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Respuestas de nuestros lectores al Editorial del número 28 de Vivat Academia

José María Saz Díaz

"Saz Diaz Jose M." <josem.saz@uah.es>

No voy a entrar en las desafortunadas descalificaciones que se vierten en el editorial anónimo de VivatAcademia
(http://www2.alcala.es/vivatacademia/veintiocho/editorial.htm), porque considero que en nada ayudan a la convivencia y respeto mutuos. Prefiero poner de manifiesto algunas cuestiones que se están omitiendo en el asunto de la no renovación de los profesores de religión católica, que pueden ayudar a esa reflexión basada en el sentido común a que nos invita dicho editorial.

Sorprende que no se mencione el derecho del niño a recibir la educación religiosa que, mientras sea menor de edad, elijamos sus padres. Y que no se plantee si la continuidad o no de esos profesores vulnera este derecho. Así como que, si entra en conflicto con los derechos del trabajador (no olvidemos que se trata de una no renovación), cuál de ellos debe prevalecer.

Los que hemos elegido la educación católica para nuestros hijos, agradecemos a la Iglesia su preocupación por escoger a las personas más adecuadas para ello. Criterio que a nadie extraña que aplique cualquier empresario en la selección de personal, aunque la comparación no sea la mejor.

Por otro lado, sería un grave error suprimir la religión de la (mal llamada) "escuela pública" y recluirla en el ámbito de la (también mal llamada porque presta un servicio público) "privada". Esto podría obligar a muchos a dejar la "pública".

No obstante, esta parece ser la intención última que manifiestan algunos partidos políticos en sus declaraciones de estos días, que quieren fundamentar su acción en una especie de estrategia de "fractura social". Sus reacciones "anticlericales", tanto en el caso Gescartera como en éste, son preocupantes, ya que muestran no haber aprendido nada de la historia.

Por ello, nuestro ordenamiento jurídico, al reconocer la evidente falta de competencia de las autoridades políticas para la selección del profesorado de religión católica y otorgársela a la Iglesia, da muestras de un respeto a la naturaleza de las cosas que es fuente de convivencia social. Sorprende pues que, prácticamente toda la prensa, así como personajes políticos de gran relevancia, no sabemos animados porqué, actúen tan irreflexivamente y no calibren las consecuencias de sus posiciones.

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José Antonio de Frutos

Estimados compañeros:

Y sobre todo al compañero que escribió el editorial de este mes sobre lo que él creé que es la Iglesia Católica y su comportamiento.

Me gustaría saber cuál es la formación del autor: si sabe distinguir entre lo que es la religión y la historia de las religiones, si conoce los 20 siglos de historia del catolicismo y su aportación a la sociedad y a la cultura, si conoce los principios más elementales de la educación y la misión subsidiaria del estado en esta labor, etc. etc etc. ... , o si simplemente se deja llevar por un anticatolicismo visceral, y para satisfacer este fanatismo recurre a tópicos por todos conocidos y nunca bien contrastados, dado que su formación histórica cultural y teológica no le permiten profundizar en el tema.

No me parece que este sea un editorial de una revista que pretende ser universitaria carece de todo rigor informativo, manifiesta tendencias extremistas y no hace falta demasiado olfato para oler la demagogia que le empapa.

Espero, por el bien de todos, que en un futuro cuiden un poco más sus editoriales.

Atentamente:

Dr. José Antonio de Frutos
Escuela Politécnica. Despacho E326
Campus Universitario
Ctra. Madrid-Barcelona, km. 31.600
28871 Alcalá de Henares
Madrid (Spain)

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José Luis Moralejo

<jmoralej@teleline.es>

Querido Julio:

Con la franqueza que siempre ha presidido nuestras relaciones, permíteme que te haga llegar mi disgusto y mi protesta por lo demagógico y torticero de vuestro editorial "Como Dios manda". Creo que en una sociedad plural como pretende ser la nuestra es deseable y exigible que se permita a cada grupo religioso o político regirse y administrarse de manera coherente con sus convicciones; y que, por otra parte, es intelectualmente impresentable la pretensión de que la condición de profesor oficiual de una determinada religión se rija, sin más, por las normas laborales comunes. Si me permites un ejemplo, te recordaré el de Alemania, donde los catedráticos universitarios de Teología Católica (que los hay) precisan de la venia previa de su Conferencia Episcopal. Y ya para terminar, te diré que considero lamentable que os permitáis el lujo de dividir la suma de voluntades que se había ido formando para cambiar nuestra Universidad con esa agresión tan zafia a las convicciones de no pocos de los profesores que estaban dispuestos a colaborar en la tarea. Conocéis mal a Gala y a sus amigos: puestos a hacer el "rojo", son capaces de dejar en "rosa pálido" la demagogia de vuestro editorial.

Un saludo de tu buen amigo y compañero, José Luis Moralejo Álvarez (para ahorrarte dudas, te aclaro que no soy del Opus ni de ninguna cosa parecida).

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Julio Gutiérrez

julio.gutiérrez@uah.es

Querido José Luis:

Supongo que el haberme enviado una carta a la dirección de Vivat Academia, en vez de a mi buzón personal, indica que deseas una respuesta pública en la revista. No obstante, no deseo entrar personalmente en la polémica que ha desatado el editorial del mes pasado, por lo que intentaré ser breve.

1) El editorial del número 28 de VA pretendía desencadenar el debate y la reflexión y lo ha conseguido (más lo primero que lo segundo, bien es verdad). Nunca en la historia de Vivat Academia se había conseguido una participación tan amplia de los lectores. Te recuerdo que el hecho de ser una revista plural le da derecho, es más yo diría que le obliga, a opinar en todos aquellos temas sociales interesantes. Máxime cuando el problema, como el que nos ocupa, tiene que ver con la docencia.

2) Entiendo que los profesores de religión no están enseñando teología católica. También entiendo que difícilmente podría enseñar teología católica alguien no autorizado por la jerarquía eclesiástica, como dices ocurre en Alemania, habida cuenta del peligro de herejía que entraña el que un pensador haga uso de su calidad de ser racional. Por cierto, nadie ha dicho que nos guste el sistema alemán de enseñanza, o que dicho sistema sea el que nuestro país deba imitar.

3) Calificas el editorial de demagógico y torticero. Sólo te pido que leas los recortes de prensa sobre el tema que la redacción de VA ha recogido en esta misma página. Creo que sobran las palabras. Claro, alguno saldrá diciendo que, últimamente, la prensa se ha confabulado contra la Iglesia Católica.

4) Ten por seguro que las personas que han escrito y revisado el editorial, no sólo conocen bien la historia de la Iglesia Católica, sino que son estudiosos, aficionados eso sí, del fenómeno religioso en general y de las escrituras y más cosas que, al fin y al cabo, no vienen al caso.

Sin embargo, hay algo en tu carta que no consigo entender en absoluto. Se trata del párrafo siguiente : "... considero lamentable que os permitáis el lujo de dividir la suma de voluntades que se había ido formando para cambiar nuestra Universidad con esa agresión tan zafia a las convicciones de no pocos de los profesores que estaban dispuestos a colaborar en la tarea. Conocéis mal a Gala y a sus amigos: puestos a hacer el "rojo", son capaces de dejar en "rosa pálido" la demagogia de vuestro editorial".

Y digo yo ¿Qué tendrá que ver Gala en todo esto? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Gala sea buen o mal rector y lo debamos reconocer todos, con el hecho de que Vivat Academia haya "metido la pata" opinando libremente en un problema que ha creado la propia Iglesia, en parte por la intolerancia que caracteriza a las autoridades eclesiásticas? No en vano han tenido que pasar cuatro siglos para que se reconozca públicamente que se equivocaron con Galileo y eso después de que el hombre pisara la Luna.

¿Verdaderamente opinas que todo lo que hace referencia a la religión debe estar libre de toda crítica y opinión? ¿Piensas de verdad que, para arreglar la Universidad de Alcalá, debemos pensar todos igual desde el punto de vista de las ideas religiosas? Ciertamente, me gustaría me aclararas dicho párrafo y las consecuencias que de él derivan, porque por más vueltas que le doy no consigo entender su significado.

Con todo esto, me ha venido a la memoria la frase de Manuel Gutiérrez Aragón, con motivo de la presentación de su película "visionarios":

"La mezcla de la religión y la política siempre es explosiva, tienen las mismas raíces y si he sacado alguna lección de todo esto es que el fanatismo no sólo es destructivo con los demás, sino que acaba destruyendo a los propios fanáticos".

También he recordado que los "Obispos" de la "Religión Oficial" de la época crucificaron a Cristo por discrepar con su opinión y empeñarse en lanzar al mundo un mensaje de liberación.

Para tu tranquilidad te diré que, después de leer tu carta, jamás se me hubiera pasado por la cabeza la idea tu afilización al Opus Dei, ni nada por el estilo, porque, verdaderamente, nuestros compañeros del Opus, o ese "algo por el estilo", jamás se hubieran molestado por un editorial que se limita a opinar sobre hechos contrastables.

Recibe un fuerte abrazo.

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Esther Sánchez Casado 

<esther.sanchez@uah.es>

Para: Saz Diaz Jose M.

No me he entretenido en leer el editorial de la revista (anónimo como todos los editoriales, por otra parte). Pero sí tengo algún comentario que hacer a sus afirmaciones:

1) La Iglesia dispone de otros cauces, medios y locales para "educar" a sus ovejas, como usted debe saber: catequesis, parroquias, retiros espirituales, etc ...

2) Desde luego la comparación que propone a propósito de la forma de seleccionar a un empleado y a un profesor, en este caso de religión, no es muy afortunada, pero sí es significativa, muy significativa diría yo y lo es en el mismo sentido que quizá los señores obispos aplican a sus inversiones en ciertos chiringuitos financieros.

3) Dice usted que :"Sería un grave error suprimir la religión de la mal llamada "escuela pública" y recluirla en el ámbito de la "privada". Esto podría obligar a muchos a dejar la "pública". Bueno, para empezar a mi hijo le ha obligado a salir del aula el hecho de que el colegio público al que asiste "ocupe" su lugar habitual de estudio con la asignatura de religión, cuando la ley obliga a que sean los estudiantes de esta materia los que desalojen. Sus palabras sólo corroboran la manera en que lo público es desvirtuado día a día, parece que nadie recuerda ya lo que eso significa y que no es más que su religión es asunto suyo, privado, familiar, restringido a su comportamiento, actitudes, prácticas cotidianas o con sus empleados, usted sabrá. No me atañe ni me importa el modo en que se expresa en su vida sus creencias, insisto, sus creencias íntimas. Esta pérdida de sentido de lo público corre paralela al olvido de qué significa ser ciudadano, no súbdito o creyente. No somos súbditos desde 1976, ni éste es un país católico (aunque la Iglesia pone toda clase de trabas si uno desea darse de baja, que ésa es otra película de miedo) desde el mismo año, "malgré" el Concordato, pero eso ya lo resolveremos.

4) En cuanto a quién no ha aprendido nada de la historia, en fin, supongo que al menos se habrá sonrojado al escribir ese párrafo, a no ser que haga suya la última distinción, desde luego nada teológica, que ha hecho el portavoz de la Conferencia Episcopal entre la iglesia y las instituciones de la iglesia que me recuerda a la distinción que Gil y Gil hacía entre delito culposo y delito no sé qué cuando le condenaron por el derrumbamiento de aquello de Los Ángeles de San Rafael. Distinciones jurídicas, distinciones religiosas, nosotros sí tenemos memoria, aunque desde luego nuestro laicismo nos hace ser más educados y no ir por ahí ofendiendo a los creyentes en cualquier religión, repito cualquier religión. Porque ésa es otra: en el colegio de mi hijo hay musulmanes, un chino, algún hindú y un irlandés. ¿Qué religión deben aprender? Me remito a lo público y el concepto de ciudadano antes mencionado.

5) ¿Así que el que las autoridades políticas hagan vergonzosamente dejadez de sus obligaciones, esto es, funcionalicen sin oposición alguna a los profesores que elige la Iglesia "da muestras de respeto a la naturaleza de las cosas que es fuente de convivencia social"? Sólo el análisis de la frase nos da para un comentario de texto porque ¿qué es la naturaleza de las cosas?, ¿qué cosas?, ¿qué naturaleza? La convivencia social se sustenta en las leyes y la suprema de todas ellas, aprobada por el pueblo soberano. En el comportamiento ciudadano por el que todos nos respetamos en lo que diferimos, por el que todos somos iguales ante la ley y por el que lo que usted haga en su casa es cosa suya siempre que no afecte a mis creencias, propósitos, inquietudes y conducta (¿o es que sus hijos saldrán ateos perdidos si no dan religión en el colegio? ¿no serán sus quejas una expresión de cierta incapacidad para llevar a la práctica su credo? Y eso es todo, así de banal, me temo.Hablamos del derecho natural o del derecho civil, constitucional al que debe someterse -y digo someterse- toda autoridad elegida democráticamente. Y no mencionemos el principio de igualdad, mérito y capacidad que debe presidir la selección de profesores en la escuela pública (como usted debería saber). Tales principios palidecen ante la selección divina por lo que se ve. Claro, que menuda selección: luego resulta que se quieren casar con quien no deben, se van de copas y cosas así, que si Dios lo hubiera sabido antes no los hubiera seleccionado, caray, si es que van por ahí fingiendo.

Quizá me he dejado llevar un poco en el texto, pero el problema fundamental es que los creyentes creen no tener que dar explicaciones a sus afirmaciones, como si todo el mundo las entendiera o debiera. Y los que no se conducen a su manera no son como Dios manda.

Esther Sánchez

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RECORTES

La ministra de Educación culpa a los socialistas del comportamiento de los obispos con los profesores

El PSOE replica que los prelados ‘hacen lo que hacen porque el Gobierno del PP les deja’

JUAN G. BEDOYA. Diario "El País", Madrid, Jueves, 13 de septiembre de 2001

La culpa la tienen los socialistas. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, se amparó ayer en ese pasado para reiterar que no puede hacer nada por los profesores de religión católica enviados al paro por razones de índole privada. ‘El Estado no puede intervenir porque es un Estado aconfesional’, dijo antes de señalar que el PSOE, durante 14 años de Gobierno, ‘podía haber intervenido y no lo hizo’. Los socialistas replicaron inmediatamente que es el Ejecutivo del PP y su reforma de 1999, pactada por el vicepresidente Rajoy con los prelados, la que permite a éstos actuar como lo hacen.

La ministra Del Castillo reiteró que se ha dirigido a la Conferencia Episcopal ‘al efecto de pedir que hubiera, en la medida de lo posible, una solución razonable a estos casos’, en referencia al despido de varias profesoras de religión en la escuela pública por motivos como casarse por lo civil, faltar a misa en ocasiones o irse de copas con los amigos. Pero, inmediatamente, en el turno de réplica de un debate celebrado en el Senado, la ministra defendió el derecho de la jerarquía católica a hacer lo que hace e, incluso, aconsejó ‘prudencia’ al senador socialista con que discutía sobre el asunto, Diego Asensio Martínez, porque, según Del Castillo, el debate, ‘planteado como está, trata de la enseñanza de la doctrina de una confesión religiosa’, como reconociendo que no hay nada que hacer en esa búsqueda de ‘una solución razonable’.

Fue en el Senado, a primera hora de la mañana y con una de las profesoras despedidas, Resurrección Galera, de Almería, en la tribuna de invitados, donde la ministra hizo estas afirmaciones, entre los rumores y las risas de los senadores socialistas, y el aplauso de los parlamentarios del PP.

Nada más escuchar a la responsable de Educación, la profesora Galera, despedida por el Obispado de Almería por casarse por lo civil, anunció que acudirá, si es necesario, hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque ‘se siente desamparada’ por las autoridades españolas.

En el pasado

La ministra remitió su resignación en los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede, firmados por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el Secretario de Estado vaticano, cardenal Villot, lo que sirvió a Del Castillo para echar la culpa a los gobiernos del PSOE posteriores de no haber promovido la reforma concordataria. Inmediatamente, los socialistas, por boca de la diputada Amparo Valcarce, responsabilizaron a la reforma promovida por el PP en 1999, con la firma del actual vicepresidente primero, Mariano Rajoy -entonces ministro de Educación- como causante de lo que sucede ahora. ‘Los obispos hacen lo que hacen porque el Gobierno les deja y porque se lo permite el acuerdo firmado en 1999 entre Rajoy, Margarita Mariscal [ministra de Justicia en esa fecha] y la Iglesia’, dijo en conferencia de prensa la portavoz del PSOE en la comisión de Educación del Congreso, Amparo Valcarce.

Valcarce añadió que en catorce años de Gobierno, Felipe González no tuvo ningún escándalo social de este tipo y apuntó que Pilar del Castillo ‘se equivoca al elevar la responsabilidad al concordato [de 1979] ya que debe recaer en el convenio de 1999’.

En el Senado la ministra había dicho que es ‘razonable pensar que [con los anteriores gobiernos] habría casos similares a los que hoy se está diciendo’. ‘Los diferentes gobiernos socialistas podían haber intervenido, pero no lo hicieron’, afirmó en respuesta al senador Diego Asensio, que había retado a Del Castillo a dar ‘un paso más y a asumir una forma de entener los derechos de las personas como los entiende la sociedad’. ‘Ahora tiene usted la oportunidad de defender valores constitucionales, no se quede sólo en decir si esto es legal o no’, añadió Asensio.

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La escuela laica reclama el fin de los acuerdos con la Santa Sede

"EL PAÍS". Madrid, Martes, 18 de septiembre de 2001

Representantes de la Plataforma de acción a favor del laicismo, integrada por la Fundación Educativa y Asistencial Cives, la Sociedad Española de Profesores de Filosofía y la Confederación laica de padres de alumnos, Ceapa, quieren que los acuerdos alcanzados en 1979 entre la Santa Sede y el Estado español se extingan, porque consideran que entran en contradicción con la Constitución. En estos acuerdos, dicen, está el origen de los problemas surgidos últimamente con los profesores de religión.

Además, criticaron que en ‘muchos casos’ estos docentes están usando las aulas para ‘hacer campañas en contra de leyes democráticas aprobadas por el Parlamento’.

En un manifiesto presentado ayer, la Plataforma busca el apoyo de los partidos políticos ‘que defienden los valores del laicismo, como la libertad y la igualdad’, para que trasladen al Parlamento un debate que permita la superación ‘política y jurídica’ de dichos acuerdos.

La presidenta de la Ceapa, Eulalia Vaquero, criticó que la asignatura de religión se imparta en horas lectivas y que se obligue al alumno que no se ha matriculado en estas enseñanzas a asistir a una clase alternativa. Vaquero dijo que les han llegado quejas de alumnos a los que se les obliga a abandonar el aula porque no dan religión o se les deja ‘mirando a la pared’.

El presidente de Cives, Victorino Mayoral, lamentó que los profesores de religión, designados por la Iglesia, puedan formar parte de los claustros escolares o ser directores de los centros públicos. Pidieron que se saquen de las aulas los símbolos católicos para no molestar a alumnos de otras religiones.

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‘Me retiraron del sueldo el 1%,’ dice la profesora Galera

J. G. B. Diario "El País". Madrid, Jueves, 13 de septiembre de 2001

‘No se puede permitir que vivamos una situación de la Edad Media, en un Estado del miedo’, declaró ayer a Efe la profesora Resurrección Galera, despedida por el Obispado de Almería. Galera reiteró que también ella tuvo que pagar ‘el impuesto revolucionario’ denunciado por la Federación Estatal de Enseñantes de Religión (FEPER). ‘Me retiraban del sueldo el 1% y, pese a que esto era voluntario, si no lo aceptabas sabías que después ibas a sufrir presiones’, dijo la profesora, que asistió al pleno del Senado invitada por el Grupo Socialista y acompañada por su marido, el alemán Johannes Romes.

La ministra de Educación tuvo que exponer su posición sobre los despidos de profesores en el Senado y en el Congreso, a petición de socialistas y de Izquierda Unida. Esta coalición llegó a amenazar, a través de su diputado Luis Carlos Rejón, con solicitar la creación de una comisión de investigación si el Gobierno del PP no indaga sobre las denuncias realizadas por la FEPER sobre extorsiones y amenazas a estos docentes en algunas diócesis españolas, informa Europa Press. ‘Hay que poner en su sitio a esa parte de la jerarquía que no acata la Constitución’, dijo.

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Existen cuentas particulares del Arzobispado por 1.075 millones

Diario "El País". Martes, 25 de septiembre de 2001

La Comisión Nacional del Mercado de Valores descubrió en una inspección rutinaria de Gescartera que uno de sus principales clientes, el Arzobispado de Valladolid, había depositado 1.000 millones en la sociedad gestora de cartera para que se los invirtiera en Bolsa. Pero los títulos por ese valor no aparecieron. La CNMV investigó y llamó a declarar a los dirigentes de Gescartera, que se defendieron argumentando que el Arzobispado tenía ‘cuentas particulares’ por 1.075 millones. La respuesta quedó registrada en el acta cuya copia se refleja arriba.

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La CNMV acredita ahora que Gescartera pagó a la Iglesia con fondos de otros clientes

La Mutua de la Policía depositó en la agencia 750 millones que permitieron tapar el ‘agujero’

J. M., P. M. Diario "El Páis". Madrid, Martes, 25 de septiembre de 2001

Antonio Camacho usó dinero de unos clientes para reembolsar a otros en la monumental estafa de tipo piramidal que acabó perpetrando el dueño de Gescartera, aunque hasta ahora había pocos detalles y menos certidumbre. Dos informes conocidos ayer en el Congreso revelan que el Arzobispado de Valladolid cobró un cheque de más de 1.000 millones en 1999 que, en su mayor parte, provenían de otros clientes. Camacho tapó el agujero resultante en las cuentas gracias a que la Mutua de la Policía ingresó dos días después 750 millones en Gescartera, lo que sirvió para despistar a las autoridades.

Los detalles de la operación resultan igual de confusos que la maraña que envuelve el caso Gescartera. Pero las conclusiones son meridianas, a tenor del informe que Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, envió al vicepresidente Rodrigo Rato sobre todas las actuaciones del organismo regulador en este caso, y que ayer conoció el Congreso. ‘Mención especial merece el siguiente hecho: durante la inspección, determinado cliente ha cancelado su operación con ella, habiéndole entregado ésta un talón contra la cuenta corriente global por un importe de 1.105 millones de pesetas’.

El informe continúa: ‘Estas manifestaciones resultaron ser no ciertas, puesto que la única recepción de fondos en cuantía relevante recibida en la cuenta global ascendía a 750 millones de pesetas, recibidos posteriormente al cobro de ese talón, y procedentes de aportaciones de otro cliente’.

La conclusión es rotunda: ‘La citada operación ha supuesto que la sociedad ha dispuesto de fondos de otros clientes para atender el reembolso de 1.105 millones antes citado’. El informe de Pilar Valiente no cita quién es el cliente al que le desaparecieron los 750 millones para que el Arzobispado de Valladolid pudiera cobrar su cheque de más de 1.000 millones de pesetas, tras ser alertado de las irregularidades de Gescartera en 1999 por Javier Valenzuela, ex alto cargo del PP en la Junta de Castilla y León.

Pero otro documento, elaborado por el antiguo director de Supervisión, David Vives, y conocido por eso como ‘Informe Vives’, sí lo hace: la Mutua de la Policía, que tras el fiasco final se ha convertido en el primer cliente perjudicado en Gescartera, con 1.500 millones perdidos.

‘El 15 de abril de 1999, don Ignacio Palicio (Banco de España)’, relata el Informe Vives, ‘comunica en conversación telefónica que la transferencia que Bankinter recibió (...) vía Banco de España por importe de 4.507.590,78 euros (750 millones de pesetas) fue ordenada por la Mutua de Previsión Social de la Policía’. Este dinero, que llegó a la cuenta global de Gescartera, permitió a la agencia tapar el agujero creado por el pago, dos días antes, de los más de 1.000 millones al Arzobispado.

Éste es uno de los hechos más graves que relata el Informe Vives. Tras varios meses de investigación, el entonces director general de Supervisión descubrió la mayor parte de los trucos con los que Camacho trataba de engañar a las autoridades de la CNMV, y a sus clientes: uso de una cuenta global, en lugar de cuentas individualizadas, que permitían un mejor seguimiento, por lo que el dueño de Gescartera disponía a su antojo del dinero de sus clientes.

Vives llegó a la conclusión de que en la sociedad faltaban por justificar 4.518 millones. Sospechando que ese dinero no estaba en ninguna parte, Vives convocó a Camacho a una reunión el 18 de febrero de 1999, a la que acudió Francisco José Bauzá como abogado. ‘En la reunión’, continúa el informe, ‘Camacho no fue capaz de aclarar esta diferencia, ni de explicar el procedimiento administrativo y contable seguido por la entidad’.

Tres semanas después, y vista la imposibilidad de hacerse una idea cabal del estado real de Gescartera, Juan Fernández-Armesto convocó un consejo extraordinario de la CNMV con la intención de intervenir Gescartera. El consejo se convocó de urgencia y sin entregar documentación previa ni redactar un orden del día. La base de la petición fue el cúmulo de irregularidades que describía el informe Vives. Pero la oposición de un sector del consejo, encabezado por Valiente y el vicepresidente Luis Ramallo, dio al traste con la intervención. El acta (y el correspondiente orden del día, en el que ya no se incluyó la petición de intervención), se redactaron con posterioridad.

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El Arzobispado de Valladolid colaboró con el dueño de Gescartera para engañar a la CNMV

El ecónomo Enrique Peralta prestó su conformidad a dos saldos distintos y contradictorios

J. M., P. M., Madrid. Diario "El País", Jueves, 27 de septiembre de 2001

En la investigación del caso Gescartera en 1999, el entonces director de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), David Vives, llegó a una conclusión ‘inconcebible’, según testificó ayer en el Congreso. ‘El Arzobispado de Valladolid colaboraba con Gescartera en intentar engañar a la comisión’. Vives explicó que el ecónomo del Arzobispado prestó su conformidad a saldos suyos distintos, que Antonio Camacho, el dueño de Gescartera, le presentó sucesivamente y que eran contadictorios. Así lo corroboran también tres documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

En marzo de 1999, Vives y su equipo decidieron centrar su investigación en el Arzobispado de Valladolid, que, con más de 1.000 millones de pesetas, parecía uno de los clientes más importantes de Gescartera. Pero las conversaciones con el ecónomo del Arzobispado, ‘de besugos’, según precisó ayer Vives, no sólo no contribuyeron a aclarar cuál era el verdadero saldo de este cliente. El ecónomo del Arzobispado, Enrique Peralta, prestó su conformidad a dos saldos distintos (30 millones de pesetas y más de 1.000 millones) en apenas unos días (ver documentos adjuntos), en un intento de que la CNMV no conociese cuál era su verdadera posición.

En cualquier caso, y vistos los problemas destapados por la inspección, el Arzobispado cobró, el 30 de marzo de 1999, un cheque por valor de 1.105 millones de pesetas. Vives sostiene que parte de ese dinero pertenecía a otros clientes y sugirió que es posible que correspondiese a 750 millones que aportó la Mutualidad de la Policía dos días después.

‘Habría que investigar exactamente el valor dado en los bancos, el uso que se hizo del talón, el grado de tolerancia de la entidad frente a un descubierto’ para saber si el Arzobispado se embolsó 750 millones de pesetas de la Mutualidad de la Policía, que con 1.500 millones de pesetas perdidos en Gescartera es el mayor estafado en el escándalo.

‘Habría que investigarlo con más cuidado, habría que verlo’, siguió Vives. ‘Pero lo que sí nos quedó claro es que el dinero que se le devolvió al Arzobispado no era del Arzobispado, porque salió de una cuenta en la cual el Arzobispado no tenía esa participación; eso sí quedó claro’.

El Arzobispado cobró finalmente más de 1.000 millones, lo que sugiere que sí los había depositado, y que la primera declaración de saldo entregada a la CNMV (sólo 30 millones de pesetas) era falsa.

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Condenadas la Generalitat y la Iglesia por despedir a un profesor de religión que les ganó un pleito

La sentencia dice que el Arzobispado de Barcelona atentó contra el derecho a la tutela judicial

Despedir a un profesor, aunque sea de religión católica, por haber ganado un pleito contra el empleador atenta contra derechos fundamentales de la persona, según una sentencia dictada en Barcelona por un juzgado de lo social. La Generalitat, como ejecutora, y el Arzobispado de Barcelona, como responsable directo de la vulneración del derecho a la tutela judicial, son los protagonistas de la reprimenda judicial. El Gobierno catalán ordenó inmediatamente la readmisión del profesor, a pesar de que éste había sido sustituido por otro docente designado precipitadamente por el Arzobispado.

Un despido ‘discriminatorio’, producto del ‘feudalismo industrial’, adoptado por ‘pura represalia’ y ‘totalmente inaceptable’ desde el punto de vista de los derechos fundamentales. La sentencia 62 del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, dictada el pasado siete de febrero, no deja lugar a dudas, con estos calificativos, sobre el criterio que le merecen al magistrado los comportamientos de la Generalitat y del Arzobispado de Barcelona para con Francesc Joan Viger Solé, profesor de religión en el Instituto Barres i Ones de Badalona.

Viger Solé perdió el empleo hace un año después de ganar un pleito contra la decisión episcopal de reducirle a la mitad la jornada y su salario. En ambos casos, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat dijo que se había limitado ‘a cumplir lo que el arzobispado le había propuesto’. El magistrado Joan Agustí Maragall, autor de esta resolución judicial, considera que el despido posterior a la primera sentencia fue una represalia y, por tanto, un atentado contra el derecho a la tutela judicial que ampara a todos los españoles. Ordenada la readmisión del trabajador, la Generalitat ejecutó inmediatamente, en marzo pasado, esta segunda sentencia, desalojando para ello al profesor colocado en el mismo puesto por el arzobispado, que no puso objeción alguna. Para el curso que acaba de empezar, el profesor represaliado sigue en su puesto de trabajo con un contrato que la Iglesia especifica haber emitido ‘en cumplimiento de sentencia’.

‘Supraconstitucional’

Viger Solé llevaba 13 años ininterrumpidos impartiendo 37,5 horas de clase de religión católica en el instituto Barres i Ones mediante sucesivos contratos anuales, pero en el curso 1999-2000 el Arzobispado de Barcelona decidió rebajarle el horario a la mitad, con la consiguiente reducción del sueldo (160.286 pesetas brutas mensuales, en lugar de 321.300 pesetas). Un juzgado de lo social de Barcelona falló a favor del profesor contra esa medida unilateral, obligando a la Generalitat y a la Iglesia a reponerle en sus derechos. La implacable respuesta del arzobispado, en forma de despido definitivo al finalizar aquel curso y con la primera sentencia todavía en vía de recurso, es lo que ahora deja juzgado el magistrado Maragall en una sentencia de 20 folios, redactada en catalán, que abre una nueva vía de discusión en la agria polémica sobre si los obispos pueden, o no, despedir a los profesores de religión al margen del ordenamiento jurídico español e incluso en contra de principios constitucionales que amparan al resto de los ciudadanos.

La respuesta de la sentencia del juez Maragall es tajante. El convenio entre España y el Estado de la Santa Sede, de 1979, al que acudió en auxilio el abogado del Arzobispado de Barcelona, Leopoldo Gay, para justificar el despido de Viger Solé tras la primera sentencia contraria a su defendido, puede ser ‘supraconstitucional’, dice el magistrado, pero no puede ir contra la Constitución ni contra ‘la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos’.

Dicho de otra manera, los obispos tienen un derecho absoluto para renovar -o para no renovar- los contratos que cada año vinculan a sus profesores de catolicismo con las administraciones educativas del Estado siempre que no pisoteen derechos fundamentales de las personas a sus órdenes como el ‘derecho a la tutela judicial efectiva’ en el caso del profesor de Badalona.

El magistrado reconoce que la relación laboral entre el profesor de catolicismo y los obispos ‘es objetivamente especial’ y que el despido hubiera sido aceptable de haberse producido por incapacidad del docente razonada, o por adoptar actitudes inconvenientes como profesor de religión, o por motivos religiosos -cita, entre otros, ‘pérdida de fe, no seguir la línea pastoral o doctrinal del obispo’.

En cambio, al declarar el juez probado absolutamente que el despido de Viger Solé se produjo por haber llevado sus discrepancias laborales a los tribunales, la no renovación de su contrato, comunicada por escrito por el Departamento de Enseñanza de la Generalitad, resulta ‘anticonstitucional’ por mucho ‘tratado internacional’ que se ponga por testigo de ‘esta singularísima relación triangular entre los profesores de religión, la Administración docente y la Iglesia católica’, advierte la sentencia.

‘Búscate la vida’

Otro de los motivos que guiaron el despido, según ha quedado probado en el proceso, fue que Viger Solé accedió, en la fecha de su demanda, a la vicepresidencia de la Asociación de Profesores de Religión, un sindicato de docentes de religión que disgusta sobremanera a los prelados españoles.

Pendiente de lo que vaya a suceder con los recursos presentados por el Arzobispado y la Generalitat, Francesc Joan Viger Solé declaró ayer estar viviendo ‘una situación kafkiana’. ‘Ahogado con medio sueldo’, con problemas de salud y con unos padres ancianos necesitados de su atención, este téologo acudió primero al delegado diocesano de Enseñanza, Francesc Riu, para rogarle que no se le rebajase la jornada laboral y sus salarios. ‘Si no tienes salud, búscate la vida’, llegó a decirle el poderoso representante episcopal después de largas y desagradables discusiones.

Viger Solé, hijo de fundadores de Convergencia Democrática de Catalunya -su padre fue también socio promotor del diario Avui-, recurrió más tarde a los despachos oficiales para afear que toleraran ‘tales atropellos’ eclesiásticos, y más tarde a los tribunales. No le dejaron ‘otra salida’. Orgulloso por lo logrado, no quiere ‘protagonismos, sino soluciones’, así que deposita la esperanza, sobre todo, en su abogado, Pablo Enciso, ‘por su gran capacidad jurídica’.

El ‘feudalismo industrial’

¿Quién echó al profesor Viger Solé de su trabajo en el instituto Barres i Ones de Badalona? La sentencia relata como hechos probados que fue el Arzobispado de Barcelona el que tomó la decisión, pero que la ejecutó el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, con el que el profesor mantenía ‘una relación contractual’ ininterrumpida desde 1987. ‘La legitimación pasiva [de la Generalitat] resulta incuestionable desde el momento en que es la entidad que contrata, retribuye y, finalmente, rescinde el contrato’, dice el fallo. En cambio, ‘la condición formal’ de empresario, directo responsable del despido, corresponde al arzobispado, que actuó avalado por una ‘relación laboral especial’ establecida por un ‘tratado internacional’. Sostiene también la sentencia que, a partir de un tratado internacional que los obispos españoles consideran ‘supraconstitucional’, no se pueden justificar despidos como el del profesor de Badalona, porque eso atenta a derechos fundamentales que no sólo están amparados por la Constitución, sino también por tratados internacionales de derechos humanos aceptados por el Estado de la Santa Sede. El juez acude en apoyo de su tesis a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985, que atañe ‘a toda relación laboral’ y que dice: ‘La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano a través del proceso laboral. Las manifestaciones de feudalismo industrial repugnan al Estado social y democrático de derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad...’.

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El ecónomo del Arzobispado de Valladolid fue condenado por vender fincas de una herencia

La Audiencia da la razón a la mujer que demandó al ecónomo Peralta, vinculado a Gescartera

B. DE LA C., J. M. L. Madrid. Diario "El País", Martes, 2 de octubre de 2001

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del juez de primera instancia de aquella ciudad que el 31 de mayo de 2000 condenó al Arzobispado de Valladolid a que restituyera un piso y cinco fincas rústicas pretendidamente adquiridas mediante la venta de un legado que la sentencia anula. Los jueces ordenan la cancelación de la inscripción registral de dichas fincas y dan la razón a los demandantes, al declarar subsistente el legado de un piso de Concepción Méndez Carlón a "su fiel sirvienta", Felisa García de la Roza, que demandó al ecónomo Enrique Peralta, relacionado con Gescartera.

Según recoge la sentencia ahora confirmada, Méndez Carlon, nacida en 1907 y fallecida en 1995, a los 88 años, otorgó el 31 de marzo de 1993 su último testamento ante un notario que apreció su capacidad para testar.

En la primera cláusula de ese testamento lega a García de la Roza un piso de su propiedad y diversos títulos de valores. En la cláusula segunda lega a la Residencia de Ancianos de Cisneros (Palencia) todas las fincas rústicas propiedad de la testadora en ese término. Y en la cláusula tercera instituye heredera a la Diócesis de Valladolid del "remanente de todos sus bienes, derechos y acciones".

Ante el mismo notario otorgó un poder general a favor del "reverendo don Enrique Peralta Álvarez", en presencia de éste, quien venía con anterioridad encargándose de hecho de la administración de los bienes de Méndez.

La sentencia relata que Peralta, haciendo uso del poder otorgado, vendió a Eleuterio Gatón Terradillos cinco fincas rústicas de Cisneros, por un importe superior a los 20 millones de pesetas, si bien tanto el apoderado como el comprador reconocieron que el precio real fue de 33 millones, de los que 13 millones se ingresaron en la Fundación Canónica del Arzobispado. Igualmente, Peralta donó al arzobispado de Valladolid, mediante escritura otorgada en 1995, la vivienda legada por Méndez Carlon a su sirvienta.

A la vista de estos hechos, Felisa García de la Roza, en su calidad de legataria, demandó a Peralta y pidió al juzgado que declarara nula la donación de la vivienda, "utilizando abusivamente un poder que no le facultaba para efectuar ese acto". Igualmente, la fundación beneficiaria de las fincas legadas, Nuestra Señora de los Dolores, demandó a Peralta y al comprador de las mismas.

Actuación abusiva

Acumuladas todas las demandas, el juez de Valladolid dio la razón a García de la Roza y a la fundación y condenó al Arzobispado "a la restitución de los inmuebles objeto de donación y compraventa" o a pagar su equivalente pecuniario, sin perjuicio de las acciones que "correspondan frente al apoderado que actúa abusivamente".

El juez de primera instancia, Ángel González, condena también al ecónomo Enrique Peralta a indemnizar a la demandante Felisa García en la cantidad de 29.169 pesetas de gastos e impone las costas al arzobispado y al ecónomo.

Por su parte, la Audiencia de Valladolid, al confirmar íntegramente el fallo, razona que Méndez Carlon desconocía el uso que Peralta hizo "completamente a sus espaldas, aprovechando abusivamente las facultades que le habían sido conferidas". "No parece consecuente que el poder concedido a Peralta tuviera por finalidad que el apoderado procediese a la venta de las fincas que en ese mismo día y, según voluntad de la testadora, habían sido legadas a una fundación", añade la sentencia.

El ecónomo Enrique Peralta, tuvo que atender a los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cuando se presentaron en el Arzobispado de Valladolid a pedir cuentas de más de 1.000 millones de pesetas de su propiedad desaparecidos por la gestión de Gescartera.

El entonces director general de Supervisión en la CNMV, David Vives, señaló en el Congreso que el ecónomo había colaborado con Gescartera para obstaculizar la investigación.

La colaboración consistía en firmas cartas dirigidas a la CNMV en las que afirmaba estar conforme con la administración de los fondos eclesiásticos.

Pasada la medianoche, durante su declaración en la comisión de investigación y a preguntas del socialista Juan Fernando López Aguilar y de Felipe Alcaraz (IU) acerca de si alguna vez había sido condenado, el ecónomo lo negó. Y negó también haber sido multado. Con gesto de desconcierto, y entre risas incluso de los diputados del PP, aseguró no recordar la multa.

"No la he pagado", dijo. "Usted sabe que mentir es pecado; si usted ha sido pillado en una mentira, en que queda el resto de su testimonio", concluyó Alcaraz.

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‘Señor Peralta, no ha dicho usted la verdad y eso es pecado’

Enrique Peralta, ecónomo del Arzobispado de Valladolid, fue cogido en una falsedad en la comisión de investigación del escándalo financiero de Gescartera. Era medianoche y el ecónomo llevaba dos horas respondiendo sin inmutarse a las preguntas de los diputados y manteniendo que nunca tuvo ningún problema con Gescartera, que nadie les recomendó invertir en la empresa de Antonio Camacho, que sacó la inversión sin que nadie le diera ninguna indicación y que los 1.100 millones allí invertidos procedían de donaciones y letras del Tesoro que vencían cada poco.

A esas horas, las primeras ediciones de los periódicos ya estaban en la calle y algunos diputados habían visto la siguiente información de la primera página de EL PAÍS: ‘El ecónomo del arzobispado de Valladolid fue condenado por vender fincas de una herencia’.

El diputado socialista Juan Fernándo López Aguilar ojeó el titular y preguntó:

J. F. López Aguilar. ‘Permítame una pregunta:

¿Ha tenido usted alguna vez contacto con la Justicia con anterioridad’.

E. Peralta. ¿Sobre esto?

J. F. L. A. Sobre cualquier otro asunto.

E. P. No. Una vez, en concreto, tuve un asunto con una herencia, pero nada más

J. F. L. A.¿En calidad de qué?

E. P. Yo era albacea de una señora y entonces tuve que ir al juzgado, pero nada más.

J. F. L. A. ¿Y qué resultó de ese proceso?

E. P. Que hubo un acuerdo entre las partes y no hubo más

J. F. L. A. ¿Una conciliación en un proceso civil?

J. F. L. A. Sí.

Después del diputado socialista, tomó la palabra el representante de CiU, Jordi Jané. Éste le leyó un documento en el que se relataba la versión de Camacho y de la CNMV sobre la reunión a la que acudió el arzobispo en la sede de la Comisión de Valores. Le pidió que dijera cuál de las dos versiones se acercaba más a la verdad. Sin dudarlo, el ecónomo se alineó con la de Camacho.

En ese intervalo, el diputado de IU también tuvo tiempo de ojear la primera página de este diario y se informó sobre la condena al Arzobispado y al ecónomo por vender las fincas de una mujer moribunda que le había nombrado apoderado. La donante, Concepción Méndez Carlón, dejaba un piso a su ‘fiel sirvienta’ y sus fincas a una residencia de ancianos regentada por la Fundación Nuestra Señora de los Dolores. El ecónomo, según la sentencia, vendió las fincas nada más recibir el poder. El arzobispado ha sido condenado a restituir estas propiedades y el ecónomo a indemnizar a la demandante con 29.169 pesetas por los gastos del juicio.

El diputado Felipe Alcaraz tomó la palabra y le dice primero que ‘no le cuadra’ cómo ha podido sumar el Arzobispado de Valladolid más de mil millones de pesetas en tres años para destinar a Gescartera: ‘Un millón al día en tres años’. Tras destacar lo difícil que resulta que cada 15 o 20 días haya ‘cancelaciones’ de letras del Tesoro para dedicar a Gescartera, Alcaraz pasa a la sentencia:

F. Alcaraz. Otra cosa, señor Peralta. Usted nos ha hablado de un juicio que no termina en condena, sino en conciliación. Pero, por la información que tenemos nosotros, usted fue condenado en abril de 2001 a pagar una indemnización por vender cinco fincas de una herencia.

E. P. Yo vendí fincas de una herencia en vida de la señora de la herencia.

F. A. ¿Pero no ha sido condenado por la Audiencia Provincial a restituir cinco fincas vendidas por usted como gestor de esa herencia?

E. P. Yo no. Las habrá restituido quien las haya comprado.

F. A. ¿Usted no ha sido condenado?

E. P. Yo creo que no.

F. A. ¿Cómo que cree que no?

E. P. No lo sé. Si llama condena a que piden una restitución de unas fincas que estaban vendidas... pues el señor que las tiene es el que las tendrá que devolver.

F. A. ¿Pero usted no ha sido condenado a indemnizar a la demandante con alguna cantidad?

E. P. No, no.

F. A. ¿Con 29.169 pesetas?

E. P. Yo no las he pagado, por lo menos. No sé si habrá alguna cosa de costas o alguna cosa, pero quiero decirle...

F. A. Señor Peralta, antes no nos dijo usted la verdad y eso es pecado, no sólo es que ha mentido a la comisión. Antes nos dijo usted que había conciliación y no sentencia. Hay sentencia de abril de 2001 en la que se le condena a usted a pagar a la demandante una cantidad. Muchas gracias.

E. P. De nada.

Diputados de todos los grupos parlamentarios, también del PP, criticaron ayer la declaración del ecónomo con un argumento incontestable: ‘Si ha sido capaz de mentir ante esta comisión de investigaciójn por sólo 29.169 pesetas, ¿qué no habrá sido capaz de hacer por 1.000 millones?’.

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El Arzobispado de Valladolid adeuda desde 1998 cuatro meses de salarios a 79 profesores de religión

JUAN G. BEDOYA. Madrid. Diario "El País", Jueves, 4 de octubre de 2001

Se sienten robados, pero no saben por quién. Y tienen tanto miedo a represalias que ni siquiera han llevado a los tribunales al Arzobispado de Valladolid, como aconsejó un juez a los 20 profesores de religión que reclamaron en 1999 sus salarios al Ministerio de Educación en un juzgado de lo social en Valladolid. El resto, hasta 79 docentes de Primaria en colegios públicos de esa provincia, ni se han movilizado por lo que CC OO califica como una ‘apropiación indebida’ de 50 millones de pesetas en salarios transferidos por el Estado a la diócesis para pagar las nóminas del primer cuatrimestre del curso 1998-1999. La Federación de Enseñanza de CC OO acusó ayer al arzobispado de especular en Gescartera con esos 50 millones que aún debe a su profesorado.

‘Entre el sueldo de aquellos cuatro meses de 1998 y el de toda mi vida, me quedo con el de toda mi vida’, dijo uno de los docentes afectados. Su resignación es menor que el miedo: no sólo pidió al periodista que callara su identidad, sino que pretendía ocultar incluso el nombre de la diócesis. Los obispos deciden cada año a qué profesores de religión mantienen el empleo, y algunos lo han perdido por reclamar judicialmente sus derechos.

El Arzobispado de Valladolid achacó ayer el origen de este conflicto al Ministerio de Educación y dijo que la solución está pendiente de ‘conversaciones entre las autoridades educativas y la Conferencia Episcopal Española (CEE)’. En cambio, Educación asegura que pagó en su momento a la CEE esos salarios, y que, por tanto, corresponde al episcopado resolver el problema. Que Educación pagó se constata, además, en una respuesta que el anterior Defensor del Pueblo Fernando Álvarez de Miranda ofreció a un docente que acudió a esa institución en busca de amparo. ‘Respecto a la falta de percepción de sus retribuciones, correspondientes al período septiembre/diciembre de 1998, este ministerio solamente puede indicar que la cuantía del crédito presupuestado en 1998 fue transferida en su totalidad a la Conferencia Episcopal, no pudiendo considerarse en consecuencia afectado por el problema’, dice el documento del Defensor del Pueblo al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Las disculpas

Las disculpas del Arzobispado de Valladolid saltan por los aires, también, porque otras diócesis, incluida la de Madrid, que dirige el cardenal Antonio María Rouco, presidente a su vez de la CEE, sí pagaron aquellos salarios, aunque con retraso. Otros obispos lo hicieron después de perder varios pleitos. El caso más resonante se produjo en el Arzobispado de Valencia, donde 22 profesores de religión, casi todas mujeres, acudieron al Juzgado de lo Social nº 12, que el 1 de marzo de 2000 falló a su favor, no sin antes advertir de que las administraciones demandadas -el Ministerio de Educación y la Generalitat de Valencia-, dijeron por separado no sentirse concernidas y que, por tanto, la demanda debía dirigirse contra la Conferencia Episcopal, según Educación, y contra el Arzobispado de Valencia, en opinión de la Generalitat.

La citada sentencia obligó a Educación a pagar los salarios atrasados, ‘todo ello sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar el Estado frente a la Autoridad Eclesiástica en el caso de que se haya producido por parte de ésta un enriquecimiento sin causa por no haber dado destino a las subvenciones percibidas’. [El Gobierno reconoció en mayo pasado que en aquella fecha había pendientes de ejecución 20 sentencias firmes que afectaban a 887 profesores de religión, con indemnizaciones superiores a los 4.866 millones de pesetas].

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El Arzobispado de Valladolid especulaba a corto plazo en su cuenta de Gescartera

El ecónomo ingresaba entre 15 y 55 millones cada pocos días, aunque lo negó en el Congreso

PILAR MARCOS, JAVIER MORENO. Diario "El País", Madrid Lunes, 8 de octubre de 2001

‘Yo creo que invertir en Bolsa no es especulación’, aseguró el ecónomo del Arzobispado de Valladolid, Enrique Peralta, en su comparecencia del pasado lunes ante la comisión parlamentaria que investiga la estafa de Gescartera. Argumentó que las empresas que cotizan en Bolsa crean empleo. Lo que no dijo es que el dinero que él fue depositando en Gescartera desde agosto de 1996, en ocasiones cada pocos días y por importes de entre 15 y 55 millones de pesetas, se dedicaba a la compra-venta de acciones en Bolsa en un mismo día o, excepcionalmente, en pocos días. El Arzobispado colocó en Gescartera un total de 1.113 millones de pesetas y sacó, en distintos plazos, 1.255,4 millones. Ganó 142,4 millones en menos de tres años.

Enrique Peralta dijo en el Congreso que la inversión del Arzobispado de Valladolid en Gescartera fue en renta fija y con una rentabilidad del 10%, ‘inferior a la del mercado’. Después apostilló que él invierte en Bolsa todo lo que puede y en lo que le ofrece ‘en cada momento más posibilidades’ También aseguró que la primera entrega de dinero que hizo a la sociedad de Antonio Camacho fue de 15 millones de pesetas y que no es cierto que realizara ingresos millonarios cada 15, 20 o 25 días. Y remachó que tenía información trimestral de sus inversiones en Gescartera y que siempre estuvo perfectamente conforme con ella.

Pues según esa información, tal y como ha llegado a la comisión parlamentaria de investigación del escándalo de Gescartera, la inversión del Arzobispado fue, en su práctica totalidad, en renta variable y en operaciones de compra-venta a muy corto plazo, casi siempre un día. La primera entrega, además, no fue de 15 millones de pesetas sino de 100 millones. Y los ingresos sí se produjeron, como muestra el cuadro, cada pocos días, aunque todo esto lo negara el ecónomo.

En noviembre y diciembre de 1996, Peralta hizo cinco ingresos de entre 20 y 50 millones. El 2 de enero de 1997, realizó dos entregas, una de 25 millones de pesetas y otra de 35 millones. Cinco días después ingresó otros 50 millones de pesetas. Las aportaciones se espacian en su frecuencia hasta el otoño de ese año, pero en los dos meses que van desde el 30 de septiembre al 24 de noviembre, Enrique Peralta ingresa en Gescartera 230 millones en cinco cuotas. Otro detalle curioso es que mientras los ingresos, con dos excepciones -el 3 de enero de 1998 y el 22 de enero de 1999-, reflejan cifras redondas en millones de pesetas, las retiradas de fondos llegan al detalle de la peseta. ¿De dónde vienen esos sistemáticos ingresos millonarios? Ésta fue una pregunta recurrente de los diputados al ecónomo, antes incluso de tener la prueba documental, aportada por la CNMV, que llegó posteriormente a la Comisión Gescartera. Peralta contestó que procedían de ‘letras del Tesoro, principalmente’. ‘¿A ese nivel y con ese escalonamiento?’, preguntó Felipe Alcaraz, de IU. ‘Posiblemente sí, porque ordinariamente yo busco el escalonamiento’, replicó Peralta, quien subrayó que ‘de ninguna manera’ se trataba de dinero ‘procedente de la aportación del Estado’. Fuentes de distintos grupos de la oposición calificaron ayer de ‘imposible’ e ‘increíble’ que el Arzobispado de Valladolid contara con tantísimas letras del Tesoro como para liquidar en tan pocos días esas cantidades millonarias.

Además, sería posible que todos esos ingresos, retiradas de dinero, así como las operaciones de compraventa de acciones, fueran absolutamente falsas. Por ejemplo, el ecónomo Peralta dijo que ‘creía’ que en esas fechas todas las operaciones se hacían a través de Bankinter, pero en la documentación que ha llegado al Congreso los gastos de custodia están apuntadas a la empresa Link Securities. Pero el ecónomo del Arzobispado de Valladolid se esforzó durante toda su comparecencia en dar credibilidad a la información que le daba Gescartera y a criticar ‘la encerrona’ a la que, a su juicio, le sometió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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Los obispos exigieron en 1998 excluir a los profesores de religión de los convenios colectivos

El Gobierno se escudó en CiU para no reformar a fondo la enseñanza de la religión

JUAN G. BEDOYA, Madrid. Diario "El País", Lunes, 8 de octubre de 2001

Entre los compromisos arrancados al Gobierno del PP en 1998 por la Conferencia Episcopal Española se encuentra el de excluir a los profesores de religión de toda ‘posibilidad de negociaciones de convenios colectivos’, según la ‘pro-memoria’ redactada tras la reunión entre el obispo responsable de la negociación y el secretario general del Ministerio de Educación. En la misma reunión, el Ejecutivo comunicó a los prelados que sus exigencias sobre la asignatura alternativa a la religión no serían atendidas en ese momento por falta de apoyo de los nacionalistas catalanes.

Sin el apoyo de ‘todos los socios’ no habrá decreto, respondió en septiembre de 1998 el Ministerio de Educación a los obispos cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) insistió, por escrito, en cambiar el carácter de la asignatura alternativa a la religión en los colegios públicos. El presidente del Gobierno, José María Aznar, se había comprometido al cambio, elevando el rango de la materia a impartir a los alumnos en el mismo horario que la clase de religión -algo más serio y exigente que ‘el parchís’, resumió el líder del PP en la campaña electoral anterior-, pero su intención tropezó con los resultados de las urnas y la realidad educativa.

Lo cierto es que, según la ‘pro-memoria’ que levantó acta de lo tratado aquel día, bajo el apartado de Nuevo decreto que regule la enseñanza de la religión, aparece la siguiente frase: ‘El secretario general del MEC [Ministerio de Educación y Ciencia] afirma que no se ha producido compromiso de apoyo al proyecto de nuevo decreto de religión por parte de los socios de Convergencia. Necesitan la seguridad del respaldo de todos los socios para presentar el decreto’.

La firma de Rajoy

Las negociaciones para cambiar radicalmente el régimen laboral y económico de los profesores de religión -fijado por los diferentes Ejecutivos de UCD y del PSOE- se concretaron el 22 de septiembre de 1998 por el obispo Antonio Dorado, en aquella fecha presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis en la CEE [ahora lo es el arzobispo de Granada, Antonio Cañizares], y el entonces secretario general de Educación, Eugenio Nasarre. Cuatro meses después, los ministros de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y de Educación, Mariano Rajoy [actual vicepresidente primero del Gobierno], rubricaban un acuerdo que cambiaba la relación laboral y económica de los docentes de catolicismo, a partir de entonces contratados y pagados por la Administración del Estado, aunque designados cada año por el obispo de cada diócesis. El acuerdo fijaba un plazo de cuatro años para la equiparación salarial de ese profesorado con los del resto del sistema educativo, además de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.

La negociación no había sido fácil y ha dado pie a varias interpretaciones, según se consulte a una u otra parte de la mesa. Así, frente a la tesis de Educación de que era imprescindible ‘proceder al encuadramiento de dicho profesorado en el régimen general de la Seguridad Social’, numerosos prelados dijeron claramente que preferían que esos docentes siguieran como trabajadores por cuenta propia o autónomos, lo que, sin duda, hubiera evitado, argumentan ahora, muchos pleitos. En cambio, Educación se mantuvo firme, poniendo por testigo, a su vez, ‘las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo y otros tribunales a favor de los actuales profesores de religión de educación primaria tanto en sus aspectos retributivos como en los de la Seguridad Social’.

Un informe pedido por Educación para avalar sus posiciones ante el obispo Dorado -las cartas intercambiadas entre Nasarre y este prelado no dejan lugar a dudas-, señaló al respecto que era inviable otra opción que la de incluir a los docentes de religión en la Seguridad Social por ‘exigencia del Estatuto de los Trabajadores’ y por la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo respecto a que ‘la relación jurídica que vincula a dicho personal docente es de carácter laboral’. Lo firmaba el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, actual ministro de Trabajo. ‘El mismo MEC será el empleador de todos esos profesores hasta que sean objeto de traspaso a las CC AA [comunidades autónomas] como es el caso de los trabajadores de religión del bachillerato’, subraya la citada ‘pro-memoria’ Es el punto cuatro de esa ‘promemoria’, en su letra E, el que especifica como ‘compromiso del Ministerio de Educación’, que en la redacción del nuevo convenio ‘se deben buscar las fórmulas jurídicas necesarias [para] que, al ser un convenio en cumplimiento del acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, no tenga lugar la posibilidad de negociaciones de convenios colectivos para este profesorado’.

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Un docente de Canarias supo por la prensa que el obispado le ha despedido

J. G. B. Madrid. Diario "El País", Lunes, 8 de octubre de 2001

Rafael Ramírez Santana, profesor de religión en el colegio público Arnao, de Telde (Gran Canaria) se enteró de que está despedido por el obispado de Las Palmas cuando este periódico le llamó para pedir su opinión sobre esa circunstancia. Ramírez daba clases en ese centro desde el 9 de abril de 1991 y ganó el 15 de junio de 1998 un pleito a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que fue condenada ese día por un juzgado de lo Social a hacer fijo e indefinido a este trabajador. Otros siete docentes ganaron en la misma fecha igual derecho laboral.

‘En las propuestas que ha mandado el obispado no figura ese señor’, dijo el viernes pasado a EL PAÍS el viceconsejero de Educación del Gobierno canario, Fernando Hernández, en referencia a Rafael Ramírez. ‘Nosotros no podemos proponerlo por mucha sentencia o fijeza que tenga en su contrato’, añadió. Aunque la sentencia fue recurrida por el Ejecutivo canario, el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma la confirmó en todos sus términos. La resolución judicial ya es firme. Se da la circunstancia de que Rafael Ramírez es, además, delegado del Comité de Empresa de la Consejería de Educación por la provincia de Las Palmas y dirigente de la Intersindical Canaria-Confederación Canaria de Trabajadores.

Como todos los años

Ramírez se incorporó al trabajo en el colegio Arnao a comienzos de curso, a mediados de septiembre pasado, y dio varias clases, pero el jueves pasado no pudo hacerlo al comunicarle el director del centro una ‘instrucción’ del Gobierno canario prohibiendo ‘impartir clases [a ningún profesor] si no acredita su nombramiento’. La orden, firmada por el director general de Personal, salió de la Consejería de Educación el día 28 de septiembre [registro de salida número 186814], y llegó a los institutos a primeros de este mes. Algunos directores ni siquiera dejaron acceder a los docentes a las instalaciones. En el caso de Ramírez, no impartió clase, pero sí entró en el centro y entregó al director la sentencia judicial que le proclama como trabajador ‘fijo e indifinido’.

El viceconsejero Hernández cree que se ha dramatizado la orden del director general de Personal porque ‘es la de todos los años’. No explicó por qué se libró casi 15 días después de iniciado el curso escolar y achacó a los obispos el que en algunos colegios se hayan presentado dos profesores para el mismo puesto de trabajo. La consejería, dijo, sólo trató de evitar que se presenten como profesores personas que no disponen de la titulación necesaria, lo que al parecer ha ocurrido en varias ocasiones. Además de la declaración eclesiástica de idoneidad (DEI), los docentes de religión propuestos por la Iglesia y contratados y pagados por el Estado deben ser licenciados en el caso de la enseñanza secundaria, y maestros en el de primaria. Los obispos han propuesto este año 260 profesores de secundaria y 700 de primaria para los mil institutos que tiene Canarias.

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El PP pierde todos los apoyos en el debate sobre los profesores de religión

Coalición Canaria achaca los problemas a los acuerdos de 1999

JUAN G. BEDOYA. Madrid, Diario "El País", Miércoles, 10 de octubre de 2001

El Gobierno perdió ayer en el Senado el apoyo de Coalición Canaria y ya está solo en la batalla parlamentaria en torno a los acuerdos de 1999 entre España y el Estado de la Santa Sede que, según la interpretación de los obispos, permiten despedir a los profesores de religión en los colegios públicos sin ningún miramiento laboral. CiU, PNV, BNG e IU se alinearon con el PSOE para pedir la revisión del acuerdo.

La mayoría absoluta del Grupo Popular bloqueó la moción que pedía en el Senado la revisión del acuerdo suscrito en 1999 por el Gobierno con la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero la propuesta del Grupo Socialista obtuvo el apoyo de los parlamentarios de CiU, PNV y Grupo Mixto, además de la abstención de los seis senadores de Coalición Canaria, único socio del PP que todavía no se había desmarcado del Ejecutivo. El Gobierno de Canarias, que lidera este grupo político, tiene en este comienzo de curso escolar varios conflictos por el complicado encaje legal y laboral de los docentes católicos en el sistema educativo e, incluso, ha suspendido las clases religiosas en numerosos institutos de enseñanza secundaria del archipiélago.

El PSOE achaca la actitud de los obispos a lo pactado por el PP en 1999 y el senador canario Venancio Acosta Padrón propuso volver a acuerdos anteriores a esa fecha. Fue Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, quien aceptó en 1999, siendo ministro de Educación, que el Estado se hiciera cargo de la contratación y los salarios de los docentes del episcopado -unos 18.000 este curso-, propuestos por las diócesis. La Iglesia calificó entonces como ‘esenciales’ aquellos cambios.

‘Consideramos que se deben respetar los derechos laborales de los profesores con el fin de evitar problemas como los que se plantean en estos momentos’, dijo Acosta Padrón. El ponente de la moción, Manuel Fernández Zanca, del PSOE, había reclamado la revisión del convenio para ‘eliminar cualquier posibilidad de que los obispos lo interpreten con criterios contrarios a los derechos fundamentales que consagra la Constitución’.

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