Contenido de esta sección:

RECORTES

El gobierno de las universidades públicas

JUAN URRUTIA Y AURELIA MODREGO. Diario "El País", Viernes, 6 de julio de 2001

Juan Urrutia y Aurelia Modrego son ex presidente y ex secretaria del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid.

Acercarse a la reforma universitaria desde una perspectiva totalizadora, tratando de recomponer un completo rompecabezas mediante un texto legal único, es un intento inútil. Lo práctico sería, más bien, identificar una variable clave y dejar que las diversas administraciones autonómicas competentes en esta materia y las propias universidades, amparadas en su autonomía, hagan su trabajo experimentador y de fomento de la competitividad.

A nuestro juicio, la variable clave es el gobierno de la universidad. Es cierto que otras variables, como la financiación o la endogamia, podrían considerarse como claves, pero creemos que éstas podrían encauzarse correctamente al socaire de un buen gobierno universitario. Si se tiene en cuenta que la mayoría de las reacciones al proyecto de la nueva Ley Universitaria subrayan este asunto del gobierno, no parece que nuestra propuesta esté fuera de lugar. Las pocas voces que se han escuchado desde las administraciones autonómicas han denunciado la intromisión del proyecto de ley en sus competencias exclusivas. Los Consejos Sociales, con un deseo admirable de ayudar, han pedido (y obtenido en el anteproyecto) una ampliación de sus competencias y una mejor definición de su cometido. La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), que cuenta, con todo el poso del Informe Universidad 2000, o informe Bricall, ha preferido no hacer uso de él y centrar sus críticas al primer borrador del proyecto de ley en esta materia del gobierno de la universidad, expresando su resentimiento ante la propuesta de que en el Consejo de Gobierno haya un ‘tercio externo’, que interpretan como una posible injerencia en la autonomía universitaria, injerencia que confundiría, según ellos, el gobierno de la Universidad con el control económico, propio del Consejo Social. Y, finalmente, el escrito de 300 catedráticos y titulares encabezados por Gabriel Tortella, catedrático de Historia Económica, critica al ministerio por timorato y ofrece una sugerencia detallada para poner en marcha el gobierno de los mejores, es decir, un gobierno en el que sus diferentes órganos, unipersonales o colectivos, estén copados por los profesores que hayan demostrado una mayor y continuada excelencia académica.

Nuestra estrategia en este breve artículo consiste en criticar la iniciativa Tortella y la protesta rectoral y proponer, como aportación al debate sobre la nueva Ley Universitaria, que las comunidades autónomas y las universidades, en el uso de su autonomía respectiva, experimenten nuevas formas de gobierno que den entrada a personas externas al mundo académico.

La iniciativa Tortella propone que ‘el mérito sea la base del gobierno de la Universidad’. (EL PAÍS, 9 de junio). Es difícil poner alguna objeción a la conveniencia de implicar a los profesores que posean el mayor nivel de excelencia en el gobierno de la institución universitaria, ya que es un hecho que la calidad de la Universidad depende, en buena parte, de la de su profesorado y que en éste radica la fuente de innovación y renovación. Sin embargo, paradójicamente, los individuos inteligentes no siempre generan organizaciones inteligentes. Betty Zucker, especialista en gestión del conocimiento, advierte claramente que ‘las universidades son aglomeraciones de personas lúcidas, pero no son ejemplos de lucidez colectiva’, y añade contundente que, ‘debido a la falta de circulación de conocimientos, la Universidad como totalidad no es inteligente’. Esta afirmación pone de manifiesto que, en organizaciones como las universidades, donde el conocimiento es la principal materia prima, la inteligencia organizativa ha de ocupar un lugar protagonista. En otras palabras, la meritocracia no es condición suficiente para la mejora significativa del gobierno de las universidades.

A nuestro juicio, el gobierno de los mejores ni tan siquiera es necesario. Lo que realmente necesitan las universidades públicas es constituirse en verdaderas organizaciones inteligentes, capaces de gestionar el trabajo creativo de la comunidad académica y hacerlo en el contexto de una estrategia clara, bien definida y participativa, que optimice la capacidad competitiva de cada una de ellas. Nuestra previsión es que, si esto se consigue, los mejores profesores y los investigadores más cualificados podrían dedicar más tiempo y atención a aquello en lo que destacan y aceptarían, con menos reticencias que hoy, colaborar en aquellas tareas organizativas donde su ayuda pudiera resultar de utilidad. En este punto la reacción de la CRUE es especialmente decepcionante. Jugar con la participación de la sociedad en el Consejo de Gobierno como moneda de cambio a utilizar en la negociación con el ministerio e involucrar en ese juego el derecho constitucional a la autonomía es no entender el problema y revestirse de grandes principios para justificar la miopía propia. Esta reacción plantea serios interrogantes sobre las verdaderas intenciones de los rectores y una cierta sensación de que pueden primar intereses corporativos y pereza institucional más que el genuino deseo de renovación.

Frente a la meritocracia no necesaria, y frente a la sospecha de corporativismo, nosotros pensamos que el futuro de las universidades públicas españolas pasa por la reforma de su arquitectura institucional, que dé paso a la posibilidad de crear un ambiente en el que, por una parte, se optimice la producción de bienes intelectuales y, por otra, se preste especial atención a obtener los beneficios asociados al indiscutible valor potencial de los mismos. Pero, para conseguir esta forma de organización inteligente, nos parece absolutamente necesario que haya una amplia presencia de la sociedad en el ámbito universitario. Es bien cierto que la experiencia general de los consejos sociales no supone una inyección de optimismo, ya que la labor por ellos realizada se ha limitado, en la mayoría de los casos, a una mínima supervisión económica, condicionada habitualmente por acuerdos previos de los órganos académicos con los responsables políticos, que son los que nombran a los miembros no académicos de los consejos sociales. Este galimatías persistirá aunque se les asignen más funciones, tal como hace el anteproyecto, a menos que se plantee la necesidad de tomarse en serio, no tanto el control o la supervisión, sino el gobierno de la Universidad. Sería una experiencia de gran calado que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno pudiera estar formado por personas que hayan demostrado sus conocimientos en la gestión empresarial de actividades creativas. En este sentido, y como ejemplo, nos parecería más pertinente un productor de cine que un miembro del Consejo Social nombrado por razones de equilibrio político por el correspondiente legislativo autónomo. No es necesario que estos miembros del Consejo de Gobierno sean miembros del Consejo Social o dependan de él, ni tampoco es necesario que se les considere miembros de la comunidad universitaria. Sí creemos necesario que a este ‘tercio externo’ se les nombre y se les incentive con estrictos criterios profesionales y se les encomiende la organización y supervisión de la gestión general, las relaciones con el entorno, la administración de las finanzas y, sobre todo, los procesos de puesta en valor de la producción intelectual universitaria.

Es claro que cualquier iniciativa a este respecto debería ser totalmente respetuosa con la autonomía universitaria, de manera que sea cada universidad la que, dentro del marco que le proporcione la Ley Universitaria, defina la forma más útil para aprovecharse de las ventajas de poder decidir sobre su propia estructura organizativa. Creemos que el peligro de que todas las universidades se confabulen para cerrar la puerta al aire fresco de una organización inteligente propiciada por la iniciativa social es prácticamente inexistente. Desaparecería totalmente en cuanto la primera universidad pública se decidiera a lanzarse por el camino que aquí apuntamos. La competencia entre ellas contagiaría a las demás y, de esta forma, la organización interna se convertiría en una verdadera variable competitiva.

Puesto que pensamos que lo esencial es que se abran cauces para que las universidades puedan competir entre sí, es crucial abrir el gobierno de las instituciones universitarias a la sociedad civil. A este fin, nos gustaría resaltar la importancia de que cada comunidad autónoma se aproveche de sus centros universitarios ofreciéndoles incentivos para ser competitivos. Y para conseguir esto no hace falta hacer nada. Hace falta dejar de hacer y dejar hacer. Es preferible no ser reglamentista en el ‘tercio social’ y recordar a quienes corresponda, comunidades autónomas y universidades, que éstas pueden llegar a ser rentables, que, si lo son, atraerán a los mejores y que, con la ayuda de éstos, empezarán a cumplir con sus verdaderos objetivos de calidad en la enseñanza y la investigación.

Volver al principio del artículo            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

La nueva Ley Universitaria obliga a los rectores a dejar su cargo y a convocar elecciones

Cada universidad deberá afrontar dos campañas electorales en menos de dos años

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Madrid, Diario "El País", Miércoles, 11 de julio de 2001

El anteproyecto definitivo de Ley de Universidades establece en sus disposiciones transitorias que los rectores de 48 universidades públicas deben abandonar su puesto y convocar elecciones por sufragio universal directo ponderado como máximo a los seis meses de que se apruebe la norma. Cada Junta de Gobierno establecerá la ponderación de votos (de alumnos, profesores y personal administrativo). Las universidades vivirán una revolución de dos años: tendrán que crear un claustro provisional antes de seis meses, elaborar unos estatutos antes de nueve, mandarlos al Gobierno autonómico para su aprobación y convocar elecciones a claustro y otras a rector, según los estatutos.

El apretado calendario que marca la nueva ley a las universidades establece que los rectores que sean elegidos en los primeros seis meses después de que se apruebe la norma no durarán en su cargo más de dos años. Los 48 rectores de las universidades públicas (todas, excepto la UIMP y la Internacional de Andalucía por sus especiales características) deberán convocar en ese plazo comicios en sus campus con sus respectivas campañas electorales. A su vez, algunas de esas universidades habrán convocado elecciones unos meses antes debido a la conclusión del mandato de sus rectores actuales. Estas últimas universidades se someterán, por tanto, a tres procesos electorales seguidos.

Los rectores reaccionaron ayer de forma contundente: consideran ‘innecesaria tanta premura’ y algunos opinan que ‘este cese es una venganza del Gobierno por haberse opuesto a su proyecto’. El texto definitivo de anteproyecto de la Ley de Universidades -que consta de 56 páginas con 87 artículos, 18 disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y cinco finales- está siendo revisado actualmente por el Consejo de Estado y será presentado este mes, presumiblemente el día 20, al Consejo de Ministros para su aprobación.

Tras el trámite parlamentario, se calcula que la ley puede estar aprobada en la primavera de 2002. Algunos aspectos, como la elección de rector, se aplicarán inmediatamente, mientras que otros, como el nuevo acceso a la universidad (se eliminará la selectividad y se organizarán pruebas por centros), no entrarán probablemente en vigor hasta el curso 2003-2004 para dar tiempo a las universidades a organizarse.

Éstos son los aspectos principales de las disposiciones transitorias y adicionales incluidas por el Gobierno en el texto presentado al Consejo de Estado, hasta ahora desconocidas por las universidades:

‘Una venganza’

Cuatro rectores calificaron ayer las ‘novedades’ de la ley como ‘una venganza del Gobierno’ por haber rechazado su proyecto e incluso ‘una animalada’. El vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Ignacio Berdugo, aseguró que ‘al destituir a los rectores se está rechazando la legitimidad a los actuales órganos democráticos de las universidades, así como la de los claustros actuales, a los que no se deja que adapten los estatutos al nuevo marco legislativo, lo que sería más razonable’. Los rectores consultados denunciaron que no se ha tenido en cuenta que cada universidad debe compaginar las elecciones con su propia situación. Algunos habrán sido elegidos unos meses antes de entrar en vigor la ley.

‘Estas medidas están poco meditadas y son disfuncionales, enredan aún más una situación ya de por sí complicada’, añadió Berdugo. ‘Es además poco correcto que no se haya sabido este aspecto hasta ahora, que haya permanecido oculto’. Algunos rectores sostuvieron que la ministra Pilar del Castillo ‘pretende tener a las universidades entretenidas reorganizándose durante los dos años que le quedan a ella en el Gobierno’.

Berdugo puso en duda que el Gobierno haya comprobado si hay precedentes de este sistema de elección y si funciona. ‘El único caso que hay de elección del rector por este sistema es el de la Universidad de San Carlos de Guatemala y allí explican que es un auténtico lío’, afirmó el vicepresidente de la CRUE.

Volver al principio del artículo            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Del Castillo acusa a los rectores de ‘exceso de protagonismo’ por sus quejas sobre la ley

El PSOE presentará una enmienda a la totalidad de la norma universitaria

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Madrid, Diario "El País", Jueves, 12 de julio de 2001

El Gobierno considera que los rectores pecan de ‘exceso de protagonismo’ con sus quejas sobre el anteproyecto de Ley de Universidades ‘porque en el sector universitario hay muchos otros actores’, según manifestó ayer la titular de Educación, Pilar del Castillo. La ministra respondía así a las quejas de los rectores al saber que el ministerio ha incluido en la ley una disposición transitoria que señala que todos ellos deben dejar su cargo y convocar elecciones en cuanto se apruebe la ley. Varios rectores reiteraron ayer que se trata de una ‘sanción’ del Gobierno, ‘una medida lamentable’ y ‘nada respetuosa con las universidades’. El PSOE anunció que presentará una enmienda a la totalidad del proyecto.

La ministra de Educación justificó que las disposiciones transitorias no se expusieron al Consejo de Universidades porque un borrador no tiene por qué incluirlas ni tampoco la exposición de motivos. El texto íntegro que está en el Consejo de Estado se puede encontrar en (www.elpais.es).

Los socialistas han criticado duramente la medida: ‘Se pretende poner partas arriba las universidades dando prioridad a intereses políticos y particulares por encima de los sociales y culturales de la universidad, y de su fin como servicio público’, señala la responsabe de la Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. ‘El Gobierno tiene que retirar esta ley hecha en estricta soledad. Una ley debería mejorar la universidad y no castigarla’.

Los rectores, que se reunirán mañana para debatir este tema, están la mayoría ‘indignados’. El rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Peces-Barba dice que le han ‘sorprendido el contenido de las disposiciones porque la ministra no hablado de ello’. ‘No es necesario hacer esto y sólo por el hecho de que pueda parecer una venganza o una sanción contra los rectores por oponerse a la ley debería ser motivo suficiente para no hacerlo. Si tienen sentido común, deberían eliminarlas’.

También el rector de la Universidad de Autónoma de Barcelona, Carles Solà, es contundente: ‘No tiene justificación. Estas cosas hay que hacerlas con normalidad y con respeto y no con un cambio violento. Es insólito que el Gobierno se dedique a hacer estas cosas y no planes para aumentar la financiación y las becas’.

Para el rector de la Universidad de Oviedo, Juan Antonio Vázquez, ‘es una medida arrogante, cuando lo que se necesita es legitimar la ley’. Dice que hay además ‘una especie de malentendido general: no se trata de que los rectores estemos defendiendo el puesto, estamos trasladando lo que las universidades han dicho: no ha habido un solo claustro que se haya manifestado a favor de la ley’. Vázquez añade que ‘el cese de los rectores tiene una vertiente jurídica dudosa que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica de los elegidos y de los electores’ y que ‘el corte de dos años es tremendo para la universidad’.

En este último aspecto insiste el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar:

‘Las disposiciones adicionales es algo que el Gobierno tenía que haber debatido en profundidad con todos. Las universidades tenemos 1,5 millones de alumnos que tienen que aprender y da la impresión de que esto no se ha tenido en cuenta al decidir ponerlas patas arriba durante dos años’.

Volver al principio del artículo             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Universidad, meritocracia y mercado

GABRIEL TORTELLA. Diario "El País", Viernes, 13 de julio de 2001

Gabriel Tortella es catedrático en la Universidad de Alcalá.

Yo no sé si la nueva Ley Universitaria dará buenos resultados; pero nadie negará que ha provocado debate, lo cual es ya bueno en sí mismo, porque indica, primero, que el tema interesa, y segundo, que no se dan ya el conformismo o la desesperanza que tan típicos eran años atrás. Hoy somos muchos los que pensamos que, por mal que estén las cosas, un enderezamiento es posible.

La Universidad es un tema complejo, donde se mezclan lo público y lo privado, la ideología y la ciencia, el desinterés y el afán de lucro, las relaciones intergeneracionales, la tradición y el futuro, la autoridad y la igualdad. Todos los problemas están imbricados, y las soluciones parciales pueden ser contraproducentes por sus efectos colaterales. Sin embargo, ha sido el problema de cómo deban gobernarse las universidades el que más se ha discutido, y a él han dedicado un meditado artículo en estas páginas (6 de julio de 2001) los profesores Juan Urrutia y Aurelia Modrego (de ahora en adelante, UyM). En él se sostiene que, frente al gobierno meritocrático propuesto en una carta abierta a la ministra de Educación (publicada también en EL PAÍS, 9 de junio de 2001) firmada por más de 300 profesores -hoy son ya más de 500-, entre los que me cuento, y la posición más bien irreductible de la Conferencia de Rectores, existe una tercera postura que podríamos llamar ‘liberal’, en cuanto propugna que las universidades compitan, para lo que ‘hace falta dejar de hacer y dejar hacer’.

Coincido mucho con UyM; en especial, creo que invocar la tan cacareada autonomía universitaria, como hacen los rectores para justificar el inmovilismo y el compadreo, es, como dicen UyM, ‘revestirse de grandes principios para justificar la miopía propia’. A este respecto vale la pena citar las palabras proféticas de Unamuno en las Cortes de la República: ‘Llevo cuarenta años de profesor y sé lo que serían la mayor parte de nuestras universidades si se las dejara en plena autonomía y cómo se convertirían en cotos cerrados para cerrar el paso a los forasteros’. Pero lo que alarmaba a Unamuno no les parece mal a los rectores de hoy. La Universidad endogámica va bien, nos dicen, y la prueba es que nosotros estamos aquí: ¿cómo puede pensarse que va mal, si nos ha elegido? Bien señalan UyM que esto revela entrega a ‘intereses corporativos y pereza institucional’.

También se proponen UyM ‘criticar la iniciativa de Tortella’; es decir, de la carta abierta suscrita por varios centenares de profesores, muchos de ellos con mayores méritos que yo. Su crítica está bien fundada (escribo, por supuesto, en nombre propio exclusivamente). Los mejores investigadores pueden no ser los mejores gestores, incluso es probable que no lo sean. Pero si exigimos una cierta ejecutoria científica a los gestores universitarios estamos al menos requiriendo de ellos una cierta sensibilidad hacia cuestiones profesionales hoy relegadas por los equipos rectorales; no se pide que sean los mejores investigadores los que administren las universidades: muy probablemente, además, no querrán hacerlo; pero demandamos una mínima ejecutoria que por lo menos garantice una solvencia profesional y justifique un respeto que hoy brillan por su ausencia en la mayoría de los casos.

En cuanto a la competencia entre universidades, el tema es más complejo de lo que admiten UyM. Sin duda tienen en mente el modelo de Estados Unidos, tan justamente admirado. Pero creer que simplemente no haciendo nada, dejando hacer, vamos a tener aquí unas versiones ibéricas de Harvard, Yale, Chicago, Princeton y Stanford compitiendo entre sí, me parece tan ingenuo como lo que me dijo en tiempos de la LRU un director general, sociólogo brillante y columnista de este periódico: ‘Vamos a hacer que compitan las universidades, y las malas se van a hundir’. Dieciocho años más tarde, las malas no sólo no se han hundido, sino que se han multiplicado por tres. Esperar que un grupo de universidades subvencionadas por las comunidades autónomas vayan a competir entre sí, a disputarse los mejores profesores y los alumnos descollantes, es de un candor encomiable, pero quizá excesivo en un científico social. La justa y sombría prognosis de Unamuno parece mucho más verosímil.

Y es que la transición al mercado no es tan sencilla como pensaban los redactores de la LRU y como parecen pensar UyM. Si no se calibra bien el camino a recorrer, y se hacen las cosas a medias, como hizo la LRU, en lugar del modelo de mercado norteamericano nos encontraremos con el ruso. Los rusos también pensaron que la transición al mercado podía hacerse al buen tuntún, de manera embarullada e incompleta, y que la competencia era una planta que crecía espontáneamente. Lo que siguió fue un pillaje de lo público por lo privado de dimensiones colosales. Esto es un poco lo que ha ocurrido en la Universidad española en los últimos decenios. Bienvenida sea la competencia entre universidades: pero meditemos bien cómo llegar a ella, porque el optimismo irreflexivo ya nos ha hecho dar un buen traspiés. El camino que queda por recorrer en España hasta el libre mercado universitario es largo y está lleno de obstáculos. Es dudoso que la clave esté en la mecánica del gobierno académico.

En realidad, lo importante no es legislar cómo deban gobernarse las universidades, incurriendo una vez más en la manía normativa tan española, sino idear un sistema de estímulos que premie a las bien gobernadas y penalice a las mediocres. Sin menoscabo de la sacrosanta autonomía, se puede subvencionar con generosidad a aquellos grupos, departamentos o facultades que muestren ejecutorias sobresalientes, según evaluaciones objetivas por agencias independientes. Esto es posible, y en España se han hecho ya experiencias serias de este tipo, que vale la pena extender y ahondar. ‘Dejar de hacer y dejar hacer’, como quieren UyM; pero premiando la excelencia. Hasta ahora, en España, la financiación pública ha anulado los efectos optimizadores del mercado. Instituyamos mecanismos por los que no sólo no los anule, sino que los refuerce. La estructura de gobierno de las universidades será entonces una cuestión secundaria.

Volver al principio del artículo             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Los rectores se rebelan contra el Gobierno por la ley que les obliga a dejar el cargo

Todas las universidades harán público un manifiesto de respuesta en sus aperturas de curso

Todos los rectores de las universidades españolas se rebelaron ayer contra la obligación, impuesta por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Universidades, de que abandonen su cargo y convoquen nuevas elecciones a los seis meses de aprobarse la nueva normativa. Los rectores consideran que ‘se está poniendo en cuestión la legitimidad democrática de los órganos de gobierno de las universidades’ que les han elegido y que ‘son consecuencia del desarrollo constitucional’. Las universidades elaborarán un manifiesto conjunto de respuesta que presentarán a la comunidad universitaria en todas las aperturas del próximo curso académico y a los partidos políticos, a los que instarán a que introduzcan enmiendas en la ley.

Las intervenciones en la reunión de ayer en Madrid de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -integrada por 65 de las 68 universidades españolas- no pudieron ser más contundentes. ‘No hay asomo de duda, la unanimidad en el rechazo es absolutamente clara. No sólo no ha habido ningún voto en contra, sino que no se ha manifestado en la reunión ni una sola intervención o posición discrepante’, señaló el presidente de la CRUE y rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza.

El presidente de los rectores respondía así a las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en las que sostenía que ‘no todos los rectores tienen la misma postura’ respecto a esta cuestión. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, insistió ayer en lo mismo: ‘Son declaraciones de un solo rector. Lo que importa es la institución milenaria de la universidad, no las personas, que son accesorias. No se puede circunscribir el anteproyecto de ley de universidades al terreno personal porque es desviarlo de los aspectos centrales’ informa Carmen Morán.

En los pasillos del rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se celebró la reunión, se podían escuchar comentarios de ‘indignación’ durante la pausa: ‘Es una medida lamentable’, ‘es una falta de respeto a los órganos de gobierno’, ‘es una decisión política tomada sin analizar las consecuencias para las universidades y su alumnado’, ‘es el mayor atentado a la legitimidad constitucional de la universidad que se haya producido’. Estuvieron presentes 50 universidades públicas. Éstas son las principales quejas de las máximos representantes universitarios:

Volver al principio del artículo            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

El Consejo de Estado ve innecesario el cese masivo de los representantes universitarios

El Gobierno quiere que los rectores dimitan y los claustros se sometan a un proceso constituyente

No es necesario que las universidades entren en un proceso constituyente de dos años una vez que se apruebe la futura Ley de Universidades. Así lo señala el Consejo de Estado, que emitió ayer un dictamen favorable (es decir, que se ajusta a la legalidad) sobre el anteproyecto de ley que le remitió el Gobierno hace 15 días. Pero frente a la intención del Gobierno de someter a elecciones a los representantes universitarios para crear un ‘claustro universitario constituyente’, el consejo recomienda un tránsito más suave, una ‘mera adaptación al nuevo régimen’ legal con plazos más dilatados. Asimismo, el órgano consultivo señala que en el consejo social debe haber más representantes de la Universidad.

El anteproyecto fue presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, el pasado día 4 al Consejo de Estado con la petición de que fuera tramitado por la vía urgente (que otorga 15 días para emitir el dictamen, según las normas del consejo) y no por el ordinario (de dos meses). El anteproyecto será presentado al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo viernes.

El dictamen, de 42 páginas, dedica casi 37 completas a hacer observaciones, en las que, además de apoyar la generalidad de la norma y considerar que respeta la autonomía universitaria, incluye numerosas propuestas de cambio. Éstos son los principales aspectos que destaca:

Consejo social. El máximo órgano consultivo del Gobierno considera que en el consejo social de las universidades -el órgano de control y supervisión de la sociedad- debería haber más miembros de la comunidad universitaria que el rector, el secretario general y el gerente (como establece el anteproyecto) con el fin de "pueda alcanzarse el suficiente contraste de pareceres y criterios que permitan el deseable enriquecimiento de pareceres y de las decisiones a adoptar". El informe matiza que "es razonable que no esté dominado por miembros que pertenecen a la comunidad universitaria".

Habilitación. El consejo destaca que, como la habilitación nacional no implica la adquisición de la condición de profesor funcionario si no supera el posterior concurso de acceso a cada universidad, "es perfectamente posible que exista una bolsa de personas con habilitación nacional y que, sin embargo, no ostenten la condición de funcionarios por no haber obtenido plaza en los concursos de acceso o porque no se hubieran presentado a ellos".

Pilar del Castillo ha asegurado que con la nueva ley no existiría una bolsa porque cada el número de plazas sería igual al de habilitados. Según el consejo, "no existe una necesaria correlación entre personas habilitadas y puestos a cubrir". El dictamen también señala que en el anteproyecto "convendría aclarar que el número plazas a cubrir por concurso sirve como dato orientativo al Consejo de Coordinación Universitaria, pero no implica una limitación en el número de habilitaciones a convocar, que podrá ser superior o incluso inferior a las plazas a cubrir (por ejemplo, cuando existiera previamente una bolsas de habilitados sin plaza)".

Autonomía universitaria. El consejo dice que "con carácter general no puede considerarse -frente a lo afirmado durante la tramitación del proyecto- que éste infrinja el derecho a la autonomía universitaria".

Exposición de motivos. El anteproyecto, añade, "carece de exposición de motivos", por lo que "previamente a su aprobación por parte del Consejo de Ministros deberá redactarse".

Participación social. El consejo dice que se desprende de la documentación adicional enviada con el texto la amplia difusión que han tenido "borradores anteriores" de la disposición sometida a consulta al consejo. El informe añade que "se trata de aspectos que han tenido amplio eco en la opinión pública, pues no en vano las universidades tienen una incidencia trascendental en la configuración de la sociedad de la que forman parte".

Elección del rector. El Consejo recomienda que el apartado dedicado a la elección del de rector la ley tenga en cuenta que se pueden producir empates ya que la norma eastablece que sólo se puedan presentar a segunda vuelta los dos candidatos más apoyados en la primera votación.

Competencias autonómicas. Según el Consejo de Estado, en el anteproyecto "se respeta" también la condición de las comunidades autónomas "de Administración territorial sobre la que gravita la iniciación y funcionamiento de las universidades".

Memoria económica. El consejo informa al anteproyecto le acompaña una memoria económica que señala la financiación por parte del Estado de "los cambios que generan gasto adicional de forma directa". Son dos: el sistema de habilitación del profesorado funcionario, que se financiará con 1.177 millones de pesetas anuales y la creación de la Agencia de Evaluación y Acreditación, con 1.835 millones.

Volver al principio del artículo            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

El Consejo de Universidades cree ‘razonable’ cambiar el anteproyecto de ley

C. M. El Escorial. Diario "El País", Sábado, 21 de julio de 2001

El secretario general del Consejo de Universidades, Vicente Ortega, señaló ayer en los cursos de verano de la Universidad Complutense que es ‘razonable’ la recomendación realizada por el Consejo de Estado en su dictamen sobre la futura Ley de Universidades de que es ‘innecesario’ cesar en masa a los actuales rectores y claustros nada más aprobarse la ley, y sugiere ‘una mera adaptación al nuevo régimen’.

Ortega espera ‘que se tenga en cuenta’ esta recomendación así como la que señala la necesidad de ampliar la representación de la comunidad académica en el consejo social de las universidades. El Consejo de Universidades depende del Ministerio de Educación y en él hay representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas, así como todos los rectores de las universidades públicas. El secretario general es nombrado por Ejecutivo.

Los rectores también aplaudieron ayer el dictamen aprobado el jueves por el Consejo de Estado, así como el PSOE. El vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) se alegró de que algunas de las manifestaciones del consejo coincidan con las de los máximos responsables de las universidades. Según la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, ‘el consejo ha dicho al Gobierno que hay desmanes que no puede cometer y privilegios que no puede defender. El dictamen avala nuestra tesis de que el cese de los rectores es un intento de castigo’.

Volver al principio del artículo             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

El Consejo de Estado se queja de su corto plazo para dictaminar la ley universitaria

S. P. DE P., Madrid. Diario "El País", Lunes, 23 de julio de 2001

El Consejo de Estado se queja en el dictamen potestativo sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Universidades, aprobado el pasado jueves, de la prisa con la que el Gobierno le ha hecho elaborar un dictamen sobre la futura norma. El máximo órgano consultido del Estado señala: ‘De acuerdo con el contenido de la orden de emisión se emite el dictamen con carácter de urgencia, aunque no quiere dejar de manifestarse que, dada la importancia del asunto y su trascendencia social, hubiera sido deseable disponer de un mayor plazo para su emisión, lo que razonablemente hubiera permitido acceder a las numerosas solicitudes de audiencia formuladas ante el Consejo de Estado’.

Este organismo había recibido el pasado miércoles 11 peticiones de audiencia para explicar su postura sobre este anteproyecto, de las que sólo pudo aceptar las dos primeras por razones de tiempo, la del Gobierno vasco y la del Principado de Asturias. Entre las denegadas se encontraba la solicitada por los rectores de las seis universidades madrileñas, en nombre de todas las españolas; así como las realizadas por numerosas comunidades autónomas y otras universidades a título individual para dejar constancia de que suscribían la solicitud de las madrileñas. El pasado jueves todavía seguían llegando peticiones de audiencia al consejo.

Lluvia de solicitudes

Según fuentes consultadas, la lluvia de solicitudes para intervenir en el consejo fue uno de los motivos que llevó a la Comisión Permanente (formada por ocho consejeros, el presidente y el secretario general) de este organismo a incluir la queja sobre los plazos en el texto definitivo, ya que no aparecía en el borrador de dictamen presentado a esta comisión por la sección séptima del consejo, la que se ocupa de elaborar los informes relacionados con los temas educativos.

Este órgano señaló también en el texto emitido sobre la futura ley que ve innecesario el cese masivo de los actuales rectores y claustros para la aplicación de la futura ley, con la consiguiente creación de un periodo constituyente de dos años (como pretende el Gobierno). El consejo sostiene que es más razonable establecer una ‘mera adaptación al nuevo régimen’ legal con plazos más dilatados a los que quiere establecer el Ejecutivo.

Los rectores aplaudieron la pasada semana el contenido del dictamen, así como los socialistas. Los primeros habían acusado al Gobierno de intentar ‘vengarse’ de ellos por la oposición de las universidades al contenido del anteproyecto de ley. En el último texto que se presentó al Consejo de Universidades no figuraba el cese de los claustros y los rectores, por lo que éstos no conocieron esta medida. Según la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, ‘el dictamen del consejo confirma que se trata de un intento de venganza en toda regla’.

Volver al principio del artículo             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Los rectores ven ‘ficticia’ la reducción de comicios universitarios anunciada por el Gobierno

Pilar del Castillo modificará el anteproyecto de ley para convocar elecciones sólo una vez

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid Martes, 24 de julio de 2001

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha decidido mantener el cese de los actuales rectores y claustros en el plazo de seis meses desde que se apruebe la Ley de Universidades, a pesar de que el Consejo de Estado lo ve innecesario. El argumento de la ministra es que ‘los claustros no son representativos de la comunidad universitaria para elaborar los estatutos’. Pese a ello, Del Castillo hizo ayer una concesión al anunciar que no se tendrán que convocar otra vez elecciones a claustro y rector (como señala ahora el anteproyecto) una vez que estén listos los estatutos de cada universidad. Los rectores dicen que es una medida ‘ficticia’ porque ‘es inevitable que se organicen otra vez elecciones con los nuevos estatutos’.

La ministra anunció además que ‘los rectores cuyo mandato finalice después de la entrada en vigor de la ley quedarán prorrogados en su cargo hasta que se proceda a la elección a rector según lo previsto en la ley’. Con esta medida, la ministra pretende evitar que algunas universidades tengan que vivir tres procesos electorales seguidos.

Éstos serían: al terminar el rector su mandato (si éste se produce durante los seis meses después de aprobarse la ley), al cabo de seis meses como máximo de que se apruebe la ley y una vez que cada universidad tenga aprobados los nuevos estatutos. Del Castillo elimina la primera elección, así como la obligación de que se realice la última, que quedará sometida a lo que decida cada universidad en sus estatutos.

El texto definitivo -‘con muchas otras reformas, la mayoría muy técnicas’, según Del Castillo-será presentado el viernes al Consejo de Ministros.

Sin embargo, los rectores no están de acuerdo con este planteamiento. Aseguran, en primero lugar, que la prórroga del mandato de los rectores es ‘algo que ya pueden acordar los clautros actuales’.

Los rectores añaden que ‘lo lógico sería evitar el periodo constituyente, como dice el Consejo de Estado, es decir, que no cesen los actuales rectores y claustros, que han sido elegidos democráticamente por sus universidades y que haya una únicas elecciones que se produzcan cuando estén aprobados los nuevos estatutos’, explica el vicepresidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) y rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Darío Villanueva.

Lo que ocurre es que las actuales Juntas de Gobierno (que desaparecerán con la nueva ley y serán sustituidas por el Consejo de Gobierno), y no los actuales claustros, decidirán provisionalmente para el periodo constituyente aspectos tan relevantes como el porcentaje de participación de la comunidad universitaria en el claustro, los coeficientes de ponderación de los votos de cada colectivo en la elecciones a rector y el tamaño del claustro constituyente.

Posteriormente, las universidades tendrán seis meses para convocar elecciones a rector por sufragio universal directo y claustro (en las que votará también toda la universidad). Una vez elegido, ese claustro será el encargado de volver a decidir -esta vez de forma definitiva y que plasmará en los estatutos- absolutamente todo. Por lo tanto, según los rectores, ‘es muy difícil que coincida lo decidido de forma provisional con lo definitivo, por lo que la realidad va a hacer necesario que se produzca una segunda elección una vez que se aprueben los estatutos’. señala Villanueva. ‘Además, es presuponer que ninguno de esos parámetros va a ser modificado en la elaboración de los estatutos’, añade.

Respecto al argumento de la ministra de que los actuales claustros y rectores deben cesar porque no han sido elegidos para elaborar los estatutos, Villanueva explica: ‘No es así porque la actual ley señala precisamente el cambio de los estutatutos como una de las funciones de los clautros. De hecho, en universidades, como la mía, se han cambiado en los últimos años’. Algunos rectores llevan incluso este cambio en su programa electoral.

Villanueva añade que ‘el proceso de elección establecido en la ley es un galimatías que provocará problemas’. ‘Además, el ministerio parece no darse cuenta de que en los seis primeros meses de la ley coindirá el verano. Aunque agosto no se considere un mes hábil, en julio y septiembre las universidades no están a pleno rendimiento), por lo que se obliga a los centros a entrar en una dinámica de las prisas que va a ser una locura’.

Volver al principio del artículo            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Los rectores advierten de que no se puede poner en duda la legitimidad de los claustros

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Miércoles, 25 de julio de 2001

Los rectores han recibido con ‘indignación’ el argumento esgrimido por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, para el cese de los claustros de las universidades. Del Castillo ha dicho que ‘los actuales claustros no son representativos de la comunidad universitaria para elaborar los estatutos con la nueva ley’.

El presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza, advirtió ayer de que ‘los claustros actuales están legítimamente capacitados para elaborar unos nuevos estatutos, sea con la ley que sea’. Según De la Plaza, ‘no es justo ni razonable que, porque se hayan producido discrepancias y críticas, el Gobierno no confíe en que los actuales órganos puedan sacar adelante el proceso de cambio que señala la nueva ley’.

La responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón, dijo que ‘el empecinamiento y la tozudez de la ministra han hecho que la ley no esté pensada para introducir mejoras, sino para castigar’. Chacón añadió que ‘esas ganas de reprender es lo que lleva a Del Castillo a considerar democráticamente ilegítimos a los actuales representantes de la universidad para poner en marcha un cambio de estatutos, que es precisamente una de sus funciones’.

Volver al principio del artículo             Volver al principio de Recortes             Volver al principio