataluña podrá hacer una ley catalana de universidades potente» - Todos los grupos coinciden en criticar la acelerada tramitación parlamentaria del PP

Justo al tiempo que los sindicatos blandían ayer contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) su tímido «No pasará» frente al Ministerio de Educación, el Congreso le abría las puertas y le daba su bendición. En el asfalto, el «no». En las alfombras de las Cortes, el «sí». Un total de 326 votos emitidos. 197 a favor. 129 en contra. Ninguna abstención.

Desde ayer, la LOU es prácticamente una realidad, a la espera de las enmiendas que emanen del Senado. Pasa página así el Gobierno a uno de los escollos más importantes del ejercicio y enterrado queda el muerto: 18 años de Ley de Reforma Universitaria.

Votó CiU a favor como era previsible. Votaron con el Partido Popular también los miembros de Coalición Canaria. El resto del arco parlamentario renegó de una ley, dicen desde las filas del PSOE, que será cambiada en dos o tres años, cuando esperan gobernar los socialistas. Rescoldos de una batalla ya perdida, el punto y final lo pondrá la comunidad educativa, con dos manifestaciones en noviembre como previsible epílogo.

Casi cinco horas estuvieron sus señorías debatiendo en torno a la LOU. Llegó casi una hora tarde la ministra de Educación, Pilar del Castillo, radiante con la certeza del apoyo in extremis de los nacionalistas catalanes, justo a tiempo para presenciar el fogoso cuerpo a cuerpo entre el PSOE y CIU a cuenta del respaldo de estos últimos al texto del Gobierno.

«Debate de cafetería»

«Estamos hablando de legislar y no de un debate de cafetería», señaló Ignasi Guardans, diputado de CiU, criticando la falta de alternativas concretas de los rectores. «Nosotros teníamos una responsabilidad como grupo político y la vamos a ejercer.Podíamos destruir sin aportar ni una sola propuesta, pero hemos decidido implicarnos», añadió recibiendo un sonoro abucheo desde los escaños socialistas.

Respuesta de Carme Chacón, responsable educativa del PSOE: «Su sí a esta ley sólo tiene que ver con su debilidad política en Cataluña».

Estaba la ministra feliz presenciando el fuego cruzado, lo que no impidió que a la postre acabara recibiendo artillería de unos y otros.

En las formas, al Ministerio de Educación se le criticó ayer la falta de debate y la celeridad en la tramitación de la ley.En el fondo, una batería interminable de cuestiones conocidas: la LOU invade la autonomía universitaria, limita las competencias autonómicas, nace sin financiación, entrega las universidades a políticos y empresarios, restringe el acceso igualitario a los campus, fiscaliza el quehacer de los rectores, endurece el acceso al funcionariado docente, recorta la cuota estudiantil...

Le echó un capote providencial CiU al Ministerio, remando a favor de obra en la interminable votación de las enmiendas cocinadas hace días (al gusto del paladar de los populares) en la Comisión de Educación del Congreso. La Cámara Baja dio el visto bueno a un total de 150 enmiendas, casi todas del Partido Popular, CiU y Coalición Canaria. Tumbó cerca de 600, las del resto de los grupos de la oposición.

A dar explicaciones públicamente salió Xavier Trias, portavoz de Convergència i Unió, quien justificó el espaldarazo dado a Pilar del Castillo con un discurso tibio, pausado y pacificador.«No es la ley que hubiésemos hecho nosotros, no creemos que sea la ley que necesite España en el siglo XXI, ahora bien, es cierto que mejora de manera sustancial la LRU», dijo Trias en rueda de prensa. «La actitud del Gobierno ha sido la de una voluntad clara de negociación. Se han cambiado aspectos desde el punto de vista autonómico y se han admitido muchas enmiendas que avanzan en lo competencial. Con esta ley, Cataluña podrá hacer una ley catalana de universidades potente».

Llamada a los alumnos

Contrapunto a las lágrimas de Esperanza Aguirre cuando intentó sacar adelante su reforma de las humanidades, fue ayer la cerrada ovación, sonrisa y devolución del aplauso incluidos, que se llevó como despedida y cierre Pilar del Castillo.

«A lo largo de la sesión de hoy se ha producido una discusión interesante y los votos que ha recibido este proyecto de Ley son muy significativos del amplio apoyo parlamentario con que cuenta el texto», dijo la ministra de Educación y Cultura antes de lanzar una frase que sonaba a petición. «Los universitarios», comentó, «entienden y comprenden cuáles son las normas del juego democrático, y que las leyes que emanan del Parlamento tienen que ser desarrolladas y aplicadas».

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La Generalitat insiste en que la LOU incrementa el «autogobierno»

BARCELONA. Diario "el Mundo". Viernes, 2 de noviembre de 2001.

El conseller de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, y el portavoz de CiU en el congreso, Xavier Trias, aseguraron ayer que votaron favorablemente a la Ley Orgánica de Universidades (LOU) porque incrementa el autogobierno de Cataluña y negaron que la decisión esté motivada por el apoyo del Partido Popular en el Parlamento catalán.

Mas-Colell y Trias comparecieron ayer en rueda de prensa para justificar el apoyo de CiU a la ley, tras las duras críticas que han recibido por parte de la comunidad universitaria catalana, e indicaron que la nueva normativa da el suficiente margen como para que el Parlament apruebe una ley propia de universidades.

Ambos dirigentes afirmaron que la decisión de votar favorablemente a la ley fue «complicada y difícil» porque hay aspectos de la ley con los que discrepan, pero era «obligado» dado que el Gobierno aceptó varias enmiendas de CiU, que a su juicio han mejorado la ley. «Cuando llevas una negociación y te han aceptado casi todos los puntos que has pedido, no puedes votar que no», según palabras de Trias.

El portavoz de CiU dijo que el motivo principal que ha llevado a la formación nacionalista a apoyar la nueva ley es el hecho de que se ha «conseguido más autogobierno».

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Rectores e investigación

La investigación de calidad es la asignatura pendiente de la Universidad española, cuestiona este autor, al analizar la actitud de los rectores, a los que pide mayor capacidad autocrítica y menor defensa a ultranza de la ley vigente.

CARLOS BELMONTE . Diario "El Mundo", viernes 2 de noviembre de 2001.

La ley de reforma universitaria está levantando una considerable polvareda. No resulta extraño. Los problemas de la universidad afectan más o menos directamente a casi uno de cada diez españoles, lo que asegura su trascendencia social. Y pocos colectivos profesionales poseen el nivel de seguridad e independencia laboral del que goza el profesorado universitario estable para defender sin miedo sus puntos de vista personales. Un número significativo de profesores ocupa puestos de influencia social y otros muchos limitan su actividad universitaria a la docencia, lo que les concede también abundante tiempo libre para sopesar y discutir los riesgos de las medidas que se avecinan. Como era de esperar, entre los profesores universitarios las opiniones van desde aquellas que consideran la nueva ley alicorta y limitada para el logro de una universidad de excelencia que sirva de motor del progreso, hasta las que estiman que la ley actual (la LRU) es satisfactoria y sólo necesita algunos retoques y mejor financiación. En esta última postura se ha colocado de manera decidida la CRUE, organización que agrupa a los rectores de las universidades españolas quienes, en un ejercicio de unanimidad, han decidido cerrar filas frente a unos cambios que amenazan, entre otras cosas, el sistema de poder interno que les ha llevado al cargo.

Que los rectores defiendan corporativamente la universidad que tenemos no es sorprendente. Los rectores son, sin duda, la voz de un considerable sector del profesorado que se siente cómodo con la universidad que tenemos y más autorizado que nadie para definir el futuro de esta institución pública, a veces atribuyendo mayor legitimidad democrática a los representantes elegidos por sus compañeros de trabajo que a los de los millones de ciudadanos que la mantienen con sus impuestos. ¿Será cierto, como sugieren los rectores, que la universidad española cumple básicamente su papel, a la espera de recibir algo más de dinero y por tanto no requiere reformas de fondo en sus modos de gobernarse y funcionar?

La investigación científica es una tarea esencial de la universidad y su crecimiento en ésta durante los últimos años es uno de los argumentos que ha esgrimido el portavoz de la Conferencia de Rectores para defender las bondades de la actual situación. Sin embargo, desde la óptica de muchos investigadores universitarios, lo mejor que puede decirse de tan discutible avance en la investigación es que ha tenido lugar al margen de los órganos que rigen la institución. La investigación científica ha sido siempre la gran olvidada del sistema de gobierno de las universidades españolas.Los temas relacionados con ella se abordan usualmente en sus juntas como algo marginal e incluso enojoso. La universidad contrata a sus profesores casi exclusivamente en función de la demanda docente y sólo la mitad de ellos realiza actividad investigadora, si juzgamos por el número de los que obtienen sexenios de investigación, un sistema poco exigente de reconocimiento de la labor científica.La universidad es terreno vedado para muchos investigadores de valía con la excusa de que carecen de «experiencia en enseñar».La dedicación intensiva de algunos profesores a la creación científica no es compensada por una reducción de su carga docente. En muchas universidades apenas hay personal técnico de apoyo a las labores científicas y los servicios se reducen gravemente durante el periodo no lectivo.

Si el crecimiento de la productividad investigadora es el principal logro de que pueden ufanarse los rectores de la Universidad española a la hora de justificar el cumplimiento de las misiones de ésta, pocas dudas quedan sobre la urgencia de cambiar sus principios.Nadie pone en entredicho que los rectores tienen mucho que decir sobre la oportunidad de cualquier reforma de la universidad y que ésta resultará imposible si no consigue el apoyo de una parte de la comunidad académica. Pero sería bueno que tanto los rectores como el resto de los universitarios hicieran una más seria autocrítica sobre el estado presente de la universidad y buscaran propuestas innovadoras, en lugar de encasillarse en la defensa de lo que hay frente a la reforma que se avecina.

Carlos Belmonte es catedrático y director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández-CSIC, de Alicante.

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Rectores y sindicatos piden la mediación de Aznar en la LOU

ESPERAN QUE EL TRAMITE EN EL SENADO MODIFIQUE LA LEY

La CRUE asegura que es la «última oportunidad» de consenso

MADRID. Diario "El Mundo". Martes 6 de noviembre de 2001.

La Conferencia de Rectores (CRUE) y los sindicatos CCOO y UGT solicitaron ayer al presidente del Gobierno, José María Aznar, que interceda para que el PP acepte mejorar el proyecto de ley universitaria en la «última oportunidad» que supone su trámite del Senado.

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, recibió a los secretarios generales de las dos centrales, José María Fidalgo y Cándido Méndez, quienes le informaron de la jornada de huelga que han convocado para el miércoles en la enseñanza superior en protesta por la reforma impulsada por el Gobierno.

En una declaración conjunta, rectores y sindicatos advierten de que el paso del proyecto de ley por la Cámara Alta «ofrece una última oportunidad para abrir un proceso de diálogo» y buscar el consenso «con el tiempo preciso y altura de miras». «Una oportunidad que pedimos al presidente del Gobierno que valore y aprecie adecuadamente y un diálogo para el que ofrecemos, como hasta ahora hemos hecho, nuestra más leal colaboración», agregan en su declaración.

En el comunicado, las dos partes destacan que el proyecto del Gobierno ha generado «un amplio rechazo». Se quejan de que en su elaboración se ha «obviado» la opinión de la comunidad universitaria «y poco, o nada, tiene que ver su contenido con los objetivos de calidad que se anuncian, de forma insistente y reiterada, desde el Ministerio de Educación».

Además, sostienen que es «clamorosa» la ausencia de compromisos financieros concretos que permitan la convergencia con la media europea en gasto por estudiante.

Tras el encuentro, el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, afirmó que en el trámite del Senado todavía pueden modificarse «aspectos nucleares» de la ley, relativos a los órganos de gobierno de las universidades, el modelo de acceso al funcionariado docente y la renovación de los claustros.

Desde UGT y CCOO se explicó la declaración con los rectores como una muestra del rechazo «fundamentado» a una ley que el PP «pretende imponer con un procedimiento absolutamente inconveniente e inadecuado y que si se lleva a las últimas consecuencias, generará un periodo de inestabilidad muy alto en la Universidad».

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Los órganos de gobierno de todas las universidades se oponen a la ley

Algunos rectores se suman a la huelga y las manifestaciones de hoy

Los órganos de gobierno (entre claustros y juntas) de todas las universidades públicas se han pronunciado en los últimos días contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del PP. Además, una veintena de esos claustros han apoyado expresamente la huelga y las manifestaciones convocadas para hoy por los sindicatos CC OO y UGT. Será la primera vez que todos los colectivos de las universidades salgan juntos a la calle para protestar, incluidos los rectores. Algunos de ellos asistirán a las protestas.

Entre los rectores que asistirán hoy a las manifestaciones convocadas en sus ciudades contra la nueva ley se encuentran los de las universidades de Zaragoza, Felipe Petriz; Valladolid, Jesús María Sanz; Valencia, Pedro Ruiz; Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba, y Autónoma de Madrid, Raúl Villar.

Representantes de varios partidos, entre otros el PSOE e IU, acudirán hoy a las manifestaciones, así como el secretario general de CC OO, José María Fidalgo (que participará en la manifestación de Madrid); y el de UGT, Cándido Méndez (que acudirá a la convocada en Valencia). Nueve partidos políticos (PSOE, IU, el Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana, Iniciativa Per Catalunya, Chunta Aragonesista, el Partido Andalucista, PNV y EA) han manifestado su acuerdo con las protestas organizadas.

En la Universidad de Barcelona, el rector Joan Tugores ha hecho un llamamiento público para que ‘de forma pacífica, democrática y respetuosa con la libertad individual de cada uno de los miembros de la comunidad, el seguimiento de la jornada sea el más amplio posible’. En la capital catalana hay convocada una concentración a las 12.00 horas frente al Palau de la generalitat, ya que la protesta no es sólo contra el Ejecutivo del PP, sino también contra el voto favorable a la ley de los nacionalistas catalanes en el Congreso.

CC OO y UGT han convocado el paro en las 48 universidades públicas españolas y protestas en todas las ciudades con campus universitarios, aunque los centros de algunas comunidades han optado por organizar protestas en diferentes días a lo largo de este mes. Los últimos en hacerlo, hasta el momento, han sido varios miles de estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, que protestaron ayer por las calles de esta ciudad. Los estudiantes de diferentes asociaciones han apoyado la convocatoria de hoy y el Sindicato de Estudiantes la ha extendido a los alumnos de educación secundaria.

Las ciudades en las que se han organizado manifestaciones son Zaragoza, Madrid,Valencia y Murcia. En las otras localidades con universidad se han convocado concentraciones, preferentemente frente a las delegaciones del gobierno. En Andalucía se ha organizado además una caravana de vehículos en Almería. Otras ciudades donde habrá concentraciones son Alicante, Castellón, Mallorca, Canarias, Santander, Valladolid y Salamanca. También se han convocado en todas las capitales de Cataluña, Extremadura y en las ciudades universitarias de Galicia. En La Rioja se ha organizado una acampada en el campus de la Universidad de La Rioja y una concentración en Navarra.

Los sindicatos destacaron ayer que se trata de ‘la primera gran contestación a la política educativa del Gobierno en esta nueva etapa de mayoría absoluta’. Las principales quejas de los sindicatos sobre la ley se centran en dos cuestiones: las formas y el contenido. Por una parte, critican que no se haya buscado el consenso con la comunidad educativa para elaborar esta norma: ‘Una ley educativa que tenga voluntad de permanencia no pide salir de este modo, por voluntad expresa de un partido político’, han señalado.

Respecto a los contenidos, los sindicatos aseguran que la LOU va en contra de la autonomía universitaria, no recoge los mínimos compromisos financieros, va a agravar los problemas del personal de las universidades y excluye de la participación en los órganos universitarios a colectivos como el personal no docente y los estudiantes.

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Sindicatos y rectores reclaman a Aznar que pacte la ley universitaria

CC OO, UGT y CRUE quieren que el Senado cambie la norma

MARTA AGUIRREGOMEZCORTA. Diario "El País", Madrid Martes, 6 de noviembre de 2001

La Conferencia de Rectores (CRUE) y los sindicatos CC OO y UGT pidieron ayer en un comunicado al presidente del Gobierno, José María Aznar, que ‘valore y aprecie’ la última oportunidad que ofrece el Senado para abrir un proceso de ‘diálogo’ y ‘buscar el consenso’ sobre la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el Congreso la semana pasada con los votos del PP, CiU y CC.

El comunicado se hizo público tras la reunión mantenida ayer entre el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, con los líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez. Mañana, estos dos sindicatos han convocado una huelga, a la que están llamados profesores y personal administrativo y de servicios de la Universidad, y que será apoyada por las organizaciones estudiantiles, que han convocado a los alumnos para una huelga el 14 de noviembre.

Según el documento, ‘en la elaboración de la LOU se ha obviado la opinión de la comunidad universitaria y poco o nada tiene que ver su contenido con los objetivos de calidad que se anuncian de forma insistente y reiterada desde el Ministerio de Educación’. El comunicado añade que es ‘clamorosa’ la ausencia de compromisos financieros concretos que permitan la convergencia en gasto por estudiante con la media de los países de la Unión Europea (la Universidad española es, después de Grecia, la que menos gasta por alumno). Y apunta que la nueva ley tampoco ‘garantiza la suficiencia de recursos y la igualdad de oportunidades’.

El presidente de la CRUE señaló que el trámite parlamentario no ha terminado y que todavía se pueden modificar ‘algunos aspectos nucleares’, como el tema de los órganos de gobierno de las universidades, el modelo de acceso a los cuerpos docentes funcionariales y el periodo transitorio para adaptar los estatutos a la nueva legislación, que, según él, deberían hacerlo los claustros que están ya legalmente constituidos.

Ante las críticas que la elección a rector ha provocado entre la mayoría de éstos, el diputado del PP Eugenio Nasarre señaló: ‘El carácter absolutamente democrático de esta elección es indiscutible, ya que interviene toda la comunidad universitaria y no los claustros, como hasta ahora’.

Los rectores de las universidades catalanas, por su parte, se entrevistaron ayer por segunda vez en menos de una semana con el presidente del Parlamento autónomo, Joan Rigol, para pedirle que inste a los senadores catalanes a que eviten que la ley de universidades se tramite en el Senado con carácter de urgencia. Al encuentro asistieron los senadores designados por la Cámara catalana, los socialistas Ramón Espasa y Lluís Armet, Joan Horaci Simó (CiU) y Carles Bonet (ERC). Excusó su presencia el senador del PP Alberto Fernández Díaz.

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Protesta variopinta contra la Ley de Universidades

Editorial. Diario "El Mundo". Jueves 8 de noviembre de 2001.

a jornada de protesta convocada por rectores, trabajadores y estudiantes de las universidades en contra de la ley que se encuentra en tramitación parlamentaria fue un éxito. Los centros universitarios se paralizaron y las manifestaciones de estudiantes fueron masivas en todas las capitales del país. Ahora bien, concluir como hicieron ayer algunos dirigentes sindicales que después de la protesta ha quedado claro que toda la comunidad universitaria está contra la ley es un salto demasiado grande si analizamos con detalle los motivos de los convocantes. Para empezar, resulta llamativo, por lo extraño, que confluyan en la misma manifestación colectivos con intereses tan distintos, y en ocasiones contrapuestos, como los rectores, los estudiantes, los ordenanzas de los centros, los administrativos y los profesores. Cada uno de ellos por diferentes motivos. Los rectores porque consideran que su autonomía queda menoscabada, aunque no hayan logrado esgrimir argumentos convincentes para la mayoría parlamentaria que respalda el proyecto, sobre todo después de los cambios aceptados por el Gobierno.Los docentes, porque la ley quiere acabar con la endogamia y establece que los tribunales de evaluación no estén compuestos, como ahora, por profesores del mismo centro del aspirante. Y los alumnos porque pierden representación en los órganos de gobierno y están en contra del sistema de reválida. Aunque, en este punto, hay que advertir que, según la encuesta publicada por EL MUNDO, el 80% de los universitarios desconoce el contenido de la ley.Por lo que es posible que muchos de los huelguistas y manifestantes lo fueran por mor de que cuando se es joven hay que estar en contra del poder establecido.

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La Universidad paralizada en protesta por la reforma aprobada por el Congreso

Manifestaciones de miles de profesores y estudiantes

PEDRO SIMON. MADRID. Diario "El Mundo". Jueves 8 de noviembre de 2001.

Desde Sevilla hasta Barcelona, desde Madrid hasta Valencia, las dependencias universitarias amanecían ayer como un campus de agosto: ni un alma tomando apuntes, nadie impartiendo clase. Cerrado por huelga.

Más de 200.000 personas, según CCOO y UGT (60.000, según Educación), salieron ayer a la calle para protestar contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU), la mayor manifestación vista contra la nueva norma.

Entraron por fin ayer los docentes a escena como actores también de la estampa callejera y reivindicativa. Como antes a los alumnos, los sacó de clase la Ley Orgánica de Universidades (LOU), a punto de caramelo tras el visto bueno del Congreso.

Eludiendo el guión inicial, se sumaron de refuerzo algunos rectores, santo y seña de la resistencia. Volvió a levantarse el telón urbano por segunda vez y sobre la tarima del asfalto tronó la comunidad educativa como nunca lo había hecho hasta ahora contra la LOU. «Educación para ricos. ¿Democracia?», preguntaba una bandera al aire.

Decenas de miles de manifestantes (profesores, alumnos y personal de servicios) salieron ayer a las calles en media España, respuesta coral a la llamada de CCOO y UGT a la huelga general contra la reforma universitaria del Gobierno.

Más de 200.000 personas se manifestaron en nuestro país, según los sindicatos. En torno a 60.000, apunta el recuento oficial del Ministerio de Educación.

A pesar de la novedad de los actores, la película ya la hemos visto todos y el final está más que destripado: a finales de diciembre, dicen desde el Ejecutivo, se aprobará la nueva ley universitaria. Y habrá que empezar a roer otro hueso. Por ejemplo: el de la LOGSE, con la Ley de Calidad de la Enseñanza que se está cociendo.

Estimaciones

Un 90% de trabajadores y docentes secundó la huelga de ayer no yendo a clase, cifraron las organizaciones convocantes.

Ni un dato dio el Ministerio sobre este asunto, quien sí se despachó con una estimación de los que salieron a la calle: menos de un 2% del total de convocados a una jornada de lucha que contó con el respaldo del Sindicato de Estudiantes (SE) y de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAES).

A defender en la trinchera el modelo de enseñanza superior actual se dejaron caer varios rectores a lo Fuenteovejuna.

«La afluencia de gente demuestra que no estábamos equivocados.Estuve personalmente en las manifestaciones en favor de la democracia, he salido a la calle contra el terrorismo. Ahora lo hago por la Universidad, una Universidad que estaba tranquila, que investigaba y a la que se le ha empezado a arrojar toneladas de cieno desde el Gobierno. Esto es una injerencia inadmisible» (Gregorio Peces-Barba, rector de la Carlos III). «La endogamia no existe. Estamos ante una campaña de desprestigio del Ministerio de Educación contra la Universidad pública» (Raúl Villar, mandatario de la Autónoma de Madrid).

Ayer mismo supimos que habrá cambios en la LOU. Así lo afirmó al final de la mañana Julio Iglesias de Ussel, secretario de Estado de Universidades, quien anunció públicamente que iban «a introducirse mejoras» en el Senado.

«No me exprimas»

«La actual Ley de Reforma Universitaria se hizo por el procedimiento de urgencia y se aprobó en el mes de agosto; en cambio ésta se ha debatido como ninguna otra», comentó.

Más vacíos que nunca, el contrapunto a modo de respuesta llegaba desde los campus. De «cierre histórico» calificó ayer la jornada universitaria Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, lanzando un ultimátum al Ejecutivo.

«Después de ver a toda esta gente», señala Lezcano hacia atrás de la pancarta, «y si queda sentido común, la ministra de Educación y Cultura Pilar del Castillo debería de rectificar. Si no lo hace, habrá que pedir su dimisión».

De todo un poco hubo ayer por las calles que iban a la sede del Ministerio de Educación, desembocadura de todas las protestas.Investigadores cansados de sufrir tanta precariedad («No me exprimas», leyenda sobre una camiseta naranja), alumnos que se habían ausentado de los institutos y habían venido en taxi («¿lo peor de la ley? las tasas -¿?-»), universitarios con banderas republicanas, conserjes concienciados, políticos, sindicalistas y docentes, decenas de miles de docentes.

En Madrid, haciendo sonar una sola voz, una alumna universitaria leyó un manifiesto conjunto como colofón al día de manifestación.Allí estaba, en un escenario con una megafonía digna de los Rolling frente a un auditorio entregado.

«El proyecto de Ley Orgánica de Universidades», gritaba ayer la chica ante un megáfono, «supone un claro retroceso hacia situaciones anteriores a la LRU abandonando la línea de modernización de nuestro sistema universitario». Ovaciones.

«Estamos ante otra ley que nace muerta al no contemplar financiación expresa», proseguía. Los rectores, esta vez sí, aplaudían a rabiar.

Unos 200.000 manifestantes (60.000, según Educación) salen a la calle contra la nueva ley universitaria Rectores, partidos, alumnos y sindicatos piden la retirada de las reformas del Gobierno

Un plan de financiación «imprescindible»

P. S. MADRID.

Las reivindicaciones de la comunidad educativa para acceder a una universidad de calidad pasan primero por un plan de financiación «imprescindible» asentado en cuatro patas: un aumento del gasto en Educación Superior al 1,6% del Producto Interior Bruto (hoy en día es de 1,2%); el incremento de las ayudas a estudiantes, «desarrollando el sistema de becas y la implantación de de becas salario en todos los ciclos universitarios», así como la congelación de las tasas académicas en términos absolutos; la dignificación de las retribuciones del personal universitario; y el aumento del gasto público en Investigación, Desarrollo e Innovación. Estas y otras cuestiones le recordaron ayer los sindicatos CCOO y UGT al Ministerio de Educación en un documento. A juicio de las organizaciones sindicales, la LOU «consagra la precarización de la mitad del profesorado», ataca a la autonomía universitaria y, entre otros asuntos, «multiplica» las pruebas para acceder a la enseñanza superior.

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«Si ignora esto el MEC comete un error»

El presidente de la Conferencia de Rectores pide a la ministra Del Castillo que rectifique y Jordi Pujol dice que la «LOU tiene cosas buenas»

MADRID. Diario "El Mundo". Jueves 8 de noviembre de 2001.

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, destacó la «masiva respuesta» de la comunidad universitaria al llamamiento de huelga contra la reforma de la enseñanza superior, y pidió al Ministerio de Educación que «valore esta contestación, que no es trivial». De la Plaza hizo una valoración de la jornada de huelga general convocada en las universidades públicas españolas contra la reforma de la enseñanza superior, que «ha reducido muchísimo la actividad académica», según sus primeras estimaciones.

No obstante, el presidente de los rectores indicó que los datos ofrecidos por el Ministerio de Educación sobre la asistencia a las manifestaciones «despistan», ya que, a su juicio, lo «importante» es «tener una percepción real de si el texto tiene contestación».

Por ello, pidió al Ministerio y al Gobierno que consideren que las universidades «han querido hacer ver que hay discrepancias» con el proyecto de ley, e insistió, tal como ha manifestado la CRUE, en la necesidad de que se modifiquen aspectos nucleares en el trámite del Senado. «Si ignora esta contestación, el Ministerio estará en un error», comentó De la Plaza.

Un 90% de los 100.000 trabajadores universitarios convocados (70.000 docentes y 30.000 miembros del Personal de Administración y Servicios) secundaron la huelga general y decidieron no acudir a su cita laboral, según datos de las organizaciones convocantes.«Exito» era la palabra más repetida ayer por los sindicatos CCOO y UGT para hablar del resultado de la jornada de huelga general en las 48 universidades públicas españolas. Según las estimaciones de las centrales sindicales, un total de 200.000 personas salieron a la calle en España ayer para protestar contra la LOU.

En Madrid unas 50.000 personas (7.000 según fuentes ministeriales) se manifestaron frente al Ministerio de Educación.

En Andalucía, alrededor de 45.000 manifestantes recorrieron las calles de las ciudades andaluzas protestando contra la norma.Sólo en Sevilla, cerca de 30.000 individuos se manifestaron a cuenta de la LOU. En Valencia, donde CCOO y UGT, cifran en 40.000 personas el seguimiento existente, la policía indicó que unos 10.000 manifestantes se dieron cita en la calle. Junto a ellos, el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz. Notorio seguimiento de la jornada hubo también en las universidades de Cataluña, donde hubo una manifestación de 20.000 alumnos en Barcelona, según fuentes sindicales. En Zaragoza, 5.000 personas se manifestaron.Otras tantas en Las Palmas de Gran Canaria.

Saliendo al paso del eco de la calle habló ayer el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien justificó el apoyo de CiU a la nueva ley de universidades, aunque aseguró: «Cuando las circunstancias lo permitan, suprimiremos la habilitación (del profesorado)», uno de los apartados más controvertidos de la nueva normativa. Pujol explicó que la LOU «aporta muchas cosas positivas».

Con información de Isabel Longhi-Bracaglia, Javier Ortega, Teresa Cruz y agencias

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Rectores, profesores y estudiantes hacen huelga contra la ley universitaria

Más de 100.000 profesores, estudiantes y personal no docente se manifiestan en la calle. - CC OO y UGT piden la retirada del texto.- El Gobierno anuncia que admitirá enmiendas en el Senado

"Una huelga que hará historia". Así resumieron ayer los sindicatos CC OO y UGT la huelga general que dejó casi todas las aulas vacías en las 48 universidades públicas españolas. El seguimiento fue de más del 90% en prácticamente todos los campus y congregó en 50 manifestaciones y concentraciones a más de 100.000 personas (más de 200.000, según los convocantes, y 63.000, a juicio del Ministerio de Educación). ‘Estas movilizaciones van a tener un alto coste para el Gobierno y, si la ministra no rectifica, no será la última protesta contra esta ley; pediremos su dimisión’, señalaron UGT y CC OO. El Sindicato de Estudiantes, que participó en la convocatoria ampliando el llamamiento a la secundaria, pidió que las protestas acaben en ‘una huelga general’.

Era la primera vez que se unían en un paro y tras las pancartas de las manifestaciones miles de personas procedentes de todos los colectivos universitarios: rectores, alumnos, profesores y personal administrativo. Junto a ellos, asistieron a las manifestaciones representantes de partidos como el PSOE e IU. Además, han apoyado estas protestas los nueve partidos que han presentado enmiendas a la totalidad de esta ley en el Congreso de los Diputados, todos menos el partido del Gobierno, sus socios de Coalición Canaria y CiU.

Los sindicatos pidieron ‘la retirada inmediata del proyecto y la apertura de un proceso realmente participativo de negociación’. Sostuvieron que la LOU supone ‘un claro retroceso’, no aporta ‘un plan de financiación’, deja la puerta abierta ‘a la politización encubierta de la Universidad’ y ‘ataca a la autonomía universitaria’.

Presencia de los rectores

Más de una decena de rectores no tuvieron reparos en unirse a las protestas. En Madrid, con unos 20.000 participantes, se manifestaron por las calles cercanas a la Puerta del Sol los de las universidades Carlos III, Gregorio Peces-Barba, y Autónoma, Raúl Villar. En Barcelona, poco antes del mediodía, los rectores de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, de la Autónoma, Carles Solá, y de la Pompeu Fabra, Rosa Virós, descendieron por las Ramblas en dirección a la plaza de Sant Jaume, encabezando la concentración de unas 3.500 personas frente al Palau de la Generalitat contra la ley del PP y contra el apoyo que ha recibido de CiU. En Girona fueron 1.500 personas, entre ellas, el rector de la Universidad de Girona, Josep Maria Nadal; 1.000 en Tarragona, junto al rector de la Rovira i Virgili, Lluís Arola.

Los estudiantes jugaron un importante papel tanto en las manifestaciones como en el paro, que fue secundado por el 95% de los universitarios de toda España, según los convocantes. El paro más bajo fue en el País Vasco (70%), Baleares (61%) y Asturias (50%).

La huelga en la Universidad del País Vasco (UPV) tuvo un seguimiento menor que en el resto de comunidades, según CC OO, único sindicato convocante en Euskadi. El paro se vio convertido en una jornada de luto por el asesinato del magistrado y catedrático de la Universidad de Deusto José María Lidón a manos de ETA y así lo señaló el portavoz de la sección sindical de la UPV, Gonzalo Maestro. ‘Un acto de este tipo empaña y enturbia cualquier tipo de movilización’, añadió.

También los siete campus de las tres universidades gallegas estuvieron prácticamente paralizados y unas 20.000 personas acudieron a las manifestaciones. En Santiago de Compostela se vivió la mayor movilización universitaria de los últimos años, con unas 15.000 personas, entre estudiantes, profesores y personal de servicios, que abarrotaron la plaza del Obradoiro y colapsaron las calles del casco viejo durante la marcha hasta la sede de la Xunta de Galicia. En Vigo, los manifestantes fueron unos 2.000. ‘Lo único que sabe hacer el Gobierno para defender la ley es hablar mal de la universidad. La ministra ha conseguido que, por una vez, todos los estamentos universitarios se hayan unido’, declaró el rector vigués, Domingo Docampo.

En la Comunidad Valenciana, las cinco universidades públicas vivieron ayer una jornada de paro prácticamente total. Encabezados por el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz Torres, más de 15.000 personas (10.000 según la Policía local) se manifestaron en Valencia en el campus situado en zona universitaria de Blasco Ibáñez hasta la sede del Gobierno valenciano. A la protesta se sumaron representantes de una veintena de organizaciones sindicales y estudiantiles que integran la Plataforma Autonómica en Defensa de la Universidad Pública. En Ciudad Real, secundó el paro el 95% de la Universidad y en la protesta, a la que se sumó el rector Luis Arroyo, participaron más de 1.500 personas.

La ministra dijo a primera hora de la mañana (antes de las protestas) sólo ‘algunos rectores, algunos profesores y estudiantes’ apoyan la huelga y que el éxito de la protesta dependería del número de manifestantes. Algo a lo que los sindicatos contestaron en la manifestación de Madrid, que congregó a unas 25.000 personas (40.000, según los convocantes y 7.000, según el ministerio).

El secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel, quitó importancia a la participación en las manifestaciones. Según el Gobierno, se manifestaron exactamente ‘61.302 personas, lo que representa el 1,9% de los convocados’. El secretario de Estado añadió que las manifestaciones ‘no impedirían un intenso diálogo en el futuro’ con los representantes universitarios para introducir mejoras y dijo que está dispuesto a admitir enmiendas en el Senado ‘siempre y cuando contribuyan a mejorar la ley’.

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‘Bájese del castillo’

PROTESTA CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA

M. A. y S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Jueves, 8 de noviembre de 2001

Muchas caras conocidas y de muy distintas instituciones se congregaron ayer en Madrid para protestar contra la Ley de Universidades (LOU).

Desde la Plaza de Jacinto Benavente hasta las puertas del Ministerio de Educación, en la calle de Alcalá, no cabía un alfiler. Había más de 20.000 personas (40.000 según los organizadores y 7.000, según el Gobierno).

La gran pancarta de cabecera, que rezaba, Universidad pública de calidad, no a la LOU, estaba presidida por el secretario general de CC OO, José María Fidalgo y los de las federaciones de enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, y UGT, Jesús Ramón Copa. Junto a ellos, representantes del PSOE e IU, del Sindicato de Estudiantes, la Federación Faes, Canae y las Juventudes del PSOE e IU.

Fidalgo estaba indignado: ‘Esto es un éxito logrado por Pilar del Castillo. Ya no sólo tiene enfrente a la oposición, sino a todo el mundo, y así no se puede gobernar. Que se prepare para la discusión de la Ley de Calidad’. Lezcano y Copa insistieron en el mismo aspecto: ‘A la ministra se le ha acabado el plazo para que la consideremos interlocutora válida. Si no rectifica en el Senado, se demostrará que no es la indicada para hacer esta reforma ni ninguna otra. Si no recupera el juicio, tendremos que pedir su dimisión’.

El rector de la Universidad Carlos III, Gregocio Peces-Baraba, acudió para protestar por ‘una ley mala, que le ha faltado el respeto a la Universidad y ataca a su autonomía’. ‘Como se decía en la época de Franco, el PP es inasequible al desaliento porque no conoce la Universidad, ni le interesa, ni la respeta’. Otro rector, el de la Autónoma de Madrid, Raúl Villar, estaba allí por la falta de diálogo que ha demostrado la ministra. ‘Estamos aquí apoyando a nuestras universidades que están gritando su oposición a la ley’, dijo Villar, ‘y la ministra no debe olvidar que ahora tiene la palabra el Gobierno pero luego, cuando haya que aplicar la ley, la volveremos a tener las universidades’.

‘La ministra no nos han dejado otra opción que ésta’, decía la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. ‘Aún existe posibilidad de abrir el diálogo y hacer cambios. Si no, la ministra será la responsable de lo que suceda’.

Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, este paro ‘es un mensaje claro contra el PP y su ley, que busca una universidad privatizada y dependiente de intereses políticos. Al final, será papel mojado’. Según IU, esta protesta demuestra que ‘la ministra tiene que bajarse del castillo y retomar una propuesta negociada y viable’. Y según el diputado de la Chunta Aragonesista José Antonio Labordeta, esta respuesta ‘refleja que el PP tienen la fuerza pero no la razón’.

Entre los estudiantes, un grupo de Biología de la Complutense vestidos con batas blancas explicaban por qué se ponen a la ley: ‘Que la Universidad se privatice. Que tengan voz los de siempre. Que den cada vez menos becas. Que las pruebas de habilitación no acaben con la endogamia. Que no prevea salidas profesionales dignas’, contestaban al inúsino. También había profesores protestando, como Ricardo Morón, un docente asociado en la facultad de Derecho de la Autónoma que denunciaba que la situación de ‘inestabilidad y precariedad’ de los docentes contratados. Y personal de administración y servicios (PAS), como Santiago Cuesta de la biblioteca de la Politécnica, que dice que esta ley ‘ no reconoce al PAS como colectivo, por lo que no se tiene la oportunidad de ascender’.

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Del Castillo dice que no hay ‘clamor unánime’ contra la ley universitaria

Sindicatos y PSOE anuncian nuevas protestas

S. P. DE P., J. M. M. F. Diario "El País", Madrid, Barcelona ,Viernes, 9 de noviembre de 2001

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró ayer que no existe ‘clamor unánime’ en contra de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y aseguró que muchas de las personas que secundaron el miércoles la huelga general en las universidades ‘no están necesariamente en contra del proyecto de ley’. Los sindicatos y el PSOE anunciaron ayer que continuarán con las movilizaciones después de la convocada para el día 14.

La ministra insistió ayer en que lo importante es conocer el número de personas que participan en las manifestaciones, y no tanto los que hacen huelga. La ministra también aseguró que ‘en el Senado se mejorará la ley, como se ha hecho en el Congreso’.

En Barcelona, el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias, también apuntó que el PP está ‘abierto’ a estudiar cambios en el Senado, pero advirtió que ‘el margen de maniobra será escaso’ si se presentan enmiendas que ya han sido previamente rechazadas. En unas jornadas sobre la LOU organizadas por la Fundación Círculo de Economía, Iglesias insistió en que el Ejecutivo ha dialogado mucho sobre el proyecto legal. ‘Otra cosa’, reconoció, ‘es que no se ha llegado a ningún acuerdo’.

La portavoz de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, anunció ayer que ‘la comunidad universitaria volverá a salir el día 14 con los estudiantes y todas las veces que sea preciso para que se retire esta ley’. La oposición pide que ‘se modifique sustancialmente el texto en el Senado y se dé voz a la comunidad universitaria’. ‘Es muy grave que después del paro total del miércoles, la ministra, en vez de reflexionar sobre lo que está pasando, diga que el rechazo a la ley se mide por el número de manifestantes’, añadió Chacón.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, acusó ayer al Gobierno de ‘hacer el ridículo y de incurrir en una gran irresponsabilidad al intentar ningunear la huelga y al alentar a que la oposición a su ley se mida en la calle’.

Según los últimos datos de este sindicato, secundaron el miércoles la huelga unos 94.000 trabajadores de los 108.155 censados, y el número de manifestantes (entre trabajadores y estudiantes) en toda España, 212.000 personas. Lezcano también aseguró que ‘habrá nuevas movilizaciones en este periodo’. Sin embargo, el Gobierno ha calculado que se manifestaron 61.302 personas.

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Varias universidades continúan el paro y los acciones contra la reforma educativa

XOSÉ HERMIDA. Santiago de Compostela. Diario "El País", Viernes, 9 de noviembre de 2001

Santiago de Compostela volvió ayer a convertirse en un hervidero de actos reivindicativos contra la Ley Orgánica de Universidades (LOU) del PP. La Universidad se mantendrá paralizada hasta el próximo miércoles. Mientras, los estudiantes mantienen encierros en varias facultades y ayer cortaron el tráfico en el centro de la ciudad, organizaron una cacerolada nocturna y llevaron las clases, con la colaboración de los profesores, a las calles del casco histórico.

La Universidad de Santiago tiene 35.000 alumnos en una ciudad que cuenta con 130.000 habitantes. Su claustro acordó ayer por unanimidad pedir al Senado que paralice la tramitación de la ley.

También en la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, el personal docente e investigador han decidido seguir en huelga (ayer lo secundó el 80%) hasta el día 14, fecha en la que han convocado un paro y movilizaciones los estudiantes de toda España.

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CCOO llama a toda la Universidad a la huelga de alumnos del 14-N

MADRID. Diario "El Mundo", viernes 9 de noviembre de 2001.

El responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras, Fernando Lezcano, planteará a las organizaciones que el miércoles participaron en la huelga general el sindicato UGT y las organizaciones estudiantiles FAES, CANAE y Sindicato de Estudiantes continuar las movilizaciones mientras el proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) se tramite en el Senado.

Además, informa Europa Press, «se ha dado instrucciones» a las secciones sindicales de CCOO en todas las universidades públicas españolas para que aprovechen el paro técnico que se va a producir el próximo día 14, debido a la ausencia de estudiantes en las aulas por la huelga general que han convocado las citadas organizaciones estudiantiles, para que participen «activamente» en todos los actos que se celebren en protesta por el proyecto de la LOU.

«Lo del miércoles hace historia, se ponga como se ponga quien quiera», señaló Lezcano, para quien la huelga celebrada en toda España constituye «con todo el rigor, la movilización más significativa de la historia de nuestra Universidad». Según explicó el portavoz de CCOO, el apoyo a las movilizaciones de los estudiantes «no será testimonial y no se limitará a la retórica», sino que su sindicato participará de manera «activa» en todos los actos de protesta que se desarrollen el próximo día 14. Según explicó, ya se han dado «instrucciones» a las secciones sindicales para que así sea.

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Pilar del Castillo promete mejorar la LOU en el Senado

El PSOE reclama al PP que abra un nuevo debate o que retire su proyecto normativo

DANIEL MONTERO. MADRID. Diario "El Mundo", viernes 9 de noviembre de 2001.

La ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, escuchó ayer las voces que reclaman un cambio sustancial en la Ley Orgánica Universitaria (LOU), que ha entrado en fase de estudio por la Cámara Alta. La responsable popular se comprometió a mejorar en el Senado la nueva normativa para los centros españoles de enseñanza superior, «al igual que lo hicimos en el Congreso», y restó importancia a las movilizaciones estudiantiles y docentes del pasado miércoles.

Mientras la ministra enumeraba sus apoyos dentro de la comunidad educativa y alentaba las posibles modificaciones de la legislación en el Senado, los responsables del Partido Socialista recordaban que 8.000 profesores han firmado ya un manifiesto en contra de la normativa. «Esta no es la ley que necesita la Universidad española», sentenció la secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón.

La portavoz de la oposición tomó con escepticismo las manifestaciones de Del Castillo y acusó al Partido Popular de no atender a las demandas de la comunidad educativa. «Estamos hablando de un proyecto sin diálogo. Incluso se quedaron solos al negar la comparecencia de los docentes y agentes sociales en el Parlamento», arguyó Chacón. Para la dirigente socialista, «ésta puede ser una oportunidad perdida para la Universidad española, que quedará en papel mojado».

El portavoz parlamentario del PSOE en la Cámara Baja, Jesús Caldera, respaldó las declaraciones de su compañera de grupo y reclamó al Gobierno «que abra un diálogo real en el Senado para mejorar la ley o que la retire». Caldera consideró que «hay otro modelo de Universidad», que es la que su grupo plantea, «pero sobre todo, hay otra forma de hacer política». En sus declaraciones, el portavoz socialista reiteró la falta de diálogo mostrada por el Ejecutivo tras el paso de la nueva normativa por el Congreso y reclamó al Gobierno que escuche «el clamor popular».

Abierto al diálogo

El portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, fue el encargado de retomar la pelota desde el tejado del Ejecutivo. El dirigente político recordó que su partido no necesitó la mayoría absoluta para que la LOU fuera aprobada por el Parlamento y aseguró que el Ejecutivo se encuentra «abierto al diálogo» para realizar las modificaciones pertinentes en la Cámara Alta. Ollero mostró también su satisfacción por la «buena marcha» de la nueva Ley Orgánica, «ya que es un compromiso electoral y nace como fruto de un largo debate».

El portavoz de Justicia rechazó la idea «que propaga el PSOE» de que «todo el mundo está en contra de la LOU, ya que es completamente falsa» y reconoció la convocatoria masiva de plazas para los profesores por parte de las universidades «antes de que entre en vigor la nueva legislación».

Por su parte, el secretario general del PP, Javier Arenas, criticó el «cierre patronal» de la Universidad de Sevilla en la jornada de huelga del miércoles y acusó al centro docente de impedir la asistencia a clase de los alumnos y profesores contrarios a las movilizaciones. Arenas tachó la decisión de la Universidad de Sevilla como un comportamiento «no acorde con la libertad ni con la propia Constitución Española».

El portavoz del PP calificó la posición del PSOE ante la LOU de «cavernícola y retrógrada», y acusó al principal partido de la oposición de mantener una política «antirreformista». Arenas recordó que «la Universidad española ha sido siempre la vanguardia del cambio», por lo que consideró chocante que, en este debate, «muchos universitarios y profesores sean los defensores del anquilosamiento».

Mientras los portavoces del Ejecutivo que preside José María Aznar omitieron en sus intervenciones a las cargas policiales sucedidas en varias ciudades españolas tras las movilizaciones estudiantiles contra la LOU, los dirigentes del PSOE y de las asociaciones sindicales las consideraron «inadmisibles».

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