Informe Universidad 2000 (Informe Bricall)
Presentación

El considerable desarrollo que han tenido las universidades españolas durante estos últimos años -concretamente desde la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria- ha coincidido precisamente con la aparición de ciertos síntomas inequívocos de superación de algunos de los postulados sobre las que se había fundamentado la Universidad en Europa -y en todo el mundo- durante los dos últimos siglos.

La necesidad de proveer soluciones inaplazables a las tensiones derivadas del aludido crecimiento ocurre, por tanto, en un contexto de incertidumbre y de ausencia de muchos de los referentes tradicionales; ello acrecienta la difícil responsabilidad de quiénes han de gobernar las instituciones, en cualquier sistema universitario. La urgencia de dichas soluciones parece que no deja espacio a la reflexión y a la consiguiente elaboración de una visión a más largo plazo, inevitables si las universidades se quieren adaptar con éxito a los cambios de todo orden que se producen a su alrededor. En definitiva, se deberían garantizar las condiciones necesarias para un futuro debate, sustrayéndolo de meras conjeturas e intuiciones. Más aún en España, donde esta práctica no ha sido demasiado frecuente antes de la toma de decisiones sobre cuestiones de gran calado.

El debate es tanto más necesario cuanto el tema de la Universidad es un tema delicado, no siempre fácil de abordar y cuyo planteamiento puede provocar respuestas totalmente imprevisibles para el conjunto de la sociedad. La tentación de no tocar nada es, pues, tan atractiva como suicida. Difícilmente pueden arbitrarse soluciones correctas si no participan de forma intensa en su formulación los diferentes colectivos interesados, colectivos que no se circunscriben solo a aquéllos que tradicionalmente se han considerado miembros de la llamada comunidad universitaria. Junto a éstos hay que incluir a las familias, a los distintos agentes y organizaciones sociales y económicos, el desarrollo de cuyas actividades requiere, directa o indirectamente, de los servicios y prestaciones de la institución universitaria. Y, naturalmente, también a las Administraciones Públicas que, en democracia, representan de forma inapelable los intereses generales del conjunto de la sociedad.

Pero también sería difícil dar con el camino correcto si no se propiciara un esfuerzo que se propusiera analizar el presente para descubrir en él las primeras manifestaciones de un futuro que únicamente de esta manera podemos intuir. De este modo hay que formular y tratar de delimitar los problemas. El Informe Universidad 2000 responde a este orden de preocupaciones: intenta, en consecuencia, proponer los elementos de un debate, destacando los interrogantes que plantea el actual esquema de Universidad, aportando las soluciones ensayadas ya en otros sistemas universitarios y pretendiendo analizar con detalle y rigor las cuestiones suscitadas.

El eje central del presente Informe se refiere a las modificaciones substanciales que están teniendo lugar en el ámbito de la educación superior; modificaciones que afectan no solo a la naturaleza de dicho nivel de enseñanza, sino a la inserción de las instituciones que lo prestan en el conjunto de la sociedad. Sólo si ésta acierta a comprender el alcance de dichas transformaciones -que no son sino consecuencia de las nuevas necesidades de formación y aprendizaje que se dan en la misma- se estará en condiciones de afrontar los problemas de organización y de financiación del sistema universitario.

Por supuesto, el Informe Universidad 2000 podría haberse circunscrito únicamente a este nivel de reflexión, ya que no ha sido un informe solicitado por las Administraciones Públicas ni por ninguno de los órganos del Estado con poderes normativos o reglamentarios. Sin embargo, no hubiera sido posible concretar muchas de las cuestiones que se exponen en el mismo sin formular también algunas sugerencias y recomendaciones que permitieran mostrar las implicaciones prácticas -muy probablemente no las únicas posibles- que se derivan de las reflexiones contenidas en el texto. Además algunas de estas sugerencias pueden ser útiles para favorecer la toma de decisiones de los responsables de las distintas universidades.

En cambio, el Informe se ha abstenido de comentar las especiales condiciones de los problemas inaplazables que tienen en su agenda los responsables de la Administración y de las universidades. El déficit que el Informe ha querido contribuir a corregir es fundamentalmente el déficit de reflexión que subsiste en torno a muchos de los problemas universitarios actuales y que, como se ha dicho, viene motivado por el ritmo de urgencia que impone el actual gobierno de las instituciones universitarias. Como lo expresó uno de los miembros de la Comisión Asesora de este Informe, en el mismo no caben "disposiciones transitorias".

Finalmente una preocupación esencial de quienes han trabajado en la elaboración del Informe ha sido tratar de dar coherencia a las distintas cuestiones examinadas en él para así presentar, en la medida de lo posible, un esquema de referencia. En cierto modo, es una respuesta al mensaje que el Presidente Havel dio en la Universidad de Olomouc el día 3 de octubre de 1996 a los rectores reunidos en la Conferencia semestral de la Asociación de Universidades Europeas (CRE) a quienes pidió que no olvidaran el significado del nombre de nuestra institución: "Ad unum vertere".

Redactar este texto en poco más de un año no ha sido una tarea fácil. Hubiera sido imposible sin el concurso y la participación de muchos de quiénes se han ocupado de la Universidad en su práctica cotidiana o como tema de análisis y estudio.

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades españolas (CRUE), profesor Saturnino de la Plaza, confirmó el encargo con fecha de 18 de diciembre de 1998. Se iniciaron inmediatamente las primeras tareas que cristalizaron en un documento preparatorio que se sometió a la Conferencia de Rectores y en un posterior programa de los temas que deberían tratarse en el Informe y del modo cómo se procedería para abordarlos. Ello permitió una primera división del trabajo entre los distintos colaboradores. De ahí nacieron un conjunto de contribuciones que luego, debidamente integradas y debatidas, han servido de base para el contenido final de aquél. Han sido sus autores: Ezequiel Baró, Josep M. Bricall, Julio Fermoso, Ramón Lapiedra, Francisco Michavila, Esteve Oroval, Miguel Ángel Quintanilla, Toni Rivero, Josep Roig , María Jesús San Segundo, Francesc Solà y Fernando Tejerina.

Además del Patronato que ha de garantizar las condiciones de elaboración del Informe, se nombró también, de acuerdo con la Conferencia de Rectores, una Comisión Asesora del Informe que debía proponer, asesorar y supervisarlo a medida que su redacción iba avanzando. De ella han formado parte los profesores Julio Fermoso, Ramón Lapiedra, Francisco Michavila, Miguel Ángel Quintanilla, Rafael Pérez Álvarez-Osorio, Juan Rojo y Fernando Tejerina. A lo largo de quince largas sesiones, los debates de la citada Comisión han sido decisivos para llegar a la versión final.

Para la preparación de los diferentes temas que debían ser objeto de estudio en el Informe Universidad 2000, la Secretaría General de la CRUE organizó una serie de seis encuentros en los que participaron ciento ocho personas, entre las cuales había rectores y presidentes de consejos sociales, técnicos y profesores universitarios y miembros de distintas organizaciones sociales y económicas. Estos seminarios se celebraron entre el 11 de mayo y el 23 de julio de 1999 en sesiones de dos días en el centro Euroforum de la Universidad Complutense de Madrid, en el Hotel Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y en el Campo de las Naciones de Madrid. Se trataron sucesivamente los temas de financiación (el 11 y 12 de mayo, coordinado por M.J.San Segundo, J.Montserrat y F.Solà); de calidad (el 24 y 25 de mayo, coordinados por F.Michavila, M.Galán y J.Cortadellas); de recursos humanos (el 31 de mayo y el 1 de junio, coordinado por J.Fermoso, G.Llana y J.Nieto); de investigación (el 28 y 29 de junio, coordinado por F.Tejerina, J.Rodés y C.Chaparro); de adaptación entre la oferta y la demanda universitaria (el 5 y 6 de julio, coordinados por R.Lapiedra, M.Parellada y J.L.Virumbrales) y de organización y gobierno (el 22 y 23 de julio coordinados por M.A.Quintanilla, J.M.Puig Salellas y M.Sala).

Hubo, además, dos sesiones informativas sobre el progreso en la elaboración del Informe con los rectores de las universidades, una con representantes de los estudiantes y otra más con los presidentes de los Consejos Sociales. A mediados de octubre se distribuyó una encuesta entre los rectores de todas las Universidades españolas para conocer su punto de vista sobre el actual funcionamiento de la institución, los problemas que la aquejan y las perspectivas de futuro de la misma.

Un grupo de trabajo formado por Ezequiel Baró, Josep M. Bricall, Jenny Casahuga, Toni Rivero y Josep Roig cuidó de la sistematización, redacción y corrección del texto del Informe con la ayuda de Montserrat López y de los servicios del Centre d’Estudis de Planificació, de Barcelona.

Hay que destacar que la Conferencia de Rectores ha permitido que el proceso de elaboración del Informe se produjera en un clima de independencia y de respeto al contenido del mismo. El agradecimiento también ha de extenderse al Secretario General de la CRUE Félix García Lausín que, acompañado del eficaz equipo de su oficina, ha prestado un apoyo inestimable a todas las tareas de preparación del Informe.

Barcelona, 15 de marzo de 2000