Hace unos meses, Vivat Academia decidió abrir una página dedicada al debate sobre el "Informe Universidad 2000" (El Bricall), que enseguida suprimimos, ya que no dio lugar a debate alguno.

Ahora parece que la Nueva Ley Orgánica de Universidades sí ha desatado las opiniones encontradas de la comunidad universitaria española. Por ello, y dado el alto número de recortes de prensa y comunicados, dedicados al anteproyecto elaborado por el gobierno de la nación, hemos añadido esta nueva página, donde encontrarán agrupados todos los artículos sobre el particular.

Esperamos también las contribuciones de nuestros lectores, sobre todo aquellas que, seguramente, los diarios de tirada nacional no publicarán.

Contenido:

RECORTES DE PRENSA

El Gobierno potencia los centros privados en la nueva Ley de Universidades

La nueva normativa otorga libertad a las instituciones en la selección de alumnos

SUSANA PÉREZ DE PABLOS, Madrid. Diario "El País", Martes, 8 de mayo de 2001

La nueva Ley Órganica de Universidades (LU) da libertad a las universidades para que ‘establezcan el procedimiento de admisión de estudiantes en centros de las mismas’ e incluye a los centros privados con voz y voto en el órgano de coordinación de la Universidad española, el Consejo de Coordinación Universitaria, que sustituye al actual Consejo de Universidades. Los responsables de las 14 universidades privadas y de las cuatro de la Iglesia (hay 48 públicas) podrán votar cuestiones como el modelo de financiación de los centros públicos y la oferta y convocatoria de plazas.

El texto, remitido ayer por el Gobierno al Consejo de Universidades (formado por las comunidades autónomas y los rectores), confirma la creación de una ‘habilitación estatal’ para ser titular o catedrático, pero indica que tendrá una caducidad de dos años tanto para los profesionales habilitados como para que los centros puedan cubrir las plazas declaradas vacantes. Señala además que las universidades comunicarán sus necesidades de plazas periódicamente al Consejo de Coordinación Universitaria.

El documento, de 46 páginas, dividido en seis capítulos (uno de ellos dedicado a las universidades privadas) y 156 apartados, también corrobora la elección del rector por sufragio universal ‘libre y secreto’ en el que la ponderación será de un mínimo del 51% de los votos de los profesores funcionarios doctores y del 19% del resto de los docentes e investigadores. El 30% restante queda para los estudiantes y el personal administrativo y de servicios, de lo que se desprende una inminente reducción de la representación de los estudiantes en la elección del rector. Actualmente, éste es escogido por los miembros del claustro universitario, en el que la representación de los alumnos, por término medio, ronda el 30%.

Esta ley sustituirá a la Ley de Reforma Universitaria (LRU), aprobada en 1983. Éstas son otras de la novedades que incorpora la nueva normativa:

El tribunal estará formado por siete personas. Cuatro serán catedráticos o titulares de universidad o catedráticos de escuela universitaria. Todos ellos deben haber obtenido una evaluación positiva en una investigación realizada durante un sexenio. Los otros tres miembros del tribunal serán titulares en activo de escuelas universitarias del área de conocimiento correspondiente. Todos serán elegidos por sorteo público y el presidente será el catedrático más antiguo.

El texto abre la vía para que las universidades puedan configurar un modelo de plantilla docente a medida. Así, señala que el número de personal docente e investigador contratado tendrá que ser inferior a la cifra de profesores funcionarios. Esto significa que las universidad podrán jugar con una proporción de profesores contratados que vaya de cero al 49% de su plantilla.

La ley abre además a las universidades públicas la posibilidad de hacer ‘contratos por obra o servicio’ a personal docente, investigador y técnico’.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

La universidad española cambiará de arriba abajo

La nueva ley del Gobierno obligará a reorganizar desde la elección del rector a la selección de los estudiantes

SUSANA PÉREZ DE PABLOS, Madrid. Diario "El País", Miércoles, 9 de mayo de 2001

La elección del rector, el acceso a la universidad, la selección del profesorado y los órganos de gobierno y representación experimentarán un vuelco con la nueva Ley Orgánica de Universidades (LU) elaborada por el Gobierno y enviada por éste el lunes a los miembros del Consejo de Universidades (rectores, comunidades autónomas y representantes en este organismo elegidos por el Congreso, el Senado y el Gobierno).

Las universidades se tendrán que enfrentar con la nueva ley a la organización de un modelo de acceso de sus alumnos y de un sistema de selección del profesorado habilitado previamente por una prueba estatal y tendrán que emprender una reordenación interna de todos sus órganos de representación y gobierno.

Éstas son las diferencias más destacadas entre la Ley de Reforma Universitaria (LRU), de 1983, y la LU (que se puede encontrar integramente en www.elpais.es):

LRU. El rector es elegido por los miembros del claustro universitario. La composición de este órgano varía en cada universidad, pero esta legislación establece que el 60% como mínimo de sus miembros deben ser profesores. Generalmente el número de alumnos ronda el 30%.

LU. Los rectores de los centros públicos serán elegidos por sufragio universal ponderado en cada universidad. Votarán, tras una campaña electoral de los candidatos, los profesores, estudiantes y el personal administrativo y de servicios. La ponderación de los votos será de un mínimo del 51% para los profesores funcionarios doctores y un mínimo del 19% para el resto de los docentes e investigadores. El porcentaje restante (un máximo del 30%) se repartirá entre los estudiantes y el personal administrativo y de servicios.

LRU. Sólo señala, en su artículo 26, que ‘corresponde al Gobierno, oído el Consejo de Univesidades, establecer los procedimientos de selección para el ingreso en los centros universitarios’. El acceso está, por tanto, regulado por un real decreto posterior que indica que los estudiantes deben superar la prueba de selectividad para acceder a la universidad. La calificación en esta prueba cuenta un 40% en la ponderación de la nota final y el expediente del bachillerato, un 60%. La nota final da acceso a determinadas carreras de acuerdo con las plazas de las que disponga cada facultad o escuela. Dice además que la cantidad de plazas universitarias estará condicionada por la capacidad de los centros.

LU. Los alumnos que quieran acceder a la universidad deben ‘estar en posesión del título de bachiller o equivalente’. Posteriormente deben presentarse a las pruebas de admisión que establezca cada universidad libremente, pero de acuerdo a una ‘normativa básica que establecerá el Gobierno’, señala el texto. Esa norma será presumiblemente la nueva Ley de Calidad, en la que el Gobierno planea incluir una prueba de reválida tras el bachillerato y que deberán superar los alumnos para obtener el título de bachiller. Sobre el número de plazas, abre la posibilidad de limitarlas ‘por motivos de interés general’, además de por la capacidad de los centros.

LRU. Otorga la responsabibilidad de coordinación al Consejo de Universidades. Lo componen un representante de cada comunidad autónoma, los rectores de las universidades públicas y 15 miembros nombrados por el Congreso de los Diputados, el Senado y el Gobierno (cinco cada uno).

LU. Se crea el Consejo de Coordinación Universitaria en sustitución del Consejo de Universidades. Le corresponden las funciones de consulta sobre política universitaria, coordinación, informe, asesoramiento, propuesta en las materias relativas al sistema universitario.

Su composición es la misma que la del Consejo de Universidades con dos excepciones: se incorpora al consejo como miembros con voz y voto a las universidades privadas y de la Iglesia y se aumenta el número de representantes designados por las cámaras y el Gobierno en él, pasando a ser siete elegidos por el Congreso, siete por el Senado y siete por el Gobierno.

LRU. El órgano de gobierno de la universidad es la Junta de Gobierno, presidida por el rector. El claustro es el ‘máximo órgano representativo de la comunidad universitaria’ y aprueba las líneas generales de actuación de la universidad. Está formado al menos en un 60% por profesores.

LU. Separa los órganos de gobierno (Consejo de Gobierno y rector) de los de representación y supervisión (claustro, consejo social y junta de facultad o escuela) y da más capacidad de gestión a los primeros. El claustro pasa a tener al menos el 70% de profesores. Se mantiene el consejo social de la LRU como órgano de participación de la sociedad en la universidad y su representación no varía, aunque no se prevé la representación de sindicatos y empresarios, como en la ley anterior.

Se crea el Consejo de Gobierno, presidido por el rector, y desaparece la Junta de Gobierno. A este consejo corresponderá en esencia todo el gobierno de la universidad. La representación y control serán ejercidos por el claustro, el consejo social y otro nuevo órgano, la junta consultiva, que se encargará de asesorar a los demás órganos. La composición de la junta consultiva es básicamente igual que la de la junta de gobierno de la LRU, pero la nueva no incluye a los estudiantes ni al personal de administración y servicios.

LRU. El profesorado es seleccionado para una plaza concreta por comisiones de cada área de conocimiento. Su composición está formada por tres miembros elegidos por sorteo y dos por la universidad convocante de la plaza.

LU. Los profesores que quieran acceder a una plaza de titular o catedrático deben pasar por una ‘habilitación nacional’. Se hará en la universidad que designen los miembros del tribunal, que se elegirán por sorteo y serán siete. Los que pueden optar a pertener a él varían según el tipo de habilitación del que se trate. Se establecen cuatro tipos de habilitación, cada una con una prueba específica que consta en todos los casos de tres partes, según el tipo de cuerpo al que se quiera acceder: profesor titular de escuela universitaria, catedrático de escuela universitaria, profesor titutar de universidad y catedrático de universidad.

El profesor habilitado debe ser seleccionado posteriormente por una universidad para cubrir una de las plazas que ésta previamente haya declarado vacante al Gobierno. Se establece un plazo máximo de dos años tanto para que los habilitados encuentren una plaza en una universidad como para que éstas cubran las plazas declaradas vacantes. Las universidades también podrán cubrir las plazas vacantes con titulares o catedráticos que ejerzan en otros centros.

LRU. Establece las de catedrático de universidad, titular de universidad, catedrático de escuela universitaria y titular de escuela universitaria. Como no funcionarios (que pueden ser como máximo entre un 20% y un 30%, según la universidad) recoge a los asociados, ayudantes y visitantes.

LU. Se mantienen las figuras de profesorado funcionario de la anterior ley y se crean tres tipos de profesores contratados: ayudantes doctores, colaboradores y contratados doctores. Los contratos de los profesores ayudantes pasan a durar un máximo de cuatro años, en lugar de dos y los nuevos ayudantes doctores sólo podrán ser contratados por una universidad si han permanecido en una distinta en los dos años anteriores.

Introduce además la posibilidad de contratar hasta un 49% de profesores, al señalar como requisito que el número de contratados sea inferior al de funcionarios. También abre la posibilidad de hacer ‘contratos por obra o servicio a personal docente, investigador y técnico’.

LRU. No la regula. Existe un plan nacional de evaluación, al que las universidades se acogen voluntariamente.

LU. Se crea la Agencia nacional de Evaluación y Acreditación que se encargará, entre otras funciones, de la evaluación de las carreras para conocer cómo funciona cada titulación en las diferentes universidades. Estas pruebas serán voluntarias.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

La conferencia de rectores se opone a la Ley Universitaria por ‘rígida y uniformista’

Los responsables educativos acusan al Gobierno de desconfiar en la universidad pública

Congreso de rectores, ayer en el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.(CLAUDIO ÁLVAREZ).

SUSANA PÉREZ DE PABLOS, Madrid. Diario "el País", Martes, 22 de mayo de 2001

Los rectores de 61 de las 68 universidades españolas (50 de públicas y 11 de privadas) manifestaron ayer su rechazo a la nueva Ley de Universidades que pretende aprobar el Gobierno. Un documento suscrito por los rectores critica que el texto ‘no se corresponde con el nuevo modelo de universidad’ que debe construirse en Europa, y se caracteriza por un reglamentismo excesivo que define un sistema ‘rígido y uniformista’. Aseguran además que el proyecto de Pilar del Castillo ‘apunta una visible desconfianza hacia la universidad pública e impide avanzar en la modernización universitaria’. El documento señala también que en la redacción de la ley ‘no han participado de forma alguna los rectores’.

En el documento suscrito ayer por los miembros de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se advierte al Ejecutivo que ‘está perdiendo una oportunidad inestimable’ si no busca el ‘deseable’ consenso entre las distintas fuerzas políticas, universidades y agentes sociales. Según los rectores, el texto presentado por el Gobierno ‘entra además en profunda contradicción con los principios enunciados por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en la primera parte de su exposición ante el Consejo de Universidades’, celebrada hace unas semanas y en la que la ministra, antes de presentar el texto, les expuso las líneas maestras de lo que luego iba a recoger la ley. Éstos son los principales aspectos del documento de los rectores:

Los responsables universitarios se refieren a la decisión del Gobierno de presentar el texto definitivo al Congreso de Diputados antes del verano.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Debate universitario

Diario "El País", Miércoles, 23 de mayo de 2001

La nueva Ley de Universidades propuesta por el Ministerio de Educación supondría, caso de aprobarse en sus actuales términos, una modificación considerable del sistema universitario. Un texto tan complejo necesita de un análisis detallado, reflexión sobre las consecuencias de su aplicación y la búsqueda de consensos en la comunidad universitaria y en la sociedad que sostiene y para la que existe la institución universitaria. Lleva razón, en este sentido, la Conferencia de Rectores cuando solicita tiempo para digerir la propuesta y ofrecer alternativas en los aspectos que puedan resultar más discutibles. Es positivo que los responsables ministeriales hayan aceptado ampliar el periodo de discusión pública antes de que el texto inicie su tramitación parlamentaria. Empeñarse en cumplir unos plazos excesivamente cortos hubiera podido interpretarse como un trágala o un deseo de eludir argumentos en contra.

Cumplida esta condición, cabe solicitar a todos los implicados una actitud constructiva que huya de defensas numantinas o rechazos en bloque. Ni la aplicación de una nueva normativa tendrá efectos milagrosos sobre la realidad universitaria ni las evidentes carencias de esta última justifican la defensa del actual estado de cosas y la negativa a explorar posibles vías de mejora. No hay duda de que los aspectos más visibles de la reforma propuesta por Pilar del Castillo responden a problemas reales, muchos de ellos imprevisibles en 1983, cuando se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, actualmente en vigor. El acceso de los estudiantes y la conexión entre las enseñanzas secundaria y superior, la selección del profesorado, la incapacidad del sistema funcionarial para dar respuesta a la necesidad de impulsar la investigación, la confusión entre órganos de gestión y control, etcétera, son cuestiones que merecen una mirada sin prejuicios que aprenda de nuestra propia experiencia y de la ajena.

Para afrontarlos hay que sopesar los efectos colaterales de medidas como las contenidas en el borrador de la nueva ley, que pueden ser tan graves como los defectos que se pretenden subsanar. El impulso dado en los últimos tiempos a la creación de un espacio universitario europeo facilita la tarea al marcar las líneas que permitan la movilidad de estudiantes y profesores y una organización de las enseñanzas homologable más allá de nuestras fronteras. Sin olvidar que sin un aumento sustancial de los recursos dedicados a la enseñanza, y en particular a la universitaria, no habrá verdadero progreso y toda reforma quedará, en el mejor de los casos, en una mejor administración de la escasez.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

El Gobierno acepta negociar con los rectores cambios en la Ley Universitaria

Pilar del Castillo considera que las críticas ‘no se corresponden con el contenido del texto’

El Gobierno aceptó ayer negociar cambios en suanteproyecto de Ley de Universidades (LU) con los rectores, según manifestó ayer el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel. La Conferencia de Rectores (formada por 61 universidades) elaboró el lunes un documento con duras críticas contra el proyecto gubernamental, tachándolo de ‘rígido y uniformista’. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó que las críticas de los rectores ‘no se corresponden con el contenido de la ley’ y los retó a que justifiquen sus protestas.

El sistema de selección del profesorado, la carrera académica de los docentes y los órganos de gobierno de las universidades centrarán el futuro debate entre los rectores y el Ministerio de Educación. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, ha señalado que ve posible el acuerdo con la Conferencia de Rectores en las próximas semanas, informa Servimedia.

Según el calendario previsto del Ejecutivo, el ministerio debatirá unos dos meses con los rectores las modificaciones a su anteproyecto que será aprobado presumiblemente en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, es decir, a finales de julio.

Pilar del Castillo afirmó que ‘ahora es el momento de debatir y de que los rectores expliquen dónde están en la ley esas cosas que dicen que se intenta construir una universidad uniformista, rígida y que cercena la autonomía universitaria, y en qué grado y en qué medida se puede deducir esto del texto de la ley’. Del Castillo considera que el tiempo dado a los rectores ‘es más que suficiente, teniendo en cuenta que la universiddad lleva varios años en un debate sobre sus problemas y sobre posible soluciones’.

‘Debate más sereno’

Sin embargo, los socialistas consideran que el aplazamiento hasta finales de julio de la entrada del proyecto en el Congreso de los Diputados ‘es claramente insuficiente’ y que la ministra ‘no ha entendido nada sobre el comunicado de los rectores, que es durísimo contra el proyecto del ministerio’, señaló ayer la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

‘Es necesario un debate más sereno en el que participen los agentes sociales, las comunidades autónomas y los estudiantes, que en julio están ya de vacaciones’, añadió.

Algunas universidades y comunidades autónomas también han criticado el anteproyecto de ley. El consejero de Educación en funciones del Gobierno vasco, Inaxi Oliveri, pidió ayer la sustitución del texto por otro nuevo porque no respeta las competencias de las comunidades.

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, solicitó que se amplíe el plazo de debate de la ley y que se incluya en él a las comunidades, ‘que son las que tienen las competencias y tendrán que aplicar los cambios’. Según Martínez, ‘parece que el ministerio se está planteando hablar ‘casi exclusivamente con los rectores’.

También CC OO insistió ayer en la necesidad de ampliar los participantes en el debate. El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, y el responsable de la Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano, han enviado un comunicado a la ministra en el que ‘reclaman el nivel de interlocución que les corresponde’ y piden un ‘amplio proceso de debate y negociación’. Según este sindicato, los contactos mantenidos hasta ahora con el ministerio eran informativos y no ‘verdaderas negociaciones’.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia ha sido una de las primeras en acordar ‘por unanimidad’ solicitar a la Conferencia de Rectores que ‘tramite la retirada del anteproyecto por ser excesivamente reglamentista y porque no aporta soluciones a los problemas actuales’, informa Neus Caballer.

Las universidades valencianas, catalanas y andaluzas han iniciado una carrera para forzar la ‘retirada’ del anteproyecto a fin de que el ministerio ‘inicie un proceso de reflexión y debate sobre los problemas de la universidad y la solución a los mismos’, explicó el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz Torres.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Las organizaciones de estudiantes se unen contra la futura Ley de Universidades

Tres asociaciones amenazan con movilizaciones si persiste el proyecto

EL PAÍS, AGENCIAS. Madrid Viernes 25 de Mayo de 2001

Las principales organizaciones de alumnos, el Sindicato de Estudiantes (SE), la Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE) y la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAES), anunciaron ayer que previsiblemente convocarán movilizaciones si el Ministerio de Educación no rectifica el anteproyecto de Ley de Universidades. Estos colectivos estudiantiles presentarán, según informa Servimedia, el próximo jueves, una propuesta de manifiesto al Consejo de la Juventud de España, en el que anuncian su propósito de convocar movilizaciones en la Universidad y en centros de enseñanzas medias el próximo curso.

El borrador de manifiesto, al que hoy ya han anunciado su respaldo organizaciones representadas en el consejo como Juventudes Socialistas, culpa al PP de querer sacar adelante sin debate una ley que traerá ‘un recorte drástico de la representación estudiantil en todos los órganos de la Universidad’. También se quejan de que la norma no va acompañada de un marco de financiación adicional para llevarla a efecto y beneficia a las universidades privadas, dejando al sistema público ‘como subsidiario’.

En cuanto a la supresión de la selectividad, sostienen que la probable implantación de una reválida tras el bachillerato unida a la ya selección de los alumnos por las universidades traerá, en realidad, un endurecimiento del acceso a la universidad.

El Gobierno prometió hace unos días a los rectores que escuchará sus sugerencias de modificaciones del texto. Esto ocurrió después de que los responsables universitarios hicieran público un documento en el que críticaban el anteproyecto.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), compuesta por representantes de 61 centros públicos y privados, presentará un documento la próxima semana en el que sugerirá cambios en el texto legal, sobre todo en lo referido a la selección del profesorado y los órganos de gobierno de las universidades.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

PSOE y PNV fuerzan el debate de la Ley Universitaria con las autonomías

Cinco rectores madrileños critican las lagunas de la norma

A. L. E. / J. J. G. Diario "el País", Madrid, Martes, 29 de mayo de 2001

Los seis gobiernos regionales del PSOE y el del País Vasco (PNV) acordaron ayer, en una reunión celebrada en Madrid, solicitar al Ministerio de Educación que convoque la Conferencia Sectorial de Educación para discutir el anteproyecto de la Ley de Universidades. Esta conferencia es un órgano de coordinación, sin capacidad de decisión, formado por el ministerio y las 17 consejerías de Educación.

Los consejeros de Educación de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y País Vasco afirman, en una carta dirigida a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Universidades no se ha garantizado la ‘participación real y efectiva’ de la universidad y de las comunidades autónomas.

El Gobierno central se comprometió la semana pasada a negociar con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cambios en el anteproyecto de la Ley Universitaria. Los consejeros de Educación quieren que el ministerio también les escuche a ellos. Por eso acordaron ayer solicitar formalmente al ministerio que convoque la Conferencia Sectorial de Educación.

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, recordó que el reglamento de este órgano de coordinación atribuye al ministerio la decisión de convocar reuniones extraordinarias, pero especifica que está obligado a convocarlas ‘si lo solicitan al menos seis de sus miembros’.

El viceconsejero de Universidades del País Vasco, Ander Gurruchaga, afirmó que ‘sería interesante que se sumaran a la solicitud el resto de comunidades’. ‘Lo único que pedimos es reunirnos para discutir’, explicó Gurruchaga.

Por otro lado, cinco de los seis rectores de las universidades públicas madrileñas (el rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, no acudió al encuentro) exigieron ayer al Gobierno central que acompañe la futura Ley de Universidades de un marco estable de financiación.

El rector de la Universidad Complutense, Rafael Puyol, destacó que las dificultades financieras de los centros se agudizarán en los próximos años con el descenso en el número de matrículas. ‘El mensaje que recibimos de la sociedad es fatalmente sencillo y desolador: apáñatelas como puedas’, sostuvo Puyol.

Para el rector de la Universidad Politécnica y presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, es necesario establecer un plan de financiación ‘para evitar diferencias’ entre universidades y comunidades autónomas.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Los rectores rechazan que los representantes políticos participen en el gobierno de los centros

Las universidades vinculan el diálogo sobre la nueva ley a la aceptación de su demanda

La Conferencia de Rectores (CRUE), formada por 61 de las 68 universidades públicas y privadas, elaboró ayer una primera propuesta alternativa al anteproyecto de Ley de Universidades del Gobierno. Pide que el Consejo de Gobierno de las universidades esté formado por el rector, su equipo, profesores, alumnos y personal administrativo, pero no por miembros del Consejo Social nombrados por los Gobiernos autónomos, como recoge el anteproyecto del Ejecutivo. También rechaza la elección del rector por sufragio universal directo porque es ‘complicado’ y puede favorecer la ‘politización ‘. Los rectores vinculan la continuación del diálogo con el Ejecutivo sobre otros cambios a la aceptación esta propuesta.

En un claro llamamiento al respeto de la autonomía universitaria, los rectores exigen además que se dé libertad a cada universidad para decidir si quiere incluir otros miembros en su Consejo de Gobierno y si quieren establecer más órganos. La CRUE ha escogido proponer en primer lugar una alternativa sobre los órganos de gobierno porque ‘está en conexión con la autonomía universitaria y es una prioridad que el texto futuro la respete y la apoye claramente’.

El anteproyecto de Ley Universitaria (LU) presentado por el Gobierno detalla la creación del Consejo de Gobierno, ‘al que corresponderá en esencia el gobierno de la universidad’, en sustitución de la actual Junta de Gobierno. El texto introduce la novedad de que un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno serán representantes no académicos del Consejo Social, es decir, nombrados por el Gobierno autonómico.

Los rectores rechazaron hace diez días este sistema porque consideran que la intervención de representantes políticos en el gobierno de la universidad ‘afecta seriamente al derecho constitucional a la autonomía universitaria’.

Ésta es su propuesta:

Elección del rector. En cuanto a la elección del rector por sufragio universal directo, ‘este procedimiento puede resultar complicado y costoso y favorecer las injerencias externas. Son los Estatutos de las Universidades los que deben regular su elección, la duración del mandato y la posibilidad de reelección y revocación’.

En todo caso, añaden los rectores, ‘carecen de sentido las reprobaciones de cargos unipersonales previstas por el borrador de anteproyecto’, es decir, deben pasar a ser los estatutos de las universidades los que regulen estas cuestiones. Y añade que debe ser el rector el que elija a sus colaboradores: ‘Creemos necesario eliminar los trámites de audiencia para los nombramientos de vicerrectores, secretario general y gerente, todos ellos integrantes, junto al rector, del Consejo de Dirección’.

Consejo de Gobierno. Este órgano de gobierno propuesto por el borrador de anteproyecto ‘debe estar formado por el Consejo de Dirección y representantes de la comunidad universitaria. Su tamaño, composición y funciones deberán ser determinados por los Estatutos de cada universidad’. En consecuencia, añade el texto, ‘no sería necesaria la Junta Consultiva’ propuesta en el anteproyecto porque sus integrantes se pueden incorporar en el Consejo de Gobierno.

Consejo Social. Piden que no se incremente la presencia de políticos en estos consejos en detrimento de los agentes sociales: ‘El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad y, como tal, la representación social debe contemplar la presencia mayoritaria de los distintos agentes sociales. Asimismo, juzgamos preciso incorporar a las funciones del Consejo Social la de contribuir a la financiación de las Universidades, necesaria pero muy poco desarrollada hasta ahora’.

Claustro. ‘El máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, debe tener una dimensión razonable y una composición que favorezca la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria manteniendo las actuales proporciones’.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

¿’Zaplanear’ la Universidad?

LUIS ARROYO ZAPATERO. Diario "El País", Sábado, 2 de junio de 2001

Luis Arroyo Zapatero es rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Hay acuerdo general en que la LRU debe reformarse, y no puede ser de otro modo. Se trata de una ley que ha enmarcado las dos grandes transformaciones de la Universidad española de los últimos veinte años: en primer lugar, el paso de los seiscientos mil estudiantes al millón seiscientos mil de ahora, cuando cambian las tornas de la demografía, determinando la existencia de la juventud más y mejor preparada de nuestra historia. Además, el sistema de Universidad pública y las reglas claras y uniformes de acceso de la denostada selectividad han permitido que ese acceso masivo se haya realizado a golpe de mérito individual, a veces plasmado en modestas décimas, pero que ha evitado que se llevara a golpe de talonario, asunto que ha sido la razón fundamental del nacimiento de las universidades privadas modernas.

En segundo lugar, el sistema universitario regido por la LRU ha llevado a la Universidad española en el espacio de la investigación desde la nada en la esfera internacional a ser un país que se encuentra dignamente en ese mundo. En estos veinte años, a pesar de nuestros defectos y miserias, se ha cumplido el sueño de los mejores de nuestra historia, de los hombres y mujeres de la Institución Libre de Enseñanza, frustrado por última vez con la destrucción de la Universidad y sus mejores profesores con la guerra civil y la dictadura, el sueño de la democratización del acceso a la enseñanza.

Sería poco razonable pensar que esa gran transformación se ha hecho a pesar de la LRU. Al contrario, creo que la gran transformación se debe a ambos factores. Sin autonomía universitaria, sin rector elegido por los sectores del claustro universitario y todo lo que lleva consigo, la administración universitaria no habría encontrado las vías de impulso para hacer lo que ninguna administración pública ha conseguido: doblarse en cantidad, en calidad y además tener fuerzas todavía para ser autocríticos, incluso para establecer un sistema de control de calidad como en el que estamos incursos, sin que nadie nos lo haya impuesto. Creo firmemente que la Universidad es la administración pública que mejor funciona, y esto es así porque toda la comunidad universitaria está implicada en ello por virtud del principio de elección, participación y no injerencia política.

El anteproyecto del Gobierno da un giro radical en este sistema: por una parte, proclama como un bien la elección del rector por sufragio universal, que es una idea que nadie en su sano juicio cívico rechaza hasta que se entera de que no se sigue en ninguna universidad del mundo, salvo en una de Guatemala. Se ha advertido que tal sistema da pie a una indeseable politización, pero no sólo no les preocupa, sino que les parece bien: en realidad no logran entender a qué extraña razón puede deberse que, cuando un partido gana por goleada en todas las instituciones de una comunidad autónoma, los rectores de las correspondientes universidades no les salgan necesariamente afines. A resolver este problema se dedicó tenazmente el presidente Zaplana, creando por compulsión una nueva universidad, en la que por fuerza el rector no se elige, sino que se nombra por el Gobierno. Como esto no ha sido bastante, han preparado un proyecto de ley de consejos sociales por el que, desnaturalizando su composición, todo el sistema universitario del País Valenciano pasará a ser dirigido por los designados por el presidente Zaplana. El anteproyecto del Gobierno corta por lo sano y, en vez de esperar al momento del Consejo Social para zaplanear la universidad, lo hace en la propia esfera de gobierno de la Universidad, de un modo complejo, pero que se puede explicar plásticamente con la idea de que el Gobierno de la comunidad autónoma nombre un tercio de los vicerrectores. Lo que pasará con ese sistema es evidente si se repara en la dificultad que las comunidades autónomas tienen para encontrar candidatos para presidente del Consejo Social que respondan al elevado perfil del cargo: en el mejor de los casos, un tercio del Consejo de Gobierno serán personas cuyo cargo, profesión u oficio les permita perder varios días al mes reunidos alrededor de los directivos universitarios.

Se dice, y con razón, que este sistema contraría el principio constitucional de autonomía universitaria. Pero importa ahora más la dimensión política que la jurídica: la Constitución proclamó la autonomía universitaria como principio-derecho fundamental, como reacción a lo hecho por la derecha de la dictadura durante decenios; es decir, para excluir a los agentes políticos del gobierno de la Universidad, de cuya intromisión nunca ha salido nada bueno desde el siglo XII, razón por la que las universidades buscaban siempre el amparo del rey, aunque esto es cosa que hoy todavía no pido. Pero no solamente se trataba de reacción contra el régimen universitario de la dictadura. La demanda de autonomía no se satisfizo nunca desde el XIX, porque nunca imperó la libertad de cultos y, en definitiva, la libertad de cátedra hasta 1978; prueba de ello es la recurrente renuncia a las cátedras de los grandes maestros liberales, o sus destierros, que bien conoce toda persona culta y que deben desconocer los que han llegado a la política directamente desde el urbanismo por toda referencia intelectual.

Pero hay un argumento que pone de manifiesto del modo más plástico y más oportuno lo valioso de la autonomía universitaria, sin injerencia de la esfera política en su gobierno ordinario: la Universidad del País Vasco es la única institución general del mismo que está presidida por un no nacionalista, y la universidad funciona muy dignamente, y con un altísimo grado de tolerancia interior que sólo rompen los violentos.

Naturalmente que hay cosas que reformar en el gobierno de las universidades, pero el anteproyecto no aborda ninguna de ellas e incrementa lo peor del actual sistema: existe acuerdo en que los problemas de falta de eficacia y lentitud de nuestro sistema de gobierno se debe más que a la LRU a los estatutos de muchas universidades, elaborados en tiempo de fogoso asambleísmo. Pues bien, ahora, a un claustro que le quitan la función esencial de la elección del rector, le remiten competencias legislativas de modo permanente. Esto no es ya un mero error político, sino una estolidez y una provocación. Como lo de presentar en audaz campaña mediática -no he conocido ninguna tan bien instrumentada desde el MEC- que se trata de liberar al rector de la presión del claustro. Creo que la cruda pretensión de este anteproyecto es la de liberar al Gobierno central y a los autonómicos de los rectores y de sus claustros.

Deseo firmemente que la señora ministra resuelva este asunto en el anteproyecto de conformidad con su trayectoria política y universitaria. De otro modo carecerá de sentido discutir cualquier otro asunto más; nadie debe esperar cooperación de aquellos a los que se humilla y a los que se pretende someter ilegítimamente al control político. Y lo peor es que lo que a los rectores y a las universidades nos interesa por encima de todo es que se mejore la Universidad, y eso sólo es posible con una política del Gobierno que respete nuestra esencia como institución y que, en lo posible, acierte en lo demás.Hay acuerdo general en que la LRU debe reformarse, y no puede ser de otro modo. Se trata de una ley que ha enmarcado las dos grandes transformaciones de la Universidad española de los últimos veinte años: en primer lugar, el paso de los seiscientos mil estudiantes al millón seiscientos mil de ahora, cuando cambian las tornas de la demografía, determinando la existencia de la juventud más y mejor preparada de nuestra historia. Además, el sistema de Universidad pública y las reglas claras y uniformes de acceso de la denostada selectividad han permitido que ese acceso masivo se haya realizado a golpe de mérito individual, a veces plasmado en modestas décimas, pero que ha evitado que se llevara a golpe de talonario, asunto que ha sido la razón fundamental del nacimiento de las universidades privadas modernas.

En segundo lugar, el sistema universitario regido por la LRU ha llevado a la Universidad española en el espacio de la investigación desde la nada en la esfera internacional a ser un país que se encuentra dignamente en ese mundo. En estos veinte años, a pesar de nuestros defectos y miserias, se ha cumplido el sueño de los mejores de nuestra historia, de los hombres y mujeres de la Institución Libre de Enseñanza, frustrado por última vez con la destrucción de la Universidad y sus mejores profesores con la guerra civil y la dictadura, el sueño de la democratización del acceso a la enseñanza.

Sería poco razonable pensar que esa gran transformación se ha hecho a pesar de la LRU. Al contrario, creo que la gran transformación se debe a ambos factores. Sin autonomía universitaria, sin rector elegido por los sectores del claustro universitario y todo lo que lleva consigo, la administración universitaria no habría encontrado las vías de impulso para hacer lo que ninguna administración pública ha conseguido: doblarse en cantidad, en calidad y además tener fuerzas todavía para ser autocríticos, incluso para establecer un sistema de control de calidad como en el que estamos incursos, sin que nadie nos lo haya impuesto. Creo firmemente que la Universidad es la administración pública que mejor funciona, y esto es así porque toda la comunidad universitaria está implicada en ello por virtud del principio de elección, participación y no injerencia política.

El anteproyecto del Gobierno da un giro radical en este sistema: por una parte, proclama como un bien la elección del rector por sufragio universal, que es una idea que nadie en su sano juicio cívico rechaza hasta que se entera de que no se sigue en ninguna universidad del mundo, salvo en una de Guatemala. Se ha advertido que tal sistema da pie a una indeseable politización, pero no sólo no les preocupa, sino que les parece bien: en realidad no logran entender a qué extraña razón puede deberse que, cuando un partido gana por goleada en todas las instituciones de una comunidad autónoma, los rectores de las correspondientes universidades no les salgan necesariamente afines. A resolver este problema se dedicó tenazmente el presidente Zaplana, creando por compulsión una nueva universidad, en la que por fuerza el rector no se elige, sino que se nombra por el Gobierno. Como esto no ha sido bastante, han preparado un proyecto de ley de consejos sociales por el que, desnaturalizando su composición, todo el sistema universitario del País Valenciano pasará a ser dirigido por los designados por el presidente Zaplana. El anteproyecto del Gobierno corta por lo sano y, en vez de esperar al momento del Consejo Social para zaplanear la universidad, lo hace en la propia esfera de gobierno de la Universidad, de un modo complejo, pero que se puede explicar plásticamente con la idea de que el Gobierno de la comunidad autónoma nombre un tercio de los vicerrectores. Lo que pasará con ese sistema es evidente si se repara en la dificultad que las comunidades autónomas tienen para encontrar candidatos para presidente del Consejo Social que respondan al elevado perfil del cargo: en el mejor de los casos, un tercio del Consejo de Gobierno serán personas cuyo cargo, profesión u oficio les permita perder varios días al mes reunidos alrededor de los directivos universitarios.

Se dice, y con razón, que este sistema contraría el principio constitucional de autonomía universitaria. Pero importa ahora más la dimensión política que la jurídica: la Constitución proclamó la autonomía universitaria como principio-derecho fundamental, como reacción a lo hecho por la derecha de la dictadura durante decenios; es decir, para excluir a los agentes políticos del gobierno de la Universidad, de cuya intromisión nunca ha salido nada bueno desde el siglo XII, razón por la que las universidades buscaban siempre el amparo del rey, aunque esto es cosa que hoy todavía no pido. Pero no solamente se trataba de reacción contra el régimen universitario de la dictadura. La demanda de autonomía no se satisfizo nunca desde el XIX, porque nunca imperó la libertad de cultos y, en definitiva, la libertad de cátedra hasta 1978; prueba de ello es la recurrente renuncia a las cátedras de los grandes maestros liberales, o sus destierros, que bien conoce toda persona culta y que deben desconocer los que han llegado a la política directamente desde el urbanismo por toda referencia intelectual.

Pero hay un argumento que pone de manifiesto del modo más plástico y más oportuno lo valioso de la autonomía universitaria, sin injerencia de la esfera política en su gobierno ordinario: la Universidad del País Vasco es la única institución general del mismo que está presidida por un no nacionalista, y la universidad funciona muy dignamente, y con un altísimo grado de tolerancia interior que sólo rompen los violentos.

Naturalmente que hay cosas que reformar en el gobierno de las universidades, pero el anteproyecto no aborda ninguna de ellas e incrementa lo peor del actual sistema: existe acuerdo en que los problemas de falta de eficacia y lentitud de nuestro sistema de gobierno se debe más que a la LRU a los estatutos de muchas universidades, elaborados en tiempo de fogoso asambleísmo. Pues bien, ahora, a un claustro que le quitan la función esencial de la elección del rector, le remiten competencias legislativas de modo permanente. Esto no es ya un mero error político, sino una estolidez y una provocación. Como lo de presentar en audaz campaña mediática -no he conocido ninguna tan bien instrumentada desde el MEC- que se trata de liberar al rector de la presión del claustro. Creo que la cruda pretensión de este anteproyecto es la de liberar al Gobierno central y a los autonómicos de los rectores y de sus claustros.

Deseo firmemente que la señora ministra resuelva este asunto en el anteproyecto de conformidad con su trayectoria política y universitaria. De otro modo carecerá de sentido discutir cualquier otro asunto más; nadie debe esperar cooperación de aquellos a los que se humilla y a los que se pretende someter ilegítimamente al control político. Y lo peor es que lo que a los rectores y a las universidades nos interesa por encima de todo es que se mejore la Universidad, y eso sólo es posible con una política del Gobierno que respete nuestra esencia como institución y que, en lo posible, acierte en lo demás.

Volver al principio de la noticia             Volver al principio de Recortes             Volver al principio

La ministra Del Castillo desautoriza a los rectores

J. J. G. | Madrid Diario "El País", Domingo, 3 de junio de 2001

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, respondió ayer con dureza y a través de la prensa al documento que le envió el viernes la Conferencia de Rectores. Del Castillo recuerda en una nota que ‘la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y a los grupos parlamentarios’, y añade que ‘el contenido de las leyes no pueden determinarlo los grupos presentes en el ámbito en el que se aplicará la reforma’.

En el documento remitido a la ministra, los rectores condicionaban continuar el diálogo sobre la Ley de Universidades a que se atienda su rechazo a la participación de representantes políticos en el gobierno de los centros.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Pilar del Castillo rechaza las condiciones previas de los rectores para seguir negociando

El ministerio considera que el debate se debe producir en el Consejo de Universidades

SUSANA PÉREZ PABLOS. Diartio "El País", Madrid, Martes, 5 de junio de 2001

El enfrentamiento entre los rectores y el Gobierno ha subido de tono. El Ministerio de Educación ha contestado a los rectores que no aceptará seguir negociando con ellos la nueva Ley de Universidades si éstos mantienen sus condiciones previas para continuar la negociación. La Conferencia de Rectores (CRUE) presentó el pasado jueves al ministerio una propuesta alternativa sobre los órganos de gobierno de los centros y vinculó la continuación del debate a su aceptación. El Gobierno sitúa, en su comunicado, ‘el diálogo y el debate, sin condiciones previas, en el seno del máximo órgano de consulta que establece la propia Ley de Reforma Universitaria’.

La nota de los rectores irritó a la ministra de Educación, Pilar del Castillo, según medios universitarios, que consideran que se está produciendo una escalada de enfrentamientos sin precedentes. Del Castillo insitió ayer en el diálogo pero dejó claro que la negociación con los rectores tiene límites: ‘Las corporaciones e instituciones a reformar’, dijo, ‘no pueden ser los principales actores del contenido de la reforma porque tienen una visión parcial del sector’. La visión global necesaria la atribuyó al Parlamento.

La ministra tuvo también interés en subrayar que ‘ha habido y habrá’ reuniones con los estudiantes para tratar sobre el anteproyecto. ‘Los estudiantes’, agregó, ‘serán los más beneficiados porque tendrán acceso a una mejor formación y unas instituciones menores’.

La ministra completó con estas declaraciones, efectuadas al presentar la campaña Libros a la calle, un comunicado de tres folios emitido por su ministerio, cuyos principales puntos son los siguientes:

Añade que ‘el plazo ampliado es suficiente, si hay voluntad de decir qué es lo que se quiere, sobre todo, existiendo informes como el Informe Universidad 2000, ampliamente debatido en la comunidad universitaria y presentado al Parlamento’. A continuación critica que ‘desgraciadamente, no se hayan derivado del debate sobre dicho informe propuestas de la propia Conferencia de Rectores que lo encargó’.

Algunos rectores consultados discreparon con la afirmación del Ministerio de que las líneas maestras que quedaron perfiladas en la reunión del 19 de abril se han concretado en el anteproyecto. Por el contrario, creen que ‘entra en profunda contradicción’ con las líneas mencionadas. Los responsables de las universidades manifestarán su postura sobre la respuesta del Gobierno previsiblemente el jueves, tras la reunión que mantendrá la Conferencia de Rectores.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Los rectores catalanes y la Generalitat se unen contra la Ley Universitaria

Piden más tiempo para discutir el proyecto

El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), el órgano que integra a los rectores de las universidades catalanas y los representantes del Departamento de Universidades de la Generalitat, que dirige Andreu Mas-Colell, emitió ayer un comunicado en el que critica duramente y considera ‘uniformista’ y ‘excesivamente reglamentista’ el anteproyecto de ley de Universidades presentado por la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que el Gobierno del PP pretende aprobar antes del verano en Consejo de Ministros. ‘El ritmo que se nos ha sugerido para la discusión es demasiado rápido’, dice el primero de los seis puntos del comunicado.

Además, el CIC considera que el texto ‘muestra un trasfondo de desconfianza hacia las comunidades autónomas y hacia la Universidad’; que la futura ley ‘no tiene en cuenta la realidad universitaria actual en cuanto a la estructura, los órganos de gobierno y métodos de participación en ellos de la comunidad universitaria’; que en el texto propuesto ‘no hay ningún compromiso de mejora del sistema de becas y de ayudas al estudio’, y que en el anteproyecto de ley ‘está ausente la realidad europea’.

El CIC concluye que el texto de Pilar del Castillo debería ‘aligerarse de forma importante para transformarse realmente en una Ley de Bases’, tendría que ‘perder su espíritu uniformista y respetar tanto la autonomía universitaria como las competencias autonómicas’, y ‘adoptar una perspectiva claramente europea’. Los rectores catalanes ya se manifestaron conjuntamente hace dos semanas en contra del proyecto de ley del ministerio, y ahora insisten, junto al Ejecutivo catalán, en que el Gobierno del PP olvide las prisas y conceda a los rectores más tiempo para hacer sus aportaciones. La ley, añade el comunicado, ‘debería discutirse con más calma’.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Del Castillo acepta que los representantes políticos no intervengan en el gobierno de las universidades

La ministra cede a la primera petición de los rectores, pero reitera que no pospondrá la ley

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Viernes, 8 de junio de 2001

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha aceptado la petición de los rectores de que los representantes políticos no intervengan en el gobierno de las universidades, una condición que puso la semana pasada la Conferencia de Rectores (CRUE) al ministerio para seguir negociando la futura Ley de Universidades. Sobre la petición de los rectores, sindicatos y comunidades de que el debate de la ley se alargue hasta después del verano, Del Castillo reiteró que su objetivo es que el Gobierno la apruebe a finales de julio porque es un plazo ‘absolutamente razonable’. Los rectores consideran que el Gobierno debería plantearles sus alternativas ‘de una forma directa y no a través de intermediarios’.

La ministra lanzó ayer, en declaraciones a la Cadena SER, una contrapropuesta a los rectores sobre los órganos de gobierno de las universidades, la primera de las objeciones que éstos le plantearon sobre el texto de la Ley de Universidades (LU). Pilar del Castillo se anticipó a la contestación que las universidades tenían previsto hacer ayer sobre el rechazo manifestado inicialmente por el ministerio acerca de la petición de los máximos representantes de las universidades.

Los rectores no quieren que en el consejo de gobierno, el nuevo órgano que en el anteproyecto sustituye a la actual junta de gobierno, haya una parte de representantes políticos porque consideran que eso ‘afectaría seriamente al derecho constitucional de la autonomía universitaria’. A este órgano corresponde, según el texto del ministerio, el gobierno de cada universidad y, por tanto, la toma de decisiones de índole académico (como planes de estudios, plazas de profesorado y nuevas titulaciones).

 Del Castillo señaló que ‘no descarta adoptar otro modelo de órganos de gobierno’ y apuntó dos alternativas que está barajando su ministerio para tratar de llegar a un acuerdo con los rectores.

La primera posibilidad la explicó así a la SER: ‘En el consejo de gobierno estaría sólo la comunidad académica y los consejos sociales tendrían una definición muy precisa de competencias y funciones, de tal manera que pudiera haber una real participación de la parte social en las decisiones presupuestarias de las universidades’.

Esto significa que la ministra está dispuesta a aceptar que no se incluyan representantes políticos en el consejo de gobierno. A cambio, las funciones de los consejos sociales deberían reforzarse para que pudieran, por ejemplo, participar en la elaboración del proyecto de presupuestos de las universidades (que ahora realiza el órgano de gobierno) y no sólo en su aprobación, o que puedan rechazar medidas académicas (como la creación de nuevas cátedras) por motivos presupuestarios.

Esta alternativa perseguiría, según el ministerio, el objetivo de que los presupuestos no sean echados atrás por los consejos sociales tras haber sido elaborados exclusivamente por el consejo de gobierno.

Los consejos sociales ya existen actualmente y ejercen la función de fiscalizar a las universidades públicas (aprueban los presupuestos, supervisan sus servicios) y están integrados por los miembros de la comunidad universitaria y representantes asignados por los sindicatos, las patronales y los gobiernos de las comunidades autónomas.

La segunda alternativa que baraja el ministerio es que los representantes designados por la Administración participen en el consejo de gobierno, pero que tengan voto exclusivamente ‘en aquellos asuntos que derivaran en cuestiones económicas’, según dijo la ministra. En las cuestiones meramente académicas sólo tendrían voz.

 Los rectores consideran que esta segunda alternativa ‘no resuelve el fondo de la cuestión, que es diferenciar claramente gobierno y control social, como ocurre en las universidades del resto de los países’, según el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza. El portavoz de los rectores añadió: ‘Andar buscando estas mezclas complica más que arregla el funcionamiento e impide que las decisiones sean operativas’.

 De la Plaza reiteró la petición de los rectores de que se amplíe el plazo de debate social del anteproyecto de la ley hasta después del verano y resaltó que el ministerio ‘aún no ha explicado por qué no quiere retrasar este debate’. 

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

El gobierno de las universidades

Diario "El País". Domingo, 10 de junio de 2001

El debate sobre la nueva Ley de Universidades se ha centrado en la estructura de los órganos de gobierno como aspecto más llamativo de la reforma. No es, desde luego, el único aspecto importante, pero es de suficiente calado como para haberse convertido en un casus belli entre la mayoría de los rectores y el Ministerio de Educación. Su composición puede afectar a la autonomía universitaria, así como a muchos otros aspectos de la calidad de la enseñanza.

La polémica se ha concretado en la inclusión en el consejo de gobierno, que es la instancia decisiva de toma de decisiones, de miembros del consejo social, es decir, de personas ajenas al mundo académico nombradas por las comunidades autónomas. Los rectores temen que a través del tercio ‘social’ que el proyecto de ley incorpora al consejo de gobierno se produzca un control político de las universidades, especialmente por parte del poder autonómico, y se remiten al precedente del presidente Zaplana, que creó la Universidad de Elche en contra de la opinión de las instancias académicas y propició una normativa de consejos sociales que puede limitar la autonomía universitaria.

Algunos han llegado a calificar de inconstitucional la participación de estos representantes externos en el gobierno universitario. Pero, a falta de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya dirá lo que tenga que decir si es requerido para ello, conviene razonar en términos de sensatez y eficacia. Efectivamente, existe un peligro de interferencia política que puede entrar en contradicción con la lógica académica, pero también es verdad que, con demasiada frecuencia, la política universitaria atiende más a intereses y equilibrios internos que al carácter público de una institución sostenida por el conjunto de la sociedad. El Informe Bricall, encargado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), analiza varios ejemplos de este tipo de participación, en vigor en universidades de otros países, y lo propone literalmente como una de las alternativas a considerar.

Pero la experiencia acumulada de los consejos sociales no mueve precisamente al optimismo. Su labor se limita a ejercer labores de supervisión económica, muy mediatizada por los órganos propiamente académicos, y, en algunos casos, a defender los puntos de vista de las organizaciones que los nombran. La LRU confiaba también a los consejos sociales la misión de facilitar la captación de recursos externos para la Universidad. Y, con las excepciones de rigor, tampoco han cumplido este segundo mandato y no parece que vayan a cumplirlo en el futuro, dado que en la nueva ley la mención explícita de este extremo desaparece a favor de una definición muy general sobre las relaciones entre la Universidad y la sociedad; no sabemos por qué. La inclusión de miembros del consejo social en el consejo de gobierno no es la única solución a la necesidad de incrementar y hacer más determinante la presencia de la sociedad en las universidades. Las alternativas que se manejan en estos momentos deberían de ser analizadas con profundidad y generosidad a fin de alcanzar un consenso.

En este contencioso, las comunidades autónomas aparecen formando bloque con los rectores. Algo cuya razón no parece a priori evidente. En efecto, las universidades temen la intromisión del poder político, pero éste es hoy, principalmente, el autonómico, al estar la enseñanza universitaria transferida y, por lo tanto, financiada desde las autonomías, que además son las que regulan la composición de los consejos sociales y los procedimientos de designación de sus miembros. Las comunidades autónomas, aparte de que en algunos casos puedan considerar este contencioso como parte de una confrontación más general con el Gobierno central, tienen sus propios motivos para estar en contra del proyecto, en particular por la reducción de sus capacidades normativas al regular el proyecto la mayoría de los aspectos importantes y crear instancias, como la habilitación de ámbito estatal, que chocan contra el deseo de ser plenamente responsables de la selección de los profesores.

De cómo se resuelva este conflicto, de la disposición de unos y otros a encontrar salidas que tengan como único objetivo el mejor funcionamiento de una institución vital como es la Universidad, dependerá el recorrido futuro de una reforma deseada por casi todos. No vaya a ocurrir que, tras la generalizada petición de reformas, por el solo hecho de existir una enorme variedad de puntos de vista, cuando no completa contradicción, se concluya que el actual estado de cosas es el mejor imaginable.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio

Educación concreta una contraoferta sobre el gobierno universitario

Iglesias propone que la representación política sea menor y tenga limitado el voto

S. P. DE P. Diario "El País", Madrid, Sábado, 9 de junio de 2001

El secretario de Estado de Educación y Universidades, Julio Iglesias de Ussel, lanzó ayer a los rectores la propuesta de que se mantengan los representantes políticos en el consejo de gobierno de las universidades (como dice el anteproyecto del ministerio) pero que sean un 20% y no un 33%, como señala el texto del Ejecutivo, y que no tengan voto en los temas académicos. Así lo expuso en la comisión del Consejo de Universidades encargada de estudiar la futura ley universitaria.

La comisión (integrada por 18 rectores, representantes del Gobierno y de las comunidades autónomas) no llegó ayer a ningún acuerdo y continuará el debate sobre los órganos de gobierno de las universidades en la reunión que se celebrará presumiblemente el próximo viernes.

Julio Iglesias ha expuesto esta alternativa un día después de que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, apuntara una distinta en la Cadena SER, que suponía la aceptación de que no hubiera representantes políticos en el consejo de gobierno. Dijo que no descartaba adoptar otro modelo, como por ejemplo, ‘que en el consejo de gobierno estuviera sólo la comunidad académica’.

La Conferencia de Rectores (CRUE), integrada por 65 de las 68 universidades, considera que puede ser inconstitucional que los representantes políticos del consejo social (un órgano de fiscalización) formen parte del consejo de gobierno (que toma decisiones académicas).

Sobre la propuesta del Gobierno, Iglesia dijo:

‘Que haya miembros en el consejo de gobierno sin voto no es algo excepcional. Ocurre, por ejemplo, en la figura de los secretarios de algunas instituciones’.

Volver al principio de la noticia            Volver al principio de Recortes             Volver al principio