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RESUMEN del Debate sobre la LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. Celebrado en Alcalá de Henares, el 26 de Junio de 2001

(Organizada por Aula de Debate Universitario. Aula Magna F. De Económicas)

Intervención de ISMAEL CRESPO(Director General de Universidades del MEC)

- Oportunidad de la Ley: Declaración de Bolonia

- Situación en España: En 1983 había aprox. 700.000 estudiantes – ahora 1.500.000
- Previsiones 2010: 980.000

PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

- Falta de agilidad de la gestión universitaria
- Selección del profesorado: Endogamia
- Movilidad de alumnos y profesores
- Sistema de acceso a la Universidad: Selectividad
- Evaluación de la calidad de las universidades
- Regulación de las universidades privadas

OBJETIVOS DE LA LEY:

- Calidad docencia, investigación y gestión
- Desarrollar mecanismos para potenciar la investigación
- Promover la integración en la UE
- Selección del profesorado por mérito y capacidad

Intervención de GABRIEL TORTELLA(Catedrático de la U.A y articulista)

- LRU nació muerta. Pretendía una universidad que no es posible en España.
- La reforma se quedó corta.
- La universidad está muy mal administrada. Una vez que se administre bien se podrá pedir más dinero.
- Las becas deben darse exclusivamente por expediente académico, sin considerar nivel de ingresos.
- La endogamia ha llegado a extremos insostenibles.

Intervención de JUAN HERNÁNDEZ (Gerente Universidad de Jaén e investigador sobre gestión universitaria)

- No hay datos de la gestión ni rendimientos en las Universidades
- No hay nada que ocultar. No se hace tan mal. Muchos otros organismos, con mayores presupuestos, ni se han planteado analizar su eficacia o rendimientos.
- No cree que la Ley vaya a producir mejoras. Con el dinero que disponen las universidades ya lo hacen bastante bien.
- Han aumentado los costes pero no la financiación en igual medida.
- Debe revisarse la permanencia en la universidad de los alumnos que no aprueban y producen un gasto innecesario que pagamos todos.
- Los Consejos Sociales deben revisarse. Deben ejercer el control presupuestario y de la calidad.
- Los presupuestos deben contemplar los objetivos y también analizarse su consecución en los presupuestos.

Pulse este enlace para ver el documento, en formato PDF, que recoge las informaciones sobre el debate dadas por el Semanario "Puerta de Madrid" y el "Diario de Alcalá"

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LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ALCALAÍNA DEBATE LA LEY DE UNIVERSIDADES

El Gobierno espera que la Ley orgánica entre en vigor para el curso 2003-2004

AULA DE DEBATE UNIVERSITARIO

Un centenar de miembros de la comunidad universitaria de Alcalá, la mayoría claustrales de los distintos estamentos: catedráticos, titulares, personal y alumnos, debatieron, el 26 de junio pasado, sobre el controvertido proyecto de Ley Orgánica de Universidades que el Gobierno de la Nación pretende someter a trámite parlamentario antes de este mes de agosto.

El acto, convocado por la recientemente constituida AULA DE DEBATE UNIVERSITARIO, que promueven una treintena de universitarios alcalaínos y preside el profesor José Morilla, catedrático de Fundamentos e Instituciones Económicas y candidato al rectorado, contó con la presencia de todos los invitados anunciados: Ismael Crespo, Director General de Universidades (MEC) , Gabriel Tortella, catedrático de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y reputado articulista sobre la materia, y Juan Henández Armenteros, actualmente gerente de la Universidad de Jaén y uno de los más citados investigadores de la gestión universitaria.

Durante casi cuatro horas desde las siete de la tarde, el Aula Magna de la Facultad de Económicas fue el espléndido escenario de un debate que la comunidad universitaria alcalaína venía demandando hace tiempo, y primero que se celebra en la Universidad de Alcalá. La presencia del Director General de Universidades fue saludada especialmente dada la coincidencia de fechas con el Debate del Estado de la Nación. El máximo representante ministerial en la materia, inició el turno de exposiciones desglosando los elementos fundamentales de esta Ley y la filosofía política de la misma. Gabriel Tortella, por su parte, elevó notablemente el tono polémico del debate con sus afirmaciones iniciales en las que cuestionaba el actual modelo financiero universitario, singularmente en lo relativo a las tasas, sobre lo que reclamó su adecuación al coste real (aproximadamente un millón por alumno), lo que luego, durante el turno de intervenciones del público, provocaría no pocas controversias. Juan Armenteros, a su vez, se proclamó conocedor a fondo de la materia, lo que ciertamente demostró en su intervención.

La presencia en la mesa de un representante del Gobierno y de un representante universitario andaluz dio pié a una polémica previsible sobre las funciones y responsabilidades del Estado y de las Comunidades Autónomas, al caso ejemplarizando sobre el modelo andaluz, lo que elevó aún más la intensidad de un debate moderado por el profesor José Morilla con tino y acierto. Ya en el turno de intervenciones del público tomaron la palabra una treintena de los presentes que calentaron aún más el ambiente de esta calurosa tarde de junio. En el aire, numerosas propuestas, planteamientos y algunas preguntas: la comunidad universitaria alcalaína expresó sus inquietudes respecto a los grandes temas que ahora se debaten con la misma intensidad en foros universitarios y en medios de comunicación en todo el país. Algunos catedráticos, profesores titulares, personal laboral y alumnos tuvieron ocasión de exponer sus planteamientos en presencia del propio Director General, de un candidato a rector presente en la mesa, y del propio rector alcalaíno en ejercicio, Manuel Gala, que presenció el debate desde las sillas del público una vez incorporado al mismo.

Al filo ya de la medianoche, los bares circundantes a la Facultad de Económicas recibieron a los más pertinaces que agotaron todas las oportunidades ofrecidas por el encuentro con el Director General. Un periodista de agencia no dudó en preguntar al representante ministerial sobre los tiempos de esta Ley, y específicamente sobre su posible afectación a las próximas elecciones al rectorado de la Universidad de Alcalá. En las propias palabras del Director General, esa elección se realizará por el método estatutario vigente (elección por el Claustro), dado que la implantación de la Ley y sus transitorias no será efectivo hasta el curso 2003-2004, según las previsiones del propio Gobierno, indistintamente de que se pretenda que la Ley Orgánica pueda ser formalmente aprobada en el primer semestre del año próximo, conforme también a la voluntad del Gobierno de la Nación.

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Rechazo del Anteproyecto LOU

Estimados compañeros:

Os enviamos este documento para ver si se lo podéis hacer llegar al profesorado de vuestra Universidad.

Atentamente

María del Mar Noda Rodríguez
Dpto. Sociología. Universidad de La Laguna.
E-mail: mmnoda@ull.es

Los abajo firmantes EXPONEN su rechazo al Anteproyecto de LOU porque:

Con los nuevos tipos de contratos se acentúa la precariedad del profesorado contratado tanto desde el punto de vista de la estabilidad como de la promoción.

Establece un modelo discutible de calidad docente e investigadora, al obligar a su personal contratado a una forzada movilidad geográfica.

Introduce unos mecanismos de habilitación que suponen la vuelta a sistemas de oposición anacrónicos y superados por la LRU

Propone un modelo de profesor puramente como investigador, desde una perspectiva administrativista, centralista y jerárquica

DEFIENDEN:

Un modelo de calidad docente e investigadora sustentado en la estabilidad y en la promoción del profesorado contratado en cada universidad.

Unas prácticas de formación del alumnado universitario respetuosa con la diversidad, tanto de las distintas titulaciones y universidades como de las diferentes comunidades autónomas.

La conformación de equipos estables de investigación.

La defensa de la autonomía de las universidades, entre otras cosas, para contratar, evaluar y promocionar a su personal docente e investigador

EXIGEN:

La articulación de los procesos legales necesarios para garantizar dichos principios.

si estás de acuerdo con lo anteriormente expuesto, te rogamos nos envíes, lo antes posible, un correo electrónico a una de las siguientes direcciones:

Cperez@ull.es <mailto:Cperez@ull.es>
Bezamora@ull.es <mailto:Bezamora@ull.es>
Mmnoda@ull.es <mailto:Mmnoda@ull.es>

Rellenando los siguientes datos:

Nombre y apellidos:
Categoría:
Area de conocimiento:
Facultad, Escuela Universitaria o Centro Superior:
Universidad:
E-Mail:

Gracias por vuestra colaboración

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RECORTES

Los sindicatos anuncian movilizaciones contra la reforma educativa

Los consejos sociales apoyan al Gobierno

J. J. G. / A. L. E. Diario "El País", Madrid, Viernes, 15 de junio de 2001

La Plataforma Estatal por la Enseñanza Pública, que agrupa a sindicatos y asociaciones de padres y alumnos, anunció ayer movilizaciones para el inicio del próximo curso, en protesta por las reformas educativas incluidas en la Ley de Calidad. En este ambiente crítico, el Gobierno halló un apoyo en los consejos sociales, que manifestaron que es ‘irrenunciable’ su presencia en los consejos de gobierno de las universidades, medida propuesta por el Ministerio de Educación y rechazada por los rectores.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Fernando Lezcano, advirtió ayer, como portavoz de la Plataforma por la Enseñanza Pública, de que ‘la falta de consenso’ con la que el Gobierno ha emprendido las reformas educativas ha puesto al Ministerio de Educación ‘a las puertas de un conflicto institucional serio’. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, recibida con pitidos en un acto oficial en Zaragoza por varios colectivos de estudiantes, volvió a repetir ayer que ‘ninguna reforma legal universitaria ha tenido tanto debate como la actual’.

Los sindicatos que forman parte de la plataforma (FETE-UGT, STES y CGT, además de CC OO) estudian la posibilidad de convocar en otoño una huelga general de la enseñanza ‘si el ministerio mantiene su política de atentar contra la igualdad en la educación y favorecer la privatización de la enseñanza’, según Lezcano. Junto a los sindicatos, componen la plataforma la confederación laica de asociaciones de padres CEAPA, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Movimiento de Renovación Pedagógica.

Por otro lado, los consejos sociales de las universidades públicas lanzaron ayer su primera valoración del anteproyecto de la Ley de Universidades. El presidente de la organización que los aglutina, José María Fluxá, aseguró que ‘la presencia de la sociedad’ en los consejos de gobierno, tal y como incluye el documento de Educación, es ‘irrenunciable’.

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La Universidad, entre el Estado y el mercado

EMILIO LAMO DE ESPINOSA Diario "El País". Lunes, 18 de junio de 2001

Si bien es evidente la necesidad de revisar la Ley de Reforma Universitaria de 1983, no lo es tanto hacerlo con una ley nueva, como la propuesta Ley de Universidades. Asentado ya el marco constitucional, que se desarrolló entonces, las expectativas que genera una nueva ley reabren debates superados de distribución de competencias entre universidades, comunidades autónomas y Gobierno central. Quizás hubiera sido más acertado un plan de mejora de la calidad de las universidades del que, inevitablemente, tendrían que deducirse reformas importantes de la ley del 83. Como acaba de señalar la OCDE, frente a una media de gasto universitario por alumno/año de 9.063 dólares, en España gastamos 5.038, de modo que puede que las universidades sean corporativistas, pero ciertamente no son caras ni parecen estar mal administradas. Lo que la universidad parece necesitar, más que leyes, es programas bien financiados que generen incentivos en la mejora de la calidad.

El riesgo del procedimiento seguido es que, como suele ocurrir en materia universitaria, el número y la vehemencia de los actores, intérpretes y opinantes genera una algarabía poco coherente (y eso que aún no conocemos las disposiciones transitorias). Así, no parece razonable que las universidades critiquen la nueva ley porque otorga mayores competencias a las comunidades (lo que un prestigioso rector ha llamado ‘zaplanear’ las universidades) mientras que los consejeros de Educación se quejan de que les resta competencias y atenta contra los Estatutos. Si alguien no gana con la nueva ley es el ministerio, y puesto que estamos ante un juego de suma cero, no puede ser que las dos ‘autonomías’ pierdan al tiempo. Como tampoco parece coherente que si unos y otros perciben una mayor intervención pública en la vida universitaria los estudiantes aleguen, por el contrario, que se privatiza la universidad. Al final todos están en contra, pero por razones contradictorias.

Lo que esto parece indicar es la necesidad de mayor sosiego. La ley, larga y prolija en ocasiones, plantea muchos temas discutibles y algunos acertados. Me limitaré hoy a señalar uno de cada lado, el primero sobre las competencias respectivas. Los constituyentes quisieron dejar fuera del marco de las CCAA dos instituciones importantes, la justicia y las universidades, y para ello las dotaron de un régimen peculiar. El fundamento de la autonomía universitaria está en la libertad de la ciencia (de la que deriva la de cátedra) que abarca materias de carácter académico (docente e investigador). Por supuesto no alcanza a la definición de objetivos políticos (como creación de nuevas enseñanzas), al marco presupuestario y menos aún a la rendición pública de cuentas, la famosa accountability. Con buen criterio, el ministerio ha iniciado ahora el camino de separar los mecanismos de toma de decisión política de los de toma de decisión académica, quizás incluso atribuyéndolos a órganos distintos (Consejo Social y Junta de Gobierno), lo que parece sensato. Pensemos que sin esa saludable separación, por ejemplo, la Universidad del País Vasco sería hoy otro ‘espacio liberado’.

En todo caso, una lectura de la ley hace temer que le podría ocurrir algo similar a lo que ya aconteció con la del 83, a saber, que si a consecuencia del juego de los tres poderes públicos hay ‘poco’ Estado o control público, también hay poco mercado y competencia. Dada la diversidad de controles, el supuesto de una accountability pública tiene serias limitaciones. Es por ello razonable confiar más en el mercado, que se manifiesta a través de la demanda de enseñanza, de titulados y de investigación. El distrito único fue un paso importante y en la misma línea la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, que acertadamente establece la nueva ley, debería ser reforzada. La experiencia de muchos países (Estados Unidos, el primero) donde una agencia similar acredita centros, elabora ranking y ofrece información a la sociedad, ha sido muy positiva. Y nótese que eso no es privatizar la enseñanza, que debe seguir siendo fundamentalmente pública; es sólo confiar en que el consumidor informado sabe mejor que nadie lo que le interesa, un supuesto bastante poco revolucionario.

e.lamo@iuog.fog.es

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El PSOE pide una evaluación estatal por méritos para ser profesor universitario

La alternativa a la ley del Gobierno señala que un 15% de los funcionarios procedan de otros centros

Los profesores deberán superar una evaluación de méritos estatal, sin examen, antes de concursar por una plaza en una universidad; se reservarán un 15% de las plazas de funcionario para docentes que procedan de otros centros. Además, los consejos sociales estarán formados por más representantes de la sociedad que ahora, reduciendo los de la universidad, y no habrá representantes políticos en el gobierno de los centros. Éstas son las principales medidas del proyecto alternativo a la Ley de Universidades del Gobierno, que presentará el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a los rectores el próximo viernes.

El proyecto incluye medidas concretas para combatir la endogamia, otorga mayor poder de decisión a las universidades sobre su funcionamiento y refuerza la participación social. Los tribunales de las universidades que seleccionan al profesorado tendrán menos miembros nombrados por el centro convocante (uno, en vez de dos, como ahora), según la propuesta.

Esta medida, junto con la reserva del 15% de las plazas para profesores externos al centro, y la evaluación estatal de los méritos académicos e investigadores, ‘contribuirían claramente a combatir la endogamia’, asegura la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. ‘La ministra se equivoca cuando cree que sólo se puede combatir la endogamia a través del recorte de la autonomía. Hay que dar a las universidades la posibilidad de seleccionar abiertamente a sus profesorado’, añade.

El PSOE pide además que los profesores contratados, no funcionarios, asciendan como máximo al 30% y no al 49%, como recoge el proyecto del Gobierno. Éstos son las propuestas de los socialistas y del Ministerio de Educación sobre órganos de gobierno y selección del profesorado:

PROFESORADO

Propuesta del PSOE:

Acreditación. Acreditación previa de los candidatos a profesores titulares y catedráticos a través de una evaluación, realizada por comisiones estatales. Estarán formadas por profesores de cada área de conocimiento (que serían revisadas), que evalúan los méritos docentes e investigadores. Se exige a los miembros de las comisiones un mínimo de investigación. No se limita el número de acreditados. Actualmente no existe esta evaluación previa.

Selección para cada plaza. La selección del profesor la hace un tribunal, compuesto por un cuatro profesores externos a la universidad convocante de la plaza y uno designado por la universidad que convoca la plaza (actualmente son tres más dos).

Acceso desde el extranjero. El 15% de las plazas de funcionarios de cada universidad se cubre obligatoriamente con doctores cuyo trabajo se haya desarrollado fuera de la universidad convocante (en España o en el extranjero). Estas plazas se financian mediante un convenio específico entre el Estado, las comunidades y las universidades. El Consejo de Universidades establece sistemas de homologación y equivalencia de títulos europeos para facilitar el acceso a este proceso desde la UE.

Figuras de profesores.

Ayudante: contratación al final del doctorado por cuatro años, ampliables mientras se realicen estudios o trabajos de investigación en otras universidades e instituciones españolas o extranjeras. La duración máxima la deciden las universidades o las comunidades.

Profesor contratado, no funcionario: nueva figura denominada ‘profesor colaborador’ (para contratar profesores e investigadores) regulada por las universidades en sus estatutos. No pueden ser más del 30% de los profesores funcionarios de cada universidad.

Proyecto del Gobierno:

Habilitación. Examen de habilitación nacional de los candidatos a cada plaza, realizado por un tribunal compuesto por miembros de cada área de conocimiento elegidos por sorteo. El número de habilitados es limitado y se ajusta al número de plazas previamente declaradas vacantes por cada centro. La habilitación caduca a los dos años.

Selección para cada plaza. Las universidades eligen entre los habilitados a sus nuevos docentes.

Acceso desde el extranjero. No propone medidas concretas.

Figuras de profesores.

Profesor ayudante: introduce la figura de ayudante no doctor. Con contrato de cuatro años, no ampliable. El contrato de ayudante doctor tiene una duración de cuatro años, no ampliable. Para acceder a la plaza de ayudante doctor, el candidato no puede haber permanecido en esa universidad los dos años anteriores.

‘Profesor contratado’, no funcionario: nueva figura regulada por leyes autonómicas. Pueden ser hasta el 49% de los profesores.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Propuesta del PSOE:

Junta de Gobierno. Su composición la deciden los estatutos de cada universidad. Presidida por el rector y compuesta por representantes de los sectores universitarios: equipo del rector, representantes de las facultades o escuelas, alumnos, profesores y personal administrativo. Flexibiliza la participación de los centros y departamentos.

Consejo Ejecutivo. Es un órgano nuevo de dirección y gestión. Compuesto por el rector y su equipo. Su composición y funciones son decididas por los estatutos de cada universidad.

Claustro. Es el órgano representativo universitario. No tendrá más de 250 miembros. Al menos el 60% de ellos serán profesores.

Elección del rector. El sistema de elección será establecido por los estatutos de cada universidad.

Proyecto del Gobierno:

Consejo de Gobierno. Sustituye a la actual Junta de Gobierno. Es el órgano de gobierno. Su composición será de un tercio de miembros elegidos por el rector, otro tercio, por el clautro (entre docentes, personal administrativo y alumnos) y otro tercio, serán miembros del consejo social de entre los elegidos por la comunidad autónoma.

Consejo de Dirección. Es un órgano nuevo de dirección y gestión. Compuesto por el rector y su equipo. Su composición y funciones son decididas por los estatutos de cada universidad.

Claustro. Es el órgano representativo de la comunidad universitaria. No define su tamaño máximo y mínimo (actualmente, llega a tener más de 1.000 personas). Al menos el 70% de sus miembros serán profesores.

Elección del rector. Es elegido por la comunidad universitaria por sufragio universal ponderado.

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Aula libre - Una necesaria prudencia con la ley universitaria

CARLES SOLÀ, Diario "El País" Lunes, 18 de junio de 2001

En estos momentos creo que el Gobierno Central debe de tener ya muy claro que el texto de anteproyecto de Ley Orgánica de Universidad ha sido recibido muy negativamente por la inmensa mayoría de la comunidad universitaria. Desde que se tuvo conocimiento del mismo (el 7 de mayo pasado) se ha producido un auténtico alud de manifestaciones en contra, todas ellas muy contundentes: diferentes colectivos de rectores, juntas de gobierno y claustros universitarios, asociaciones y asambleas de estudiantes, sindicatos y partidos políticos con la excepción del PP.

Se han producido también algunas manifestaciones en la calle, en el sentido de clara oposición al anteproyecto. De especial significación es el pronunciamiento unánime de la Conferencia del Consell Interuniversitari de Catalunya, presidido por el Consejero de Universidades e Investigación y del que forman parte los rectores, presidentes de Consejo Social, representantes de los estudiantes y personalidades del mundo educativo, que insiste, entre otras cosas, en la necesidad de más tiempo de reflexión y de que la ley tenga auténtico carácter de Ley de Bases.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas dio a conocer el día 21 de mayo un extenso y meditado comunicado en el que, a pesar de su contenido extremadamente crítico, se ofrecía la colaboración de la Asociación de la Universidades Españolas para tratar de alcanzar acuerdos sobre el contenido de la ley. La reunión del 1 de junio reiteró los contenidos del texto dado a conocer el 21 e hizo una serie de propuestas sobre órganos de gobierno, como primera cuestión sobre la que buscar el consenso, ya que la propuesta del Ministerio de Educación lesiona la autonomía universitaria, pieza clave de la institución y elemento indispensable para que la universidad pueda cumplir adecuadamente el servicio público de formación superior e investigación sin injerencias ilegítimas de los partidos políticos.

Como la universidad es ya, de lejos, la institución pública que da más cuentas públicas de su gestión, y sus miembros realizan una continua autocrítica, no insistiré en que el binomio autonomía-responsabilidad es asumido por la universidad pública española y que en lo que se refiere a la rendición de cuentas no va a haber inconveniente en insistir en ello, con la esperanza de que también en este campo la acción pedagógica de la universidad se extienda a otros ámbitos que reciben financiación que proviene de los impuestos pagados por empresas y ciudadanos.

Las diferentes tomas de posición respecto del borrador de anteproyecto tienen bastantes puntos de coincidencia. Concluyen en que ésta no es la ley que necesita la universidad española para hacer frente a las nuevas demandas sociales. En un nuevo contexto, de fuertes transformaciones sociales y económicas, cada día más mundializado, la universidad está llamada a dar las nuevas respuestas éticas, a no quedar a merced de unas fuerzas de mercado ebrias de codicia, a crear nuevos conocimientos, a formar ciudadanos libres y solidarios, a la vez que capacitados para un mundo laboral, que en gran medida desconocemos cómo será.

Pensar que es posible dictar una norma que regule hasta los detalles más nimios del funcionamiento de la universidad, que incluso pone en una ley orgánica la mecánica de unos ejercicios de concurso-oposición (aunque el texto los defina como ‘habilitación’), cuando lo que se requiere es flexibilidad y diversidad, no sólo es contrario a la lógica de la situación, sino seguramente inútil en el país que alumbró la novela picaresca.

El texto presentado, es, además, contradictorio con la afirmación que hizo la ministra Del Castillo ante el CU de que se trataba de una ley de mínimos y también lo es respecto del documento suscrito por ella misma, o su representante, en Praga, referente a la participación de los estudiantes en la vida universitaria (www.eu2001.se/eu2001).

Las últimas manifestaciones conocidas de la ministra son las de, en todo caso, aprobar el proyecto de ley antes de agosto, de forma que se prevé una rápida tramitación parlamentaria en el último trimestre del año. Desde luego, con esta ley no creo que deslumbremos a Europa, muchos de cuyos países han renovado sus leyes para ir construyendo el Espacio Europeo de Educación Superior (el anteproyecto no hace ningún movimiento en ese sentido), ya que le corresponde a España la presidencia durante el primer semestre de 2002.

Las tomas de posición antes señaladas hacen previsible que, si no se abre un proceso de diálogo con tiempo, forma y talantes suficientes, nos podamos encontrar al inicio del próximo curso con una situación muy difícil. Que todavía será de peor solución si el proyecto ya está en el Parlamento y sigue contando con el rechazo de la práctica totalidad de la comunidad universitaria. Puesto que lo que tenemos entre manos es un borrador de anteproyecto ¿por qué no tomar el tiempo necesario para encontrar un texto sobre el que no haya la sensación de que va contra la universidad pública?

Recientemente ha sido presentado un pacto por la justicia que seguramente es un ejemplo a tener en mucha consideración. Se ha conseguido un acuerdo entre la gran parte de los sectores implicados y, además, nace con un compromiso paralelo de financiación, algo totalmente ausente del texto universitario.

Quiero recordar que el gasto total, en docencia y en investigación es insuficiente (y con tendencia a la baja, como porcentaje del PIB) y que el sistema de ayudas al estudio es el segundo peor de la Unión Europea. ¿No merece la educación en general y la educación superior y la investigación, funciones inseparables de la universidad, un acuerdo semejante?

Carles Solà es rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.

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Los rectores piden al Gobierno una acreditación estatal de méritos para el acceso a la docencia

El Ejecutivo admite que hará ‘precisiones’ en el texto de Ley de Universidades

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid, Martes, 19 de junio de 2001

Los rectores consideran que los profesores universitarios se deben elegir con una evaluación estatal de méritos académicos y de investigación. Posteriormente, un tribunal en cada universidad seleccionaría a los acreditados más adecuados para cada plaza vacante, de una forma similar a como se hace actualmente. Los docentes de los centros privados también se someterían a la acreditación. Esta propuesta, expuesta ayer por los rectores al Gobierno, coincide en líneas generales con la alternativa a la Ley de Universidades que presentará el PSOE. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias, aseguró que el Gobierno hará ‘precisiones’ en el nuevo texto que presentará el jueves.

Los rectores piden además que se incluya en la normativa el compromiso de que la ley de financiación autonómica haga referencia al presupuesto de esta reforma. El anteproyecto del Gobierno no habla de financiación. Los responsables de las universidades expusieron ayer en una comisión del Consejo de Universidades la propuesta que acordaron en la reunión de la Conferencia de Rectores (CRUE) integrada por 65 de las 68 universidades públicas y privadas- celebrada el pasado viernes.

El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias, aseguró que el ministerio realizará modificaciones técnicas en el anteproyecto que consistirán en precisiones ‘para atenuar posibles riesgos o malas interpretaciones’ y aseguró que hay ‘un acuerdo sustantivo’ con los rectores, de los cuales les separan sólo cuestiones de ‘matiz o de mejora de la redacción del proyecto’. Iglesias calificó la propuesta de los socialitas de ‘incoherente, regresiva y precipitada’ y se extrañó de que el PSOE ‘no la haya presentado en el Consejo de Universidades’.

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, aseguró que ayer ‘no hubo una negociación, sólo una exposición de la postura de las universidades’ y que el Gobierno no les dio ‘ninguna respuesta, aunque estaba más receptivo que en reuniones anteriores’. Éstas son las líneas principales de las propuestas:

Acceso del profesorado

Rectores. Proponen el acceso de los profesores titulares y catedráticos por medio de una acreditación estatal de sus méritos, sin examen, pero no señalan cómo sería la composición del tribunal que posteriormente elegiría al candidato para cada plaza, como hace el PSOE en su alternativa. Piden que no haya limitación de acreditados. Sugieren que se establezcan unas normas básicas para toda España y que el resto lo determinen los estatutos de cada universidad.

PSOE. Pide una acreditación estatal por méritos y que los tribunales que elijan después al candidato a cada plaza se compongan de cuatro miembros elegidos por sorteo entre profesores de toda España y uno, por la universidad que convoca la plaza.

PP. Recoge en su anteproyecto una habilitación nacional por medio de una prueba que se debe superar para ser titular o catedrático. Incluyen un número fijo de habilitados y la caducidad de la habilitación a los dos años. La selección posterior de cada candidato la decide cada universidad.

Otras alternativas. Unos 500 profesores, liderados por el catedrático Gabriel Tortella, han apoyado la habilitación propuesta por el Gobierno y han propuesto que ‘expertos externos seleccionen a los profesores de mayor nivel’, por medio del número de sexenios ‘afectado por un coeficiente corrector’ y que esos docentes seleccionen al resto. También piden la presencia de profesores extranjeros en los tribunales de habilitación.

Figuras de profesores

Rectores. Apoyan la propuesta del Gobierno de crear la figura de profesor contratado, pero piden que se especifique que tengan contratos laborales (con todos sus derechos), no administrativos (como los actuales de ayudantes y asociados). Plantean que los profesores de las universidades privadas también se sometan a una acreditación por méritos. No están de acuerdo con el ministerio en que los ayudantes doctores tengan que pasar, al cabo de cuatro años, dos fuera de su universidad para poder volver. Sugieren que se fomenten los programas de movilidad de docentes.

PSOE. Pide que se cree la figura de ‘profesor colaborador’, que la duración de los contratos de los ayudantes las marque cada universidad, que los profesores contratados no sean más del 30% de funcionarios y que el 15% de los éstos procedan de otras universidades. Se opone a la creación del ayudante no doctor.

PP. Crea el profesor contratado no funcionario (que pueden llegar a ser hasta el 49% de los docentes de la univesidad) y el ayudante no doctor.

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Del Castillo accede a que el gobierno de las universidades no tenga representantes políticos

El Ministerio de Educación planea reforzar la función de control de los consejos sociales

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, presentará hoy al Consejo de Universidades una propuesta de ley universitaria que no incluye en el gobierno de los centros a los representantes políticos, modificando así su anteproyecto en la línea que han solicitado los rectores. A cambio, siempre según fuentes universitarias y autonómicas, se reforzarán las funciones de planificación y gestión de los consejos sociales (los órganos de participación de la sociedad) para que puedan intervenir en la financiación de las universidades y se dejará en manos de los Gobiernos autonómicos su composición.

El Ministerio de Educación ha reformado su propuesta inicial de anteproyecto tras abrir un debate en las últimas semanas con los rectores. Éstos pidieron a la ministra que no incluyese a los representantes políticos (miembros del consejo social nombrados por los Gobierno autonómicos) en el nuevo órgano de gobierno de las universidades (el Consejo de Gobierno). Los máximos responsables de los centros de educación superior señalaron que esa ‘intervención política afectaría seriamente al derecho constitucional a la automía universitaria’ y solicitaron que ‘se diferenciara de forma clara gobierno y control social’.

Un portavoz del Ministerio de Educación, sin negar que estas reformas se hayan incluido en el nuevo texto del anteproyecto, señaló que ‘las modificaciones definitivas serán confirmadas por el Gobierno únicamente en el seno del Consejo de Universidades’. Sin embargo, altos cargos de la Generalitat valenciana confirmaron que ‘el ministerio presentará hoy una oferta a los rectores en la que plantea la exclusión de los representantes de los consejos sociales de los órganos de gobierno de la universidad’. Pilar del Castillo pretende elevar el texto definitivo al Consejo de Ministros para su aprobación a finales del mes de julio.

La ministra manifestó a mediados de la semana pasada ante sus colaboradores más estrechos sus ‘dudas sobre la conveniencia de mantener la presencia política en los órganos de gobierno u optar por que el control externo de las universidades lo realicen los consejos sociales’.

El giro del ministerio buscaría, en contrapartida, reforzar las competencias de los nuevos consejos sociales, mediante ‘una ampliación de sus atribuciones, en materia de planificación y gestión presupuestaria’, de forma, que como ya existe en otras leyes autonómicas de consejos sociales, estos órganos tengan competencias para establecer ‘los criterios básicos para la elaboración del presupuesto’.

‘Modelo Zaplana’

También podrían corresponder a los nuevos consejos sociales atribuciones para autorizar los convenios de investigación, nuevas titulaciones y, en general, diseñar la planificación universitaria. Un modelo que, el gobierno popular de Zaplana, está ya a punto de tramitar en la Comunidad Valenciana. En la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), anoche se estaba a la espera de confirmar la posición de la ministra. Sin embargo, fuentes de la CRUE adelantaron que la exclusión de los representantes políticos y sociales de los órganos de gobierno ‘no es el único punto conflictivo’.

Los rectores recuerdan que en su acuerdo del 21 de mayo, ratificado en la asamblea del viernes pasado, ‘rechazaron muchos otros aspectos, y más importantes, del anteproyecto de ley’.

Por otro lado, Del Castillo aseguró ayer en el Senado, durante la sesión de control al Gobierno, que las universidades privadas serán sometidas con la Ley de Universidades a los mismos criterios de evaluación de calidad de la docencia e investigación que los centros públicos. La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, propuso ayer que la nueva ley obligue a los centros privados a contar con al menos un 30% de profesores acreditados por el Estado’, informa Juan J. Gómez.

Los socialistas piden además que se declare incompatible la docencia simultánea en centros públicos y privados, y que desaparezcan los centros adscritos (centros privados que imparten títulos mediante convenios con un universidad pública y que suelen cobrar a sus alumnos, además de las tasas académicas, pagos periódicos).

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Los rectores rechazan el anteproyecto definitivo de la Ley de Universidades

Los profesores pasarán un examen estatal de habilitación, incluido el 25% de las privadas

Los rectores manifestaron ayer su rechazo del anteproyecto de Ley de Universidades expuesto por la ministra en el Consejo de Universidades. Criticaron el proceso seguido por Educación y aseguraron que algunas modificaciones introducidas ‘pueden entorpecer el funcionamiento de la universidad’, como la asignación de competencias al consejo social ‘para que supervise el desarrollo de los presupuestos y, por tanto, aspectos como la creación de titulaciones’. El Gobierno, que ha incluido en el texto definitivo varias ideas de los rectores, mantiene, sin embargo, el examen de habilitación nacional para acceder a la docencia universitaria y obliga a las universidades privadas a tener un 25% de habilitados.

El Gobierno reduce la representación política en el órgano de gobierno de las universidades (el consejo de gobierno) respecto a su borrador inicial (en el que señalaba que suponía un tercio), limitándola a la presencia del presidente y dos miembros del consejo social (con voz pero sin voto).

Esta medida recoge en parte una petición de los rectores. Éstos pedían que no se incluyera en el gobierno a ningún miembro que no fuera de la universidad. Ahora no están conformes con esta ‘solución confusa’, según el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), Saturnino de la Plaza. Este rector añadió que no detallarán su postura ‘hasta conocer el texto del anteproyecto’, que no fue entregado al Consejo de Universidades.

El ministerio ha reforzado las funciones del consejo social (órgano de control universitario) y ha eliminado la presencia de la comunidad universitaria (que ahora representa el 40%). Participarán en él sin voto el rector, el gerente y el secretario general de la universidad. Éstas son las principales modificaciones:

Consejo de Gobierno

Anteproyecto. Tendrá como máximo 40 miembros: 30% elegidos por el rector, 40% por el claustro y 30% de entre decanos o directores de escuela o departamento, según indiquen los estatutos de cada universidad. También están presentes en él con voz y sin voto tres miembros del consejo social: su presidente y otros dos representantes.

Borrador anterior. No tendrá más de 30 miembros: un tercio será elegido por el rector, otro por el clautro y otro de personas no académicas (representantes políticos) del consejo social.

Consejo Social

Anteproyecto. No tendrá ningún miembro que pertenezca a la universidad. Sus componentes serán representates sociales (de sindicatos, patronales, organizaciones sociales y políticas) nombrados según establezca la ley de la comunidad autónoma. El rector, el secretario general y el gerente de la universidad estarán presentes con voz pero sin voto. Se refuerzan sus funciones de fiscalización de la universidad. Aparte de las funciones actuales de supervisión de las actividades económicas y aprobación del presupuesto y programación plurianual se incluyen: supervisar el desarrollo y ejecución de los presupuestos, proponer a las comunidades la creación de centros y la supresión de carreras, aprobar la creación de fundaciones, ratificar el nombramiento del gerente y acordar complementos retributivos para el profesorado.

Borrador anterior. Formado en un 40% por miembros de la parte académica y un 60% por representantes de la sociedad.

Junta consultiva

Anteproyecto. Formada por profesores e investigadores de prestigio, con méritos docentes y de investigación acreditados con evaluaciones positivas. Son elegidos por el consejo de gobierno.

Borrador anterior. Integrado por decanos y directores de facultades y departamentos.

Claustro

Anteproyecto. Compuesto por un 51% de profesores funcionarios doctores y el 49% restante como decidan los estatutos de cada universidad.

Borrador anterior. Formado por un 51% de profesores funcionarios doctores, un 19% de personal docentes investigador y un 30% personal de administración y servicios y estudiantes.

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El debate universitario

Diario "El País" Domingo, 24 de junio de 2001

La actual legislación universitaria ha contribuido, durante sus 18 años de vigencia, a la modernización de esa institución, pero ha revelado también sus insuficiencias para adaptarse a los cambios sociales producidos en estas dos décadas. El debate ahora sobre su reforma empieza lastrado por un método poco participativo en su gestación. Percibido como una imposición por la propia comunidad universitaria y por las autoridades autonómicas, lo que está en peligro es el deseable consenso sobre su contenido. Esa cuestión, unida a la urgencia de los plazos planteados por el ministerio, ha contribuido a desviar el debate de los problemas de fondo. Por un lado, lo que la sociedad espera y exige a la Universidad hoy en términos de docencia, investigación y contribución al desarrollo económico y social en un entorno en el que el conocimiento desempeña un papel esencial. Por otro, lo que la Universidad tiene derecho a esperar de la sociedad, especialmente en términos de recursos, un aspecto en el que las diferencias son enormes en comparación con los países de nuestro entorno.

El debate se ha centrado hasta ahora en la selección del profesorado y los órganos de gobierno. Tras darse a la publicidad el borrador preparado por el ministerio, se han sucedido las propuestas de los rectores, las de los partidos de la oposición y las de diversos colectivos, junto con una nueva propuesta ministerial que modifica en parte el borrador inicial. Sobre la selección de profesores, todos parecen coincidir en la conveniencia de una única instancia evaluadora que filtre las candidaturas antes de que las universidades escojan entre quienes han satisfecho este requisito. La propuesta ministerial prevé una habilitación mediante unos ejercicios. Una prueba de este tipo conduciría a que los candidatos que la hubieran pasado fueran considerados como profesores con todos sus derechos, aunque ninguna universidad les ofrezca una plaza. Lograr, por otra parte, que el número de habilitados coincida con el de plazas vacantes, nivel por nivel y área por área, parece una utopía.

Parece más adecuada la propuesta de los rectores: que la habilitación sea sustituida por una acreditación basada en el currículo de los candidatos, mientras que las pruebas sean responsabilidad de las universidades para plazas concretas. La existencia de esta primera instancia mejorará el nivel de los profesores si las comisiones encargadas de acreditar tienen competencia científica, sensatez y experiencia, pero sería ilusorio pensar que pueden hacer desaparecer prácticas endogámicas que responden más a la cultura de las comunidades académicas que al método con el que seleccionan a los profesores.

En cuanto a los órganos de gobierno, el ministerio da marcha atrás en su idea de que un tercio del Consejo de Gobierno esté compuesto por miembros externos, procedentes del Consejo Social, pero insiste en un detallismo excesivo a la hora de determinar su composición, que puede convenir diferenciar en función de las circunstancias de cada universidad. El Consejo Social recupera así su función supervisora y se refuerzan sus competencias. La experiencia de los consejos sociales hubiera aconsejado un análisis previo de las causas de su escaso impacto, debido quizá al perfil y a la dedicación de sus vocales, antes de aumentar sus funciones. Y, en todo caso, remarcar su compromiso en la obtención de recursos externos, misión en la que no se han desempeñado con excesiva brillantez.

Por lo demás, eliminar la componente académica de los consejos sociales puede aumentar aún más su aislamiento de la realidad universitaria, y convertir al rector en un mero invitado sin voto parece excesivo. El rector, responsable ante la sociedad de todo cuanto afecta a la universidad y su máximo representante elegido por el conjunto de la comunidad universitaria, no puede estar como oyente sin voto en un importante órgano de gobierno de la universidad.

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PILAR DEL CASTILLO MINISTRA DE EDUCACIÓN: ‘Las universidades tendrán una evaluación estatal obligatoria’

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid Domingo, 24 de junio de 2001

La ministra no tiene ninguna duda de que su Ley de Universidades ha quedado lo mejor posible. Sale al paso de las críticas de los rectores al texto definitivo argumentando que está tranquila, porque, en su opinión, se les ha consultado todo lo necesario. Pero le gusta repetir que nadie debe olvidar que ‘el Gobierno es el que tiene la obligación de legislar y de trascender de visiones parciales’.

Tampoco han calado en Pilar del Castillo las quejas de las comunidades autónomas. Denuncian que no se les ha consultado debidamente al elaborar una reforma que, en definitiva, tendrán ellas la competencia de aplicar y desarrollar. La ministra se sacude esas quejas vinculándolas a intereses políticos de las comunidades gobernadas por el PSOE y el PNV.

Éstas son las claves del cambio, según Pilar del Castillo: ‘Un mejor sistema de selección del profesorado, más abierto, más transparente y más competitivo; una gestión más ágil y eficaz por parte de las universidades; una potenciación de la investigación;

una mejor conexión entre la sociedad y la Universidad, y una evaluación del sistema a través de la Agencia Nacional de Calidad y Evaluación, lo que va a permitir una transparencia en la calidad de las universidades y medir realmente su rendimiento’.

Esa evaluación de las universidades es, sin embargo, una cuestión peliaguda, porque las comunidades consideran que puede ser una intromisión a sus competencias y a la autonomía universitaria que una agencia nacional realice una evaluación obligatoria de sus universidades. Actualmente existe, pero es voluntaria. Las universidades presentan a examen las carreras que quieren. Esto hace que los resultados no sirvan para elaborar un ranking sobre cuáles son los mejores centros en cada titulación, algo que sí permitirá el sistema que se introducirá con la ley, al hacer la evaluación obligatoria, como explica la ministra, algo que se regulará en un posterior decreto.

‘Habrá aspectos de la evaluación que serán obligatorios y otros voluntarios. Pero la tendencia será a que haya una evaluación obligatoria, a que la agencia tenga la información necesaria de las universidades en materia de docencia, investigación y gestión. Con la creación de esta agencia estamos en la vanguardia de los países europeos. Sólo Holanda tiene previsto crear una, pero es la tendencia en todos los países de la UE’.

La Ley de Universidades introduce un examen de habilitación nacional para todo el que quiera ser profesor titular o catedrático. Después deberán superar las pruebas de selección (como un examen o simplemente una entrevista) que establezca cada universidad para ganar una plaza vacante. El Gobierno obliga además a las universidades privadas a tener un 25% de profesores que hayan pasado por esa habilitación nacional.

En cada convocatoria se habilitará a un número fijo de personas, igual al de plazas que declaren previamente vacantes las universidades. Y éstas deben escoger después al habilitado con el perfil más adecuado a sus necesidades. Sin embargo, las universidades aseguran que muchos de esos habilitados pueden no reunir las condiciones que ellas requieren. En ese caso, no descartarían esperar a una nueva rueda de habilitación para cubrirla esas plazas. Pero la ministra cree que el problema de las bolsas de titulares o catedráticos habilitados sin plaza no va a producirse.

‘El sistema no lo permite. Podrá haber algunos habilitados que por un tiempo corto no tengan plaza porque ninguna universidad los haya seleccionado a ellos, sino a otras personas que ya son titulares o catedráticos en otros centros. Éstos a su vez dejarían una plaza libre. Por lo tanto, se produce un efecto de movilidad que no produce bolsas de habilitados sin plaza’.

También establece la nueva ley que los rectores serán elegidos por sufragio universal ponderado, es decir, que votarán todos los alumnos, profesores y personal administrativo a su mejor candidato tras una campaña electoral que promete ser al más puro estilo político.

Pero la clave de los enfrentamientos de los últimos meses entre el mundo universitario y la ministra ha sido otra novedad: la reorganización de los órganos de gobierno y gestión de las universidades. La ministra quería que participaran en el gobierno de estos centros representates políticos elegidos por los gobiernos de las comunidades.

Los rectores pusieron el grito en el cielo y aseguraron que se trataba de ‘una invasión de la autonomía universitaria’. Al final, Pilar del Castillo ha cedido, con una propuesta que no llega a ser ni lo que ella quería ni lo que pedían las universidades: habrá tres representantes políticos, pero sin voto. El resultado ‘es una mezcla que provocará problemas’, según los rectores. La ministra no está de acuerdo.

Críticas ‘Los rectores tendrán que explicar sus críticas. Las partes implicadas tienen visiones que no dejan de ser parciales. El Gobierno tenía unos objetivos irrenunciables en el proyecto y, partiendo de ellos, se han intentado adecuar algunos aspectos a las peticiones. La principal crítica que se ha tenido en cuenta ha sido la de la injerencia en la autonomía universitaria. Aunque yo creo que no la había, se ha buscado una alternativa con la que no cupiera asomo de duda acerca de este argumento’.

El consejo social (que supervisa los asuntos económicos) estará compuesto por miembros sólo de la sociedad y no de esta institución (sólo habrá tres, entre ellos el rector, pero sin voto), lo que, según las universidades, hará que éstas puedan estar condicionadas por intereses políticos de las comunidades. La ministra asegura que eso ‘no ocurrirá, porque está en la voluntad de las comunidades asumir con responsabilidad sus obligaciones’.

Algunas comunidades autónomas se han quejado reiteradamente de que el ministerio no consulta con ellas las reformas y de que no se ha convocado la conferencia sectorial (en la que están representadas) para pedir su opinión sobre esta ley. La ministra niega que esto sea exactamente así: ‘Las comunidades que han manifestado quejas sobre el anteproyecto de ley han sido las gobernadas por el partido socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Pero todas han tenido un foro de debate en el Consejo de Universidades, donde también están representadas. Es un contrasentido que las comunidades del PSOE y del PNV pidan debate y a la vez lo eludan en el marco del Consejo de Universidades’.

Del Castillo destalló al máximo los contenidos mínimos de la ESO y el bachillerato (la parte que establece el Gobierno del currículo) el año pasado. Ahora quiere crear ‘centros de referencia nacionales’ de FP y un sistema de habilitación y una agencia de evaluación estatales en el sistema universitario. ¿Pretende el Gobierno vertebrar el sistema educativo aumentando al máximo el control estatal? ‘La vertebración es obligación del ministerio. Lo que se intenta es subrayar la calidad, competitividad y transparencia del sistema’.

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Zapatero apoya a los rectores en su rechazo a la ley universitaria

JUAN J. GÓMEZ. Diario "El País". Madrid, Sábado, 23 de junio de 2001

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó ayer a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (organización que representa a 65 de las 68 universidades públicas y privadas) tras el rechazo del Ministerio de Educación a sus propuestas alternativas al anteproyecto de Ley de Universidades. Rodríguez Zapatero afirmó que la reforma del Gobierno ‘muestra una excesiva dedicación a los problemas de gobernabilidad, organización y control de las universidades’ y representa un ‘mensaje de desconfianza hacia las autoridades académicas’. Calificó de ‘tímido intento de rectificación’ los últimos cambios introducidos por el ministerio en el anteproyecto.

El líder socialista se reunió durante dos horas con los representantes de los rectores para presentarles el modelo de reforma universitaria que defiende el PSOE y que hará público la próxima semana. Tras el encuentro, Rodríguez Zapatero sostuvo que es necesario marcar los objetivos de la reforma universitaria antes de discutir los instrumentos para llevarla a cabo. A su juicio, los cambios que necesita la universidad pública son aumentar la financiación, reforzar la autonomía universitaria, garantizar la igualdad e impulsar la formación permanente de jóvenes y adultos.

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El PSOE propone una nueva vía de acceso a la Universidad para adultos

La experiencia laboral permitiría entrar en facultades y 'masters'

SUSANA PÉREZ DE PABLOS. Diario "El País", Madrid. 26 de junio de 2001

Los socialistas piden que se cree una nueva vía de acceso a la Universidad para los adultos que tengan experiencia laboral, aparte de la que ya existe desde el bachillerato o la Formación Profesional. Los profesionales no tendrían que acreditar ninguna titulación académica. Esta medida forma parte de la propuesta alternativa de Ley de Universidades que hace el PSOE, en la que se incluye la petición de que desaparezcan los centros privados adscritos a las universidades públicas.

El sistema propuesto por los socialistas sustituiría al actual acceso para mayores de 25 años. Este procedimiento está ahora dirigido a las personas que no tengan una titulación (como el graduado escolar o en educación secundaria) que no les dé directamente entrada en la Universidad. Deben además superar un examen que les da acceso a una sola carrera.

Sin embargo, con la propuesta socialista, las personas con experiencia laboral acreditada no tendrían estas limitaciones para ingresar en la Universidad y para los que no disponen de esa experiencia se modificaría el actual sistema de ingreso de mayores de 25 años para facilitar, entre otras cosas, la posibilidad de optar a varias carreras.

De esta manera, un profesional que quisiera estudiar una carrera o un master de una determinada área de conocimiento podría acceder directamente si certifica experiencia laboral suficiente en esa área.

La acreditación de la experiencia la realizaría presumiblemente cada universidad de acuerdo con la experiencia que cada candidato pueda demostrar. Los profesionales que quisieran estudiar una carrera no relacionada con su experiencia tendrían que acceder por la vía que sustituya a la de mayores de 25 años. Con esta propuesta del PSOE, que forma parte de su anteproyecto alternativo de Ley de Universidades, los socialistas pretenden solucionar dos problemas: el acceso a la formación superior continua, a lo largo de toda la vida, para cualquier persona, y la falta de estudiantes a causa de la caída de la natalidad, que empezará a afectar a muchas universidades españolas dentro de pocos años.

Los alumnos adultos tendrían acceso tanto a la formación reglada universitaria como a los cursos o master que organizasen las universidades 'en el marco de una normativa suficientemente flexible y general', según explicó ayer la portavoz de educación de la ejecutiva socialista, Carmen Chacón.

El 1,5% del PIB

El PSOE hizo pública ayer su propuesta completa de Ley Universitaria, de 31 páginas, de la que adelantó algunos aspectos la pasada semana. En el texto se solicita que se incluyan en el nuevo modelo de financiación autonómica 'las previsiones necesarias para alcanzar en diez años el 1,5% del producto interior bruto de gasto en educación universitaria'.

Los socialistas piden, además, 'un plan nacional para mejorar la calidad de las universidades a través de convenios entre éstas, las comunidades autónomas y el Gobierno', así como 'que se pase en 10 años del 15% de becados actuales a la media de la OCDE, el 40%'.

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Endogamia universitaria y libertad intelectual

ANTONIO FERNANDEZ-RAÑADA, Diario "El Mundo". 29/6/01

Ante el proyecto actualmente en marcha de retocar la Ley de Reforma Universitaria (LRU), se vuelve a hablar estos dias de la famosa endogamia. Los redactores de la LRU estaban muy preocupados, con razon, por establecer la autonomia universitaria, que era un mandato constitucional absolutamente necesario, pero de la que no habia ninguna experiencia. Para respetar las necesidades especificas de cada centro y dar estabilidad a los equipos de investigacion se establecio que dos de los cinco miembros de los tribunales para la provision de las plazas de profesor fuesen propuestos por la universidad que recibe al nuevo catedratico o titular. El grado de acuerdo sobre esta disposicion fue alto. Pero la practica hizo luego que muchas veces sean los lideres del grupo dominante en cada departamento quienes nombran efectivamente esos dos vocales, sin que los organos superiores de cada universidad entren habitualmente en la cuestion. La consecuencia fue que una idea que parecio en su momento razonable abrio el camino al clientelismo, pues el importante peso local hace que se admita a menudo, como practica socialmente aceptada, que toda plaza vacante debe ser para uno de la casa, por encima incluso del merito academico. En eso consiste la endogamia: en elegir a los nuevos profesores entre los candidatos de casa, o sea los discipulos de los lideres locales, rechazando a los formados en otras universidades o en otros grupos de la misma universidad, aun si demuestran ser mejores. Algunos la consideran como un mal grave que debe ser combatido y eliminado, otros aseguran que sus efectos nocivos son dudosos y estarian compensados en cualquier caso por sus aspectos positivos. Examinare aqui un argumento que suele pasarse por alto: es una practica incompatible con la libertad intelectual. En los años del franquismo, se denostaba el sistema de entonces con el pareado «Catedratico es/el que tiene votos tres»; ahora se dice a menudo con ironia que llega a contar mas el numero de cafes tomados con el grupo local que los meritos docentes o investigadores. Sin duda esto no es bueno porque la universidad debe mirar hacia afuera, estar abierta a la fertilizacion cruzada y a la venida de profesores con ideas generadas en otros ambitos. La prestigiosa revista inglesa Nature nos lo advertia hace unos dos años en un editorial, al decir que la universidad española esta lastrada por la rigidez burocratica y el amiguismo. Segun Nature, debemos cambiar un sistema que llega a crear esclerosis intelectual, si se quiere que España llegue a desarrollar todo su potencial cientifico y tecnologico. Palabras fuertes sin duda. Necesitamos saber si tienen o no razon. Quienes quitan importancia al problema suelen decir que hay que mantener y potenciar los equipos investigadores, fomentando su continuidad, que se veria amenazada por la llegada de profesores con otras ideas. Por el contrario, los que consideran la endogamia como un problema grave aducen que es causa de una corrupcion: cerrar el paso a los primeros, prefiriendo a veces a los segundos o terceros por ser de la casa aunque no sean tan buenos, pero de cuya fidelidad no caben dudas. Segun dicen, eso es inadmisible cuando los sueldos salen de las arcas publicas. Este ultimo argumento es certero pero insuficiente. Al fin y al cabo, los segundos y terceros estan a menudo bien preparados, o sea que la cosa podria no ser tan mala, si somos capaces de olvidar la evidente injusticia con los primeros. Pero lo verdaderamente nocivo de la endogamia no es eso sino dos efectos perversos de los que se habla poco o nada, especialmente del segundo.

El primero es que incita a perpetuar las escuelas y los temas de investigacion mas alla de su vida funcional razonable. La afirmacion de que hay que mantener los equipos o las lineas de investigacion es una verdad a medias, o sea, un argumento engañoso. Las lineas de trabajo deben mantenerse si son interesantes, dan buenos resultados y son competitivas, pero no por principio. Al rechazar a algunos por venir de fuera, aunque puedan aportar ideas nuevas, se mantienen artificiosamente lineas de investigacion y de enseñanza que ya no dan mucho mas de si. Cambiarlas por otras es, en ocasiones, lo mas conveniente para una universidad. El segundo es el mas importante: la libertad intelectual queda muy mal parada, cosa grave pues, si en una universidad falta la libertad intelectual (o sea, la libertad sin adjetivos), no puede ser creativa por muy buenos profesores que tenga. Una universidad sirve para que los estudiantes aprendan y adquieran una formacion profesional para ganarse luego la vida; esto lo entiende bien la opinion española. Pero debe ser mucho mas que eso, no puede renunciar a ser un lugar de creacion cientifica, tecnica, juridica, cultural o filosofica, en la que surjan nuevas ideas en contraste con las hoy admitidas y cuya vida debe estar siempre caracterizada por el ejercicio de la critica y la renovacion permanente; esto se entiende mucho peor. Una universidad poco creativa solo puede servir para ir tirando, para formar profesionales correctos, para estar en un discreto segundo lugar de investigacion, pero no para un pais que pretenda estar en la vanguardia, porque le sera dificil mantenerse a la altura de los tiempos.

Los jovenes deben cumplir con su obligacion de no aceptar sin mas lo que ya esta hecho pero, en la situacion actual, se ven forzados a abdicar de su rebeldia, renunciando a cualquier actitud critica ante el peso de quienes pueden decidir su futuro, bajo cuerda, sin trabas y sin dar cuenta a nadie. A eso se debe una de las realidades mas preocupantes de nuestra universidad: se escucha poco la voz critica de los profesores jovenes. La incapacidad de renovacion que ven a su alrededor les hace buscar la seguridad del pragmatismo, actitud destructora de la creatividad. Esto es grave, pues necesitamos que los jovenes no se sientan ligados a lo que piensa la generacion anterior y aporten sus ideas renovadoras, para discutirlas, no para aceptarlas sin mas. Tomemos por caso a Einstein, Heisenberg y Dirac, los tres fisicos mas importantes del siglo XX, quienes desde antes de los veinticinco años rompieron con las ideas admitidas. No estaban amparados por ningun grupo local, quiza podrian haber tenido problemas en una situacion como la española: Einstein era de fuera de la universidad, trabajaba en una oficina de patentes cuando consiguio a los 28 años un contrato en el Instituto Tecnologico de Zurich, Heisenberg era un graduado de la Universidad de Munich que fue a abrirse camino en la de Gotinga, Dirac venia de la de Bristol cuando entro en la de Cambridge y ni siquiera era fisico de carrera, sino ingeniero electronico. Tomo estos expresivos ejemplos de mi propia ciencia, pero sin duda hay casos parecidos en otras disciplinas.

Dos reflexiones finales son necesarias. La primera es que hemos llegado a esta situacion a pesar de que los redactores de la actual Ley de Reforma Universitaria fuesen conscientes del problema y estableciesen varios contrapesos para evitarlo. Por desgracia, no se aplicaron luego (sin que esos redactores tuvieran la culpa). Dare cuatro ejemplos: (I) la exigencia de haber estado dos años en otra universidad o laboratorio de investigacion antes de ser profesor permanente; (II) la necesaria intervencion del Consejo Social, como representacion de los sectores sociales, en el proceso de provision de plazas; (III) la apuesta por los departamentos grandes y mas dificiles de controlar, y (IV) la creacion de la figura de profesor asociado, un profesional de prestigio de fuera de la universidad contratado para dar cursos concretos. Las dos primeras disposiciones fueron derogadas (tras incumplirse reiteradamente la primera), la tercera y la cuarta se desvirtuaron al no aplicarse en los terminos previstos (los departamentos suelen ser pequeños y muchos asociados son docentes profesionales, no lo que se llama normalmente un profesional).

A causa de todo eso no se que contestar cuando, como a otros profesores, me preguntan si la LRU era una buena ley. Es dificil saberlo porque no se ha aplicado segun sus previsiones en aspectos importantes. Deberiamos tomarlo como advertencia para no tropezar una segunda vez en la misma piedra, pues seria de desear que esta vez se cumpla lo que se apruebe. Si se decide que hay que arreglar el problema, se debe legislar con cuidado para que sea dificil contornear la ley a base de estirar las interpretaciones. Por poner un ejemplo, una habilitacion nacional serviria de poco, si no se cuida que el numero de habilitados sea igual al de vacantes que se produzcan.

La segunda reflexion final es breve, optimista y se refiere al profesorado. Su nivel en la universidad española es bueno. En particular tenemos ahora una generacion de jovenes profesores y aun mas jovenes aspirantes con una enorme preparacion tecnica, como nunca la ha tenido España. La mayoria puede salir adelante en una situacion de libre competencia sin ningun tipo de proteccionismo, lo peor que les puede pasar es conocer otras universidades, pero eso no es malo, sino todo lo contrario. Para España, seria mucho mejor. Podemos confiar en ellos en la confianza de que, si se examinan con cuidado las consecuencias de la endogamia y se legisla luego con ideas claras, los resultados seran buenos.

Antonio Fernandez-Rañada es catedratico de Fisica de la Universidad Complutense de Madrid.

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