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Recordamos a los sindicatos de CSIF, CSIT-UP y UGT que pueden remitirnos sus opiniones sobre la LOU para su publicación en estas páginas.

LA LOU INICIA EL TRAMITE PARLAMENTARIO

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras

1 de octubre de 2001

El 27 de septiembre, tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el debate sobre el Proyecto de LOU y de las enmiendas a la totalidad (se presentaron 9, todos los Grupos Parlamentarios a excepción de PP, CiU, y CC). El Proyecto fue admitido a trámite parlamentario por 179 votos a favor y 113 en contra (CiU y CC se abstuvieron). El texto alternativo presentado por el PSOE fue rechazado por 167 votos en contra y 114 a favor. Todas las intervenciones, excepto la del PP, calificaron con un "suspenso" el Proyecto.

Por otra parte, CCOO ha mantenido reuniones con los diversos Grupos Parlamentarios para presentarles sus enmiendas (basadas en su "Propuesta de 13 puntos básicos", hecha pública en abril). Según han manifestado, todos los grupos parlamentarios presentarán enmiendas parciales, cuyo plazo finaliza el 2 de octubre.

Asimismo, el 24 de septiembre CCOO mantuvo una reunión bilateral con el Director General de Universidades del MECD en la que le hizo entrega de las enmiendas presentadas a los Grupos Parlamentarios, y le transmitió su rechazo al actual Proyecto de Ley.

LA CRUE CRITICA EL PROYECTO DE LOU

En una nota dirigida a los grupos parlamentarios, la CRUE critica numerosos aspectos del Proyecto. Además, denuncia que "representa un claro retroceso respecto del contenido de la autonomía universitaria", que "ha sido elaborado desde la desconfianza" y expresa "su preocupación por la imagen negativa de la institución universitaria que, desde algunos lugares se está tratando de trasladar a la sociedad"

Asimismo, se están produciendo duras intervenciones contra el Proyecto por parte de los Rectores en los diferentes actos de apertura de curso.

NUEVO MANIFIESTO CONTRA EL ACTUAL PROYECTO DE LOU

Un grupo de profesores universitarios ha presentado un nuevo Manifiesto dirigido "A la opinión pública y a José María Aznar" en el que se expresa la preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del actual Proyecto de LOU , y se pide "a los profesores universitarios que se sumen a este escrito, en la esperanza de que el legislativo, o bien enmiende lo que el ejecutivo hubiera podido hacer de manera mucho más conveniente, o bien proceda a su retirada"

El manifiesto está encabezado por Javier Tusell Gómez (Catedrático de Historia Contemporánea; UNED), Miguel Ángel Aparicio (Catedrático de Derecho Constitucional; U. de Barcelona), José González Calbet (Catedrático de Química Inorgánica; U. Complutense). Para ver el texto completo y adherirse al mismo, consultar la página http://www.uv.es/contralalou

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RECORTES

Los rectores perfilan su plan sobre la ley universitaria

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid Martes, 18 de septiembre de 2001

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), integrada por 65 de los 68 centros públicos y privados de educación superior, ha convocado una reunión mañana en Madrid para acordar la posición definitiva respecto al proyecto Ley de Universidades para presentársela a todos los grupos parlamentarios, con el fin de que la tengan en consideración a la hora de presentar las enmiendas al proyecto de ley.

Ésta es la primera vez que se reúnen todos los rectores desde que el Consejo de Ministros aprobó el texto definitivo, a finales del mes de julio.

Los rectores acordaron ya antes del verano hacer pública la postura de las universidades en las aperturas de curso que se empiezan a celebrar a partir de esta semana. Además, continuarán promoviendo el debate sobre esta reforma en sus clautros y juntas de gobierno.

Los principales temas sobre los que girarán las sugerencias de los rectores a los grupos parlamentarios son la configuración del gobierno de las universidades, la financiación de los centros, la agencia nacional de evaluación y acreditación y el acceso y promoción del profesorado universitario (proponen una acreditación estatal por méritos docentes e investigadores en lugar del sistema nacional de habilitación con un examen que pretende instaurar el Gobierno).

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El PSOE pide que se oiga a la comunidad educativa

AGENCIAS. Diario "el País", Madrid, Martes, 18 de septiembre de 2001

El grupo parlamentario socialista pedirá la comparecencia en el Congreso de los distintos sectores de la comunidad educativa para que opinen sobre la reforma que necesita la universidad. La secretaria de Educación del PSOE, Carme Chacón, dijo que tratarán de que el Congreso escuche a estudiantes, rectores, profesores y presidentes de consejos sociales porque no quieren ser cómplices ‘del intento de la ministra [Pilar del Castillo] por silenciarles’. ‘No queremos una universidad callada, sino crítica’, señaló Chacón.

La responsable socialista dijo ‘respetar profundamente’ las movilizaciones anunciadas por los estudiantes porque ‘es la única manera de decirle al Gobierno que han sido los olvidados de esta reforma’.

El PSOE presentará una enmienda a la totalidad sobre la Ley Orgánica de Universidades, que el Gobierno aprobó en julio y cuyo debate se iniciará el próximo 27 de septiembre. Los socialistas iniciarán conversaciones con la comunidad educativa.

El proyecto de ley alternativo elaborado por el PSOE contempla un acceso a la universidad complementario al de los estudiantes para aquellos que quieran matricularse por primera vez o emprender cursos de reciclaje.

Además, los socialistas abogan por reforzar la autonomía de la universidad y la figura del rector.

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Los rectores creen que la reforma aprobada por el Gobierno no es la que necesita la universidad española

S. P. DE P., Diario "El País". Madrid, Jueves, 20 de septiembre de 2001

La reforma universitaria del Gobierno propicia ‘la separación entre sociedad y universidad’ y es ‘muy reglamentarista y poco abierta’. Esto impide que cada universidad pueda adaptar los cambios a sus circunstancias particulares, señaló ayer el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza, tras hacer público el análisis realizado por los rectores del texto definitivo de la Ley de Universidades (LU), aprobada por el Gobierno a finales de julio.

La conferencia de rectores no decidió ayer si apoyará o no ‘como organismo’ las huelgas generales y manifestaciones anunciadas por las organizaciones de estudiantes contra la ley, que tendrán lugar a partir de octubre. Sin embargo, De la Plaza manifestó que cada rector tiene autonomía para decidir si apoya las protestas de los colectivos de su universidad, algo que algunos de los máximos responsables de estas instituciones no descartan, según señalaron a este periódico.

En la reunión de la CRUE (formada por 65 de las 68 universidades españolas) celebrada ayer en Madrid, a la que asistieron 59 rectores de universidades públicas y privadas, este organismo acordó hacer llegar a los grupos parlamentarios sus propuestas de cambio de la ley para que puedan incluirlas en las enmiendas que presenten en el Congreso de los Diputados. El lunes próximo acaba el plazo para realizar enmiendas a la totalidad del proyecto y el martes, para las parciales. El PSOE y los nacionalistas vascos han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad. En cuanto a las parciales, todos los grupos tienen previsto llevar al Congreso un buen paquete. CiU pedirá, por ejemplo, que se suprima del proyecto que los rectores y claustros tengan que dimitir al aprobarse la ley.

Los rectores ya presentaron antes del verano propuestas alternativas a la ley del Gobierno y según De la Plaza, ‘tras analizar el texto definitivo, se observa que no han recogido ninguna’. Para los rectores, el proyecto de ley ‘no ofrece el marco necesario para que la universidad dé un salto cualitativo en calidad, autonomía, gobierno, profesorado y financiación’.

En referencia a las críticas a las universidades vertidas por el Gobierno, de la Plaza destacó con cifras el avance que han vivido en los últimos años: en 1990, la contribución científica de las universidades españolas era del 1,5% y a finales de esa década, del 2,6%. Además, desde finales de los ochenta, el creciento anual de la producción científica española ha sido del 8,4%, frente al 2,2% que creció la media de la UE.

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Los rectores advierten a Aznar de que sus acusaciones pueden frustrar la reforma

Universidades y sindicatos aseguran que ha sido un ataque a toda la comunidad educativa

S. P. DE P. / N. C. Diario "El País", Madrid, Valencia, Viernes, 21 de septiembre de 2001

La respuesta de los rectores a las acusaciones de 'corporativismo rancio' vertidas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, fue ayer contundente. El presidente de los rectores, Saturnino de la Plaza, negó que exista corporativismo, recordó que los rectores ocupan sus plazas transitoriamente y que lo que les preocupa es que el proyecto del Gobierno 'no se adapta a lo que necesita la Universidad el futuro'. De la Plaza advirtió de que 'todo lo que sea generar un clima que impida el diálogo crea una situación negativa para sacar adelante una ley con buenos resultados'.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) aseguró que el Gobierno 'está confundiendo a la opinión pública dando la imagen de que hay que hacer una salvación de emergencia de la universidad y que está en una situación lamentable, cuando lo que hay que hacer es una adaptación a los nuevos tiempos, porque la Universidad española ha avanzado enormemente, cualitativa y cuantitativamente, en los últimos 15 años, algo que queda patente en los estudiantes internacionales'.

De la Plaza también resaltó que 'está sorprendiendo extraordinariamente en los ámbitos internacionales cómo un Gobierno puede llevar adelante una ley cuando hay tanta discrepancia sobre ella'.

Las declaraciones de De la Plaza no fueron las únicas que escucharon ayer desde las universidades españolas. El rector de la Carlos III, Gregorio Peces Barba, señaló: 'Aznar se ha referido a los rectores con un desprecio y una desconsideración que es inadmisible. El presidente ha abierto otro frente'. Peces-Barba recordó que los rectores 'no hablan a título personal'.

Peces-Barba se extrañó además de que Aznar arremeta contra las Universidades cuando Pilar del Castillo lleva meses organizando comidas con los rectores buscando un entendimiento en algunos aspectos del proyecto. Según el rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, lo que pasa es que Aznar 'está insatisfecho con la respuesta que ha recibido la ley de los rectores'.

Cuestiones técnicas

El rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz Torres, dijo que 'el corporativismo se da entre los que quieren sacar una ley que no aporta más que problemas'. 'Es una mala ley y no por cuestiones ideológicas sino técnicas', añadió. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, dijo que el problema es que 'Aznar desconoce radicalmente la universidad española y además la desprecia'.

Por su parte, Pilar del Castillo, aseguró en Bilbao que los rectores que rechazan de plano la reforma de la ley son 'una minoría y que los que se oponen lo hacen por 'consideraciones que trascienden el propio ámbito universitario', informa Naiara Galarraga.

Según Del Castillo, 'existe una gran mayoría de rectores que me ha manifestado que está de acuerdo con muchos aspectos de la ley', como los relacionados con 'avances sobre investigación y la evaluación de la calidad'. También recalcó Del Castillo que cuando Aznar criticó el 'corporativismo rancio' de quienes se oponen a las reformas universitarias no se refirió 'expresamente' a los rectores.

Al lehendakari, Juan José Ibarretxe, quien se ha declarado dispuesto a presentar un proyecto de ley universitaria 'propia' alternativo en el Parlamento de Vitoria si el Gobierno central persiste en su actitud 'negativa y obstruccionista', Del Castillo le reclamó 'sentido común y responsabilidad' y que acate el marco constitucional.

Los sindicatos CC OO y UGT interpretan las declaraciones de Aznar 'hacia toda la comunidad educativa' como una declaración de 'guerra abierta' y 'guerra escolar'. CC OO señaló que Aznar ha querido apoyar a la ministra 'tras los rumores de discrepancias entre ésta y el grupo parlamentario popular'. Para UGT, el PP 'ha demostrado su incapacidad negociadora con los interlocutores sociales'.

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PNV, EA y PSOE presentan enmiendas a la totalidad de la ley de universidades

S. P. DE P. Diario "El País". Madrid Sábado, 22 de septiembre de 2001

Eusko Alkatasuna (EA) presentó ayer una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de universidades del Gobierno de José María Aznar porque considera que ‘obstaculiza y disminuye’ la autonomía política de las comunidades autónomas. Esta formación nacionalista, que tiene la cartera de Educación en el Gobierno vasco, considera que no es admisible que el Ministerio de Educación haya despreciado las aportaciones que han hecho los rectores y las comunidades autónomas y que el Ejecutivo no haya buscado ningún tipo de consenso antes de pasar esta ley al Parlamento.

El lunes presentará otra enmienda a la totalidad el Partido Nacionalista Vasco (PNV), según anunció ayer su portavoz en el Congreso de los Diputados, Xose Joan González de Txabarri. Para el PNV, el proyecto del Gobierno de Aznar se ‘retrotrae al sistema de los años sesenta y el modelo competencial no responde a la Constitución y al Estatuto de Guernica’. ‘Con su uniformidad y rigidez hace imposible llegar a tener una universidad de calidad y excelencia propia de los países desarrollados’, añadió González de Txabarri.

El PSOE presentará el lunes otra enmienda a la totalidad, acompañada de un texto alternativo que hará público el martes. Según la portavoz de educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, ‘el PSOE no se quiere quedar sólo en la crítica y su texto destaca aspectos como la promoción de la investigación, profundiza en la autonomía universitaria e incluye fórmulas para ampliar el acceso a la universidad a profesionales y personas mayores que no hayan accedido a ella’.

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Aznar ratifica que la reforma universitaria debe superar ‘progresismos trasnochados’

Zapatero afirma que el presidente tiene ‘una política carca y retrógrada en Educación’

A. D., J. M. M. F., Madrid, Barcelona. Diario "El País", Jueves, 27 de septiembre de 2001

El jefe del Ejecutivo, José María Aznar, ratificó ayer ante el pleno del Congreso las descalificaciones hacia los sectores del mundo educativo, como los rectores, que se oponen a su Ley de Universidades. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, le preguntó si mantenía que los que no comparten su proyecto defienden ‘intereses corporativos’ y representaban un cierto ‘progresismo trasnochado’. Sí, dijo Aznar que repitió las afirmaciones que hizo la semana pasada. Zapatero le acusó de tener ‘alergia’ al progreso y de defender posiciones ‘carcas’.

‘Ratifico lo mismo que dije en ese discurso, que releyéndolo, por cierto, estaba bastante bien’, dijo Aznar en referencia a las palabras que pronunció la semana pasada en un encuentro del PP. Zapatero le preguntó si se ratificaba. ‘Queremos mejorar la calidad del profesorado, incrementar la movilidad, mejorar el acceso a las cátedras, terminar con la endogamia, con el corporativismo, sin tópicos, sin progresismos trasnochados’. Aznar contraatacó, además, al líder del PSOE con una demanda clásica:

‘Presente usted una alternativa’. Ésta es la que hoy defenderá en el pleno del Congreso la diputada socialista Carmen Chacón con una enmienda a la totalidad y texto alternativo al Proyecto de Ley de Universidades, que defenderá la ministra de Educación.

El líder del PSOE, tras achacar a Aznar ‘alergia al progreso’, pidió al presidente que reconociera el avance que ha habido en España durante los últimos veinte años en materia educativa, progresos inéditos en la historia del país. Aznar lo reconoció pero enseguida apuntó que toda reforma necesita cambios y que eso es lo que quiere hacer su Gobierno. Pero no son las modificaciones que el PSOE realizaría.

‘No hay que cambiar a los rectores que han sido elegidos democráticamente , hay que respetar a la comunidad universitaria; lo que hay que cambiar es su política carca y retrógrada en Educación’, añadió Zapatero. El líder socialista se reunió a continuación con profesores universitarios acompañado por Carmen Chacón. Desde que inauguró su mandato hace 14 meses, Zapatero ha dedicado una especial atención al mundo universitario.

Por otra parte, ayer señalaron los nacionalistas catalanes que el proyecto de ley de universidades que hoy empieza a debatirse en el Congreso merece ‘un suspenso’, pero aseguran que están negociando con el ministerio una serie de cambios en puntos concretos del texto. El portavoz del grupo parlamentario de CiU, Xavier Trías, indicó ayer que su partido se abstendrá hoy en las votaciones de las enmiendas a la totalidad.

El consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, aprovechó la inauguración del curso de la Universidad Politécnica de Cataluña para analizar el proyecto de ley. ‘Las carencias del texto actual son elevadas’, dijo, ‘el balance es un suspenso alto, pero un suspenso’. A la Generalitat le inquieta especialmente el papel que asigna la ley a la Agencia de Evaluación y Acreditación, y pide que se reconozca la competencia de su propia Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, que funciona desde hace años.

El titular de Universidades considera que el proyecto puede generar ‘inseguridad jurídica’, como por ejemplo en el caso de la homologación de títulos en dos etapas. También discrepa del tratamiento que recibe el sistema de becas y exige que se adecue al acuerdo de transferencias pactado en 1998. Mas-Colell se opone ‘sin matices’ y ve ‘totalmente fuera de lugar la exigencia de que los rectores dimitan en bloque antes de los seis meses de entrada en vigor de la ley; critica el ‘carácter funcionarial de buena parte del profesorado y la áreas de conocimiento’, y pretende que ‘la posibilidad de un desarrollo legislativo por parte de las comunidades quede recogida más explícitamente’.

Pese al ‘suspenso’ otorgado al proyecto de ley, el discurso de Mas-Colell, en tono constructivo, su llamada a tener en cuenta ‘las realidades parlamentarias’ y la precisión de que los puntos mencionados están negociándose con el ministerio apuntaban claramente a que CiU podría votar a favor de la ley por poco que el PP le conceda. El rector de la Politécnica de Cataluña, Jaume Pagès, fue más radical. Opina que la ley ‘se ha gestado desde la desconfianza; que no da a las universidades mecanismos eficaces de interacción social con su entorno, ni asigna responsabilidades en los procesos de generación de conocimiento, sino que genera un uniformismo esterilizante y peligroso’.

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El PSOE pide medidas concretas para adaptar la Universidad a la UE

Los socialistas presentan un texto alternativo a la ley del Gobierno

S. P. DE P., Madrid. Diario "El País", Miércoles, 26 de septiembre de 2001

La creación de un organismo que conecte a las universidades con Ciencia y Tecnología; la adaptación de las enseñanzas a los acuerdos europeos, con el nuevo sistema de créditos, y la regulación de las titulaciones a través de Internet son algunas medidas que incluye el texto alternativo del PSOE a la Ley de Universidades para adaptar la educación superior a la UE. El Gobierno no ha propuesto este tipo de medidas.

Los socialistas han acompañado con un texto alternativo la enmienda a la totalidad presentada al proyecto de Ley de Universidades. Además del PSOE, los otros ocho grupos parlamentarios de la oposición -PNV, IU y los seis del Grupo Mixto- han enmedado la totalidad del proyecto. Ayer se amplió el plazo para interponer enmiendas parciales hasta el martes.

La alternativa socialista hace hincapié en la investigación. Dado el malestar que se percibe en las universidades por la descoordinación entre éstas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (a pesar de que el 70% de la actividad científica del país se hace en ellas), el documento propone la creación del Consejo Universitario de Investigación (CUI). Lo integrarían los rectores y el titular de Ciencia y Tecnología.

El texto pide además un impulso de la financiación con dos objetivos: que cuatro de cada diez alumnos estudien con beca en 2011 y que se duplique su cuantía. ‘Se trata de avanzar en la igualdad real’, dijo la responsable de educación en la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

Las titulaciones tendrían que adaptarse, según esta propuesta, al sistema de créditos europeo (horas lectivas más trabajos del alumno) e incluir el Suplemento del Título (en el que se explique en otro idioma comunitario en qué consiste la titulación lograda). El PSOE considera que la ley debe señalar que ‘todas las universidades puedan organizar sus enseñanzas a través de Internet’, un aspecto en el que existe inseguridad jurídica.

Otras propuestas son la evaluación del profesorado por méritos, y no con un examen, como pretende el Ejecutivo; y que el 15% de los funcionarios procedan de otros centros.

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Duras críticas de toda la oposición a la ley universitaria por ‘retrógrada’ y ‘centralista’

El Congreso admite a trámite el texto tras rechazar las nueve enmiendas a la totalidad

El primer debate del proyecto de la Ley de Universidades estuvo salpicado ayer de duras críticas al texto del Gobierno por parte de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y Coalición Canaria. CiU dio una de cal y otra de arena. Sostuvo que el proyecto ‘queda muy lejos de lo que necesita la Universidad‘, aunque expuso condiciones para aceptarlo. El resto de de los grupos (el 40% de los diputados) dijeron que la ley ‘refleja una añoranza del pasado’, ‘es elitista’, ‘no respeta las competencias autonómicas’, ‘es intervencionista’ y ‘centralista’. Las nueve enmiendas a la totalidad fueron rechazadas. Pilar del Castillo dijo que el Gobierno está abierto a modificar el proyecto.

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, que estuvo escasamente acompañada en los escaños populares durante el debate, hizo una exposición general del contenido de su proyecto. Aseguró que el texto llevará a una ‘universidad moderna’ y que tiene entre sus objetivos el acercamiento al marco europeo. También dijo que la ley ‘denota de manera inequívoca la confianza de la sociedad en las universidades’, a pesar de las manifestaciones vertidas en los últimos días por el propio presidente del Gobierno sobre el ‘progresismo trasnochado’ de los miembros de la universidad que rechazan su reforma universitaria.

Lejos de esa afirmación de la ministra está además una de las medidas más criticadas de la ley, el cese inmediato, en cuanto entre en vigor, de los actuales rectores y claustros, elegidos democráticamente, un aspecto que estuvo presente reiteradas veces en la sesión de ayer.

De hecho, la retirada de esta medida, incluida en la ley justo antes del verano como disposición adicional, es una de las condiciones que puso el portavoz de CiU Ignasi Guardans para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo con el fin de que la ley pase, según dijo, ‘del suspenso alto’, que tiene hoy, a ‘un aprobado’. Algunos rectores y representantes políticos socialistas han calificado esta disposición adicional como ‘una venganza’ del Gobierno hacia los rectores por oponerse de forma unánime a su ley.

Las otras cuestiones que a Guardans le parecen ‘inasumibles’ de la ley popular son ‘el papel de la Agencia Nacional de Evaluación y Cualificaciones’ -que es ‘incompatible’ con la agencia que ya tiene Cataluña (además de Andalucía) porque ‘viola las competencias autonómicas’-; el perjuicio que puede producir la ley a la enseñanza virtual, el ‘margen de inseguridad jurídica’ y el sistema de becas universitarias centralizado. Precisamente ayer hizo pública el Tribunal Constitucional una sentencia que da la razón a la Generalitat de Cataluña en su reivindicación de que las comunidades autónomas son las que deben gestionar las becas universitarias.

El portavoz de CiU criticó la propuesta de ley del PSOE (por la que votó en contra), dijo que en las nueve enmiendas presentadas ‘no hay un modelo alternativo de universidad ideal’, hizo un llamamiento para que se evitara el dogmatismo y para que no se diga que con el proyecto del PP todo vaya a ser ‘un caos’ porque ‘no está tan lejos de la LRU y no es una revolución’.

La diputada socialista Carme Chacón aseguró que ‘hay un desacuerdo unánime’ hacia el proyecto ‘retrógrado’ de Pilar del Castillo’ y que el Gobierno ‘está demonizando a todo aquel que discrepa de su proyecto’. Esto significa, según el PSOE, que la ley ‘está condenada al fracaso por la desconfianza mostrada por el Gobierno hacia la universidad española’, que será la que la tenga que poner.

Chacón reprochó al Ejecutivo que ‘haya eliminado la selectividad sin decir cómo va a ser a partir de ahora el acceso a la universidad y si va a haber una reválida’. La falta de financiación de la ley y de una solución para la descoordinación entre Ciencia y Tecnología y las universidades, así como la merma de la autonomía universitaria fueron también criticados por el PSOE.

‘Modelo de los cincuenta’

La intervención del portavoz del PNV Xose Joan González de Txabarri fue muy contundente. Calificó el proyecto de ‘retrógrado’, ‘similar a un modelo de los años cincuenta’, ‘elitista’, ‘sin perspectiva europea’, ‘controlador’, ‘uniformista’ y ‘antiautonómico’. Recriminó al Gobierno que en todo el texto ‘no se haga una sola mención a la existencia del bilingüismo’, ignorando que ‘el 40% de la población del Estado es bilingüe’, y solicitó ‘una ley de bases’.

Por parte de IU, Luis Carlos Rejón, aseguró que el proyecto no se puede ‘rehabilitar’ porque es como un edificio viejo; y, por el Grupo Mixto, defendieron también esta tesis los portavocez del BNG, EA, Partido Andalucista, IC y la Chunta Aragonesista.

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El compromiso con la Universidad

PILAR DEL CASTILLO, Diario "El País", Sábado, 29 de septiembre de 2001

Pilar del Castillo es ministra de Educación, Cultura y Deporte.

La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un país, para su vertebración y cohesión. Se trata de un pilar básico para afrontar la formación de los ciudadanos que asumirán la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, científico, cultural, económico y político en las décadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda política educativa.

En la enseñanza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generación y transmisión del conocimiento, como funciones básicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo común, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnologías de la información y las comunicaciones, por los avances en materia científica y tecnológica y por la competitividad generada por los procesos de globalización del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos más eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organización del aprendizaje o la formación a lo largo de la vida, entre otros. Ésta es la intención que anima, que hace necesaria, la presentación por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.

El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante más de una década por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no sólo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad española del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para diseñar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigación y de la docencia que realiza la Universidad. Ése es el único objetivo, es la letra y el espíritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostración palpable de la confianza en la construcción de un sistema universitario avanzado, científico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.

El Ministerio de Educación ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese diálogo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes también mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se verá enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollará sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluación y habilitación del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en función de sus méritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creación de una agencia de evaluación de la calidad, la carrera docente, la integración de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el núcleo básico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la institución universitaria para el desarrollo presente y futuro del país: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribución científica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportación tecnológica a los necesarios procesos de innovación empresarial y por su labor en la formación de ciudadanos y profesionales. Para fomentar aún más estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades públicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas autonómicas, refuerza la función investigadora, introduce la cultura de la evaluación en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperación y la competitividad, y tiene, en fin, como único objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentará el servicio público universitario en los próximos años.

En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que más y mejor nos pueden ayudar en el empeño de construir un sistema universitario avanzado.

En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas,

para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluación en el corazón del sistema de enseñanza superior. Así, el texto crea la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación para promover y garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad; pero también para ofrecer a la sociedad información basada en criterios objetivos de la calidad de las enseñanzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuará con independencia de la Administración tanto en las universidades públicas como en las privadas y será pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo común de enseñanza superior.

Para alcanzar con éxito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin último que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservación de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los países más avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generación y transmisión del conocimiento.

Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es fácil, que tiene obstáculos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportación de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus enseñanzas en centros en los que el referente sea la excelencia. Éste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.La calidad de un sistema educativo es esencial para el progreso de un país, para su vertebración y cohesión. Se trata de un pilar básico para afrontar la formación de los ciudadanos que asumirán la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, científico, cultural, económico y político en las décadas futuras. Potenciar la calidad debe ser, por tanto, el objetivo central de toda política educativa.

En la enseñanza superior se traduce en nuestro compromiso, el de toda la sociedad, para garantizar que la generación y transmisión del conocimiento, como funciones básicas de la Universidad, se desarrollen en las mejores condiciones posibles. En el marco de un contexto definido por la convergencia hacia un espacio universitario europeo común, por la vertiginosa celeridad con la que se desarrollan las tecnologías de la información y las comunicaciones, por los avances en materia científica y tecnológica y por la competitividad generada por los procesos de globalización del conocimiento, el sistema universitario tiene la responsabilidad de asumir los retos que plantean estos nuevos escenarios. Nuestro compromiso es trabajar para dotarlo de los mecanismos más eficientes para liderar las consecuencias de este contexto: las nuevas formas del saber, la moderna organización del aprendizaje o la formación a lo largo de la vida, entre otros. Ésta es la intención que anima, que hace necesaria, la presentación por parte del Gobierno de una nueva norma con rango de ley, la Ley de Universidades.

El proyecto remitido al Congreso de los Diputados se ha articulado sobre dos ejes. Por un lado, a partir de la coincidencia, expresada durante más de una década por el conjunto de la comunidad universitaria, en la necesidad de hacer posible una ley que no sólo supere la ya desfasada Ley de Reforma Universitaria, de 1983, sino que, con la mirada en el horizonte de la convergencia europea, asiente las bases de la moderna Universidad española del siglo XXI. Por otro lado, nuestro compromiso firme con las demandas de la sociedad, elaborando una norma en la que administraciones educativas y universidades dispongan de los instrumentos que las habiliten para diseñar, en un marco obviamente diversificado, procesos que conduzcan a un solo fin: mejorar la calidad de la investigación y de la docencia que realiza la Universidad. Ése es el único objetivo, es la letra y el espíritu del proyecto de ley; es, en suma, la demostración palpable de la confianza en la construcción de un sistema universitario avanzado, científico, abierto a Europa, cohesionado y competitivo.

El Ministerio de Educación ha impulsado un amplio debate en el marco del Consejo de Universidades y con los distintos actores de la comunidad universitaria. Es innegable que, fruto de ese diálogo, se han recogido numerosas aportaciones de quienes también mantienen el compromiso de construir una Universidad de futuro. Ahora, sin duda, el texto se verá enriquecido con las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y, con toda seguridad, el debate se desarrollará sobre los temas centrales de la ley, como son la evaluación y habilitación del profesorado, el acceso de los estudiantes a los centros sin restricciones y en función de sus méritos y preferencias, la movilidad efectiva de profesores y estudiantes, la creación de una agencia de evaluación de la calidad, la carrera docente, la integración de nuestras universidades en el espacio europeo o las relaciones entre la sociedad y la Universidad.

Estos, entre otros, temas centrales de debate constituyen el núcleo básico del proyecto y reflejan el compromiso con la Universidad y con las administraciones educativas. Son, en suma, el resultado de una firme creencia en el valor que representa la institución universitaria para el desarrollo presente y futuro del país: por su capacidad potencial de liderazgo, su contribución científica en una sociedad definida por el conocimiento, su aportación tecnológica a los necesarios procesos de innovación empresarial y por su labor en la formación de ciudadanos y profesionales. Para fomentar aún más estas funciones, el proyecto de ley dota de mayores competencias a las universidades públicas, plantea exigencias de calidad a las privadas, incrementa el papel de las administraciones educativas autonómicas, refuerza la función investigadora, introduce la cultura de la evaluación en todas las actividades universitarias, favorece la posibilidad de movilidad de estudiantes y profesores, fomenta la cooperación y la competitividad, y tiene, en fin, como único objetivo impulsar la calidad del sistema universitario en beneficio de toda la sociedad y de los estudiantes, destinatarios de las mejoras que experimentará el servicio público universitario en los próximos años.

En esta propuesta es necesario destacar uno de los instrumentos que más y mejor nos pueden ayudar en el empeño de construir un sistema universitario avanzado. En nuestro compromiso, el de las universidades y el de las administraciones educativas, para con la sociedad se introduce en el proyecto de Ley de Universidades la cultura de la evaluación en el corazón del sistema de enseñanza superior. Así, el texto crea la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación para promover y garantizar un servicio público de enseñanza superior de calidad; pero también para ofrecer a la sociedad información basada en criterios objetivos de la calidad de las enseñanzas que se ofrecen y, en definitiva, para favorecer la comparabilidad entre los centros universitarios. La agencia actuará con independencia de la Administración tanto en las universidades públicas como en las privadas y será pieza fundamental para el impulso de directrices en el futuro espacio europeo común de enseñanza superior.

Para alcanzar con éxito estos objetivos se hace necesario el compromiso activo de todos: de los ciudadanos que integran nuestra sociedad, apoyando el fin último que persigue el texto; de las administraciones educativas competentes, asumiendo sus responsabilidades en la mejora de sus universidades; del Gobierno, vertebrando el sistema universitario, e impulsando y financiando medidas que garanticen la igualdad y la preservación de los derechos de estudiantes y docentes; del sistema universitario en su conjunto, liderando las iniciativas que permitan integrarnos junto con los países más avanzados en el espacio universitario europeo y, fundamentalmente, de todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, a quienes no es necesario recordar el compromiso para con la sociedad en la generación y transmisión del conocimiento.

Tenemos una gran tarea por hacer. Una tarea que no es fácil, que tiene obstáculos y que, con toda seguridad, no puede ni debe ser labor exclusiva de un Gobierno. Se necesita la aportación de todos los que queremos hacer de nuestras universidades un marco de referencia para el resto de los sistemas universitarios de nuestro entorno. Si compartimos este objetivo y el compromiso con la mejora de la calidad de la Universidad, reduciremos notablemente las posibles divergencias y conseguiremos que los estudiantes cursen sus enseñanzas en centros en los que el referente sea la excelencia. Éste es nuestro compromiso y estamos trabajando para conseguirlo.

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Un dictamen de las universidades catalanas tacha de inconstitucionales 5 artículos de la ley del PP

La Agencia Nacional de Evaluación violaría las competencias autonómicas, según el estudio

Al menos cinco artículos del proyecto de Ley de Universidades son inconstitucionales, según un dictamen encargado por las ocho universidades públicas catalanas, que de este modo se enfrentan al Gobierno de CiU, que pretende apoyar la ley en el Congreso. La creación de una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación violaría las competencias ejecutivas de las comunidades autónomas; el artículo 14.3, que niega el derecho a voto del rector en el Consejo Social, lesiona la autonomía universitaria, y los artículos 9.2, 42.3 y la disposición adicional séptima vulneran las competencias de cada universidad.

Según el informe, la regulación que hace el proyecto de ley del régimen de departamentos, el acceso a la Universidad y los conciertos entre los centros de enseñanza superior y las instituciones sanitarias es de dudosa constitucionalidad. El sistema de elección del rector por sufragio universal también plantea dudas constitucionales a los catedráticos autores del informe, ya que ‘abre un proceso de controversia electoral que podría derivar en una elección sobre intereses generales de carácter no específicamente universitario’, lo que plantea ‘un gran peligro’, ya que supondría una ‘vulneración de la autonomía universitaria’. La intromisión del ‘sistema partidista’ supondría una ‘desnaturalización’ de la elección del rector.

El informe, que ha sido elaborado por el catedrático de Derecho Constitucional Marc Carrillo y los catedráticos de Derecho Administrativo Joaquim Ferret y Tomás Font, fue presentado ayer por el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, y el de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carles Solà, que insistieron en que el proyecto del PP tiene ‘graves defectos que vulneran la autonomía universitaria y de Cataluña’. El dictamen ha sido enviado al resto de universidades españolas, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Parlamento catalán para que lo tengan en cuenta a la hora de presentar enmiendas.

Sobre el régimen de becas, el informe considera que el proyecto de ley del PP ‘no sigue ninguna directriz de la jurisprudencia constitucional’ que señala que las subvenciones no tienen carácter de competencia. ‘Si del proyecto se derivase una universalidad de la competencia estatal en materia de becas’, aseguran los catedráticos, el resultado sería la inconstitucionalidad de la legislación.

Entre los puntos que el estudio considera ‘dudosos’ figura el sistema de aprobación de los estatutos de cada universidad, que, según el proyecto de ley, antes de su aprobación definitiva, deben obtener la conformidad del Ejecutivo autónomo. Los estatutos deberían entrar inmediatamente en vigor una vez aprobados por la universidad y el Ejecutivo sólo debería impugnarlos si encuentra razones para ello.

El proyecto de ley ‘sería más respetuoso con la autonomía universitaria si no abriese un proceso constituyente generalizado en todas las universidades públicas’, de manera que tengan que disolverse los claustros y convocarse nuevas elecciones, según el informe de las universidades catalanas. La enmienda presentada estos últimos días por el PP en el sentido de retirar la preceptiva dimisión no sólo del claustro, sino de todos los rectores una vez que estuviera aprobada la ley, no ha convencido a los responsables de las universidades catalanas, que consideran que no es ‘un cambio sustantivo’. Según Solà, ‘el PP ha querido distinguir entre rector y claustro, lo que es muy retorcido, porque el claustro es quien elige al rector’. Tugores, por su parte, considera que esta decisión corresponde a la estrategia de ‘divide y vencerás’.

Solà y Tugores, que ayer hablaban en nombre de todos los rectores catalanes, rechazaron que exista ningún tipo de enfrentamiento entre ellos y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), tal y como había dado a entender el consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, al criticar duramente la posición de la CRUE sobre la Ley de Universidades afirmando que demostraba una ‘sensibilidad nula hacia el hecho autonómico’.

‘La visión de Mas-Colell no se ajusta a la realidad’, dijo ayer el rector Carles Solà, que fuera presidente de la CRUE. Todas las decisiones de este organismo con respecto al proyecto de ley, añadió, ‘se han tomado por unanimidad’; es decir, con la participación de los rectores catalanes. Según Solà, es posible que los rectores catalanes tengan ‘una línea de trabajo propia, que dé más énfasis a los temas en los que tenemos más sensibilidad’, pero siempre será ‘complementaria’ a la de la CRUE.

Tugores fue más incisivo. Tras reconocer que las enmiendas propuestas por la CRUE al proyecto de ley ‘quizás no son todo lo autonomistas que nos gustaría’, le recordó a Mas-Colell que ‘quien acepta el sistema de habilitación nacional del profesorado [en alusión a la aprobación por parte de CiU de este sistema] no puede hacer críticas de falta de sensibilidad autonómica’. Los rectores catalanes, en general, se resienten de la escasa beligerancia de CiU en este asunto.

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El PSOE pide más estudiantes en los órganos universitarios

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Sábado, 6 de octubre de 2001

El PSOE ha presentado 187 enmiendas parciales a la Ley de Universidades (LU), en las que ha incluido nuevas propuestas como la petición de que se introduzcan en el órgano de representación de la sociedad en las universidades, el Consejo Social, tres nuevos miembros (uno en representación de cada colectivo universitario: alumnos, profesores y personal administrativo), aparte de los tres que incluye el proyecto del Gobierno (rector, gerente y secretario general). Pide, además, que los seis tengan voz y voto.

Esta propuesta ha sido elaborada ‘tras dialogar con las asociaciones de estudiantes’, explicó ayer la responsable de Educación de la ejecutiva socialista, Carme Chacón. ‘Es una alternativa que no resta capacidad a este órgano para pedir cuentas a la Universidad, a la vez que permite a estos sectores universitarios participar en las decisiones del Consejo Social’.

Los socialistas opinan que el proyecto del Gobierno debe cambiar ‘completamente’ y resaltan que es un texto ‘muy centralista, que sustrae competencias autonómicas’. Chacón critica dos enmiendas del PP: ‘Que se queden los rectores actuales, pero no los claustros, y que se dé voto en el Consejo de Gobierno a representantes políticos’.

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Los estudiantes convocan un día de huelga y una semana de movilizaciones contra la ley universitaria

SUSANA PÉREZ DE PABLOS, Madrid. Diario "El País", Domingo, 7 de octubre de 2001

Más de 300 estudiantes de 30 asociaciones de universidades de toda España acordaron ayer convocar movilizaciones durante los días lectivos de la tercera semana de noviembre (del día 12 al 16) en todos los campus de España. Como parte de las protestas convocarán un día de huelga general y de manifestaciones en toda España. La fecha que los estudiantes propondrán a los sindicatos CC OO y UGT, en la reunión que mantendrán el próximo martes, para salir a la calle junto a los profesores y el personal de administración y servicio de las universidades será el 14 de noviembre.

Las universidades de cada comunidad autónoma organizarán diferentes protestas en sus centros durante la semana acordada, como acampadas, reuniones y despligue de inmensas pancartas. Desde mañana ‘hasta que se consiga la retirada del proyecto’, estas organizaciones realizarán además una campaña informativa por todos los centros de educacíón superior de España.

Varios centenares de estudiantes de 30 asociaciones progresitas de toda España se reunieron ayer en la facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid para acordar medidas contra el proyecto universitario del Ejecutivo en un clima de consenso y unión que es difícil que se dé normalmente en encuentros en los que se concentran tantos colectivos estudiantiles diversos. El motivo, según los alumnos, es su ‘profunda preocupación’ por que se ponga en marcha la Ley de Universidades que se empezará a debatir en el Congreso de los Diputados dentro de unos días.

Los participantes aseguraban que tenían en común la percepción de que era quizá su última oportunidad de promover una iniciativa en común ‘para intentar que no salga adelante el proyecto del Gobierno’.

La primera medida acordada por los estudiantes fue la de bautizar su unión como Campaña Estatal contra la Ley Orgánica de Universidades. Sus principales reinvindicaciones son: ‘Que se retire el proyecto y que se elabore uno nuevo con el diálogo y consenso necesario con las partes implicadas de toda la comunidad universitaria’.

El lema de la campaña será No a la LOU, otra universidad es posible. Este lema recuerda al de las campañas antiglobalización Otro mundo es posible. Muchos estudiantes resaltaron la relación de ‘la política de deterioro de lo público del Gobierno del PP’ con el el proceso de globalización.

Entre las organizaciones participantes había algunas de ámbito estatal y otras de ámbito autonómico. Entre las primeras se encontraban, por ejemplo, Faes, Canae y el Sindicato de Estudiantes.

Algunas de las organizaciones de ámbito regional o autonómico que han participado en la organización de esta campaña son la Coordinadora Andaluza de Estudiantes, AEP (de Cataluña), CAEF y BEI (de Madrid), Alternativa Universitaria (de Valladolid) y Universitaris Progressistes (de Alicante) y MEP (de Galicia).

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UGT pide que se retome el debate de la Ley de Universidades

C. M., Madrid. Diario "El País", Martes, 9 de octubre de 2001

El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, abogó ayer por ‘retomar el debate sobre la ley universitaria’ porque, a su juicio, con esta reforma se está cuestionando la ‘autonomía de las universidades’ y negó que detrás de las críticas surgidas contra la ley haya intereses corporativos. Méndez criticó ‘el desprecio’ con que Aznar ha tratado a la Universidad y le acusó de portarse como ‘un bloque de granito ante la libertad de pensamiento’. También calificó la política del Ministerio de Educación de ‘inadecuada y miope’ y recordó que la UGT y CC OO convocarán una movilización a mediados de noviembre. El líder ugetista no aclaró si este paro general universitario coincidirá con la manifestación convocada por los estudiantes para el día 14 de ese mes.

La fecha exacta se decidirá hoy durante una reunión que mantendrán los dos sindicatos con representantes de las juventudes de IU, PSOE y de ambas centrales, así como con asociaciones de estudiantes. Todos constituirán la Plataforma Estatal en defensa de la Enseñanza Superior.

Méndez, acompañado por el secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa, se quejó de la precariedad de los empleos en la universidad y de la ‘falta de compromiso de financiación’ que acompaña a las reformas anunciadas por el Ministerio.

La ministra Pilar del Castillo contestó a las amenazas de huelga anunciada por los sindicatos diciendo que cuenta con el apoyo del sindicato CSI-CSIF, de profesores y de diversas asociaciones y pidió que cualquier crítica sobre la nueva ley ‘se fundamente’ y se atenga al texto en cuestión ‘y no a otro tipo de consideraciones’.

‘Falsa unanimidad’

La ministra tachó de ‘falsa unanimidad’ la que se consigue en el seno de la Conferencia de Rectores dada la ‘naturaleza asamblearia’ de la toma de decisiones en dicho organismo, ‘que facilita la imposición de posturas más radicales’ donde no existe un rechazo global a la ley, dijo.

En el debate sobre la nueva ley de universidades terció ayer IU. La coalición ha solicitado nueve comparecencias, entre ellas la del rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar, y la de Miriam Municio, presidenta del Sindicato de Estudiantes, para que la comisión de educación del Congreso se informe y asesore por boca de los representantes de la comunidad universitaria. El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, y el responsable de enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, son otros de los testimonios que IU solicita.

Dejando a un lado la universidad, Cándido Méndez se refirió al problema de los profesores de religión para quienes pidió que ‘se negocie un convenio colectivo que resuelva la incongruencia descomunal’ que supone que sea el Estado quien contrate a estos profesionales y el obispado quien los elija y los despida.

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El PP acelera el trámite de la ley universitaria y veta todas las comparecencias

El Gobierno quiere aprobar el texto antes de enero

S. PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Jueves, 11 de octubre de 2001

El Partido Popular ha decidido acelerar el trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) vetando todas las comparencias solicitadas por los grupos parlamentarios y marcando un calendario de dos semanas a la ponencia encargada de analizar el proyecto y las más de 800 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios.

El Gobierno ha marcado a su grupo parlamentario el 31 de octubre como fecha tope para que el proyecto se debata en el Pleno de la Cámara Baja con el fin de que la ley sea aprobada antes del 31 de diciembre. Así lo explicó ayer el PP a los miembros de la Comisión de Educación, según la portavoz socialista de Educación, Amparo Valcarce.

Para hacer realidad ese calendario, el presidente de dicha comisión, el popular Eugenio Nasarre, rechazó ayer todas las peticiones de comparecencias de los representantes de la comunidad educativa solicitadas por buena parte de los grupos parlamentarios. Con las comparecencias ‘sólo se busca dilatar la tramitación de la ley’, señaló el portavoz de Educación del PP, Juan Carlos Guerra Zunzunegui, informa Servimedia.

El PSOE tiene previsto lanzar un comunicado -‘con una denuncia de carácter político sobre los métodos que quiere usar el PP para urtar el debate sobre este tema en la Cámara’- en conjunto con el resto de grupos que forman la Comisión de Educación (IU, el Bloque Nacionalista Gallego y el PNV), a excepción de CC. Los socialistas propondrán que se unan a esta protesta al resto de los nueve grupos que han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto. Para el PSOE e IU, ‘es un abuso de la mayoría absoluta del PP, que refleja gran arbitrariedad y déficit democrático’, dijo Valcarce.

Según el PSOE, hay precedentes que demuestran que las comparencias son a menudo necesarias durante el trámite de una ley para conocer la opinión de los colectivos sobre las enmiendas. Ponen dos ejemplos: ‘En la Ley del Fútbol se pidieron comparencias y se celebraron después de aprobarse la ley el Congreso, mientras se debatía en el Senado. En la Ley del Aborto, cuando gobernaba el PSOE, el PP pidió muchas comparencias y las hicieron, dilatando el proceso e impidiendo que se aprobara en esa legislatura’.

Los socialistas critican además que no se respete ‘el acuerdo no escrito’ de que se paren las actividades parlamentarias ‘no urgentes’ durante las elecciones autonómicas (en este caso, las gallegas).

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