Esta página destinada a suscitar la polémica y el debate contiene:

RESPUESTAS DE EXÁMENES DE INSTITUTO

Por otro frustrado profesor de enseñanza secundaria

En el número 22 de Vivat Academia apareció un artículo titulado "con la música a otra parte" que, efectivamente, ponía el dedo en la llaga de "nuestro exquisito sistema educativo". En el número anterior, un compañero de secundaria se preguntaba dónde estaban los sobresalientes y otro frustrado profesor de IES nos deleitaba con las respuestas a un examen de música. Como puede parecer que la incultura de nuestros alumnos sólo se centra en lo que, al parecer de las autoridades ministeriales, es superfluo o adicional en el sistema de educativo español, he aquí unas cuantas respuestas de examen de diferentes alumnos y sobre distintos temas, esperando que no les depriman y les hagan pasar un buen rato.

Aunque parezca mentira ¡son auténticas!

Aviso: La ortografía también es original.

- La catedral de León fue construida por los romanos gracias a un arquitecto americano.

- Formación de las cordilleras: Las montañas no se forman en uno o dos días tardan mucho tiempo en formarse.

- ¿Qué es la atmósfera?: La atmósfera es el sitio donde se encuentran los procesos atmosféricos como las nubes. En esta parte se producen los rayos sísmicos que son aquellos que producen los terremotos y el temblamiento de tierra.

- Movimientos del corazón: de rotación alrededor de si mismo y de traslación alrededor del cuerpo.

- Movimientos del corazón: El corazón siempre esta en movimiento solo esta parado en los cadáveres.

- Círculo: es una línea pegada por los dos extremos formando un redondel.

- Primera ley de Mendel: Mendel era un hombre que durante toda su vida se dedico al cruce de las plantas. De sus experiencias hizo un libro pero lo publican en una encuadernación mala y la gente no se entero. Después de Mendel dos personas descubrieron lo mismo que el sin saberlo y vieron que habían perdido el tiempo inútilmente.

- Etapas más importantes en la evolución del hombre: Sobre el año 570 se cree en la primera aparición del Homo sapiens. A partir del 570 y hasta el 1200 el omohabilis. A partir del 1200 y hasta aproximadamente el 1700 el Homohabilis y después hombres normales.

- El anarquismo: es una ideología racional y astringente.

- Acueducto: serán para transportar el agua de un extremo a otro en vez de ir cargando con los cubos.

- Descripción de la situación social previa a la revolución francesa: Los marginados viven en la calle no tienen dinero y no poseen priviligios como es ovio. La nobleza no podían ser de ella si no tenían sangre y no eran de familia de ese grupo.

- Esqueleto de la pantorrilla: Esta formado por el hueso mas largo del cuerpo que es el femur que va desde el omoplato hasta la rotula.

- Depuración del agua: Se hace por los rayos ultraviolentos.

- Anfibios: La rana tiene una hendidura cloacal por la cual lanza el típico sonido cloac cloac.

- Volcanes: En Mallorca esta el Teide. El agua de mar se solidifica y sale por el crater.

- Productos volcánicos: Las bombas atomicas.

- Ejemplo de parásito interno: Las visceras.

- ¿Cómo se llaman los habitantes de Ceuta?: Centauros

- Las algas: Son animales con caracteres de vegetales.

- Antibióticos: El alcohol, algodon y agua oxigenada

- Glaciares:. Pueden ser por erosion y por defuncio.

- Moisés y los israelitas: Los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas.

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RECORTES

La perpetua reforma de la universidad

IGNACIO SOTELO Diario "El País". Jueves, 22 de marzo de 2001

De todos es bien sabido que la enseñanza en general -y la superior muy en particular- forma el cuello de botella que sigue taponando el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Lo grave no es tanto que sea así, como que lo sepamos desde tiempo inmemorial sin que hayamos sido capaces de dar una respuesta adecuada. Los intentos esperanzadores que surgieron en los tres primeros decenios del siglo XX, la guerra civil los barrió violentamente. Señal clara de los inconvenientes de la transición -de sus ventajas ya se ha hablado hasta el empacho- es que el principio de continuidad, que tal vez fuese operativo en otros ámbitos, en la universidad ha favorecido el que perdurase la tradicional miseria, con pequeños retoques de matiz, que a veces incluso han empeorado las cosas.

Tres son los elementos que constituyen a la universidad: en primer lugar, los estudiantes -nada se puede enseñar si no existe la voluntad de aprender-; luego, los profesores -poco se puede enseñar, si no se tiene los conocimientos y la autoridad para hacerlo-; y, en tercer lugar, es fundamental el modo de relacionarse los unos con los otros para que la transmisión del saber resulte lo más provechosa posible. Ambos grupos conforman a la universidad, y su calidad depende, en último término, de la que tengan profesores y alumnos. Da rubor el decirlo, pero se trata de algo tan sencillo como esto.

El punto crucial que diferencia a la universidad medieval de la moderna consiste en el distinto tipo de saber que presupone. Mientras que la medieval pretende un saber absoluto, que no admite la menor duda y, como tal, definitivo -lo que permite su sistematización en un orden completo-, la universidad moderna parte del supuesto de que los conocimientos humanos son limitados y provisionales y, por consiguiente, no importa tanto su ordenación y clasificación, siempre arbitraria, como el hecho mismo de obtener conocimientos nuevos más seguros. Por tanto, la función de la universidad no puede consistir en la transmisión de un saber cierto y ordenado, sino en enseñar a cuestionar lo sabido y a escudriñar nuevos caminos y métodos de investigación.

En los años setenta, con la masificación de las aulas, comienza la crisis del modelo de universidad basada en combinar investigación y docencia. Obsérvese que se ha designado con un concepto negativo, ‘masificación de la universidad’, a uno de los mayores logros del Estado de bienestar, la universalización de la enseñanza. Sin duda alguna el cambio en las relaciones de cantidad -los estudiantes eran unos cuantos cientos, para contarse hoy por cientos de miles- ha tenido consecuencias en la calidad. Con razón se vincula la crisis de la universidad a su masificación, pero hay que advertir que no había alternativa a este proceso de democratización y de apertura. La salvación no hubiera estado, como todavía piensan algunos, en haber cerrado las compuertas a la avalancha; no hubiera sido posible, pero seguro que tampoco deseable.

La universidad de masas, además de las tareas heredadas del pasado en lo que concierne a la educación superior, cumple nuevas funciones sociales, ligadas tanto a la movilidad social -la universidad se presenta como el instrumento más importante de ascenso social, aunque no es seguro que lo sea- como a la succión de una parte del paro juvenil: los estudiantes se amontonan en la universidad a falta de mejor alternativa. La mayor parte de los problemas a los que tiene que enfrentarse la universidad provienen de la confluencia de las viejas tareas pedagógicas con estas nuevas funciones sociales, no siempre compatibles entre sí.

Si la selección del profesorado se ha convertido en el gran escándalo, con una endogamia que muestra a las claras su disfuncionalidad -en el fondo no cabe más que la cooptación, y ésta reproduce la grandeza o miseria de la situación de que se parta- la del estudiantado choca con escollos que parecen también infranqueables. Restringir el ingreso a la universidad a los que den prueba de una mayor inteligencia y aplicación, sea cual fuere su origen social, no parece realizable mientras el electorado tenga algo que decir. Precisamente en no poder salvar los obstáculos que se presentan en la selección, tanto del profesorado como del alumnado, radica la aporía que ha traído consigo una decadencia hasta ahora imparable de la institución.

En consecuencia, mejorar la universidad no es tanto una cuestión de modelo, ni de legislación, ni de planes de estudio, sino principalmente de los modos y formas cómo se seleccionen profesores y alumnos. He aquí la cuestión clave; todo lo demás es accesorio. La universidad es sustancialmente una institución selectiva, si se quiere emplear un galicismo horrible, digamos que elitista, aristocrática, si utilizamos la palabra en su sentido etimológico. Pues sí, qué le vamos a hacer, la universidad es selectiva, elitista, aristocrática. Sólo funciona si profesores y alumnos, además de ser capaces -un cierto nivel de competencia es imprescindible en los dos grupos- están motivados para crear una comunicación de mutuo apoyo en el estudio de la naturaleza y de la sociedad.

La historia nos enseña que las universidades son comunidades vivas de profesores y estudiantes, siempre que se rijan con autonomía. La autonomía de la universidad, como la autonomía de la persona, son caracteres irrenunciables. Si se considera que una institución de enseñanza superior no tiene la madurez suficiente para ser de verdad autónoma, suprímase; pero no se mantenga estos híbridos de universidades que se llaman autónomas, pero que el poder estatal, me da igual que sea el central o el autonómico, controlan hasta en los menores detalles. El escollo consiste en que la comunidad universitaria con muy buenas razones está convencida de que, si desaparecieran estos controles, la situación empeoraría. Es el círculo infernal que caracteriza a nuestra universidad: no puede desarrollarse más que siendo autónoma, y la nuestra es de tal índole que una verdadera autonomía podría resultar letal. Si la universidad elige, como pasa ahora, a los órganos de gobierno, se consolidan estructuras de poder que impiden cualquier transformación que ponga en cuestión los intereses creados. Si la universidad es dirigida desde el exterior, por ejemplo por unos consejos sociales con mayores competencias, como los tiene que nombrar el poder político, es de temer que colocara a gentes de partido, como gratificación por servicios prestados. Quedarían al frente de las universidades personas que poco entienden del asunto y que apoyarían además a los de su mismo color partidario. El remedio podría ser peor que la enfermedad. Ignoro cómo se puede escapar a este dilema.

Respecto al problema principal, la selección de profesores y alumnos, lo primero que hay que decir es que ha de resolverse de manera distinta para cada universidad, y dentro de ella, para cada facultad, como corresponde a la enorme heterogeneidad de la enseñanza, que exige muy distintos conocimientos y formas didácticas y, por tanto, sistemas de selección diferentes de profesores y alumnos, según las disciplinas. Sería absurdo establecer las mismas formas de selección y de enseñanza para las ciencias experimentales, las ciencias sociales o para los estudios de filosofía y las humanidades, para aquellas facultades que preparan a profesionales con alta demanda social, y aquellas otras que forman a especialistas en ciencias teóricamente importantes, pero para las que no existe una demanda social. Lo conveniente sería lo contrario de lo que ocurre: al estudiante de historia antigua o de arqueología habría que exigirle mucho más que al de empresariales o de derecho, con salidas profesionales claras. No es el número de los primeros, lo que importa, sino su altísima calidad; en cambio, la sociedad reclama un buen número de profesionales que no tienen todos que aspirar al premio Nobel.

Cada universidad tiene que eligir en uso de su autonomía al profesorado que le convenga, y ha de ofrecerle la condiciones de trabajo y de sueldo que pueda permitirse dentro de sus presupuestos, acatando unas normas generales de calidad mínima, que podrían probarse con la habilitación del candidato, o con la ocupación de un puesto similar en otra universidad. El que nadie pueda aspirar a un puesto superior en la misma universidad en la que ya trabaja debe ser condición indispensable que habría que fijar en la legislación lo antes posible, así como el número mínimo de candidatos a un concurso para poder cubrir la plaza. Que en España se reparten antes del examen queda probado por el hecho de que lo más frecuente es que concurra un candidato para cada puesto, excepcionalmente dos, y en un altísimo porcentaje lo gane siempre el de casa.

Cada universidad dicta también las normas de admisión del alumnado para cada facultad, que sin dudas será más o menos duras, según sea la demanda. Como condición mínima, habrá que mantener el bachillerato. El Estado garantiza para todo aquel que haya conseguido plaza en una universidad y los ingresos familiares no sobrepasen una determinada cantidad, una beca que incluya no sólo la matrícula, sino vivir con decoro, dedicado por entero al estudio. En los países de nuestro entorno estas becas suelen considerarse un préstamo que el beneficiario tendrá que devolver una vez que sus ingresos alcancen una cifra a determinar. En vez de subvencionar a la universidad directamente -cada estudiante cuesta al Estado entre 700.000 y un millón y medio de pesetas al año- debe hacerlo tan sólo al estudiante que lo necesite, dejando a cada cual que elija libremente universidad, pagando los costos. No está justificado que los alumnos provinientes de familias adineradas se beneficien de unas matrículas, meramente simbólicas.

En una universidad autónoma, las normas generales de selección del profesorado y del estudiantado han de aplicarse con criterios propios. Ello quiere decir que de la autonomía de la universidad se deriva la diversidad. No son compatibles autonomía y uniformidad. Donde hay autonomía, reinan variedad y diferencia. En consecuencia, no cabe dictar una ley que tenga la virtud de mejorar en bloque todas las universidades, sino que lo único que ha de garantizar la legislación, dentro de un marco general, es la libertad para que cada una busque la manera de superarse, superando a las demás. Con los recursos económicos de que disponga -una parte importante, se los gana ella misma, con las tasas académicas y algunas otras actividades rentables- cada universidad ha de desarrollar un modelo propio, con ofertas diferentes.

Si se introdujera el aire fresco que trae el competir -en el interior de las universidades y entre ellas- seguro que prevalecería la tendencia contraria a la actual y, en vez de que el Estado fundase una sedicente universidad en cada capital de provincia, nos esforzaríamos en concentrar servicios y centros docentes. De los muchos errores cometidos en estos últimos años, tal vez el de más calado por sus consecuencias negativas a largo plazo haya sido el de multiplicar las universidades, desparramando unos recursos que habría que haber empleado en mejorar las existentes. El criterio que hay que aplicar a la universidad es uno de calidad, no de cantidad.

Gran Bretaña está reduciendo el número de universidades; en cambio, la ciudad de Lima cuenta con más de 20 instituciones docentes que llaman universidades. La costosísima infraestructura que necesita una universidad que merezca este nombre, desde bibliotecas hasta laboratorios, hace por completo irracional que se pretenda distribuirlas por doquier, como si fueran gasolineras, con el pretexto de satisfacer la falsa necesidad juvenil de estudiar sin moverse de casa. Acercar la universidad a las viviendas de los chicos, para que puedan permanecer en los domicilios de los padres, conlleva de paso eliminar una de las experiencias pedagógicas de mayor alcance: obligar al alumno a vivir como adulto fuera del recinto familiar.

Autonomía, diversidad y competividad son los tres principios de cuya confluencia cabe esperar alguna mejora en la universidad. Principios, claro está, que no se convierten en realidad por la simple voluntad expresa del legislador, aunque, evidentemente, de ningún modo pueden arraigar, si la legislación no los impulsara. En efecto, mejorar la calidad de profesores y de alumnos -y de esto se trata en última instancia- es una labor ardua y sobre todo lenta, dura generaciones. Lo que importa ahora es establecer lo antes posible las condiciones mínimas para que este proceso pueda ponerse en marcha.

Ignacio Sotelo es catedrático excedente de Sociología.

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La nueva Ley Universitaria fija un examen de aptitud para todos los profesores.

Los rectores serán elegidos por docentes y estudiantes

SUSANA PÉREZ DE PABLOS NEUS. Diario "El País". Lunes, 19 de marzo de 2001

CABALLER | Madrid / Valencia

Los rectores serán elegidos por sufragio universal ponderado, con la votación de todos los miembros de la comunidad educativa de cada universidad, y no sólo por los del claustro, como ahora, según el proyecto que elabora el Gobierno de Ley Universitaria en sustitución de la Ley de Reforma Universitaria (LRU). De esta manera, se pasaría a un sistema presidencialista y las universidades se verían envueltas en campañas electorales cada cuatro años para promocionar a los candidatos. Educación estudia, además, que la selección del profesorado se haga mediante un examen común para todo el Estado, en el que se habilitaría a un número de docentes cada año, que después elegiría cada universidad.

El importante vuelco en los órganos de gobierno de las universidades y en la selección del profesorado que incluye el proyecto que está elaborando el Gobierno supondrá, según las fuentes consultadas, la creación de una nueva ley orgánica que pasará a eliminar completamente la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983.

Este modelo es, por tanto, distinto al escogido por el Ministerio de Educación para poner en marcha la otra gran reforma educativa anunciada para esta legislatura, la de la educación no universitaria. La nueva Ley de Calidad modificará las tres leyes no universitarias -la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica de la Participación, la Evalucación y el Gobierno de los centros (LOPEG)-, pero sólo en algunos aspectos, por lo que lo previsto es que permanezcan todas vigentes.

Un equipo de profesores universitarios de distintos centros de España está participando en la elaboración de la nueva normativa universitaria, coordinado por el secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias, según las mismas fuentes. Por parte del ministerio, están colaborando en la redacción del documento el director general de Universidades, Ismael Crespo; el subdirector general, Enrique Fernández del Pino, y el secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega. El ministerio señaló ayer a este periódico que está ‘en conversaciones con la comunidad educativa y que aún es prematuro definir los extremos de la ley’.

Educación está manteniendo reuniones con distintos colectivos desde hace unas semanas, como los sindicatos y los rectores, para contrastar opiniones sobre los contenidos de la futura Ley Universitaria. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, tiene previsto exponer las líneas principales de la nueva ley en el próximo pleno del Consejo de Universidades, que se celebrará el 19 de abril.

El borrador estará listo en mayo y el compromiso de Pilar del Castillo es presentar el texto al Congreso de los Diputados para su debate antes del verano. La idea del ministerio es que la reforma esté aprobada en los primeros meses de 2002 y entre en vigor en el curso 2002-2003. Éstas son las principales modificaciones previstas:

Elección del rector

El rector será elegido en la universidad por sufragio universal ponderado. Votará toda la comunidad universitaria: profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios. Actualmente, el rector es escogido por el claustro de cada universidad, en el que participan representantes de esos tres colectivos. En la nueva ley, la ponderación de los votos se haría, según estudia el Gobierno, en una proporción similar a la que existe ahora en el claustro. En la actualidad, la LRU establece que al menos el 60% de la representación debe corresponder al profesorado. De acuerdo con esto, cada universidad establece en sus estatutos el porcentaje exacto que se otorga a profesores, alumnos y personal adminitrativo y de servicios. Pero, por término medio, el peso de los alumnos supone entre el 20% y el 30%, y el del personal no docente, entre el 5% y el 10%.

El sufragio universal provocaría la convocatoria de campañas electorales en las universidades cada vez que se elija rector (ahora, cada cuatro años). Este sistema presidencialista es visto con buenos ojos por los opinan que rompería con los pactos corporativos de los rectores con los claustros. Pero el lado negativo, según los expertos, es que podría introducir una sesgo autoritario en la gestión del rector, una figura que se vería tremendamente politizada y, al ser elegido por todos, tendría más control sobre la universidad.

Selección del profesorado.

La prueba estatal de habilitación representa la vuelta a un sistema parecido al que existía en los años setenta para la elección de los profesores adjuntos. Según los planes del Gobierno, para acceder a una plaza de funcionario en una universidad española habrá que superar una prueba que otorgará una habilitación a los que quieran ser titulares de universidad y otra a los que pretendan convertirse en catedráticos.

Según las fuentes consultadas, el sistema funcionaría del siguiente modo: cada universidad comunicaría cada año al Gobierno el número de plazas que necesita de profesores titulares y de catedráticos para cada área de conocimiento. Se convocarían las pruebas estatales por áreas de conocimiento, presumiblemente orales, en las que se valoraría además el currículo y los méritos de cada candidato. La evaluación sería realizada por un tribunal, cuyos miembros aún no se ha determinado de dónde procederían. Se habilitaría a un número concreto de profesores igual a la suma de plazas solicitada ese año por todas las universidades públicas. Y, finalmente, cada universidad elegiría para las plazas vacantes comunicadas al Estado a los habilitados que considerara más adecuados.

Actualmente, el profesorado se elige en la universidad en la que existe una plaza vacante, donde se le somete a una prueba juzgada por un tribunal en el que tres de los miembros son elegidos por sorteo entre los docentes de toda España del área de conocimiento de la plaza y otros dos son propuestos por el centro. En opinión de numerosos expertos, este sistema ha favorecido la endogamia en la universidad.

El Gobierno estudia además crear la figura de profesor contratado no funcionario.

Más peso a las comunidades

La futura ley también reformará el Consejo de Universidades. El Gobierno baraja reducir el peso de los rectores en este organismo y aumentar el que tienen las 17 comunidades autónomas. En la actualidad, integran el Consejo de Universidades los rectores de las universidades públicas, los consejeros y representantes del Congreso y el Senado. Según las fuentes consultadas, el ministerio planea además crear un órgano mixto de representación en las universidades, formado por la comunidad universitaria y los agentes sociales y presidido por el rector, que sustituiría a los actuales consejos sociales. Éstos están formados por representantes de la comunidad universitaria, agentes sociales, junta de gobierno de la universidad, comunidad autónoma y empresarios. Sobre el cambio de los planes de estudios, el ministerio estudia crear un sistema muy flexible para que no represente un obstáculo en la implantación del modelo de estudios superiores europeos que recoge la Declaración de Bolonia, que debe implantarse antes de 2010. Los principales objetivos de ese acuerdo son facilitar la movilidad de los alumnos y la homologación de titulaciones entre países.

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El presidente de los rectores dice que la futura Ley Universitaria ‘evita la endogamia’

La oposición muestra sus recelos ante la reforma universitaria

C. M. S. P. DE P. Madrid Diario "El País". Martes, 20 de marzo de 2001

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, cree que el proyecto de ley universitaria que prepara el Gobierno ‘puede servir para evitar la endogamia’ académica porque la futura selección estatal de profesores concede objetividad y ‘favorece la movilidad de los docentes’ para concursar por las plazas ofertadas. La elección del rector por sufragio universal le plantea algún inconveniente.

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, declaró ayer a título individual porque espera una futura reunión con los rectores. Él sí cree que una habilitación estatal para el cuerpo de profesores ‘puede evitar la endogamia universitaria’. ‘Intuyo que el sistema será en dos fases, primero la habilitación estatal y luego cada universidad sacaría sus plazas a concurso para que decida una comisión nombrada por la universidad’. A su juicio, eso garantiza cierta objetividad primero y una mayor movilidad y posibilidades para los docentes en el segundo paso. No cree que de esta forma se ataque la autonomía universitaria. ‘De cualquier forma’, dijo, tampoco el sistema actual la garantiza al cien por cien’.

Sobre la elección de los rectores con voto universal ponderado, De la Plaza piensa que puede plantear un inconveniente, la ‘politización de las elecciones’ y le preocupa porque no conoce ‘ningún caso en que el rector se elija por sufragio universal aunque sea ponderado’. ‘El Gobierno tiene que meditarlo mucho, pero la ventaja de esto es que todos los miembros de la comunidad universitaria podrán expresar su opinión’, añadió.

El proyecto de ley despierta, sin embargo, ciertos recelos entre la oposición. La vuelta a una selección del profesorado universitario de forma centralizada ‘no es el mejor sistema para combatir la endogamia’, señaló ayer la responsable de Educación de la Ejecutiva del PSOE, Carmen Chacón. ‘Hay que buscar otras fórmulas que además respeten al máximo el principio de autonomía universitaria’.

Respecto a la elección de los rectores por sufragio ponderado entre los miembros de la comunidad universitaria, los socialistas opinan que ‘es imprescindible que el rector se elija con participación democrática de todos los sectores’, por lo que habría que esperar a saber cómo se haría la ponderación de los votos de alumnos, estudiantes y personal no docente para analizar esta propuesta.

La consejera andaluza de Educación, Cándida Martínez, espera a conocer el texto pero, de momento, plantea las mismas dudas: ‘Sin conocer los porcentajes de participación de cada órgano de la universidad, no sé si se está garantizando un sistema democrático’.

Tampoco cree que la habilitación estatal sirva para acabar con la endogamia, ‘que puede permanecer, pero de otra forma’. La autonomía de la universidad podría perder, porque ahora podrán elegir entre los profesores habilitados pero el reparto puede ser desigual.

Desde Cataluña, el consejero para Universidades, Andreu Mas-Colell, no quiso pronunciarse sin conocer el proyecto, pero en el pasado se ha mostrado favorable al sistema de habilitación estatal para los profesores universitarios, informa José María Marti Font.

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La selección de profesores

SATURNINO DE LA PLAZA PÉREZ. Diario "El País", Domingo, 8 de abril de 2001

Uno de los temas que suscitan especial interés en la reforma universitaria es la selección de los profesores. Puede entenderse fácilmente por la importancia que tienen en la docencia y la investigación, en la calidad de la enseñanza, en la formación de grupos competitivos en la investigación, en la excelencia, en definitiva, que es la tendencia a la que deben ir las instituciones universitarias.

El papel del profesor universitario, con carácter general, es el de un docente que tiene como principal función la de transmitir los conocimientos a sus alumnos, dedicando parte muy importante de su tiempo en colaborar con ellos en el proceso de su aprendizaje, con las tutorías, con la actualización de bases de consultas, con la elaboración de contenidos al día, en muchos casos con la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a su método pedagógico. Pero además, en un porcentaje creciente, es un investigador integrado en un grupo, que genera conocimientos y los incorpora al contenido de sus enseñanzas.

Para alcanzar la posición de profesor permanente se recorre un largo camino, que en muchos casos se inicia como becario predoctoral o ayudante, incorporados a grupos ya consolidados. En esa larga carrera alcanzan un alto grado de competencia, que a veces no encuentran las posibilidades de su promoción por no disponer de suficientes plazas de profesores. Puede decirse que esto se produce en universidades con fuerte actividad investigadora, en donde precisamente interesa la continuidad del joven científico bien preparado y que estabilice su situación profesional con una plaza permanente, que debe serlo de profesor de los cuerpos docentes, al no existir otras opciones. La selección del candidato local en estas circunstancias es buena para la institución.

La endogamia, tan denostada, si se dan interpretaciones simplistas, es positiva si de lo que se trata es de consolidar situaciones precarias de excelentes profesores o de aspirantes a serlo, que deben ser el relevo de los que son sus maestros. En los últimos años se han ido estabilizando muchos profesores, en sus propios departamentos, que cumplen con gran eficiencia sus funciones docentes e investigadoras, como lo demuestra el fuerte incremento en la productividad científica de las universidades, según reflejan las estadísticas.

También nos encontramos con casos de profesores estabilizados en plazas de funcionarios docentes, con una corta trayectoria, sin apenas currículum docente e investigador, que han superado el concurso de selección con menos competencia.

No faltan voces que, con el afán de desprestigiar los procesos de selección del profesorado universitario, generalizan casos como los antes descritos, que yo creo que cada vez son más aislados, y endosan al conjunto el mal de la endogamia perniciosa. No puede desvincularse el hecho de la selección del profesorado con la realidad del sistema universitario español de las dos últimas décadas. Duplicar el número de estudiantes, desde los 750.000 del año 1982 al millón y medio del año 2000, con la casi duplicación del número de universidades, ha supuesto un esfuerzo importantísimo en la incorporación de profesores. Si a eso se añade que no ha habido un proyecto paralelo, con financiación adecuada, en la formación de profesores, con programas de becas y ayudas suficientes para estancias en centros de prestigio, con un camino plagado de obstáculos, con el esfuerzo y la sobrecarga de docencia que han tenido los profesores para sacar adelante las enseñanzas, en situación profesional precaria, nos lleva a solicitar el reconocimiento social que este esfuerzo se merece.

En una situación como la actual, con tendencia decreciente en el número de estudiantes que acceden a las universidades en las enseñanzas regladas y con la perspectiva a diez años vista de una amplia renovación, por jubilación de los actuales profesores permanentes, es un momento adecuado para diseñar nuevos métodos de selección y promoción de los profesores.

Una universidad tiene autonomía plena cuando es competente para seleccionar a sus profesores y a sus estudiantes y tiene capacidad de gestión en régimen de autogobierno. En este sentido, debe ser responsable de establecer la dotación de las plazas de los cuerpos docentes en función de sus necesidades y de los objetivos de su plan estratégico. De acuerdo con sus peculiaridades, debe establecer en la convocatoria el perfil de la plaza que precisa cubrir y los requerimientos exigibles a los posibles candidatos.

Entre las diversas opiniones que se manifiestan sobre el procedimiento de selección de los candidatos, hay quienes defienden que debería ser sobre una fase previa de habilitación estatal, para el conjunto de plazas del mismo área que hayan previsto el conjunto de las universidades y que cada una de ellas seleccionara de forma autónoma entre los profesores habilitados y los pertenecientes al mismo cuerpo y área el candidato de sus preferencias. Parece ser la línea por la que opta el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para la futura ley.

Hay otras opiniones que se inclinan en que la fase previa se centrara exclusivamente en la plaza convocada por la universidad con una evaluación, posiblemente externa, de los candidatos presentados, para la decisión final por parte de la universidad convocante. Los próximos debates que han de producirse indicarán cuál es la opción deseable desde la perspectiva universitaria, debiendo eliminarse en todo caso cualquier sistema que condujera a endogamias negativas.

Saturnino de la Plaza Pérez es rector de la Universidad Politécnica de Madrid y presidente de la CRUE.

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Mirando al futuro de la Universidad

EMILIO LAMO DE ESPINOSA. Diario "El País", Lunes, 9 de abril de 2001

He participado en al menos tres debates sobre la Universidad española: con ocasión de la Ley General de Educación de 1970, el que promovió la UCD en preparación de la nonnata Ley de Autonomía Universitaria, y el que tuvo como objeto la LRU de 1983. Pues bien, el que actualmente sigo como observador tiene el mismo defecto que los anteriores: excesivo protagonismo de los profesores (de quienes tienen ‘voz’ ) y de sus problemas, con el consiguiente olvido de casi todo lo demás.

Hoy hay en España sesenta universidades. Cada capital tiene la suya, como hace treinta años ocurría con los Institutos de Bachillerato. El millón y medio de estudiantes de universidad equivale al millón y medio de estudiantes de bachillerato de hace cuarenta años. Y los sesenta mil estudiantes de doctorado actuales equivalen a otros tantos de licenciatura de los años treinta. Todo el sistema ha dado un salto hacia arriba impulsado por las exigencias de la sociedad del conocimiento. Pues bien, el papel de la universidad en el siglo XXI es justamente lo que no estamos discutiendo. Debatimos (¿y legislamos?) mirando al pasado, no al futuro. Avanzaré alguna idea en esta orientación.

La primera es la necesidad de salir del esquema de la ley de 1970 que identificó enseñanza superior con enseñanza universitaria. Casi todos los países tienen una enseñanza superior diversificada con un sector universitario y otro orientado a la formación profesional y técnica. El marco normativo adecuado para la formación de médicos o abogados no es el mejor para otras enseñanzas postsecundarias. No sugiero que éstas se desgajen de la universidad pues su incorporación tuvo efectos positivos. Pero también negativos, y por ello tanto su marco normativo como su ubicación institucional deberían flexibilizarse. La nueva ley podría contemplar la posibilidad de crear Centros de Formación Superior al margen de las universidades. Para ello se puede utilizar el mecanismo que ofrece el art.149.1.30 de la Constitución que otorga al Estado competencia exclusiva sobre la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Esta competencia exclusiva del Estado, combinada con el artículo 27.1.6 (Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes), genera un marco interesante, que puede ampliarse también al tercer ciclo.

Una segunda dimensión es la representada por las Universidades virtuales. La tecnología educativa ha hecho saltar por los aires la territorialización sobre la que se asentaba el ‘sistema’ de universidades, rompiendo fronteras entre distritos universitarios, CCAA, incluso las nacionales. Y aunque esta tecnología es adecuada sólo para ciertas formaciones (pero no son pocas), combinada con formación presencial su alcance es inmenso. Lo que debe conducir -al igual que la apertura de centros no universitarios- a una mayor flexibilidad y, sobre todo, competitividad.

Y esta es, a mi entender, la prioridad principal. Pues cuando nos preguntamos por qué las Universidades españolas no seleccionan los mejores profesores y prefieren la endogamia, la respuesta es: ¿qué incentivos tienen para ser las mejores? El sistema de Universidades que resulta de la aplicación progresiva de esta Ley -puede leerse en el preámbulo de LRU- se caracterizará por una diversificación..., que estimulará...la competencia. Esta previsión no se ha cumplido; se ha avanzado algo en la diversificación, pero muy poco en la competencia. Pues bien, la autonomía sin competencia lleva directamente al corporativismo. Lo que las Universidades necesitan es un sistema de incentivos que refuerce la calidad y en ese camino sistemas de evaluación o acreditación, o mecanismos de financiación en base a contratos-programas o calidad, no requieren reforma legislativa alguna. Lo que está en juego no es la autonomía sino la accountability, intraducible palabro que alude a la rendición de cuentas de las universidades. Con lo que, inevitablemente, saltamos desde un modelo centralizado, homogéneo, y controlado ex ante, a otro diversificado, abierto y controlado ex post, y en el que los poderes públicos actúan más como reguladores e incentivadores que como ejecutores.

e.lamo@iuog.fog.es

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Todo queda en casa

GABRIEL TORTELLA EL PAIS, Domingo, 8 de abril de 2001

Qué tiene de malo la endogamia universitaria? ¿No es bueno que a medida que a un departamento se sumen nuevas generaciones sean los allí formados los que recojan el testigo, bien compenetrados con el ambiente y los métodos de trabajo? La respuesta categórica es ‘no’. No hay endogamia buena y endogamia mala: la endogamia universitaria es toda mala en cualquier caso. Tampoco hay incesto bueno e incesto malo, aunque se pudiera argumentar que nada mejor que dos hermanos, o madre e hijo, o hija y padre, para constituir un matrimonio bien avenido. Al fin y al cabo, comparten valores, costumbres y genes.

La endogamia es mala porque no se puede ser buen universitario sin haber trabajado en centros distintos, a ser posible bien alejados geográfica y científicamente. La enclaustración monacal estará muy bien en el mundo de la mística, pero no en el de la ciencia. Un buen universitario no puede adolecer de lo que Bertrand Russell llamaba ‘el dogmatismo de los que no viajan’. Existe además el peligro de las fidelidades personales. El profesor que lo debe todo a su maestro no es un verdadero universitario, y existe el peligro de que carezca de verdadera independencia de juicio, que es más importante en la Universidad que la simple acumulación de saber. Por eso están consagrados en el mundo académico los intercambios, los sabáticos y demás instrumentos de ampliación de horizontes científicos. Y también por eso, el artículo 37 de la LRU establece que no podrían concursar a plazas de profesor titular quienes hubieran estado contratados más de dos años en la propia universidad convocante de la plaza. El precepto está redactado de manera muy débil y admite excepciones que, por supuesto, han dado lugar a toda clase de corruptelas. Pero la motivación es la correcta. Incentivos perversos. Sin embargo, el propio mecanismo de la ley ha creado toda una serie de incentivos perversos que favorecen la endogamia. No es sólo el amiguismo, tan arraigado en la sociedad española; hay también motivos políticos y económicos. Si una oposición la gana el candidato de fuera, el de casa permanece en su puesto (¿quién despide a la pobre víctima, uno de los nuestros?), y donde había que pagar un sueldo, ahora hay que pagar dos.

Por otra parte, si al rector se le ocurriera la locura de intentar que la oposición no estuviera amañada en favor del candidato de casa, por ejemplo, nombrando a los miembros de la comisión con arreglo a la ley (es decir, con ‘criterios objetivos y generales’ que ‘garanticen la igualdad de condiciones de los candidatos’, no permitiendo, por tanto, que los designe el de casa, como se hace ahora), se encontraría con dos graves problemas: el primero, económico, que ya hemos visto; el segundo, el político. Porque un rector que hiciera la quijotada de imponer la ley y la ética por encima de los chalaneos de los departamentos iba a durar muy poco en su puesto, al haberse granjeado la enemiga de los barones departamentales, los ‘grandes electores’. A esta abyecta dependencia de los rectores con respecto a las camarillas la llaman los interesados ‘autonomía universitaria’. La consecuencia de este mecanismo aberrante es que los mediocres logran los puestos y los buenos investigadores pasan a enriquecer las universidades extranjeras, más flexible e inteligentemente organizadas. Apenas hay ningún campo científico hoy donde se pueda ser competente sin haber hecho estudios en una universidad anglosajona, escandinava o germana. Pero los que cometen la temeridad de intentar superarse ponen en gravísimo peligro su carrera en España: su puesto quedará casi invariablemente ocupado por el calientasillas que se queda a repetir un programa y trabajarse a los caciques. La prueba de esto es que nueve de cada diez puestos se han cubierto en las universidades españolas con candidatos locales. En ningún otro país donde se recopilen estadísticas de este tipo es tan alta la endogamia. En Estados Unidos, en concreto, la proporción viene a ser la inversa: sólo un 10% de los profesores se recluta en casa. Estas cifras son conocidas y contribuyen al desprestigio internacional de nuestras universidades. Huelga decir que la endogamia defrauda a estudiantes y contribuyentes y lastra nuestro futuro intelectual y económico.

Soluciones. ¿No hay salida? Puede haberla. Una solución de la que se habla mucho estos días es la ‘habilitación’, el requerir un examen nacional (o estatal), sustraído de los trapicheos locales, que ‘habilite’ a los candidatos. Las universidades sólo podrían contratar a profesores habilitados. Esta solución, de inspiración alemana, se viene discutiendo aquí desde hace muchos años. A los beneficiarios del sistema endogámico, la habilitación les parece un atentado a la sacrosanta autonomía. Es un sofisma: están defendiendo sus fuentes de poder. La pretendida autonomía universitaria no se da en España, donde el 80% de los ingresos de la universidades proviene de subvenciones estatales en función del número de estudiantes, y no de la calidad de los centros. Con este sistema, la Universidad de Harvard obtendría mucho menos apoyo estatal que cualquier monstruo masificado, porque tiene pocos estudiantes. Con este sistema, una universidad no se ve perjudicada por tener un claustro de mediocres, y cuanto más autónoma, es decir, cuanto más sujeta a los intereses de los caciques departamentales, mayor será su coeficiente de mediocridad. La habilitación debiera ir complementada por un sistema de subvención a las universidades que estuviera relacionado con su calidad. Hay muchos indicadores de calidad que se podrían combinar, pero los méritos científicos de los profesores constituyen quizá el más importante. En España funciona desde hace más de diez años una Comisión Evaluadora de la Actividad Investigadora del profesorado cuyos informes podrían perfectamente utilizarse como indicador de la excelencia universitaria. Quizá si percibieran claras ventajas económicas en contratar buenos profesores comenzaran las autoridades académicas a exigir que se aplicaran la ley, la lógica y la ética en la selección del profesorado.

Gabriel Tortella es catedrático de la Universidad de Alcalá, premio de Economía Rey Juan Carlos 1994.

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